El 7 de octubre pasado, más de 147 millones de electores brasileños estaban convocados a las urnas para elegir a su presidente y vicepresidente, 54 senadores, 513 diputados, 27 gobernadores y vicegobernadores estatales y las 26 Asambleas Legislativas estatales y la Cámara Legislativa del Distrito Federal.

Para estas elecciones, Brasil se ha polarizado entre dos visiones populistas: de derecha “dura” con matices liberales en economía representada por Jair Messias Bolsonaro y de izquierda “Foro de São Paulo” con Fernando Haddad, los dos candidatos con mayor rechazo —44% y 41%, respectivamente (Datafolha 06/10/2018); ahora invertido: 35% versus 47% (IBOPE, 15/10/2018). Ambos representarían la nostalgia de una ciudadanía golpeada por la crisis (después de un decrecimiento acumulado de 7,1% en los dos años del segundo mandato de Dilma Rousseff, en 2017 sólo creció 1,0% tras su destitución y ahora éste se pronostica 1,6%), la inestabilidad política con descrédito de la partidocracia (impeachment a Rousseff, Lava Jato, condenas de cárcel para Lula da Silva y muchísimos líderes partidarios y empresariales) y la saudade por dos períodos históricos: Bolsonaro (con matices entre Andrés Manuel López Obrador,Trump y Jean-Marie Le Pen) aglutina la del desarrollismo de las dictaduras militares con amplios crecimientos económicos («Brasil potência»: del 9,8% en 1968 al 14% en 1973) mientras Haddad recibe la «Herencia Lula»: «Brasil o melhor pais do mundo!» con crecimiento económico (que llegó al 7,5% en 2010 gracias a los recursos extraordinarios del súper ciclo de los commodities) y reducción significativa de la pobreza (por el uso no sostenible de esos mismos recursos que muy pronto, con Rousseff, desaparecieron y volvieron a retroceder a la miseria a buena parte de la clase media emergente surgida cuando el período lulista), obviando que el primero fue el de los anos de chumbo de la peor represión y el segundo el de la institucionalización de la corrupción —y ahora, además, sin boom de ingresos.

Las presidenciales

En esa primera vuelta, la participación —de carácter obligatorio— fue de 79,67% (dentro del promedio de asistencia electoral del ciclo PT: en las elecciones de 2002 a 2014 fue entre 75 y 83%) para elegir sus máximas autoridades entre los candidatos Alvaro Fernandes Dias —Podemos (PODE), centro liberal—, Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos (Cabo Daciolo) —Partido Patriota (PATRI), derecha nacionalista—, Ciro Ferreira Gomes —Partido Democrático Trabalhista (PDT), socialdemócrata—, Fernando Haddad —Partido dos Trabalhadores (PT), socialismo del siglo 21—, Geraldo José Rodrigues de Alckmin Filho —Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), socialdemócrata—, Guilherme Castro Boulos —Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), ultraizquierda—, Henrique de Campos Meirelles —Movimento Democrático Brasileiro (MDB), centro—, Jair Messias Bolsonaro —Partido Social Liberal (PSL), derecha-extrema derecha—, João Dionisio Filgueira Barreto Amoêdo —Partido Novo (NOVO), derecha liberal—, João Vicente Fontella Goulart (João Goulart Filho, hijo del expresidente João Goulart, derrocado em 1964) —Partido Pátria Livre (PPL), izquierda—, José Maria Eymael —Democracia Cristã (DC), centroderecha—, María Osmarina Marina Silva Vaz de Lima —Rede Sustentabilidade (REDE), centroizquierda— y Vera Lúcia Pereira da Silva Salgado —Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), extrema izquierda.

El inicio de las campañas se mantuvo incierto con la duda si el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aceptaba o no la candidatura del expresidente Lula da Silva (PT) —cumple condena por corrupción corroborada en segunda instancia— hasta que el 31 de agosto el TSE determinó que era inapto como candidato basándose en la vigente Ley de Ficha Limpia —aprobada paradójicamente bajo gobierno de Lula da Silva en 2010— que impide que un condenado en dos instancias se presente como candidato.

Es “interesante” que la Comisión de DDHH de la ONU hubiera solicitado al gobierno de Brasil que permitiera al expresidente candidatear y hacer campaña desde la cárcel, violando una propia ley del país.

