Escribo este artículo porque, amén que disfruto hacerlo, es mi homenaje de agradecimiento a mi amiga Carmen Beatriz Fernández que hace siete años me invitó a escribir en este importante espacio con un tema — que ahora es, no puedo decir renovado, quizás sí redesprestigiado—: las elecciones judiciales en Bolivia. Como comenté en “Un round electoral con final inesperado” sobre las primeras elecciones judiciales en Bolivia, nacionales por más señas, de octubre de 2011 —aunque, por esas artes incomprensibles de la tecnología virtual, aparece fechado de publicado tres meses antes, lo cual me agrada por lo que de augur certero alguien pueda suponerme—, en esos comicios por primera vez en la joven democracia de Bolivia los votos nulos superaron a los válidos [y me cito]:

“Por Órgano, para el Tribunal Agroambiental los sufragios válidos en total fueron 42% (1.768.576) frente a 15% (629.469) los blancos y 43% (1.779.425) los nulos […]. Para el Tribunal Constitucional Plurinacional, válidos fueron 42% (1.758.283), blancos 14% (579.363) y nulos 44% (1.838.903) […]. En el tercer Órgano, el Consejo de la Magistratura, los votos válidos fueron 42% (1.758.283), blancos 16% (659.617) y nulos 42% (1.760.789); la participación se mantiene en 80% y los inválidos fueron 58%. […] El último de los Órganos del Poder Judicial en elección, el Tribunal Supremo de Justicia […] se definía por candidaturas departamentales y por sexo [...el candidato más votado...] fue reelegido con 56% de los votos válidos de su departamento [...], donde los votos nulos fueron 47% y los blancos 23%, un total de inválidos de 70% [...].”

La historia de los siguientes seis años fue consecuente con el fracaso de la votación: varios de los elegidos fueron defenestrados o tuvieron que renunciar por corrupción o incompetencia —también hubo el caso del magistrado del Constitucional Gualberto Cusi Mamani, inhabilitado después por el Senado, de mayoría oficialista, por oponerse a una ley— o, en algunos, para evitar futuras sindicaciones por sus decisiones; la justicia, en general, no solucionó sus históricas falencias —retrasos, coimas, chicanas reiteradas— pero sí institucionalizó la creciente dependencia de la justicia a las decisiones políticas: casos como Porvenir y Terrorismo I y II se han alargado durante largos años sin poder llegar a sentencia por falta de argumentación jurídica, incluyendo en estos últimos las denuncias desde el exilio —está asilado en Brasil— del ex fiscal investigador que tuvo en sus manos toda la “fundamentación” sobre cómo fue el montaje de falsas sindicaciones y la trama de corrupción y chantaje que se montó.

En el año que pasó se cumplía el sexenio de los que estaban en funciones y el gobierno, repitiendo la fórmula, volvió la fórmula fracasada: selección de candidatos en la Asamblea Legislativa Plurinacional bajo mayoría absoluta del oficialismo —fácil entender lo tendencioso—, con un cambio: el Constitucional también era con votación departamental, y un agravante: los miembros del Constitucional, a días de su salida, declararon procedente la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por legisladores oficialista para habilitar al presidente Morales Ayma a una cuarta postulación: 2005, 2009, 2014 (ilegal según la Constitución que el mismo oficialismo lideró su redacción entre 2006-2007 y fue aprobada en 2009 pero que ese mismo Tribunal Constitucional viabilizó al considerar a esa Constitución como originaria) y, ahora facilitada, en 2019 basándose en un falaz argucia: la de que el Pacto de San José de Costa Rica (la Convención Americana sobre Derechos Humanos) de 1969 defendía el derecho político de “postularse todas las veces que quisiera”. Tras esa sentencia y habilitación —que negaba la validez del referéndum constitucional del 21 de febrero del año anterior, donde mayoritariamente (51,3%) la ciudadanía votó contra reformular la Constitución para permitirle a Morales Ayma postular (re⁴postular)—, en toda Bolivia la población se indignó y, como una de las consecuencias, los votos nulos y blancos arrasaron en las elecciones judiciales del inmediato 3 de diciembre: El promedio nacional de las cuatro opciones a elegir —tribunales Agroambiental, Supremo y Constitucional y Consejo de la Magistratura— dio una alta participación de 84,20% (5.421.396), 34,13% de votos válidos (1.850.113), 50,94% de nulos (2.761.482), y 15,82% de votos en blanco (857.526); sumados blancos y nulos, el voto rechazo fue de 66,75% (3.619. 008). Huelgan comentarios.

