Lo que pienso: La demanda demorará años en sentenciarse

Análisis

La demanda demorará años en sentenciarse
José Rafael Vilar / Analista Internacional

El error de considerar que la ‘diplomacia de los pueblos’ podía conseguir resultados totalmente favorables a Bolivia fue tan grande como pretender que las buenas relaciones entre los gobiernos de Evo Morales y Michelle Bachelet harían deponer las posiciones inflexibles chilenas sobre soberanía no compensada y que devolverían territorios. También fue errado continuar con la misma percepción con la, entonces, nueva administración de Sebastián Piñera, aún más nacionalista; también lo es creer que el (posible) regreso a la presidencia de Bachelet va a solucionar el diferendo.

A ello sumemos: un discurso oficial que no ha sido coherente en el tiempo; una demanda internacional que cuando sea interpuesta demorará años en sentenciarse, con independencia de cuál sea el resultado; sobrevaluar las opciones peruanas; y, por último, obviar que pronto la Corte Internacional de Justicia dictará posición sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, y si el resultado es favorable a Perú se reducirían las opciones útiles para Bolivia, considerando que lo que aceptaría Chile es compensar territorios laterales con la línea de la Concordia o ceder un enclave compensando sobre la costa (con tránsito no soberano), pues otra solución cortaría su territorio.

A continuación el cuestionario completo.

1. Chile ya dijo que no dará una salida soberana. Es una posición tajante aparentemente. A partir de ahí ¿qué le queda a Bolivia?

Durante el gobierno de la Presidente Michelle Bachelet Jeria se ampliaron los avances que ya, bajo su antecesor Ricardo Lagos Escobar, se habían iniciado y que continuarían (no sin problemas y, al final, detenidos) con su sucesor Enrique Piñera Echenique. Ejemplo de ello fue la Agenda de 13 puntos que debía reencauzar las relaciones entre los dos países: Desarrollo de la confianza mutua, Integración Fronteriza, Libre Tránsito, Integración Física, Complementación Económica, Tema Marítimo, Silala y recursos hídricos, Instrumentos de lucha contra la pobreza, Seguridad y Defensa, Cooperación para control del tráfico ilícito de drogas y de productos químicos esenciales y precursores, Educación, Ciencia y Tecnología, Culturas, Otros temas (seguridad social, asuntos consulares y multilaterales). De todos estos temas (mayoritariamente comerciales pero también migratorios y de coordinación en temas de desminado de fronteras y lucha contra el narcotráfico y precursores), los prioritarios para la política boliviana, tanto exterior como interior, eran el marítimo y el del Silala. En el caso del Tema Marítimo, la reunión de vicecancilleres de 2010, ya con el gobierno de Piñera Echenique, reafirmó “la importancia del diálogo bilateral como un mecanismo de entendimiento” y “preservar [… y estimular] el diálogo bilateral a fin de abordar la temática”, corroborado por la Asamblea General de la OEA de 2012 en Cochabamba, a diferencia de la Resolución de 1979 de la Asamblea General realizada en La Paz. (En el tema de la deuda histórica sobre el Silala no hubo avances, más allá de lo antes acordado de pago parcial hasta nuevas definiciones.)

En muy importante reconocer que, con esta Agenda bilateral de 13 Puntos, por primera vez había un diálogo abierto y que podía ser útil para Bolivia sobre el tema marítimo entre ambos países desde el Acuerdo de Charaña (después descartado) que significó el avance más importante desde los Tratados de 1904 al negociarse un posible intercambio territorial con soberanía (por la necesidad imperiosa del gobierno dictatorial de Pinochet Ugarte de romper el aislamiento internacional). Se han mencionado avances con la Administración Bachelet Jeria en este tema, pero –más allá de las propagandas oficiales– no fue más que una confirmación de salida útil pero no soberana para Bolivia, como también había ofrecido su antecesor, Lagos Escobar; en este sentido, se debe recordar que el Canciller chileno durante el gobierno de la Presidente Bachelet Jeria, Alejandro Foxley Rioseco, en su momento reafirmó la postura tradicional chilena sobre la inviolabilidad de los tratados.

2. Una campaña internacional a favor de la reivindicación marítima como lo plantea Bolivia ¿qué efectos concretos puede tener?

Ya en el logro del interés multilateral declarado en la Resolución de la OEA en 1979 y siguientes fue importante la labor previa de acercamiento e información detallada a los países miembros (aunque no podemos olvidar que, posiblemente y no poco, influenció en ese momento el rechazo global a la dictadura militar chilena).

Una política de Estado coherente y permanente pudiera crear un clima favorable a soluciones también útiles y permanentes que estén dentro de las posibilidades de ambos países.

