“Estoy radicalmente a favor de combatir la corrupción, no sólo por una cuestión ética, sino por un criterio político. (…) Un Gobierno es 10.000 veces más eficiente cuanto más controla, más fiscaliza y más impide. No hay términos medios en este aspecto.” [Dilma Rousseff, Presidente del Brasil]
"La ley vale indistintamente
para todos" [Leonardo Boff, teólogo
brasilero y cercano al PT, sobre el caso]
2002:
Luiz Inácio Lula da Silva y su Partido dos Trabalhadores (PT),
junto a sus aliados, ganaban las elecciones presidenciales en Brasil. Candidato
desde 1989 (repitió en 1994, 1998 y 2002, asumiendo el
año siguiente), esta vez moderó su discurso con un nuevo programa de centro
izquierda, que buscaba mejorar (siguiéndolas) las políticas de su antecesor Fernando
Henrique Cardoso: un país más igual y convertir a Brasil en potencia emergente.
La tercera era la honestidad.
Este programa moderado que llevó a Lula a la Presidencia del
gigante sudamericano no se correspondió en el Congreso, donde el PT y sus aliados
eran minoría: sólo 89 diputados de 513 y 13 senadores de 81.
2005:
Las denuncias de la revista Veja y el periódico Folha de São
Paulo corroboradas
por el entonces diputado Roberto Jefferson Monteiro Francisco y presidente
nacional del Partido Trabalhista Brasileiro (PTB, aliado del PT) hicieron explota
el mayor escándalo de corrupción política en la historia de Brasil: el esquema del
mensalão —la “gran mensualidad”—, la compra
de votos de legisladores opositores para dar apoyo al Gobierno. El dinero, según
las investigaciones, salió de contratos fantasmas entre una empresa estatal y agencias
de publicidad de Marcos Valério de Souza, importante consultor político cercano
al PT; la operación se estima que rondó (hasta ahora) la cifra de 400 millones de
reales entre 2003 y 2005.
Las denuncias crearon tal alboroto político que removió muchas
estructuras políticas del país y les costó sus cargos a ministros y parlamentarios.
Aunque el escándalo del mensalão fue ampliamente
explotado por todos los partidos opositores, el PT y las organizaciones sindicales
y sociales afines promovieron una campaña de apoyo al gobierno denunciando que se
trataba de un ataque de la derecha y los medios golpistas contra el primer gobierno
petista. Esto permitió que el Presidente Lula saliera incólume y fuera relegido
en 2006, aunque el epicentro de la corrupción estuvo en su entorno inmediato,
a la vez que para asegurar la gobernabilidad establecía una fuerte alianza de gobierno
más estable con el centroderechista Partido do Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB) y centraba su gestión de gobierno en su persona y no en el PT y en el consenso:
el denominado lulismo.
2012:
El juicio por el mensalão
llegó al Supremo Tribunal Federal (STF) con el Magistrado Joaquim Barbosa Gomes
—nominado por Lula en 2003 y elegido su Presidente poco después de este juicio—
como Relator.
Entre los involucrados estaban: José Dirceu, hombre fuerte
de la Administración Lula y del PT (artífice de la política de moderación de
Lula en 2002), acusado por Jefferson de ser el "jefe"; José Genoíno,
presidente del PT; Delúbio Soares, tesorero del PT; Marcelo Sereno, dirigente
nacional del PT; Silvio Pereira, dirigente nacional del PT, quien recibió casi R$
5 millones; João Paulo Cunha, ex presidente de la Cámara de Diputados (PT); Paulo
Rocha, ex líder del PT en la Cámara, acusado por R$ 920 mil; Luiz Carlos da
Silva (más conocido como Profesor Luizinho), ex líder del gobierno en la Cámara,
R$ 20 mil; José Mentor (diputado PT), R$ 60 mil; José Nobre Guimarães (diputado
PT), hermano de José Genuino, R$ 250 mil; José Adalberto Vieira da Silva, preso
por la Policía Federal con US$ 100.000,00 en el calzoncillo, asesor del
diputado José Nobre Guimarães; Josias Gomes (diputado PT), R$ 100 mil; Luis
Gushiken, ex diputado y jefe de la SECOM (Secretaria de Comunicação
da Presidência da República); Roberto Jefferson (diputado PTB), R$ 4
millones; José Carlos Martínez (diputado PTB), R$ 1 millón; Romeu Queiroz (diputado
PTB), R$ 350 mil; José Janene (diputado Partido Progressita, PP); Pedro Corrêa
(diputado y presidente del PP); Pedro Henry (diputado PP), ex líder de la
Cámara; José Borba, ex líder del PMDB en la Cámara, R$ 2,1 millones; Valdemar
Costa Neto (diputado Partido Liberal, PL), casi R$ 11 millones para dsitribuir;
Obispo Carlos Alberto Rodrigues Pinto (PL), coordinador de la
bancada de la Iglesia Universal del Reino de Dios en la Cámara, R$
150 mil; Anderson Adauto (diputado PL y ex ministro de los transportes), R$ 1
millón; Marcos Valério (empresario); Eduardo Azeredo (diputado del Partido da
Social Democracia Brasileira, PSDB); Duda Mendonça, publicista responsable de
la campaña electoral de Lula; Zilmar de la Silveira, socia de Mendonça; Fernanda
Karina Somaggio, secretaria de Marcos Valério; Renilda Soares, esposa de
Valério; Antonio Mexia, ex Ministro de las Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones de Portugal, y Miguel Antônio Igrejas Horta Costa,
presidente de Portugal Telecom. También el Banco Central, el Banco Rural y
el BMG.