2017: Un año incendiario para Hispanoamérica

En mi artículo “2017: Llega un año de verdadero Fuego para Hispanoamérica” del 4 de enero del pasado año, mencioné seis hitos que, desde inicios de 2016, marcaron ese año: El primero fue en febrero cuando los votantes rechazaron en Bolivia la reforma constitucional que le hubiera permitido al presidente Evo Morales Ayma postularse para una posible tercera reelección. El segundo fue el anuncio del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa Delgado de que no se presentaría a otra reelección consecutiva al año siguiente a pesar de que la Asamblea Nacional —con amplia mayoría correísta: 100 de 137 asambleístas— aprobó la reelección indefinida de cargos elegibles; con este anuncio, Correa Delgado evitaría afrontar las situaciones más álgidas de la creciente difícil situación económica que ya estaba afectando su país.

El tercero fueron los Acuerdos de Paz suscritos entre el gobierno de Colombia y la guerrilla marxista —terrorista y narcotraficante— de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que el presidente Juan Manuel Santos Calderón tuvo que forzar su aprobación con algunos cambios a través del Congreso colombiano luego que el referéndum aprobatorio —supuesto como un exitoso colofón de la gestión presidencial— fue rechazado por la ciudadanía. El cuarto fue la confirmación de la eternización de una nueva dinastía de gobierno en Nicaragua tras la interpretación del Tribunal Constitucional para facilitar al presidente Daniel Ortega Saavedra postularse sin límites para su reelección: luego, en noviembre, fue reelecto presidente sin verdadera oposición —porque la excluyó— y con su esposa de vice, como hizo Juan Domingo Perón Sosa… Y el quinto fue la victoria de Donald John Trump en las elecciones de los EEUU contra la inmensa mayoría de los pronósticos —no por votos populares porque obtuvo casi 3 millones menos que su rival demócrata, sino por el sistema de elección indirecta del Colegio Electoral que ha existido en EEUU desde sus inicios.

El sexto y último hito fue la muerte de Fidel Castro Ruz. Además de caudillo y Patriarca, fue el superviviente de las generaciones de líderes políticos que acompañaron su presencia en el escenario mundial durante los últimos 60 años, el que más aguas transitó —nacionalismo, maoísmo, marxismoleninismo soviético y chavismo con su socialismo del siglo 21— y el último actor de la Guerra Fría, que llegó a ver como desaparecía la Unión Soviética y el llamado campo socialista y como fracasaban su Revolución cubana, la exportación de la misma y el socialismo del siglo 21.

El año del Gallo de Fuego

«En el zodíaco chino, 2017 es año del Gallo —Ji— de Fuego —año yin, lo femenino en la dualidad taoísta del yīnyáng—, combinación muy azarosa entre el metal —elemento femenino para los astrólogos chinos, propio del gallo— y el año fuego que augura un año complicado, de equilibrios inestables, con grandes discusiones, autoritarismos y paz tensa —por coincidencia o destino, el año lunar empezará el 28 de enero y pocos días antes, el 20, Donald John Trump —Perro [gǒu] de Fuego— asumirá la Presidencia de los EEUU.» [“2017: Llega un año de verdadero Fuego para Hispanoamérica”, E-lecciones, 04/01/2017]

Invito a revisar mis augurios.

CAMBIEMOS en Argentina

Después de un análisis de éxitos y fracasos del primer año de gobierno de Macri Blanco —que de ambos los hubo y fueron fundamentales para dibujar el escenario de desplazamiento democrático del péndulo político latinoamericano hacia la centroderecha-derecha— y bajo la complejidad del panorama que encontró CAMBIEMOS al ganar —mucho más complicado que el que esperaba por la permanente manipulación de cifras de la anterior administración—, la suma de factores permitía entender un primer año con avances significativos para desmontar la herencia de docenio de los Kirchner y tener buenas expectativas para 2017, sobre todo a cara de las legislativas de octubre de ese año.

Los comicios de medio término en Argentina fueron un real sorpasso de CAMBIEMOS para la expresidente Fernández de Kirchner y los restos del kirchnerismo —que había intentado recomponerse con una nueva alianza: Unidad Ciudadana, make up muy distante de lo que en su momento hegemónico fue el Frente Para la Victoria—: Si las PASO de agosto ya habían “desnudado” el declive del kirchnerismo cuando CAMBIEMOS las ganó con 35,9% de los votos sobre 21,8% del kirchnerismo residual, las elecciones de medio término en octubre reafirmaron que la coalición oficialista era la primera fuerza electoral del país. Me cito:

«En las elecciones legislativas […], toda Argentina decidió por el cambio sin retorno y confirmó el primer lugar de CAMBIEMOS en las PASO, superando la votación con un 42% de los votos nacionales (6% sobre las Paso) y ganando en 13 de los 24 distritos electorales [mientras el] kirchnerismo ganó en 3 [...] y otros sectores ganaron 8 [...]. Con esos resultados, CAMBIEMOS alcanzaría tener 24 senadores (15 actuales y nueve más) y 107 diputados (86 anteriores y 21 más), convirtiéndose en la primera fuerza política nacional y en el Congreso.» [“Argentina cambia y el kirchnerismo se hunde”. La Razón, 24/10/2017.]

