«Hay […] una táctica coyuntural del Evo para dificultar a la oposición, para dificultar el que se organice». [Xavier Albó Corrons sobre las primarias y la LOP, Los Tiempos, 23/09/2018].

La nueva Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas (LOP) modificó el proyecto elaborado por el exsenador masista Adolfo Mendoza Leigue, la socióloga Gabriela Canedo Vásquez, el expresidente de la Corte Nacional Electoral Salvador Romero Ballivián, el gestor de la Participación Popular Carlos Hugo Molina Saucedo y el líder campesino e indígena Paulino Guarachi Huanca. Coincido con María Teresa Zegada Claure cuando afirmaba que la LOP «será, a la larga, un instrumento importante y útil para ordenar la configuración del sistema de representación política en Bolivia» [“El diablo está en los detalles”, El Deber, 13/09/2018] y con Molina Saucedo de que: «El uso, la manipulación y el manoseo de que ha sido objeto para satisfacer una necesidad enfermiza de poder, no disminuye el valor de su calidad instrumental, pensada y diseñada para fortalecer procesos que debían concluir el año 2025» [“Los tiempos se acortan”, El Deber, 11/09/2018] pero, lamentablemente, la ley aprobada por la mayoría absoluta parlamentaria oficialista «ha precipitado una coyuntura crítica que pone en juego los principios democráticos, […] favoreciendo al oficialismo y complicando la participación de la oposición» [“El diablo está en los detalles”] porque «permite allanar el camino de la repostulación presidencial» frente a «una oposición que está desarticulada, con organizaciones débiles, escasa institucionalidad, sin claridad sobre liderazgos, y varias organizaciones aún en proceso de inscripción de su personería» [Zegada Claure, “El meteorito de las primarias”, El Deber, 30/08/2018].

Ese “meteorito” de apresuramiento y restricciones que menciona Zegada Claure y que Albó Corrons define como táctica instrumental para “saltar” los resultados del referéndum constitucional del 2016 (convencido el oficialismo que la presunta “legitimidad” como “derecho humano” que le otorgó el TCP a la re⁴postulación no sólo es poco creíble en Bolivia sino inargumentable fuera de ella) surge en un momento en que Bolivia se urgirá de todos los apoyos posibles de la comunidad latinoamericana, menguados por el apoyo irrestricto (suicida) que le da a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Pero, además, crea la duda de si al participar en esas primarias se desconoce la voluntad popular del #21F.

Definitivamente no porque (además de que después de las primarias, el TSE debe decidir si se apega a la plena constitucionalidad respetando el #21F y niega la participación electoral prorroguista, desoyendo presiones y compromisos) las organizaciones políticas bolivianas aprendieron del gravísimo error que para la democracia venezolana supuso la autoexclusión opositora en las elecciones parlamentarias de 2005, permitiendo la instalación del “socialismo” bolivariano. (Recordemos que, si el oficialismo recién triunfante en Bolivia en 2005 necesitó dialogar en el Congreso surgido entonces por no tener mayoría, a partir de 2009 el “rodillo” oficialista de las mayorías absolutas del MAS en las Asambleas anuló a las atomizadas minorías opositoras.)

La permanente defensa del #21F es tan consustancial de la defensa de los valores democráticos como lo será participar (aun en desventaja) en las elecciones (unidos sin “juntucha” con visión de construir futuro y no sólo cambiar siglas) porque ambas son expresiones indisolubles de la voluntad popular, tan democráticas como la que le dio el triunfo a Morales Ayma en 2005.