Después de una campaña marcadamente agresiva, cargada de epítetos (“corrupción” y “fascismo” fueron los más habituales) y acusaciones de golpismo, violenta —Bolsonaro fue una víctima— y en una seguidilla de las principales encuestadoras —que al final se quedaron a distancia del pronóstico para Bolsonaro pues le daban 38%; para Haddad fueron más certeras con 28% (IBOPE, 07/10)—, el día de las elecciones quedó demostrado por dónde iba la preferencia ciudadana: Bolsonaro con el 46,03% de los votos válidos, seguido de Haddad con el 29,28%, marcando diferencia con el promedio histórico del PT del 45,9% en primera vuelta: en 2002, Lula da Silva obtuvo 46,4% en primera vuelta —con diferencia del 23,3% contra José Serra (PSDB); en ballotage ganó con el 61,3%— y en 2006 repitió con el 48,6% —al 7,0% de distancia de Alckmin, ganando en ballotage con el 60,8%); en 2010, Rousseff obtuvo el 46,9% —nuevamente Serra quedó distante, al 20,5%, y la candidata del PT ganó en segundas con el 56,1%—, y en 2014, en reelección inmediata, logró el 41,6% —al 8,% de Aécio Neves da Cunha (PSDB), ganado con el 51,6% en la segunda vuelta. Tras esos récords, hoy el candidato del PSL ha obtenido, en primera vuelta, resultados similares a los obtenidos por Lula da Silva en su primera elección y más que el promedio de los primeros lugares petistas en su ciclo, exceptuando 2002.

En Brasil, después de las elecciones con Fernando Henrique Cardoso (victorioso en primera vuelta en 1994 con el 54,3% y en 1998 con el 53,1%, seguido en ambas por Lula da Silva), todos los candidatos finalmente electos han necesitado ir a ballotage.

Tras Bolsonaro y Haddad, les siguieron Gomes (PDT) con 12,47% —alrededor y levemente mejor de su promedio de votación en anteriores intentos: 11,0% (1998) y 12,0% (2002)—, Alckmin (PSDB) con 4,76% —el peor resultado electoral nacional del partido desde que el PSDB llegó al poder (1994) y que desde 2002 siempre discutió el segundo lugar en votos, peor incluso que la primera elección presidencial directa de 1989 cuando el partido con Mário Covas Júnior de candidato quedó en cuarto lugar (10,78%)—, Amoêdo (NOVO): 2,50%, Daciolo (PATRI): 1,26%, Meirelles (MDB): 1,20% —el partido no presentaba candidato presidencial desde 1994, su última incursión cuando quedó en cuarto lugar con el 4,38%, mejor que ésta última—, Silva (REDE): 1,00% —su peor resultado (2010: 19,3%; 2014: 21,3%) y muy posible final de su liderazgo político principal—, Dias (PODE): 0,80%, Boulos (PSOL): 0,58%, Vera Lúcia (PSTU): 0,05%, Eymael (DC): 0,04% y Goulart (PPL): 0,03%.

En los votos de los residentes en el exterior, Bolsonaro fue el preferido, aumentando su resultado incluso: 58,79% (12,76% más que el obtenido dentro del país). El segundo lugar fue para Gomes con el 14,52% (2,05% mejor que dentro del Brasil) y el tercero para Haddad que con el 10,10% redujo en 19,18% lo obtenido dentro. El resto de las votaciones para presidente en el exterior fueron: 7,05% para Amoêdo, 3,45% para Alckmin, 2,57% para Silva, 1,41% para Dias, 0,66% para Boulos, 0,61% para Daciolo, 0,49% para Meirelles, 0,18% para Vera Lúcia, 0,09% para Eymael y 0,08% para Goulart.

¿Quiénes son Haddad y Bolsonaro y qué representan y prometen?

Fernando Haddad es un profesor e investigador de la Universidad de São Paulo que, militando en el PT desde 1983, fue ministro de Educación (2005-2012) e intendente (alcalde) de São Paulo (2013-2017), ganándola en segunda vuelta y perdiendo la reelección tras obtener sólo el 16%. Para las elecciones de 2018 y ante la escasez de posibles candidatos dentro del PT que no estuvieran con procesos judiciales, fue candidato a vicepresidente en la plancha con Lula da Silva y, ante la imposibilidad de oficializar éste su candidatura, lo sustituyó.

Las masivas protestas de 2013 en Brasil se iniciaron debido al aumento del costo de transporte público en São Paulo decretada por Haddad, reprimidas violentamente por la policía con el uso de balas de goma contra los manifestantes y los periodistas.