Más premonitorio fue lo escribí seguido: «En un tiempo poco menos cercano aflorarán cuáles medidas correctivas pendientes implementará el gobierno ahora que avanzó políticamente y, como espada de Damocles sobre la expresidente, avanzarán los muchos encausamientos que pesan sobre ella, sobre todo el caso Nisman.»

Hoy CFK es procesada por varios delitos —entre ellos el muy grave de traición a la patria— y gran parte de sus gabinetes ministeriales están en similar situación, muchos ya tras las rejas. Por su parte, con el apoyo de otras bancadas —incluidas del peronismo no kirchnerista—, la coalición de Macri Blanco logró aprobar, a pesar de las protestas sindicales y de sectores kirchneristas, sus reformas laborales, previsionales y fiscales, fundamentales en su proyecto de gobierno.

Mauricio Macri Blanco se encamina a lo que pudiera ser el primer presidente no peronista en ser reelegido desde 1946 o, si no, en dejar —al menos— la continuidad de su propia coalición, lo cual no es un pronóstico descabellado considerando el crecimiento y apertura de la economía en el postkirchnerismo.

Lava Jato: el ventilador de la podredumbre

«2017 es un año crucial para Brasil. [...] en lo económico la solución de la crisis desatada en 2014 (crecimientos del PIB de 0,1%), “explotada” en 2015 (-3,8%) —causa del descontento popular con la anterior administración— y que en 2016 se mantuvo similar (-3,3%), es el objetivo principal de la administración Temer, además de escapar de nuevas acusaciones de corrupción.» [“2017: Llega un año de verdadero Fuego para Hispanoamérica.”]

Para el año 2017, preveía en el artículo cuatro escenarios negativos posibles para la Administración Temer: que más autoridades de su gabinete —incluido él mismo— sean acusadas de corrupción en las investigaciones; segundo, que similares acusaciones debiliten su base parlamentaria, que necesita prioritariamente para proceder con las reformas económicas necesarias; tercero, que la investigación sobre delitos electorales anulara las elecciones de 2014 y, por ende, Temer perdiera la presidencia, y cuarto, que la situación del presidente Temer se haga insostenible —principalmente por acusaciones fundamentadas de haber participado en hechos de corrupción— y éste deba renunciar antes de que el país asista a otro juicio político, pero mencionaba que si mejoraba la economía eso pudiera favorecer la gestión actual —pero si no, podría aumentar la inestabilidad social.

Para las elecciones generales de octubre de este año, Lava Jato —y otros descubrimientos escandalosos— y la economía —aunque el crecimiento del PIB fue magro en números finales para 2017 (0,9%) pero muy superior al de los tres últimos años de la Administración Rousseff: 2014, 0,5%; 2015, -3,8%; 2016, -3,6%— darán las pautas de las candidaturas —como ya sucedió en las últimas municipales de octubre de 2016, entre candidatos nuevos y votos castigo. Aunque el expresidente aparece de líder en las encuestas de intención de voto (34% según Datafolha en final de noviembre pasado, 35% según Ibope en octubre), sobre la viabilidad de su candidatura pesa la confirmación de la condena penal impuesta (nueve y medio años de prisión, sentencia aún en apelación) y el avance los siguientes procesos judiciales (4 más, hasta ahora) que lo involucran; en mi opinión, la sentencia será confirmada dentro de los próximos diez meses —mientras menos cerca de las elecciones, menos enturbiará el panorama— pero eso dejaría como mejor posicionados a la eterna “desinflada” a última hora Marina Silva Vaz de Lima (Rede Sustentabilidade, izquierda ecologista) y Jair Messias Bolsonaro (Partido Social Cristiano, derecha-extrema derecha); por el contrario, de poder terciar Lula da Silva y ganar, estará atado política y judicialmente —“prisionero” de sus “deudas” en ambos aspectos— con escasa libertad de acción, con un partido descabezado por corrupción y en un panorama regional adverso, lo que se traduciría en otro descalabro económico, ahora significativamente mayor.

La re re re re para una nueva re re re de Morales Ayma

Casi al final de 2016, el Congreso del oficialista Movimiento al Socialismo boliviano —convencidos que era el todo o el nada y el nada era “irse para la casa” con el peligro de “¿y si se descubre algo?”— propuso buscar “a como dé lugar” la repostulación del presidente Morales Ayma —re re re re o re⁴: 2005, 2009, 2014 y 2019— para una pretendida tercera reelección —la denominada re re re— y para ello el Congreso «dejó la firme encomienda de buscar todas las formas para que el Jefazo siga dirigiendo el país».

Como panorama para 2017, pronosticaba un pobre desempeño económico; una incierta participación en el MERCOSUR luego de las medidas aplicadas a Venezuela, suspensión incluida; el anclaje suicida con Venezuela frente a casi todo el resto de la comunidad regional; el endeudamiento chino como válvula de escape de la contracción —igual que Venezuela— combinado con la paupérrima inversión extranjera directa —siempre prometida pero no ejecutada…, a lo que adicionaba todo lo que al inicio de este nuevo artículo ya mencioné. Y concluía afirmando que las siguientes elecciones judiciales podrían ser un buen termómetro de la ciudadanía.

