El 22 de noviembre de 2015, los gobiernos del socialismo del
siglo 21 en Latinoamérica empezaron a vivir una muy desagradable cuenta atrás.
Ese día, en segunda vuelta, Argentina eligió a Mauricio Macri Blanco, a la
cabeza de la coalición CAMBIEMOS, como presidente del país y puso fin al
docenio Kirchner en la marea de sus errores y el descontento que provocaron las
gestiones de CFK mientras que a su marido Kirchner Ostoić no le alcanzó el
tiempo para la alternancia —faltaba ver si la esposa lo hubiera aceptado
cumplir—, además de que lo que parecía la «Dinastía Perfecta»:
Néstor-Cristina-Néstor-Máximo se truncó en el camino.
Los innings dentro de un campeonato que va cuesta abajo
El argentino fue
el primer inning del ocaso del socialismo del siglo 21. El segundo inning fue en diciembre, en Venezuela: el 6, los
electores le dijeron NO al chavismo madurista y le dieron los dos tercios de la
Asamblea Nacional a la oposición. Desde entonces y hasta ahora, todos los
Poderes cooptados —Judicial y Electoral— se han alineado con el
Ejecutivo para bloquearlo y para desconocer cualquier reclamo popular.
El tercero saltó Los Andes y fue en Bolivia. El 21 de
febrero del siguiente año, el oficialismo perdió el referéndum constitucional
que le hubiera permitido a Evo Morales Ayma una cuarta postulación: 2005, 2009,
2014 —que ya necesitó “interpretación” del Tribunal Constitucional, con
miembros propuestos por el legislativo oficialista y “elegidos” en 2011 con 58%
de votos blancos o pifiados—… 2019 y con ello se le cerró, al menos por la vía
constitucional, el camino a la relección —la llamada re re re. Desde entonces y a pesar de sus esfuerzos y los denodados
de sus colaboradores —enrevesadas justificaciones contradictorias—, Morales Ayma no ha logrado zafarse de
los escándalos de su supuesto hijo y su amante proveedora de contratos a
empresarios chinos ni ha avanzado en poder volver a postularse.
El 31 de agosto, 61 votos a favor de la destitución de Dilma
Rousseff
por 20 en contra y sin abstenciones en un juicio por maquillar cuentas públicas
decidieron el final de 13 años de gobernar el petismo al país, un trecenio que
sacó a muchos brasileños de la pobreza para luego volverlos a poner a sus
puertas, creo una falsa imagen exitosa del país, imprevisoramente abrió las
puertas a la crisis —contracción de 3,8% en 2015 y 3,5% en 2016— e
institucionalizó la corrupción a niveles superlativos. Ése fue el cuarto inning.
La que ya, en los hechos, es una quinta derrota se celebró
el 19 de febrero pasado cuando los 12.826.928 ciudadanos de Ecuador fueron a
elegir a su presidente y vicepresidente, 137 asambleístas nacionales, cinco
parlamentarios andinos y responder una consulta popular sobre la propuesta de
un pacto ético para que los representantes electos retornen sus cuentas en el
exterior. De ellos, asistieron 10.470.174 —81,63% del padrón porque 2.356.754
(18,37%) no concurrieron a ejercer su voto— y, de éstos, 1.022.812 votaron en
blanco o nulo (9,77%), por lo que los votos válidos corresponden a 9.426.122
electores: 90,23% de los que votaron y 71.86% del padrón electoral, de los que
el candidato oficialista Lenín Moreno Garcés obtuvo 3.716.343, correspondiente
a 39,36% de los que votaron válido y 28,97% del electorado total. (Todos son
datos oficiales del Consejo Nacional Electoral al 100% del escrutinio.)
El 02 de abril los ecuatorianos decidirán si las elecciones
ecuatorianas fueron el quinto inning
del progresivo final de los gobiernos del socialismo del siglo 21.
¿Qué le pasó al correísmo?
Comparando los resultados de las elecciones anteriores y
ésta, en 2006 Rafael Correa Delgado obtuvo en primera vuelta 22,84% de votos
válidos (fue segundo pero ganó en ballotage con 56,67%); en 2009 alcanzó 51,99%
y en 2013 (ambas ganó en primera) logró 57,17%. Exceptuando 2006, Moreno Garcés
logró 12,63% votos válidos menos que Correa Delgado en 2009 y 17,81% menos que
en 2013. ¿Por qué esa caída tan marcada? ¿Porque el candidato supletorio —eso
es Moreno Garcés, que en béisbol sería un
bateador emergente porque el actual presidente pidió no presentarse a esta
relección (más adelante veremos esto)— tiene menos carisma? ¿Porque la
oposición se presentó unida? ¿O porque hay desgaste político de Alianza PAIS?