Las protestas después abarcaron el excesivo gasto público en la realización de las Copas FIFA Confederaciones [2013] y Mundial de Fútbol [2014] y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro [2016] —después comprobado como causado por los sobrecostos y coimas de la corrupción—, además del reclamo al gobierno Rousseff de mayor inversión en educación y salud.

«Brasil acima de tudo, Deus acima de todos»

Jair Messias Bolsonaro es un capitán paracaidista de reserva, concejal en 1988 de Rio de Janeiro y desde 1990 ha sido elegido diputado federal por el mismo Estado en siete comicios consecutivos durante 28 años. Ha militado en nueve partidos políticos y en 2017 fue considerado por como el parlamentario más influyente en las redes sociales. Un hermano y tres hijos suyos también ocupan cargos de elección popular.

Bolsonaro es muy conocido por sus posiciones nacionalistas y de derecha “dura” y por sus exabruptos, tanto en declaraciones como en redes sociales. Su defensa de la dictadura militar de 1964 y de la legitimidad de la tortura, sus posiciones contrarias a los derechos de varios sectores —mujeres, homosexuales, negros, inmigrantes— y sus controversiales declaraciones le han provocado cerca de 30 pedidos de casación y tres condenas judiciales.

«Jair Bolsonaro, un candidato de extrema derecha […], es uno de los principales contendientes a la presidencia. Subió en las encuestas cuando prometió tener mano dura contra la delincuencia.

Bolsonaro dice que facilitará el porte de armas y empoderará a las fuerzas de seguridad para que usen tácticas más duras en contra de los delincuentes, con el argumento de que la policía debería poder usar la fuerza letal.»

[Shasta Darlington: “Tras un año de violencia, Brasil rompe sus récords de homicidios”. The New York Times, 15/08/2018]

Aunque actualmente propone la idea de una “extrema derecha light” y se ha convertido en un promotor del libre mercado y las privatizaciones —de las que Bolsonaro antes fue acérrimo opositor—, su trayectoria y, sobre todo, sus exabruptos le han valido los calificativos de fascista y golpista. No obstante, su rápido y sostenido ascenso en las preferencias electorales brasileñas se inscribe en el descrédito de la clase política y las deficiencias de la economía —las mismas que causaron el ascenso de los gobiernos sociatas 21 del Foro de São Paulo en Latinoamérica—, a lo que se añade el temor de la ciudadanía ante el incremento de la violencia delincuencial, sobre todo causada por el narcotráfico.

Esas mismas causas, en Europa y EEUU han llevado a tendencias muy conservadoras al gobierno —Austria, Polonia, Hungría, EEUU, entre otros— o empoderarse firmemente —Alemania, Francia, Reino Unido— que las que han gobernado esos países desde la posguerra pero no han significado rupturas estructurales de las instituciones democráticas. Ese pudiera ser el panorama también para Brasil.

El “color” de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales

Por el “color” político de los partidos participantes en las elecciones presidenciales y sus resultados, encontramos que la extrema izquierda (PSOL y PSTU) obtuvieron sólo 0,63% de las preferencias (672.884 votos); la izquierda (PPL y PT —aunque en los votos por Haddad estaban incluidos los del marxista Partido Comunista do Brasil [PCdoB], por ende, catalogable de extrema izquierda y que le ha provisto a Haddad de su candidata a vicepresidente: Manuela Pinto Vieira d'Ávila) logró el 29,31% de los votos (31.372.181), y la centroizquierda, representada en el PDT y REDE, obtuvo el 13,47% de la participación válida (14.413.943 votos). Por su parte, los partidos del centro político (PSDB y MDB) recibieron 6.385.297 votos (4,65%), mientras los de la centroderecha (PODE y DC) sólo alcanzaron el 0,84% de la votación válida (901.311). Ubicado en la derecha del espectro ideológico, NOVO alcanzó 2.679.744 de votos (2,50%), y los situados más a la derecha —extrema derecha— (PSL y PATRI) terminaron con el 46,64% de los votos válidos (50.625.313), convirtiéndose en la tendencia ideológica más votada.

En Brasil hay 35 partidos políticos registrados. Luego de esta elección, en el Senado están representados 20 y 30 en Diputados.