Y no erré. Los resultados económicos del año pasado fueron los menores en siete años con un crecimiento oficial del PIB de 3,8%, muy inferior al 4,7% que pronosticó el Banco Central y al 4% que la CEPAL y el FMI le concedían. La participación plena de Bolivia en el MERCOSUR ha quedado en un limbo, a pesar de las declaraciones oficiales, tanto porque el bloque —impulsado por sus miembros originales— tiende a la apertura económica y comercial al contrario de Bolivia como de la posición global —incluida la del Uruguay, más tímida pero no menos cierta— contra la dictadura “democrática” o “electoralista” de Venezuela, apoyada firmemente por su socio bolivariano a contracorriente. El absoluto posicionamiento con Venezuela —incluyendo la zafia actuación del delegado boliviano en la OEA bajo su pretendida potestad plenipotenciaria como presidente pro tempore del Consejo Permanente—, como en el MERCOSUR, ha aislado a Bolivia, no sólo en lo regional sino con respecto a muchos países. El endeudamiento chino no ha crecido en la magnitud esperada pero no por vocación boliviana sino por prevención del acreedor —provocando presuntos “maquillajes” de cuentas públicas, muy a lo Correa— mientras que la IED no ha despegado a pesar de varios anuncios oficialistas “muy auspiciosos” y luego desvanecidos o disminuidos —incluidos los “contratos firmados” en el fracasado IV Foro de Países Exportadores de Gas—, así como no han subido a niveles ansiados los precios de los hidrocarburos ni han sido —algunas aún al menos siguen en márgenes “expectaticios”, para seguir el neologismo oficial boliviano— ni se han concluido los nuevos contratos post conclusión del actual con Brasil. Como final, el gobierno terminó de validar la re⁴gracias a los obsecuentes miembros salientes del Constitucional lo que ha concitado el rechazo social que, además, confirmó el anunciado fracaso de las elecciones judiciales, con más rechazo que la anterior elección, como mencioné antes.

Para 2018, los augurios «son nada halagüeños: la conflictividad [...] se agudizará [...] porque la economía no tiene visos de mejorar y sí de complicarse —pendiente de negociar el gas para Brasil, sin concreción real de nuevas inversiones sustanciales en hidrocarburos, una alta cartera de créditos en lo interno y una deuda significativa y progresiva en lo externo—: es el momento para confirmar que el tan celebrado ahorro interno —sustento de la filosofía económica del docenio— es más que una utopía.» [“Panoramas y retos realistas 2018”, La Razón, 02/01/2018.]

Pero a pesar de todo ese adverso panorama, la apuesta del MAS por Morales Ayma —que no se trasladaría a candidato oficialista alguno— tiene un sustento, al menos hasta el momento, más allá de la necesidad de mantener el Poder —por la muy escasa posibilidad de recuperarlo si lo pierde y por la impunidad, aprendidos los ejemplos brasilero y ecuatoriano— y es que «[la] oposición llega al bienio preelectoral sin un candidato de consenso y atomizada [...] y con sus liderazgos bajo la barrera del 25% de votos, adoleciendo en gran medida de un proyecto país a largo plazo que trascienda lo coyuntural opositor. Las urgencias en formar cuadros en los distintos niveles y en nuevos líderes —de consenso y sin fugacidad— que renueven el panorama son metas difíciles para dos años pero imprescindibles de empezar.» [Íbidem.]

La paradoja de derrotar electoralmente a Morales Ayma —en las hipótesis de elecciones transparentes y de la unidad de la oposición, ex ante de las elecciones pero, sobre todo, ex post a éstas— es como la del gato de Schrödinger: si Morales Ayma es derrotado electoralmente —en la suposición hasta hoy indescartable de su re⁴postulación—, volverá a organizar bloqueos y soliviantar la movilización activa —la receta exitosa que aplicó desde mediados de los 90 hasta fin de 2005, aunque no fue el único que la promovió—; si no, en un cuadro progresivo de desgaste social y falta de liquidez, aplicaría la receta venezolana... que en realidad su “derecho de autor” no es ni madurista ni castrista: amén de otros antecedentes extrarregionales, su origen puede encontrarse en la frase «Darle candela al jarro hasta que suelte el fondo» referida a acabar con la oposición al dictador cubano Fulgencio Batista Zaldívar —nueva paradoja, porque el núcleo activo de esa oposición era la insurgencia de la Sierra Maestra— y el autor fue su entonces jefe militar quien, afortunadamente, no tuvo tiempo ni condiciones para aplicarla.

