Tras la inconstitucional asunción presidencial de Maduro Moros el 10E —en un acto fuera de la legalidad de la propia Constitución chavista y tras elecciones sin ninguna democracia—, el 23 —aniversario del regreso a la democracia en 1958— el joven, desconocido y recién elegido presidente de la Asamblea Nacional —ahora el único Poder elegido democráticamente en 2015— siguiendo el hilo constitucional fue proclamado por la Asamblea —no “autoproclamado”— como Presidente Encargado de Venezuela.

A partir de ahí, la mayoría de Latinoamérica y la Unión Europea, EEUU y Canadá, junto con la OEA, apoyan a Guaidó Márquez como legítimo presidente. Al gobierno ilegal: sus pocos aliados y socios, con la “neutralidad” interesada de México y Uruguay pidiendo otro diálogo más, hoy más inútil que los anteriores desde 2014, sólo útil para ganar tiempo el gobierno.

En franco aislamiento y sin ingresos petroleros, Maduro se niega realizar elecciones presidenciales —requeridas de un nuevo Poder electoral imparcial— y Guaidó apuesta por reforzar su presencia internacional, lleva urgente ayuda humanitaria —el régimen siempre se opuso—, amnistía las FANV y convoca la transición pacífica. En respuesta, Maduro apuesta a la guerra civil armando sus colectivos, propone elecciones parlamentarias pretendiendo, con más fraude, descabezar la oposición y reclama apoyo internacional, sobre todo a la Santa Sede, pusilánime hasta ahora —también con Nicaragua y como la CIDH— a diferencia manifiesta del episcopado venezolano.

Cada vez más, el madurismo se queda solo, dentro y fuera. La clepsidra de su poder ya casi no la mueve el muy contaminado —como su gobierno— Guaire.