Durante los dos últimos períodos, al menos, no ha ocupado cargos elegibles federales ningún personero de los partidos Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Comunista Brasileiro (PCB), Da Causa Operária (PCO) —los 3 de extrema izquierda—, Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB, extrema derecha) ni Da Mulher Brasileira (PMB, centroizquierda).

Un ejercicio de futurología estadística para el ballotage

Si analizamos cuánto debe crecer cada candidatura —considerando que vuelvan a votar los 107.050.673 de ciudadanos brasileños que asistieron a la primera vuelta y sin considerar el aumento de la abstención entre el 2 y el 4% en sus procesos electorales desde 2002—, la candidatura de Bolsonaro debería obtener 50% + 1 de los votos válidos que se emitieran, es decir 4.248.347 votos más, el equivalente a 3,97% de crecimiento. Por su parte, Haddad requeriría crecer 22,72%, equivalente a 22.183.331 votos válidos: casi 18 millones más que el spread de Bolsonaro.

Veamos adhesiones. Y para ello consideremos que los que votaron por una tendencia ideológica, votarán en grupo por el candidato que —en buena medida— la represente en la segunda vuelta; además, que el “cansancio electoral” —la tendencia por la que un elector deja de votar— no se manifieste.

Para Haddad, es segura la adhesión de PPL y muy probable de PSOL y PSTU (no tanto por afinidad histórica sino por ir contra la otra tendencia representada); eso le representaría probables 703.060 nuevos votos, el 0,66% más, lo que le daría 29,94% (32.045.065 votos válidos) pero aún necesitaría 21.480.273 votos (20,03%). Posible, pero no seguro en números totales, sería el trasvase de votos que los nuevos aliados negociarían —concesionalmente— desde la centroizquierda: PDT —apoyo “crítico”— y REDE —equidistante de ambos finalistas— podrían suministrarle 13,47% (14.413.943 votos válidos) y con ellos —en el supuesto poco probable que fueran trasvasados absolutamente— se potenciaría de posibles 46.459.008 votos válidos (43,41%) pero aún le faltarían 7.066.330 votos válidos (6,56%). Para esa urgencia, tendría que recurrir a los pocos probables votos de los partidos centristas (PSDB y MDB) —ubicados entre sus opositores—, que muy hipotéticamente —y más improbablemente— podrían traspasarle todos sus votos (6.385.297) y llegaría a tener 52.844.305 votos válidos pero aún le faltarían 681.033 (1,91%) para alcanzar la frontera del 50% + 1 necesaria para ser elegido, por lo que tendría que incursionar en la centroderecha (PODE y DC) para conseguir parte de los 901.311 que alcanzaron entre ambos partidos de esta tendencia. Es decir, tendría que sumar a los suyos propios —sin dejar decepcionarse a ninguno— todos los votos válidos emitidos para presidenciables de los partidos PPL, PSOL, PSTU, PDT, REDE, PSDB y MDB y aún “rasparles” a PODE y DC. Claro que podría intentar revertir el abstencionismo (29.941.265) o los votos en blanco (3.106.936) o nulos (7.206.205). Algo, eso sí con muchísima probabilidad, muy poco probable.

Por el contrario, Bolsonaro la tiene más simple porque para pasar el listón del 50% + 1 sólo tendría que crecer el 3,97%, que serían 4.248.348 votos válidos si se mantuviera la participación efectiva de la primera vuelta (107.050.673 votos válidos). Y aunque Eurico de Lima Figueiredo, quien fuera director del Instituto de Estudos Estratégicos de la Universidade Federal Fluminense y colaborador permanente del Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Escola de Guerra Naval , sostiene que «[Bolsonaro] parece no tener inclinación hacia el apoyo de los partidos [porque] recibió una estruendosa votación que lo hace depender de sí mismo y espera que el apoyo le llegue por oportunismo de otros partidos y líderes políticos» [M. Peñuela Rojas: “Bolsonaro ya le saca 18 puntos a Haddad en Brasil, según encuestas”, El Tiempo, 16/10/2018], si Bolsonaro se aliara con su afín ideológico (PATRI) ya tendría 50.625.313 y le faltarían 2.900.025 (3,36%); sumándole lo de su siguiente afín, el derechista NOVO, alcanzaría 53.305.057 (49,14%) y sólo le faltarían 220.281 votos válidos (0,86%) —con el voto de desempate del 50% + 1, el faltante en votos válidos en este cálculo sería 220.282 de mantenerse los índices de participación efectiva de la primera vuelta—, los que le sería mucho más fácil encontrar entre la centroderecha. Si las encuestas tempranas le daban desde ahora entre el 58% (Datafolha) y el 59% (IBOPE) de las intenciones, con buena probabilidad accedería a ser el trigésimo octavo Presidente da República Federativa do Brasil (días antes de la primera vuelta, las simulaciones de ballotage los igualaban en 45%, con lo que la subida de Bolsonaro se basaría en afinidades y, también, en el voto ganador; en las simulaciones de septiembre, el pronóstico era que perdía).