Ecuador y Februarius

Sin dotes de pitoniso, asocié las elecciones de febrero con Februarius, el segundo mes romano que debía su nombre a Februa o Februatio: el festival de la purificación, de regeneración, de cambio. Y de cambios era porque terminaba el decenio de Rafael Correa Delgado y, según quien saliera elegido, necesariamente habría un cambio de estilo —si ganaba Moreno Garcés, el candidato oficialista— o de modelo —si ganaba alguno de los opositores— porque «el vendaval de la Revolución Ciudadana de Correa Delgado se fue desgastando en el populismo de su modelo —el socialismo del siglo 21— mientras la economía entraba en crisis [...] y la corrupción ocupaba espacios importantes; por eso, aunque originalmente Correa Delgado pensó en prorrogarse [...] la Asamblea Nacional reformó la constitución para permitir la relección indefinida de cargos elegibles, la crisis que afecta al país le decidió dejar el empeño —y el vendaval— a otro y emigrar temporalmente pero sin negar la posibilidad de regresar un período después si las condiciones son más favorables». [“2017: Llega un año de verdadero Fuego para Hispanoamérica”.]

La historia ex post es conocida: Moreno Garcés empieza un gobierno dialogante con todos los sectores; los escándalos de corrupción —el affaire Odebrecht y otros, varios endógenos— que se habían destapado el año anterior van profundizándose y llegan hasta el vicepresidente Jorge Glas Esquivel —especie de cancerbero para su sucesor dejado por Correa Delgado, de quien fuera también vicepresidente— quien, en los meses siguientes pasa de desaforado a condenado y —mientras escribo— a las puertas de destituido; la mesa servida que Rafael dijo que le dejaba a su sucesor se desplomó estrepitosamente cuando la deuda real pasó de 27.871 millones de dólares reconocidos por Correa Delgado a un primer reconocimiento de 39.382,7 millones —equivalente a 39,1% del PIB— y a un balance “final” cercano a 61.784 millones, según datos consolidados del Ministerio de Finanzas: 61,41% del PIB muy superior al límite legal del 40%, por lo que “pareciera” que a la Administración de Correa Delgado se le “había olvidado” contabilizar más de 27 mil millones de dólares adeudados... una buena razón para que el Mashi Rafael no quisiera repostular, menos ser reelegido.

El anuncio de la convocatoria a una Consulta Popular para desarmar aspectos negativos de la herencia correísta —entre ellos la reelección indefinida— aceleró que el grupo fiel en Alianza PAIS —minoritario dentro de la bancada partidaria en la Asamblea Nacional— destituyera infructuosamente —la justicia lo restituyó— a Moreno Garcés de la presidencia del partido y convocara a un congreso extraordinario partidario con la presencia del expresidente. Con baja convocatoria de dirigentes y militantes [«Quedaremos menos, pero seremos más» justificó Correa Delgado], se realizó “para defender la Revolución Ciudadana” y con un Correa Delgado que sólo estuvo diez días y al mismo final de su Congreso se fue en vuelo privado y anunciando que volvería en tres años... quizás temeroso de que la suerte de Glas Esquivel fuera también la suya.

Para 2018 no me queda duda que los resultados de la Consulta serán ampliamente favorables a las reformas propuestas. Tampoco que Alianza PAIS terminará o fracturándose —lo más probable— o expulsando a los correístas y absolutamente descarto que el reformismo in house de Moreno Garcés vaya a sufrir el mismo final del de Alexander Dubček y la Primavera de Praga.

La duda que me queda es si él podrá gerenciar la reforma del proyecto Revolución Ciudadana o, como Gorbachov, el choque frontal de las fuerzas a favor y en contra conllevaría el descarte de Moreno Garcés y la apuesta por concluir el proyecto —lo cual no implicaría indefectiblemente regresar a 2006.

¿Una New Age en Cuba?

Cuba —con Nicaragua, Venezuela y Bolivia los últimos “firmes” de la ALBA-TCP— se debatirá de nuevo en 2018 a las puertas del cambio generacional entre la inacción en la orfandad emocional tras la muerte de Castro Ruz el Mayor —relevado el Menor— y el avance —con enemigos internos y con Trump desandando la Obama way.

¿Cambiará? ¿Flexibilizará el modelo? Es importante diagnosticar el hoy para pronosticar el mañana.

En las últimas dos décadas —inclusive antes, como se vio el affaire Ochoa, pero sólidamente desde la debacle del socialismo real que llevó al Período Especial en Tiempo de Paz— el manejo de la economía productora de ingresos al país ha ido quedando en manos militares en la modalidad de empresas manejadas por las FFAA —el ejemplo paradigmático es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), descrita como una matrioshka muy poderosa (cuasi Estado dentro del Estado) y omnipresente por lo que abarca y conocida desde antes pero más “publicitada” ahora por Trump al pagar sus deudas electorales al exilio “duro” cubano en los EEUU—, lo que la asesoría cubana está reproduciendo a gran escala en Venezuela. El proyecto estratégico era aprovechar la experiencia china y vietnamita de desarrollo capitalista con poder de partido único; la diferencia es que lo que asustó a la nomenklatura cubana era ceder parte del ejercicio del poder y por ello sustituyó el capitalismo privado por en manos militares, olvidando que ese modelo —el capitalismo de Estado— fue fracasando en toda Latinoamérica desde el siglo anterior.