Las condenas dictadas por el STF (con la oposición
permanente del Magistrado Revisor Ricardo Lewandowski) fueron ejemplares: el ex ministro de Gobierno
y brazo derecho de Lula Da Silva, José Dirceu, fue condenado a casi 11 años de prisión
y multa de R$ 676 mil; el ex presidente del PT José Genoino, a casi 7 años y R$
468 mil; el ex tesorero del PT Delubio Soares a casi 9 años y R$ 325 mil; Marcos
Valério recibió más de 41 años y R$ 2,72 millones; también sus socios Ramon Hollerbach
y Cristiano Paz y su ex funcionaria Simone Vasconcelos
recibieron penas entre 29 y 12 años y fuertes multas. La Corte también condenó al
ex presidente de la Cámara de Diputados y actual diputado por el PT Joao Paulo Cunha
(más de 9 años), al exdiputado Roberto Jefferson (7 años y 14 días), el antiguo
tesorero del PTB Emerson Palmieri (4 años), a los diputados Valdemar Costa Neto
(casi 9 años) y Pedro Henry (casi 5 años) y a los ex diputados José Borba (más de
2 años), Carlos Alberto Rodrigues (más de 6 años) y Romeu Queiroz (más de 6 años);
también fueron condenados el ex presidente del Banco de Brasil, Henrique
Pizzolato (casi 13 años) y Katia Rabello, ex dueña del Banco Rural (16 años),
así como algunos integrantes más de dichas entidades bancarias. En todos los casos,
también tuvieron penas de resarcimiento económico. En total, el STF consideró culpables
a 25 de los 38 acusados; el resto de los condenados tuvieron penas diversas.
Las reacciones en el mundo político brasilero fueron disímiles:
Mientras que para Rui Falcão, Presidente del
PT, la sentencia del STF fue política porque no hubo crimen “infamante” y causada
por presión mediática, y descartó la expulsión de los condenados, para
las municipales del 7 de octubre la sentencia significó un duro revés para las candidaturas
propias del PT, que no ganó en la mayoría de los principales municipios del país
(aunque recuperó luego de 8 años la de São Paulo, sólo obtuvo, además, Goiânia).
Hasta el momento, Lula quedó fuera de este esquema pero el pedido
de Marcos Valério al STF de acogerse en régimen de protección de testigos para ofrecer
nuevas declaraciones puede variar esa situación.
Por lo pronto, siete años después de haber sido denunciado y
con el juicio político más importante del país (trasmitido diariamente por la televisión
y radios) desde el impeachment de Fernando
Collor de Mello en 1992 (quien renunció y después fue rehabilitado, hoy Senador),
la Presidente Dilma Rousseff (que en sus dos años de gobierno ha obligado a renunciar
a una decena de ministros por acusaciones de corrupción) es la gran beneficiada
en imagen y mejora sus posibilidades de aspirar a la relección (mientras las de
Lula disminuyen, al menos ahora). Sin embargo, el panorama puede cambiar para
Lula (y para mal): Pocos días después del juicio por el mensalão, la Presidente Rousseff
ordenó la destitución de 18 altos funcionarios públicos implicados en un nuevo
escándalo de corrupción y tráfico de influencias, entre ellos la Jefe del
Gabinete de la Presidencia en Sao Paulo, Rosemary Novoa de Noronha, ex asistente de Dirceu y de Lula durante su presidencia y quien
lo acompañaba en sus viajes oficiales al exterior cuando la Primera Dama,
Marisa Letícia Rocco Casa, no acompañaba al Presidente. El caso ya se conoce
como “Rosegate”.
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