Muchos medios internacionales —The New York Times (EEUU) y El País (España), por citar sólo dos muy representativos— han hecho una interpretación “políticamente correcta” de Bolsonaro y Haddad: del primero, tildándolo de “fascista” y “militarista” por su defensa de las dictaduras del período militar y sus graves excesos verbales (más que efectivos) homófobos, sexistas y raciales. Del segundo, más allá de las definiciones que han manifestado sobre Haddad—con más experiencia como académico que de político, a pesar de los cargos que ha ocupado—, son las referidas a su mentor, llegando a afirmarse que «sin riesgo a equivocarse que el político brasileño abrió una nueva senda de entender la acción política como el respeto total y absoluto a las reglas democráticas» [“El legado de Lula” (editorial), El País, 04/09/2018]. Como no puedo pensar que el autor de ese editorial esté desinformado de la institucionalización de la corrupción que desde su primer momento desarrolló Lula da Silva y el PT con el Escândalo do Mensalão y fue llevada después a proporciones de política de Estado —para citar sólo muy difundidos: la Máfia dos Sanguessugas, el Mensalão do DEM, la Operação Caixa de Pandora hasta llegar a Lava Jato— que nadie podría rebatir después del largo desfile de condenas de cárcel de los principales líderes del PT incluido él mismo —como tampoco dudaría de la fiabilidad y transparencia del sistema judicial brasileño castigando a la partidocracia y la plutocracia corrupta del país—, tendré que suponer que esa falaz tergiversación fue absolutamente intencional —además de una afrenta a la justicia brasileña— o, en otra “posibilidad”, que el editorialista considere la corrupción como una “virtud democrática”.

Aún me queda una pregunta fundamental: ¿Peligra la democracia con Bolsonaro o con Haddad? No lo creo: ni el seguro populismo de la derecha “dura” de uno o de la izquierda corrupta del otro podrían ser más fuertes que las instituciones democráticas del Brasil ni las condiciones socioeconómicas y políticas del país y la región serían, hoy, proclives a ello.

¿Por qué un “populismo de derecha”?

Primero que todo, coincido con Rubén Aguilar Valenzuela [“Populismo nacionalista”, El Economista, 18/10/2018] en que se le ha etiquetado dentro de un “estilo Trump” que realmente es, sobre todo en Latinoamérica, muy anterior al presidente de los EEUU y que no se reduce a ubicarse en la izquierda o la derecha: es un populismo nacionalista como el que ejerció en México el PRI en sus épocas de más poder como durante Luis Echeverría Álvarez —y ahora con López Obrador ,exPRI ahora MORENA—, Getúlio Dornelles Vargas en Brasil, Hugo Chávez Frías en Venezuela, Rafael Correa Delgado en Ecuador o Juan Domingo Perón Sosa en Argentina. Hombres fuertes, caudillos que, en muchos casos, son “llamados” a cambiar el sistema y lograr la justicia social finalizando las políticas liberales —aunque utilicen muchas de sus “recetas” — y desenraizando la corrupción a través de «deslegitimar el sistema político liberal y sus instituciones básicas» [A. Costas Comesaña: “Si los populistas son el problema, ¿cuál es la solución?”, El País, 14/10/2018]. Junto con otros liderazgos —como Andrzej Duda y Beata Szydło (Polonia), Orbán Viktor (Hungría), Sebastian Kurz (Austria), Kolinda Grabar-Kitarović (Croacia) o Trump— han creado lo que Costas Comesaña ha denominado acertadamente una nueva internacional nacionalista populista.

