domingo, 30 de septiembre de 2018
Artículo en BioBioChile.cl con fragmentos de entrevista que me realizaron
https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2018/09/30/puede-la-haya-ayudar-a-la-reeleccion-de-evo-morales.shtml
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Entrevista el 30/09/2018 en BioBioChile.cl
Artículo de EMOL (Grupo EL MERCURIO) que incluye entrevista que me realizaron
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/09/29/922143/Las-expectativas-de-Bolivia-ante-el-fallo-de-la-Corte-Internacional-de-Justicia.html
Lo que se viene tras el veredicto de la Corte
Para entender el veredicto de la Corte Internacional de
Justicia sobre el reclamo boliviano de la obligación de la República de Chile
de negociar un acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico, el análisis
debe basarse en la inclusión o no en ese veredicto de dos palabras integrantes fundamentales
del caso asentado el 24 de abril de 2013: obligación
y soberanía, a la que adicionaría la
incorporación o no de perentoriedad.
Otro elemento de
análisis es cuál sería la tendencia del veredicto, considerando que,
usualmente, la CIJ trata de ser salomónica en sus decisiones: ni todo ni nada, para permitir a las
partes la posibilidad de construir una nueva relación (o continuar la
existente) ex post.
Por su parte, debe analizarse que —con una decisión que incluya obligación y
soberanía— Chile estaría conminado a ceder soberanía lo que significa consustancialmente cesión territorial, con independencia
que esos territorios hayan sido bolivianos o peruanos obtenidos manu militari y, para ello, el resultado
de esa negociación deberá ser aprobado en consulta pública (referéndum) por los
ciudadanos chilenos.
Un elemento más es la interpretación que la CIJ haga de los
denominados “derechos expectaticios” —en sí: generadores de obligaciones latentes—
argüidos por Bolivia (pero que, para De Mesa, no son el eje argumental), a los
que Chile ha contrapuesto el Tratado firmado como “caso cerrado”.
Además, no huelga analizar que, para llevar a buen término
la negociación en un plazo aceptable, será necesaria la participación solidaria
de la comunidad internacional, principalmente latinoamericana, de la que
Bolivia (y no Chile) se ha distanciado significativamente por motivo del apoyo
a Nicaragua y Venezuela.
Por lo pronto, lo muy positivo es que la demanda marítima se
ha convertido en una permanente Política de Estado en Bolivia y no en reclamos
circunstanciales, unificando el interés nacional sobre otras consideraciones de
carácter político e ideológico, algo que, en realidad y más allá de lo actuado
en determinados períodos, ha significado una nueva forma de enfrentar el largo
diferendo.
Información consultada
martes, 25 de septiembre de 2018
¿Las primarias «matan» el #21F? ¡Para nada!
«Hay […] una táctica coyuntural del Evo para
dificultar a la oposición, para dificultar el que se organice». [Xavier Albó Corrons sobre las primarias y la LOP, Los Tiempos, 23/09/2018].
La nueva Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas (LOP) modificó
el proyecto elaborado por el exsenador masista Adolfo Mendoza Leigue, la
socióloga Gabriela Canedo Vásquez, el expresidente de la Corte Nacional
Electoral Salvador Romero Ballivián, el gestor de la Participación Popular Carlos
Hugo Molina Saucedo y el líder campesino e indígena Paulino Guarachi Huanca. Coincido
con María Teresa Zegada Claure cuando afirmaba que la
LOP «será, a la larga, un instrumento
importante y útil para ordenar la configuración del sistema de representación
política en Bolivia» [“El diablo está en los detalles”, El Deber, 13/09/2018] y con Molina
Saucedo de que: «El uso, la manipulación
y el manoseo de que ha sido objeto para satisfacer una necesidad enfermiza de poder,
no disminuye el valor de su calidad instrumental, pensada y diseñada para
fortalecer procesos que debían concluir el año 2025» [“Los tiempos se
acortan”, El Deber, 11/09/2018] pero,
lamentablemente, la ley aprobada por la mayoría absoluta parlamentaria
oficialista «ha
precipitado una coyuntura crítica que pone en juego los principios
democráticos, […] favoreciendo al oficialismo y complicando la participación de la
oposición» [“El diablo está en los detalles”] porque «permite allanar el camino de la repostulación presidencial» frente a «una oposición que está desarticulada, con organizaciones débiles,
escasa institucionalidad, sin claridad sobre liderazgos, y varias
organizaciones aún en proceso de inscripción de su personería» [Zegada
Claure, “El meteorito de las primarias”, El
Deber, 30/08/2018].