La asunción al máximo cargo en Cuba de un civil —Miguel Díaz-Canel Bermúdez— que, además, es de una generación posterior a la del Moncada y la Sierra Maestra —incluso: posterior a la toma del Poder en 1959— podría pensarse como la posibilidad de un morenazo —por Moreno Garcés— a la cubana. No lo creo, al menos en la figura de ir contra la nomenklatura militar, máxime sin un Castro Ruz el Mayor que pudiera ser decisorio en cambios —aunque jamás lo hubiera sido de un cambio de modelo. Los cambios en Cuba en las últimas seis décadas, para bien o para mal, han sido coyunturales a graves situaciones de la economía y todos —no incluyo la reforma laboral de la burocracia estatal ni la apertura controlada a inversiones extranjeras, ambas a medio camino y más fracasadas que en avance— estuvieron marcados por el peso de Castro Ruz el Mayor —los dos cambios que excluí fueron llevados por Castro Ruz el Menor, cuyos éxitos significativos estuvieron en la apertura hacia la Administración Obama, hoy en regresión, y el cambio de mando.

En conclusión, será un año de tanteos y reacomodos internos. De lo exterior, la mayor influencia estará en cuánto aguante el madurismo en Venezuela porque su caída será más catastrófica para la economía cubana que las medidas de la Administración Trump; Rusia se le acercará más o no en la medida de sus intereses de presencia regional pero no volverá a ocupar el lugar de la fracasada Unión Soviética.

Otras “herencias” desde 2016 para 2018

El estreno de Donald Trump como presidente —un año muy conflictivo y con pocos aciertos reales—; Venezuela en su desastre irresuelto —sin más palabras porque todo depende de la implosión de la economía, algo cada vez más cercano, y de la capacidad de la oposición por resolver su, ahora, cada vez mayores desavenencias—; Nicaragua dinástica capeando entre la caída en el ingreso de los petrodólares venezolanos —base la socialis pace de la neoRevolución Sandinista “Cristiana, Socialista y Solidaria”— y la amenaza latente de la Nica Act; Colombia sin digerir aún totalmente la paz pactada de Santos Calderón y Timoshenko/Londoño y preparándose para un nuevo enfrentamiento en las elecciones generales de 2018 en las que, más que un avance de la izquierda, será un nuevo choque entre continuar el legado Santos o modificarlo; el entuerto catalán reflejando la pusilanimidad política del oficialismo del partido Popular y la ambivalencia insegura de la socialdemocracia —al menos, de etiqueta— española, y el reto catracho: la forzada anulación de la prohibición constitucional al presidente en ejercicio de postularse para un nuevo periodo consecutivo por la Corte Suprema de Justicia —la misma que en 2009 había destituido expeditamente a Manuel Zelaya Rosales, acusándolo de traición a la Patria, entre otros delitos, por pretender consultar en plebiscito la realización de una Constituyente que promovería la posibilidad de la reelección— permitió al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado postularse y reelegirse en unas muy cuestionadas elecciones, las que la OEA pidió repetir y el gobierno desechó hacerlo.

Lo nuevo que le deja 2017 a su continuación

PPkuy o la picardía de la cintura

En abril de 2016 fue la primera vuelta electoral peruana y el fujimorismo —el “duro” (que fue parte del gobierno de Alberto Fujimori Fujimori) y el que no estuvo gobernando en el período 1990-2000— obtuvo la mayor votación: 39,86% de los sufragios válidos, y la mayoría del Congreso peruano: 73 congresistas de 130. Para la segunda vuelta se dio la paradoja que, aunque los contendientes fueron Keiko Fujimori Higuchi —hija del expresidente encarcelado— y Pedro Pablo Kuczynski Godard, los verdaderos eran el viejo Fujimori Fujimori y su leyenda negra, porque tras cada uno de ambos candidatos reales se lineó una parte de la sociedad peruana que, en la votación, demostró ser equivalentes: sólo 41 mil votos (0,24% de los votos válidos) le dieron la victoria a PPK, para lo que tuvo que sumar votos desde sectores de la derecha hasta de la izquierda populista —chavista—; un malo antecedente para gobernar.