En Brasil —como con Trump en EEUU y López Obrador en México—, los ciudadanos votaron masiva y principalmente en contra de los principales partidos que los habían gobernado —Trump no fue distinto: ganó como republicano sin ser republicano y contra el establishment republicano—, de sus yerros y de cuánto pudieron olvidarse de quienes los elegían. En Brasil, el voto castigo —el centro (MDB, PSDB) se hundió en Brasil y arrastró a muchos aliados a pérdidas electorales, mientras el PT sigue en caída libre y descabezado— se volvió a un candidato sin recursos (a su pequeño partido no le correspondieron fondos públicos para las elecciones y la financiación privada está descartada en el período) y casi desconocido fuera de las redes sociales (en 28 años como diputado, sólo dos proyectos suyos se convirtieron en ley) aunque “oliera” a dictadura, propusiera casi privatizar el Estado —de la mano de su actual mentor Paulo Nunes Guedes, un Chicago boy, aunque hasta recién era un furibundo estatista— y deforestar y sembrar la Amazonía: para muchos de sus votantes —seguidores o no—, ésos son peccata minuta. Por eso «Bolsonaro es el legado de Lula» [AméricaEconomía (editorial), 08/10/2018].

«[…] donde la mayoría de los ciudadanos sienten que no están mejorando, la sociedad se hace más rígida e intolerante y la democracia se debilita. Precisamente esto está ocurriendo ahora».

[A. Costas Comesaña: “Las consecuencias morales del estancamiento”, El País, 29/07/2018]

Concluyendo con porqués

Saltando los pronósticos, los votos válidos obtenidos en la primera vuelta por la derecha “dura” con Jair Bolsonaro dejó a la izquierda “Foro de São Paulo” de Haddad a 16,75% de distancia, un spread tan amplio que no se daba en primera vuelta desde las elecciones de 2002 —las primeras ganadas por Lula da Silva— cuando el ganador le sacó 23,2% a su contrincante.

El primer análisis de resultados confirmaba que la tendencia de contracción del voto al PT y aliados iniciada en las municipales de 2016 se mantiene: sin considerar gobernaciones por segundas vueltas (ganó en 3: Bahía, Ceará y Piauí y tiene posibilidades en otra: Río Grande do Norte, perdiendo Acre y Minas Gerais), en el Senado pasan de 9 a 6 (sobre 81) y en Diputados de 58 a 56 (sobre 513), así como sus candidatos al Senado quedaron fuera de elección en los estados más ricos (Rousseff quedó cuarta en Minas Gerais). El segundo es la debacle de Marina Silva que después de promediar 20% en las elecciones de 2010 (19,3%) y 2014 (21,3%), en ésta cae a 1%, pronosticando su fin de ciclo; por el contrario, Ciro Gomes mantiene un promedio estable de 11,8% en su participación en las elecciones de 1998 (11,0%), 2002 (12,0%) y ésta (12,5%).

Otros estados con gobernadores elegidos en primera vuelta fueron Espírito Santo, Paraíba y Pernambuco (PSB), Mato Grosso y Goiás (Democrátas), Acre (Progressistas), Tocantins (Partido Humanista da Solidariedade, PHS), Maranhão (PCdoB), Alagoas (MDB) y Paraná (Partido Social Democrático, PSD).

Tres factores fundamentales incidieron en el comportamiento del electorado brasileño a la hora de votar: el primero fue el desempeño de la economía porque, como adelanté al comienzo del artículo, su PIB decreció 7,1% entre 2015 y 2016 —caída motivada por el fin del súper ciclo de ingresos extraordinarios, de una parte, y de la otra por la imperiosa necesidad para el gobierno de mantener las ayudas sociales prebendalistas— y aún hoy, luego de que en 2017 sólo creció 1,0% tras la destitución de Rousseff y con pronóstico de crecimiento para 2018—que ha ido reduciéndose desde un optimista 2,5%— entre el 1,47% y el 1,6%, por lo que el PIBPPA para 2018 no alcanzará los valores de 2014, mucho menos aún los de 2012 —el más alto en la historia económica del país—, dejando una brecha pendiente para recuperar los niveles de ingresos de la población antes de la caída de la economía (y el desempleo en agosto reciente alcanzó 13,5 millones de la PEA, así como 14,1 millones de subempleados). Esto ha motivado dos reacciones distintas: una, principalmente de sectores de la clase media emergente salidos de la pobreza durante el boom de los commodities y en proceso de regreso —o ya regresados— a niveles de pobreza, que asociaron la Administración Lula da Silva como única causa de esa mejoría —obviando los ingresos extraordinarios de esa época— y volvieron a darle su apoyo, en un proceso más emotivo que reflexivo sobre lo que significó la corrupción del catorceno lulista para el desgaste de la institucionalidad democrática y cómo esto incidió en su propio retroceso; la otra, de parte de esos mismos sectores y entre reflexiva y emocional, se volcó al candidato ubicado en el otro extremo: Bolsonaro.