Ese “meteorito” de apresuramiento y restricciones que
menciona Zegada Claure y que Albó Corrons define como táctica instrumental para
“saltar” los resultados del referéndum constitucional del 2016 (convencido
el oficialismo que la presunta “legitimidad” como “derecho humano” que le
otorgó el TCP a la re4postulación no sólo es poco creíble en Bolivia
sino inargumentable fuera de ella) surge en un momento en que Bolivia se urgirá
de todos los apoyos posibles de la comunidad latinoamericana, menguados por el
apoyo irrestricto (suicida) que le da a las dictaduras de Venezuela y
Nicaragua. Pero, además, crea la duda de si al participar en esas primarias se
desconoce la voluntad popular del #21F.
Definitivamente no porque (además de que después de las
primarias, el TSE debe decidir si se apega a la plena constitucionalidad respetando
el #21F y niega la participación electoral prorroguista, desoyendo presiones y
compromisos) las organizaciones políticas bolivianas aprendieron del gravísimo
error que para la democracia venezolana supuso la autoexclusión opositora en
las elecciones parlamentarias de 2005, permitiendo la instalación del
“socialismo” bolivariano. (Recordemos que, si el oficialismo recién triunfante en
Bolivia en 2005 necesitó dialogar en el Congreso surgido entonces por no tener
mayoría, a partir de 2009 el “rodillo” oficialista de las mayorías absolutas
del MAS en las Asambleas anuló a las atomizadas minorías opositoras.)
La permanente defensa del #21F es tan consustancial de la
defensa de los valores democráticos como lo será participar (aun en desventaja)
en las elecciones (unidos sin “juntucha” con visión de construir futuro y no
sólo cambiar siglas) porque ambas son expresiones indisolubles de la voluntad
popular, tan democráticas como la que le dio el triunfo a Morales Ayma en 2005.
Información consultada
https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mfernadezbolivia/Taller
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Columna publicada en La Razón el 25/09/2018
lunes, 24 de septiembre de 2018
Más corrupción es menos democracia
Pudiera parecer que recientemente Latinoamérica ha sufrido
una pandemia de corrupción. Desde que Lava Jato desnudara en Brasil un maridaje perverso
y sistemático entre los Poderes Públicos (a todo nivel) y la empresa privada
para promover e “institucionalizar” la corrupción y que enseguida se denunció
extendida a gran parte de la Región (12 países), nuevas noticias de nuevos escándalos
se han posicionado preferentemente de los titulares de la prensa y del
imaginario social: en Argentina (la «ruta K» y los «cuadernos K»), Ecuador y
Perú, por sólo citar los más mediáticos recientes.
Sin que sea privativo de una ideología o sistema social —potenciada
en autoritarios—, la corrupción se enquista en la raíz de los males que han
aquejado a nuestras repúblicas: junto con populismo y caudillismo, resulta de
la escasa fijación de valores democráticos en muchos de nuestros países: no por
“casualidad” la mayoría está en la segunda mitad —más corrupta— del Índice de Percepción
de Corrupción (Bolivia ocupa el 112, junto con El Salvador). La diferencia de
su aparente boom está hoy en que la sociedad civil dispone de más medios para
acceder a la información y para denunciar la corrupción.
