En 2002, el líder sindicalista Luiz Inácio Lula da
Silva, su Partido dos Trabalhadores (PT) y sus aliados ganaban las elecciones
presidenciales en Brasil. Con un nuevo programa de centro izquierda, ganaron
con tres banderas: hacer un país más igual, convertir a Brasil en potencia
emergente (ambas siguiendo y mejorando políticas de su antecesor Fernando
Henrique Cardoso) y la honestidad.
Sin embargo, este triunfo era pírrico sino tenían apoyo en
el Congreso, donde eran minoría. Y así empezó el mayor esquema de corrupción
política en Brasil: el mensalão, la
compra de votos de legisladores opositores para apoyo del Gobierno. El dinero,
según las investigaciones, salió de contratos fantasmas entre una empresa estatal
y agencias de publicidad de Marcos Valério de Souza, importante consultor político
cercano al PT; la operación rondó (hasta ahora) la cifra de 143 millones de
reales entre 2003 y 2005.
Las condenas dictadas por el Supremo Tribunal
Federal (STF) han sido ejemplares: el ex ministro de Gobierno y brazo
derecho de Lula Da Silva, José Dirceu, fue condenado a casi 11 años de prisión
y multa de R$ 676 mil; el ex presidente del PT José Genoino, a casi 7
años y R$ 468 mil; el ex tesorero del PT Delubio Soares a casi 9 años y R$
325 mil, y Marcos Valério recibió más de 41 años y R$ 2,72 millones; también sus
socios Ramon Hollerbach y Cristiano Paz y su ex funcionaria Simone
Vasconcelos recibieron penas entre 29 y 12 años y fuertes multas. El
resto de los 25 juzgados tuvieron penas diversas.
Hasta el momento, Lula quedó fuera de este esquema pero el
pedido de Marcos Valério al STF de acogerse en régimen de protección de
testigos para ofrecer nuevas declaraciones puede variar esa situación.
Por lo pronto, la presidenta Dilma Rousseff instruyó a su
gabinete que no dejen de trabajar por seguir el proceso. Con mucho, ella es una
gran beneficiada en imagen.
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