La reacción de los mercados tras la primera vuelta electoral que dio ganadora a la extrema derecha fue sintomática de sus preferencias: el 8 de octubre, la Bolsa de São Paulo subió ocho puntos y la cotización del real —que había estado retrocediendo frente al dólar— subió un 3,67%.

El segundo factor fue el descrédito de la partidocracia que manejó el país desde 1985: La significativa caída del MDB y el PSDB y la relativa del PT fueron la factura por su corrupción e ineficiencia —esto último le afectó mucho al PT tras la gestión de Rousseff.

«La corrupción es una plaga insidiosa que tiene una amplia gama de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia y el estado de derecho, conduce a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, erosiona la calidad de vida y permite que el crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana florezcan.

Este fenómeno maligno se encuentra en todos los países, grandes y pequeños, ricos y pobres, pero es en el mundo en desarrollo que sus efectos son más destructivos. La corrupción perjudica a los pobres de manera desproporcionada al desviar los fondos destinados al desarrollo, socavando la capacidad de un gobierno para proporcionar servicios básicos, alimentando la desigualdad y la injusticia, y desalentando la inversión y la ayuda extranjeras. La corrupción es un elemento clave en el bajo desempeño económico y un obstáculo importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo».

[Kofi Annan: Declaración sobre la adopción por la Asamblea General de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 31/10/2003]

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2017 (Corruption Perceptions Index) de Transparencia Internacional, ubica a Brasil en el puesto 96 —lugar que compartió con Colombia, Indonesia, Panamá, Perú, Tailandia y Zambia— entre 180 países y con una puntuación IPC de 37; la (otra) mala noticia es que había retrocedido en su puntuación IPC del año anterior desde 40 y, también, descendido 17 lugares en el ranking desde el 79 que ocupó en 2016 —lo cual es muy lógico según se descubrían las “maravillas” de la corrupción del lulismo.

El tercero factor, tanto para clases populares como medias y altas, ha sido el de la manifiesta falta de seguridad pública. En 2017, en Brasil fueron asesinadas 63.880 personas —un 3% más que el 2016 y 30 veces los cometidos en Europa: 175 muertes cada día, 7 por hora, para una tasa de 30,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes; de ese total de homicidios, el 71,1% fueron con armas de fuego (entre 1980 y 2016, los muertos por esta causa fueron cerca de 910 mil personas). Ese mismo año, se perpetraron 60.018 violaciones: 8,4% más que el año anterior.

Entre el 2006 y el 2016, las víctimas de homicidio en Brasil fueron 553.000 personas y en el 2015, el país ya ocupaba el séptimo lugar entre los países con más homicidios por cada 100.000 habitantes (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Banco Mundial). En marzo del 2017, tres ciudades de Brasil entraron en el top 10 de las más peligrosas del mundo, según el ranking del mexicano Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. En el cuarto lugar, se ubicó Natal, capital de Rio Grande do Norte, con tasa de 102,56 homicidios por cada 100.000 habitantes; en séptimo lugar estaba Fortaleza, capital de Ceará, con tasa de 83,48; Belém, capital de Pará, se ubicó en el décimo lugar con 71,38, seguida por Vitória da Conquista en Bahía (70,26); en el catorceavo estaba Maceió, capital de Alagoas (63,94); en el decimoctavo, Aracajú, capital de Sergipe (58,88), seguida inmediatamente por Feira de Santana, también en Bahía (58,81); en el vigesimosegundo estaba Recife, capital de Pernambuco (54,96); en el vigesimoquinto Salvador, capital de Bahía (51,58); en el trigésimo João Pessoa, capital de Paraíba (49,17), y en el trigésimo cuarto aparecía Manaus, capital de Amazonas (48,07); en total, Brasil tiene 17 de las 50 ciudades más violentas, 15 de ellas en el Nordeste (Pará y Amazonas son Región Norte). Según el Atlas da Violência 2018 elaborado por el Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) y el Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), los nada honrosos primeros lugares entre los estados los ocupaban los nordestinos Sergipe (64,7 víctimas violentas por cada 100.000 habitantes), Alagoas (54,2), Rio Grande do Norte (53,4, aumentando su índice en el 256,9%), los de la Región Norte Pará (50,8) y Amapá (48,7) seguidos de los también nordestinos Pernambuco (47,3) y Bahía (46,9) mientras que los estados con menores tasas eran São Paulo (Sudeste) (10,9, que lo disminuyó en el 46,10%), Santa Catarina (Sur) (14,2) y Piauí (Nordeste) (21,8). Esto es más cruento si nos damos cuenta que las muertes violentas son el 56,5% de la causa de muertes en hombres de 15 a 19 años; entre jóvenes de 15 a 29 años, en 2016 la tasa de homicidios por 100 mil habitantes fue de 142,7 (a modo de ejemplo: El Salvador, en 2016 el país más violento en el mundo fuera de guerra, tuvo ese año una tasa de 83, seguido de Honduras con 57, mientras que la tasa global mundial fue de 5,3 en 2015).