Y en diciembre de ese año explotó desde los EEUU la conexión internacional de los sobornos de la Organização Odebrecht, que ha remecido —sigue haciéndolo— a gran parte de la política latinoamericana. Para Perú, el primer expresidente en estar involucrado fue Alejandro Toledo Manrique (2001-2006) —PPK fue su primer ministro—, acusado directa y formalmente y refugiado, en espera del proceso de extradición, en los EEUU; el segundo lo fue Alan García Pérez, indirectamente involucrado a través de la corrupción denunciada de exaltos funcionarios de su segunda administración (2006-2011) y el tercero —Ollanta Humala Tasso (2011-2016) está en prisión preventiva por recibir aportes grises para sus campañas— fue el actual gobernante PPK a finales del año pasado por supuestas irregularidades corruptas dentro del affaire Odebrecht, lo que conllevó el pedido y votación congresales para su vacancia por impedimento moral —la misma causal por la que Alberto Fujimori fue destituido en 2000.

«Sin que yo entre en el fondo de las acusaciones [...] los motivos reales de muchos alegatos congresales iban a las razones políticas [un generalizado divorcio entre razones aparentes y reales], ya fuera vendetta por haber perdido la elecciones por 0,24% —para el fujimorismo de Fuerza Popular, permanente bloqueador de la gestión actual, muchos de sus congresistas acusados por otros hechos corruptos y su líder acusada de aportes ilegales de Odebrecht—, porque no había cumplido sus expectativas —para el Frente Amplio, izquierdista con tendencia asaz bolivariana— o para asegurar supervivencia de sus propios involucrados en eventos del escándalo —incluido su líder, García, para el APRA.» [“¿Qué se votó anoche en el Congreso peruano?”, El Deber, 22/12/2017.]

PPK y su administración se salvaron del deseche por muy escaso margen: faltaron 8 votos de los 87 necesarios para vacarlo. Aunque las alegaciones del presidente pudieran ser plausibles —sin demeritar lo que falta legalmente investigar sobre las sindicaciones—, para los 79 congresistas que votaron por su vacancia fueron —políticamente— irrelevantes en sus discursos. Sin embargo, un hábil movimiento de cintura política de PPK dividió a la bancada fujimorista: su acuerdo —tácito o no— con Kenji Fujimori Higuchi —el menor de los hijos del expresidente permanentemente el congresista más votado y distanciado de su hermana— para aplicar la potestad presidencial de indultar por razones humanitarias hizo fracasar el pedido de vacancia. Luego, las críticas a la medida han provocado tensión, tanto en la sociedad como, incluso, dentro de su propio gabinete —al margen de que, para un sector considerable del Perú y a pesar de la oposición del resto, el Chino sigue siendo ídolo.

Lo más importante para el Perú en 2018 será la gobernabilidad del país y cómo PPK sorteará las dificultades políticas, hasta ahora grandes pero desde ya magnificadas. En mi opinión y en la medida que Fujimori Fujimori se abstenga de opinar, los primeros meses del año seguirán las tensiones del indulto; después, y en la medida que se cumplan los pronósticos optimistas sobre la economía peruana —que hasta noviembre ubicaban su crecimiento este año que comienza entre 4,0% (Moody’s), 4,5% (Citicorp) y 4,7% (Standard Chartered) para en diciembre, en medio del boom de las acusaciones, The Economist ubicarlo entre 3,0% y 3,5% y el Banco Mundial y el FMI ambos en 3,8%— sin nuevos escándalos que involucren a PPK y su entorno, la situación política se suavizará aunque sin quitar que la Administración actual siempre será débil —aunque su debilidad ha sido, también paradoja, su mejor fortaleza ante todos los actores sociales.

Segundas segundas partes

El 11 de marzo de 2014, Michelle Bachelet Jeria regresaba a La Moneda para un segundo cuatrienio. Al primero, para el 2006 y 2010, en 2005 había ganado en segunda vuelta con 53.50% de los votos válidos (45,29% del padrón en un Chile aún con voto obligatorio) a Sebastián Piñera Echenique, quien recibiría de ella la posta cuatro años después; al final de ese primer mandato, Bachelet Jeria tenía una alta aprobación (84% Adimark), lo que incluía a propios y ajenos. Al segundo, también llegó en segunda vuelta con 25,57% del padrón —frente a una contrincante que despertaba pocas simpatías y con apoyos tibios de sus propios— y 62,17% de los votos, ahora con voto voluntario y arropada por una “coalición” muy enfrentada entre sí luego que a la Concertación por la Democracia de centroizquierda-izquierda —que la llevó al triunfo en su primera gestión— se le adicionó el Partido Comunista y otros sectores más a la izquierda con el objetivo explícito de “blindarse” tras el fracaso de la centroizquierda en los comicios de 2009; en septiembre de 2016 tenía entre 22% de aprobación (CADEM) y 19% (Adimark) y ya casi a su salida sube a 39% (CADEM). Estos fueron el resultado de una gestión confusa —de los tres pilares del denominado Legado Bachelet, si bien logró la reforma impositiva y la flexibilización del aborto, la educacional y la constitucional no pudo completarlas a cabalidad, e incluso pueden modificarse en la próxima legislatura—, escándalos de corrupción en su entorno —casi al inicio de su mandato explotó el caso Caval, con tráficos de influencias a cargo de su hijo y la esposa—, a lo que sumaba la difícil coordinación de las reformas prometidas dentro de su coalición —prácticamente desahuciada al final de la gestión, con vistas a las elecciones nacionales—, unido con la caída de los precios de su principal commodity y “sueldo de la nación”: el cobre —que sólo ha empezado una significativa recuperación paradójicamente en el último cuatrimestre de su gestión. (Paradoja es, quizás, la palabra que más me ha permitido explicar situaciones diversas en este artículo, una confirmación de que Latinoamérica es... ¡paradójica!)

