Para Michelle Bachelet Jeria, su estreno como Alta
Comisionada de los Derechos Humanos de las NNUU está marcado por la heredad que
le deja su antecesor, el príncipe jordano Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, permanente
denunciante —como Almagro Lemes desde la OEA— de las violaciones de DDHH en
Venezuela y Nicaragua.
Su discurso oficial distribuido a los medios estuvo diseñado
para mantener y comprometerse a potenciar el trabajo de su antecesor y en él
ocupó a su inicio espacio importante las denuncias sobre las arbitrariedades y
los crímenes en dos de los últimos países del socialismo 21. Tarea difícil de
realizar, sobre todo después que la dictadura nicaragüense expulsó a la misión
de las NNUU que redactó un demoledor informe sobre la situación de los DDHH en
ese país, obligándola a trabajar desde el exterior (como el régimen madurista,
que en 2017 no permitió la entrada de una misión similar en Venezuela).
Sin embargo, asaltan algunas dudas. La primera —justificada
por “razones de tiempo”—, la omisión de contundentes menciones sobre ambos
regímenes en la lectura pública del discurso previamente repartido; la segunda,
su próxima reunión acordada con el canciller madurista, despertando
susceptibilidades sobre otro nuevo “diálogo” inútil y sólo beneficioso para el
gobierno. Una tercera es que sectores de la Nueva Mayoría —algunos de su propio
partido socialista y el comunista— apoyan a ambas dictaduras y niegan las
violaciones (en el frenteamplismo, más a la izquierda que el comunista, ya han
surgido fuertes críticos de ambos gobiernos, encabezados por los diputados
Vlado Mirosevic Verdugo y Gabriel Boric Font, entre otros).
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