Y si esa es la causa, su consecuencia es, a la vez, menos
democracia. Lo que sucede ahora en Perú, donde la sociedad civil está
reclamando una profunda transformación del sistema judicial provocando que un
muy débil Poder Ejecutivo —colisionado con un Legislativo decidido a
sobreponérsele— amenace cerrar el Congreso para imponer las imprescindibles
reformas, despierta el fantasma del fujimorazo, el autogolpe de 1992 que inició
un octenio de ausencia democrática en Perú.
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miércoles, 12 de septiembre de 2018
Bachelet, frente a Venezuela y Nicaragua
Para Michelle Bachelet Jeria, su estreno como Alta
Comisionada de los Derechos Humanos de las NNUU está marcado por la heredad que
le deja su antecesor, el príncipe jordano Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, permanente
denunciante —como Almagro Lemes desde la OEA— de las violaciones de DDHH en
Venezuela y Nicaragua.
Su discurso oficial distribuido a los medios estuvo diseñado
para mantener y comprometerse a potenciar el trabajo de su antecesor y en él
ocupó a su inicio espacio importante las denuncias sobre las arbitrariedades y
los crímenes en dos de los últimos países del socialismo 21. Tarea difícil de
realizar, sobre todo después que la dictadura nicaragüense expulsó a la misión
de las NNUU que redactó un demoledor informe sobre la situación de los DDHH en
ese país, obligándola a trabajar desde el exterior (como el régimen madurista,
que en 2017 no permitió la entrada de una misión similar en Venezuela).
Sin embargo, asaltan algunas dudas. La primera —justificada
por “razones de tiempo”—, la omisión de contundentes menciones sobre ambos
regímenes en la lectura pública del discurso previamente repartido; la segunda,
su próxima reunión acordada con el canciller madurista, despertando
susceptibilidades sobre otro nuevo “diálogo” inútil y sólo beneficioso para el
gobierno. Una tercera es que sectores de la Nueva Mayoría —algunos de su propio
partido socialista y el comunista— apoyan a ambas dictaduras y niegan las
violaciones (en el frenteamplismo, más a la izquierda que el comunista, ya han
surgido fuertes críticos de ambos gobiernos, encabezados por los diputados
Vlado Mirosevic Verdugo y Gabriel Boric Font, entre otros).
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martes, 11 de septiembre de 2018
De fantasmas evanecidos y libretos repetidos
«Un fantasma recorre
Europa: el fantasma del comunismo». Así empezaba el
Manifiesto del Partido Comunista que Karl
Marx y Friedrich Engels publicaron en 1848. Ciento setenta años después, ¿qué
queda? De ese fantasma, su ejercicio del Poder (soviético, maoísta, socialista
21 e incluso “tercermundista”) lo enterró más firmemente que sus enemigos. Es
paradójico que sus ideales de lucha de clases antagónicas provenían de los «de la igualdad social y política, de la
libertad, de las virtudes cívicas y de la unidad popular» de las
revoluciones liberales, sobre todo de la de las Trece Colonias (génesis del
“gran enemigo” por antonomasia y némesis recurrida de muchos discursos
ideológicos afines); paradójico es, también, que esas postulados (argumentados
desde la economía en El Capital de
Marx) primero los saltara Vladímir Lenin y sus sucesores tras la Revolución
Octubre (“el eslabón más débil”) y, más reciente, los reformulara Thomas
Piketty (El capital en el siglo XXI) con
la corrección de las desigualdades distributivas de la riqueza desde dentro del
mismo sistema capitalista.
En Latinoamérica, muchas de las experiencias de justicia
social han terminado pervertidas por dos graves flagelos incrustados en sus
endogénesis: caudillismo y corrupción, de las que parten sus demás vicios:
desinstitucionalización, prebendalismo y clientelismo, prorroguismo, discrecionalidad,
mesianismo y paternalismo, arbitrariedad y, en complementación, sus maniqueos
“enemigos”: “la derecha” y “el imperialismo”.
Arropados bajos banderas de
presunto “progresismo”, en ejercicio de alteridad se autoarrogan ser “la izquierda”
a ambos lados del Atlántico y, como describe la escritora venezolana Gisela
Kozak Rovero en “La izquierda que América Latina necesita (y la que no)” [The New York Times, 27/08/2018], «insiste en una retórica beligerante y
divisionista que recuerda a la Guerra Fría, carece de suficiente audacia en el
terreno económico y hace demasiadas concesiones al autoritarismo represivo.