Y así Chile llegó al ballotage de diciembre, con dos contendientes —de ocho que pugnaron en primera vuelta— que representaban dos visiones de país: el candidato de la centroderecha-derecha con Chile Vamos, el expresidente Sebastián Piñera Echenique pugnando por atraer al centro indeciso —los adherentes de la vapuleada Democracia Cristiana, desgajada de la candidatura de la coalición oficialista, se debatía entre ambos candidatos— mientras por la centroizquierda-izquierda de la Nueva Mayoría —La Fuerza de la Mayoría que no fue tan fuerte— estaba su candidato, el senador independiente Alejandro Guillier Álvarez, tratando de jalar los de la izquierda frenteamplista —fenómeno electoral pero internamente menos cohesionada que la propia Nueva Mayoría: desde maduristas firmes a allendistas trasnochados, incluyendo liberales y humanistas quizás fuera de lugar.

«¿Mi pronóstico? Los votos van a reforzar la centroderecha y el centro.» [¡Se cumplió mi pronóstico!]

Para el 2018, Chile y su nueva administración deberán lidiar con un Congreso donde están en minoría —72 diputados de la nueva composición de 155 (46%)—, algo de lo que ya conoce Piñera Echenique porque se estrenó en 2010 también con 46% de diputados —55 en el formato anterior de 120— y que con tres independientes aliados pudo ampliar a 48%; pero la oposición de centroizquierda-izquierda deberá debatirse entre mantener unida el centro de la Democracia Cristiana o acercarse a los sectores que pueda del Frente Amplio.

«La elección del domingo en Chile [conllevó] que el bipartidismo que funcionaba desde la Constitución de 1980 asegurando el presidencialismo, ha terminado y la gobernabilidad será más trabajosa de construir en base de consensos [...] tras el acceso de nuevos partidos [...]. Pero la más importante es, sin dudas, que al desaparecer la bipolaridad entre la centro-centroizquierda y la centroderecha-derecha, el panorama politicoideológico se ha sincerado con nuevas organizaciones ubicadas a la izquierda-extrema izquierda y la derecha “dura” de las que dominaron la escena desde de 1990.» [“Balotaje, más democracia, menos gobernabilidad”, La Razón, 21/11/2017.]

Lo que no me queda dudas es que ni la Nueva Mayoría ni la Concertación resucitarán. Tampoco dudo que la Democracia Cristiana se fraccione o sufra importantes desgajes, hacia uno y otro lado del espectro político chileno, como estoy seguro que el Frente Amplio necesitará releerse y fundarse —en el signo ideológico que fuera— más allá de la coyuntura electoral si quiere sobrevivir; el concepto de renegar de la Nueva Mayoría sin parecerse a Chile Vamos —que fue, en realidad, su génesis— no sobrevivirá a un actual oficialismo —o parte de él, al menos— convertido en oposición. El PRO de Marco Enríquez-Ominami Gumucio —eterno candidato presidencial que fue cayendo desde 20,14% (2009), 10,99% (2013) hasta 5,71% en ésta última— con un único diputado ahora queda en fase terminal de absorción.

En lo internacional, en 2018 Chile afianzará sus aperturas comerciales, potenciará la inversión y, sin dudas, será más crítico con la falta de democracia en la Región. El escenario más controversial es el de los reclamos en La Haya de Bolivia y contra Bolivia; el primero —Obligación a Negociar Acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile)— es muy posible que el fallo salga este año y recién entonces y según sea empezaría alguna negociación, de por sí, muy complicada por el tema “soberanía”; el segundo —sobre la controversia de la razón de las aguas del Silala— aún no ha empezado su proceso.

Alineamientos y liderazgos regionales

Desde el peso específico actual, Macri Blanco y Piñera Echenique se disputarán el protagonismo regional, con Perú, Brasil, Paraguay y Colombia desde la centroderecha-derecha resolviendo sus propios problemas; desde la centroizquierda-izquierda, ni Moreno Garcés ni Vázquez Rosas tomarán protagonismo, ordenando sus casas y economías; desde la izquierda veintiunera, los sobrevivientes —Maduro Moros y Morales Ayma— se defenderán pero dentro de las limitaciones de sus problemas —más el primero pero no falto el segundo— y, sobre todo, del “cordón sanitario” democrático y aperturista creciente que les está rodeando.

Buenas vibras.