3. El caso de los soldados ha demostrado un alto grado de ‘politización’ de los temas entre ambos países. ¿Cree usted que el tema marítimo también tiene un alto grado de politización y cómo puede repercutir esto en el tratamiento del tema?

Sin duda. Por una parte, el error de considerar que la “diplomacia de los pueblos” podía conseguir resultados totalmente favorables a Bolivia fue un error tan grande como pretender que las buenas relaciones entre los Gobiernos Morales Ayma y Bachelet Jeria haría deponer las posiciones inflexibles chilenas sobre soberanía no compensada y devolverían territorios. También fue errado continuar con la misma percepción (partidos de fútbol por medio) con la, entonces, nueva Administración de Piñera Echenique, aun más nacionalista; también lo es creer que el (posible) regreso a la Presidencia de Bachelet Jeria va a solucionar el diferendo.

A ello sumemos: un discurso oficial que no ha sido coherente en el tiempo; una demanda internacional no interpuesta aún (y que cuando lo sea, si lo es, demorará años en sentenciarse, con independencia de cuál sea el resultado); confundir declaraciones (interesadas o desintegradas) de personalidades chilenas a favor de soluciones marítimas útiles y soberanas para Bolivia con el sentimiento nacional; sobrevaluar las opciones peruanas (recordemos, aunque sea solamente, que el Tratado de 1992 no fue nunca efectivizado por razones económicas y que el Protocolo Ampliado de 2010 recién va a aprobarlo –es una posibilidad avanzada pero no concluida– por el Congreso peruano) y obviar su costo en implementación y realización; y, por último, obviar que próximamente la Corte Internacional de Justicia dictará posición sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile (presentada por Perú en 2008 sobre la base de su Ley de Líneas Base de 2005) y si el resultado de ésta es favorable a Perú se reducirían las opciones útiles para Bolivia, considerando que Chile lo que aceptaría es compensar territorios laterales con la Línea de la Concordia, su actual frontera con Perú (y con la aprobación de ese país antes) o, en otra opción, ceder un enclave compensado sobre la costa (con transito no soberano pero con posibilidad de manejo bajo extraterritorialidad), pues otra solución cortaría su territorio.

Dos consideraciones adicionales: El único puerto útil entre la frontera peruano-chilena y Arica es, precisamente, ése: Arica (al que una buena parte de sus aguas cercanas serían peruanas si la CIJ sentencia a favor de ese país), y el cambio del comercio boliviano de puertos chilenos a peruanos (además de que tienen que terminar de aprobarse el Protocolo Ampliado de 2010 y sus implementaciones y, después, crearse las condiciones logísticas y técnicas: un buen período de tiempo), esto aumentaría significativamente los costos del comercio (y en algunos casos, como en la exportación minera desde Oruro y Potosí por Tocopilla, Mejillones o Antofagasta, sería imposible por costos de transporte e inversión estructural).

4. Este es un año preelectoral en ambos países ¿cómo influirá esto en el tema marítimo?

Muchísimo ruido y pocas nueces: Ninguna solución.

5. El Gobierno de Bolivia dice que con Sebastián Piñera ya no hay casi nada de qué hablar y que apuesta al próximo gobierno de Chile en alusión a Michelle Bachelet ¿qué piensa de este escenario?

En primer lugar, Bachelet Jeria aún no es la candidata presidencia ni aún precandidata, aunque se perfila como tal de los Partidos Socialista y Por la Democracia. De ser confirmada por estas dos agrupaciones, aún le falta competir en primarias dentro de la Concertación de Partidos por la Democracia con otros precandidatos: Claudio Orrego Larraín (Democracia Cristiana), Andrés Velasco Brañes (independiente) y José Antonio Gómez Urrutia (Radical Socialdemócrata). Tras eso, deberá enfrentar en comicios a los candidatos fuera de la Concertación: posiblemente Marco Enríquez-Ominami Gumucio desde la izquierda y Andrés Allamand Zavala o Laurence Golborne Riveros desde el oficialismo, como principales aunque participarán otros menores en caudal de votos. Un camino largo todavía (sobre todo, porque su Administración está enjuiciada actualmente por las imprevisiones y malas decisiones tomadas durante el terremoto de 2010, días antes de su resignación), aunque tiene muy buenas posibilidades.

En segundo, decidir cuál va a ser la estrategia: el diálogo bilateral o la presión internacional o el reclamo a la CIJ, aunque éste debe contar para su aceptación por ese Organismo con el acuerdo chileno, en este momento impensable (aunque el levantamiento de las reservas al Pacto de Bogotá permiten acusar a Chile de incumplimiento de Tratados).

Y tercero y muy importante: pensar en soluciones creativas, no estancarse en fórmulas que no han funcionado ni en soluciones poco realistas (al menos en mediano plazo).