La izquierda latinoamericana […] se ha rehusado a abandonar una retórica
antineoliberal anquilosada [y] conserva
un discurso populista que apela a los recuerdos de un pasado [supuestamente, acotaría yo] venturoso de Estados paternalistas. […] Pese a su legítima preocupación por la
desigualdad, la izquierda no parece entender la economía del siglo XXI, diversa
y globalizada»; repitiendo machaconamente errores, esa “izquierda” obvia lo
imprescindible: «incorporar en su
proyecto económico a tres […] ausentes:
el empresario, la creatividad individual y el mérito».
Hoy, Venezuela y Nicaragua se despeñan en la crisis y la
represión, Bolivia apuesta por el prorroguismo como “tabla de salvación” del
Poder instalado, en Argentina y Brasil el lulismo y el kirchnerismo acabaron (por
su herencia y a pesar de los problemas de quienes le siguieron) y en Cuba,
epítome de esa izquierda y parangón de esas nostalgias, con más premura que
calma intenta de reformar su sistema económico para apuntalar el político. Es
ahora cuando prejuicios, errores y vicios, junto con utopías demostradas como
erradas, deben desecharse y entender “vivir bien” como una vía de “vivir” en una
Economía del Bienestar asentada en el bien común, como describió el premio Nobel neokeynesiano Paul Samuelson.
Cierro con otro premio Nobel neokeynesiano: «El verdadero debate hoy en día gira en
torno a encontrar el balance correcto entre el mercado y el gobierno. Ambos son
necesarios. Cada uno puede complementar al otro». [D. Altmann:
“Preguntas y respuestas con Joseph Stiglitz”, International Herald Tribune, 11/10/2006.]
Información consultada
https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz
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Columna publicada en La Razón el 11/09/2018
lunes, 3 de septiembre de 2018
¿Herencia o ineficiencia?: Las crisis argentinas
Estos días, la caída del dólar en Argentina —¿herencia
kirchnerista o ineficiencia de Cambiemos?— opaca el escandaloso affaire de los “cuadernos K” (los
“cuadernos de la coima”) que remece la política y la gran empresa. La
incertidumbre en la recuperación económica prometida despierta todos los
temores de los argentinos de que, una vez más, Kairós llegara para destruir a Ploũtos.
Pero “crisis” es una palabra frecuente en la historia de la economía
argentina: Tan lejos como 1827-1829 hubo grandes devaluaciones con cesación de
pagos de deuda; en 1890, depresión, cese de pagos y bancarrota; entre 1913-1917
y 1928-1932: grave recesión y déficit fiscal; en 1957-1959: depresión y cese de
pagos; entre 1974-1990: inflación y gran aumento de la pobreza; desde 1998 fue
creciendo la crisis que explotó en diciembre de 2001 y el “corralito”: los
fantasmas que hoy aterran a Argentina.
Todo este recorrido nos lleva a la pregunta de origen. Tras
la brutal caída anterior, el período K (2003-2015) se inició con un fuerte
crecimiento comparativo que (paradoja) fue decayendo a medida que se recuperaba
la economía y crecía el proteccionismo, la inflación (oculta por la falta de
transparencia) y demás “vicios K”: corrupción desmedida, desinstitucionalidad...
El macrismo inició con un fuerte ajuste indefectible consecuencia
del sinceramiento económico y de la reinstitucionalización acompañado de
reinserción global. Tres ministros (y sus visiones) del área económica en menos
de tres años, la caída del súper ciclo de los commodities y la batalla proteccionista-arancelaria de la
Administración Trump colapsaron la esperada recuperación de su economía y, por
ende, de la poderosa clase media del país.
En octubre, Macri aseguraba reelección; hoy, la pierde. En
agosto 2019, ¿quién sabe? Es Argentina.
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