martes, 28 de febrero de 2017

Lección del medio del mundo


El 19 pasado, los 12.826.928 ciudadanos de Ecuador (incluidos los votantes PPL: Personas Privadas de Libertad) fueron a elegir a su presidente y vicepresidente, 137 asambleístas nacionales, cinco parlamentarios andinos y responder una consulta popular sobre la propuesta de un pacto ético para que los representantes electos retornen sus cuentas en el exterior. De ellos, asistieron 10.445.966 y, de éstos, 1.019.844 votaron en blanco o nulo, por lo que los votos válidos corresponden a 9.426.122 electores: 90,2% de los que votaron y 73,5% del padrón electoral, de los que el candidato oficialista Lenín Moreno Garcés obtuvo 3.704.464, correspondiente a 39,3% de los que votaron válido y 28,9% del electorado total.
Comparado los resultados de las elecciones anteriores y ésta, en 2006 Correa Delgado obtuvo en primera vuelta (fue segundo pero ganó en ballotage) 22,6% de votos válidos; en 2009 alcanzó 52,0% y en 2013 (ambas ganó en primera) logró 57,2%. Exceptuando 2006, Moreno Garcés logró 12,7% votos válidos menos que Correa Delgado en 2009 y 17,87% menos que en 2013. ¿Por qué esa caída? ¿Porque el candidato suplente tiene menos carisma (el actual presidente no se presentó a esta relección, aunque la Asamblea Nacional aprobó la relección sin término)? ¿Porque la oposición se presentó unida? ¿O porque hay desgaste político de Alianza PAIS?

Aunque la personalidad arrolladora de Correa Delgado es mucho más carismática que la de Moreno Garcés, el permanente apoyo que el actual presidente le diera a su heredero designado durante toda la campaña compensaría en gran medida la diferencia de carisma entre ambos, por lo que ésa no sería la razón de la pérdida de votos. Además, en estos comicios la oposición fue dividida en 7 candidaturas, 4 entre la centroizquierda y la izquierda y 3 entre la centroderecha y la derecha ideológicas.

Fue el desgaste. Correa Delgado triunfó en 2006 con el propósito de frenar la inestabilidad política (entre 1996 y 2006 hubo ocho gobiernos sucesivos), trabajar por la justicia social y contra la exclusión y acabar con la corrupción. Sin embargo, Ecuador llegó a sus elecciones presidenciales de 2017 con un decrecimiento de 1,7%, amplio gasto social no sostenible —tratado de compensar parcialmente con altos impuestos— y elevado endeudamiento; los escándalos de Petroecuador y la Refinería Esmeraldas (un denunciado sobreprecio de 2.020 millones de dólares, sin cumplir todas las expectativas) y otros de malversación y peculado con ministros y otros altos funcionarios condenados, además del reciente develado de 33,5 millones en coimas hechas por la Organização Odebrecht, entre otros. A la par de luchar por la reducción de la pobreza (éxito destacado), el gobierno dilapidó los ingresos extraordinarios sin inversión sostenible, fomentó la división de la población por motivos partidarios, combatió la libertad de expresión y cambió la meritocracia por la afinidad ideológica.

La anunciada realineación tras la candidatura de Guillermo Lasso Mendoza (Movimientos CREO y SUMA: 28,1%) del Partido Social Cristiano (tercero con 16,3%), a la que, al menos, podría sumarse Fuerza Ecuador (4,8%), le daría al candidato opositor un panorama de arranque para ballotage de 49,3%.

De hoy al 2 de abril, Ecuador vivirá una segura feroz batalla electoral y Latinoamérica esperará la que ya, en los hechos, es una quinta derrota del socialismo del siglo XXI.


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martes, 14 de febrero de 2017

Odebrecht o la peste negra


El esquema de corruptelas de la Organização Odebrecht y su filial petroquímica Braskem es ejemplo destacadísimo de “democratización de la corrupción”: gobiernos y partidos de izquierda y de derecha aparecieron entre los receptores de 778 millones de dólares en sobornos de Odebrecht entre 2001 y 2016 que el Departamento de Justicia de los EEUU, bajo la Foreing Corrupt Practives Act de 1977, a fines de diciembre pasado —aún Obama presidente— aventó para amargarles las fiestas.

La lista denunciada es amplia y muy variada (todo en millones de dólares): Argentina (35 con beneficios de 278), Brasil (349, el mayor, redituaron 1,9 billones), Colombia (11 para beneficios sobre 50), República Dominicana (92 para más de 163), Ecuador (33,5 para más de 116), Guatemala (18 para 34), México (10,5 para más de 39), Panamá (59 para lograr 175), Perú (29 y ganó 143) y Venezuela (98) de este lado del Atlántico, Angola y Mozambique del otro. Por etiqueta ideológica, los gobiernos latinoamericanos de la izquierda del siglo 21 y afines —Argentina (2007-2014, gobernando Néstor y Cristina Kirchner), Brasil (2003-2016, con Lula, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y Andrade Gutierrez y “beneficios” de OAS, y Dilma Rousseff), Ecuador (2007-2016 durante Rafael Correa, además del escándalo de Petroecuador y Refinería Esmeralda) y Venezuela (2006-2015, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro)— fueron los más corrompidos con 515,5 millones, seguidos por los de izquierda moderada —República Dominicana (2001-2014, con Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina) y Perú (2005-2014, Alejandro Toledo con orden de captura internacional, además de Ollanta Humala y su esposa y funcionarios de Alan García)— con 121 millones y los de derecha con 98,5 millones los menos  —Colombia (2009-2014: final de Álvaro Uribe y durante Juan Manuel Santos, sindicado de “aportes” a su reelección), Guatemala (2013-2015 durante Otto Pérez Molina, destituido y preso), México (2013-2014, con Enrique Peña Nieto) y Panamá (2010-2014 gobernando Ricardo Martinelli y sindicados sus hijos, aunque el actual Juan Carlos Varela fue acusado por su exministro Ramón Fonseca de recibir dinero para su campaña); en Ángola, entre 2006-2013 funcionarios del gobierno del eterno presidente (desde 1992) José Eduardo dos Santos recibieron 50 millones de dólares (y la empresa se benefició con casi 262) y en Mozambique 900 mil (2011-2014, gobernando Armando Guebuza). Y ésta es la punta de otros ovillos: faltan desenredar los de las otras constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras, como el Grupo OAS, actualmente investigado en Chile por la Fiscalía por presunto financiamiento a la campaña electoral de la presidente Michelle Bachelet y en Perú en proyectos en Lima durante Luis Castañeda y Susana Villarán (OAS era la empresa que iba a construir la carretera por el TIPNIS).

Los 778 millones beneficiaron con cerca de 3.336 millones a la Organização Odebrecht, pero su falta de ética le conllevó multas por 3.500 millones en Estados Unidos, Suiza y Brasil (la constructora 2.600 millones y Braskem 957 millones).

Las delaciones compensadas de Marcelo Odebrecht y 77 de sus ejecutivos, como la Peste Negra que azotó Europa en el siglo 14, tendrán consecuencias mayúsculas previsibles para políticos corruptos de cualquier ideología, a los que A canção de Marcelo sonará como trompetas de Jericó con ellos dentro.


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