Aunque la personalidad extrovertida de Correa Delgado es
mucho más carismática —y prepotente—que la de Moreno Garcés, el permanente
apoyo que el actual presidente le diera a su heredero designado durante toda la
campaña supuestamente compensaría en gran medida la diferencia de carisma entre
ambos, por lo que ésa no sería la razón de la pérdida de votos. Ni tampoco por unidad opositora, pues en estos comicios
la oposición fue muy dividida en 7 candidaturas: 4 entre la centroizquierda y
la izquierda y 3 entre la centroderecha y la derecha ideológicas, todos en contra
del oficialismo: de Alianza PAÍS y sus socios.
Fue el desgaste. Correa Delgado triunfó en 2006
con el propósito de frenar la inestabilidad política —ocho gobiernos sucesivos entre 1996 y 2006—, trabajar por la justicia y la inclusión social y acabar con la
corrupción. Sin embargo, Ecuador llegó a sus elecciones presidenciales
de 2017 con un decrecimiento de su Producto Interno Bruto de 1,7% en 2016 —y
sin visos de mejora en 2017—, amplio gasto público y social —24.000 millones de
dólares en 2016, mientras sus ingresos no llegaron a 17.000 millones—, ambos no
sostenibles —tratados de compensar parcialmente con altos impuestos—, crecimiento
desmesurado de la burocracia —entre 2006, año de la victoria de Correa Delgado,
y 2005, el país pasó de 18 ministerios y 398.077 empleados a 22 ministerios, seis
ministerios “de coordinación” más cinco secretarías nacionales y otras
cuatro secretarías (a secas) y los funcionarios ascendieron a 487.885;
este último año de gobierno, los ministerios se mantienen en 22 y los de
coordinación en seis, las secretarías nacionales se habían reducido a cuatro y
las secretarías (a secas) habían subido a siete—, elevado endeudamiento —hasta
enero 2017 era de 39.382,7 millones de dólares, equivalente a 39,1% del PIB (a
la llegada del correísmo al poder, a fines de 2006, la deuda total era de
13.492,5 millones, equivalente a 28,8%, y a su última ascensión en marzo de
2013 era de 20.197,0 millones: 21,2%, lo que da una idea del endeudamiento
progresivo y acelerado), y entonces se colocaron en mercado mil millones de
dólares en bonos a 10 años con tasa de 9,1%, superior al idéntico bono de
Grecia (7,22%) y de México (7,37%) y lejísimo del suizo (0,05%) o el japonés
(0,09%) [Datos ecuatorianos tomados de su Ministerio de Finanzas]— y alto
riesgo país —615 en enero, cercano también a Grecia (675) y México (690), con
calificación desfavorable de Moody’s (B3, "de alto riesgo crediticio"),
S&P (B, “situación financiera notablemente variable”) y Fitch (también B, “situación
financiera notablemente variable”)—; los escándalos de Petroecuador y la
Refinería Esmeraldas —con un denunciado sobreprecio de 2.020 millones de
dólares sobre los 180 originalmente cotizados por la empresa que la había
construido décadas atrás y que no fue contratada (el sobreprecio fue sin
cumplir todas las expectativas)— y otros muchos de malversación y peculado por ministros
y otros altos funcionarios condenados o escapados, además del reciente develado
de 33,5 millones en coimas hechas por la Organização Odebrecht durante la
década correísta, entre otros.
A la par de luchar por la reducción de la pobreza (su éxito más
destacado, además de obras públicas, éstas muchas veces fuente de corruptelas), el gobierno
dilapidó los ingresos extraordinarios sin inversión sostenible, fomentó la
división de la población por motivos partidarios, combatió la libertad de
expresión y cambió la meritocracia por la afinidad ideológica.
Precisiones para entender mejor el momento
Agradezco las observaciones que a la columna que escribí
sobre el tema (“Lección del medio del mundo”, La Razón, 28/02) me hiciera una muy querida amiga en Quito y que me
han permitido ampliar mi visión.
La primera fue sobre la capacidad de comunicar y convocar el
gobierno. De acuerdo con la información pública de la Secretaría Nacional de
Comunicación, el gobierno dispone de casi una veintena de medios, algunos
oficiales (Ecuador TV, Radio Nacional del Ecuador, los periódicos El Telégrafo, El Ciudadano y PP El
Verdadero y la Agencia Andes) y (según la Unidad de Gestión de Medios de
esa Secretaría en 2016) otros once incautados e indebidamente retenidos:
editorial Unimasa (imprime varias revistas, Radio Difusora del Pacífico S.A.
(Super K-800 en Quito), Radio Bolívar S.A. (Super K-800 en Guayaquil),
Organización Radial C.A. (Radio Carrusel), Cablevisión S.A. (canales CNPlus y
Cabledeportes), América Visión S.A., Radio La Prensa TV S.A., Editores e
Impresores S.A. (diario Hoy), Movidad
C.A., además de Gama TV y TC Televisión, sumándosele a éstos otros creados como
los comunitarios (proficialistas). Con ello queda claro que, a diferencia de la
manida propaganda al uso —reforzada por medios como Telesur—, quien tiene la
preponderancia del manejo comunicacional es el oficialismo, eso sin contar lo
que pueda influenciar con la discrecionalidad en la distribución de la
publicidad estatal en medios privados.