En resumen, para 2016 sólo siete de los 27 estados brasileños redujeron sus tasas de homicidios: en el Sudeste São Paulo, Espírito Santo y Río de Janeiro, Mato Grosso en el Centro-Oeste, Pernambuco en el Nordeste, Paraná en el Sur y Distrito Federal en el Norte pero, en contraste, Tocantins en el Norte y Maranhão, Sergipe y Rio Grande do Norte en el Nordeste incrementaron sus tasas por encima del 100 %.

«La delincuencia organizada es uno de los factores que motivan el incremento. La tasa de asesinatos ha aumentado considerablemente debido a que carteles de narcotraficantes rivales luchan por sus territorios en Brasil, un país que comparte fronteras con tres de los principales productores de cocaína en el mundo: Colombia, Perú y Bolivia.

[…] No sorprende que dos de los estados con los índices más altos de homicidios, Acre y Ceará, se encuentren en una de las principales rutas de contrabando.

Al mismo tiempo, los presupuestos para seguridad pública se han recortado en medio de la recesión más grave que ha vivido el país, lo cual ha ocasionado que las autoridades policiales estén mal pagadas y poco capacitadas para lidiar con la violencia en ascenso. Al tener que luchar con recursos limitados, la policía ha respondido aumentando su brutalidad».

[S. Darlington: Op. cit.]

Un indicador preciso de que Brasil es un país violento es su ubicación en el lugar 106 de 163 países analizados en el Índice de Paz Global (Global Peace Index) 2018 que publica el Institute for Economics and Peace (IEP), ubicación que lo clasifica como país peligroso; este indicador mide la ausencia de violencia en un país. Además de la evolución de la puntuación, es fundamental la evolución que tenga el país en el ranking que lo compara con el resto de los países porque si bien mejoró su situación de violencia respecto del 2017 —año que estuvo en el puesto 108—, su ranking de violencia continuó ascendiendo desde el lugar 77 que obtuvo en el 2011 (2012: 82, 2013: 81, 2014: 91, 2015: 103, 2016: 105). Esta violencia, además de la inseguridad ciudadana, tiene un correlato directo con la economía, tanto en el costo de prevenirla y combatirla como en la pérdida de recursos (por ejemplo, la violencia en Colombia en 2016, según el IEP, incidió en 34% de su PIB).

Concluyendo la conclusión

A no ser que suceda un imprevisto cataclísmico —como fue para Tancredo de Almeida Neves en 1985 y estuvo a punto de sucederle al mismo Bolsonaro con el atentado del 6 de septiembre—, el capitán de reserva alcanzará la presidencia con el imprescindible voto mayoritario —y absolutamente democrático— del electorado brasileño.

Sólo luego sabremos si cumple sus promesas de transparencia —Lula da Silva también las hizo en 2002 y violó muchas descaradamente—, eficiencia de gestión, adecuado uso de recursos públicos, control de la inseguridad ciudadana y, sobre todo, respeto de la democracia y sus instituciones —las mismas que le sustentaron los siete períodos consecutivos que ha sido diputado federal.

Para muchos un elegido —um Messias, como su nombre— o un predestinado de Deus —salvado después del violento acuchillamiento que sufrió—, Bolsonaro es una incógnita que supo cómo lograr ganar pero que nadie sabe qué hará ganar a Brasil.

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sábado, 20 de octubre de 2018

Brasil cabreado: Cuando la corrupción embarga la democracia