Si alguna pesadilla robaba el sueño a la Administración CFK —sobre
todo después que acreedores demandantes le inmovilizaron en 2012 durante 77 días
en Accra (Ghana) el buque insignia de la Armada, la fragata "Libertad",
con intenciones frustradas de embargarla— era que la Corte Suprema de EEUU ratificara el fallo de 2011 del juez de primera
instancia Thomas Griesa, que obligaba al país a pagar a todos sus acreedores en
default, hubieran negociado o no. Y eso acabó de pasar.
A fines de 2001, la deuda externa argentina representaba 153,6%
de su PIB y el 23 de diciembre el gobierno interino decretó la suspensión de sus
pagos —el default. El gobierno Kirchner, entre 2003 y 2005 renegoció la reprogramación
de las obligaciones con los organismos financieros multilaterales y un canje de
deuda con los tenedores de bonos argentinos —más de USD 94 mil millones— con reducción
promedio de 75% de su valor: una forma de no perder todo. Aceptada por la mayoría,
sin embargo, una minoría —fondos de capital de riesgo o de inversión libre, los
denominados fondos buitre, que compraron deuda argentina muy por debajo de su valor
nominal para luego intentar cobrar su totalidad— con 7% del total se negó y el fallo
obliga a pagarles ya USD 15 mil millones, más de la mitad de las reservas actuales
del país.
Pero el más grave problema es que los acreedores ya acordados,
ante esta decisión, reclamen el pago total. Lo que provocaría una nueva e inimaginable
crisis.
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