La segunda observación que me hizo era referida a que Correa
Delgado fue quien pidió explícitamente a sus asambleístas que incluyeran la
imposibilidad de relección inmediata por esta vez —el pedido señalaba que la
entrada en vigor sería luego de las recientes elecciones— en la enmienda
constitucional que aprobaron en diciembre de 2015 para permitir las
reelecciones indefinidas e inmediatas. Luego, el Colectivo “Rafael Contigo Siempre”
recogió más un millón de firmas para que él sí se presentara pero Correa
Delgado se mantuvo en su decisión. Me es totalmente obvio que
Correa Delgado prefirió dejar la solución de todos los problemas —o la
insolución— a otro y así poder regresar de su autoexilio europeo sobre las
mieses o la crisis como salvador —y así se libraría del shutout político que se avecina, una “buena” blanqueada beisbolera.
Otros resultados de la elección
Junto con los comicios presidenciales, los electores estaban
convocados para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional y a sus
representantes al Parlamento
Andino, ambos para el mismo período 2017-2021, además de votar en una consulta
popular que
buscaba conocer la decisión de los ecuatorianos sobre la
inhabilitación para funcionarios públicos de quienes tuvieran cuentas y
empresas en paraísos fiscales.
Los resultados de asambleístas electos —al margen de la
propaganda gubernamental de que mantenían mayoría, ahora simple— fueron también
reflejo del desgaste del correísmo cuando redujeron su representación en 26
asambleístas de los 100 que tuvieron en la anterior legislatura (más de un
cuarto menos) y que funcionaban como un rodillo parlamentario —junto con sus 5
aliados tácitos de AVANZA, que no alcanzó asambleísta en estas elecciones y
sólo obtuvo 2,15% de los votos válidos— frente a los restantes 32 asambleístas
opositores. El nuevo apoyo de Alianza PAÍS —Fuerza Compromiso Social— no obtuvo
representación en la Asamblea.
Por la oposición, la coalición CREO-SUMA obtuvo 34
asambleístas (23 en la anterior legislatura) —32 del Movimiento Creando
Oportunidades (CREO) y 2 del Movimiento Sociedad Unida Más Acción
(SUMA)—, el Partido Social Cristiano 15 (de 9), el Acuerdo Nacional por el
Cambio 8 (antes 3) —4 del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik y 4 de Izquierda Democrática, aunque no
necesariamente todos los miembros de esa coalición voten como oposición—,
Fuerza Ecuador mantuvo su único parlamentario y el Partido Sociedad Patriótica
obtuvo dos (perdió uno), un aumento de 22 asambleístas y una bancada opositora
de 60 —en ambos conjuntos, incluyendo todos los del Acuerdo Nacional por el
Cambio—, a los que tácitamente se le podrían unir —o no— los tres asambleístas
electos por movimientos regionales.
En los parlamentarios andinos, la coalición Alianza
PAÍS-Partido Socialista obtuvo tres —perdió uno— mientras la oposición alcanzó
dos —CREO/SUMA mantuvo uno y el Partido Social Cristiano obtuvo su primero.
La consulta ciudadana —un pedido del presidente Correa
Delgado— fue aprobada por 55,12% de los votantes. Lo que algunos medios y el
gobierno han atribuido como un “triunfo oficialista”, a mi entender tiene dos
lecturas muy diferentes: la primera, es que la consulta fue provocada por los graves
escándalos ya mencionados que surgieron dentro del mismo gobierno y que su
convocatoria no fue un gesto magnánimo o eticista del presidente sino una
necesidad imperiosa de limpiar la deteriorada imagen de probidad del gobierno
y, a la vez, de impulsar la candidatura oficialista; la segunda, que 44,88% —equivalente
a 4.699.969 ciudadanos ecuatorianos— de los que respondieron dijeron no estar
de acuerdo con esa condicionante, lo que representa un alto número de no
conformes.
Realineación para el ballotage
La más importante lección que dejan estas elecciones para
los opositores ecuatorianos —ya fueran los que buscan cambiar el modelo o para
los que, encontrando elementos positivos dentro de él, están contra el
continuismo de la división, el despilfarro y la corrupción— es la misma que
para todos los opositores a los diferentes gobiernos del socialismo del siglo
21 —exceptuando Cuba, por lógicas razones de ser una “democracia de un único
partido”—: cómo la incapacidad de coaligarse provoca la dispersión del voto que
en Ecuador, a pesar que 60% votó contra la continuidad, el oficialismo estuvo a
punto de ganar en primera vuelta.
Para la segunda, el opositor Guillermo Lasso Mendoza contará
con los votos de su alianza (CREO y SUMA: 28,09%) y los apoyos anunciados de
los partidos Social Cristiano (16,32%) y Sociedad Patriótica (0,77%), Fuerza
Ecuador (4,82%) y la Unión Ecuatoriana (0,75%) y el Acuerdo Nacional por el
Cambio (6,71%) —aunque no es absoluto que todos sus votantes el 02 de abril lo
hagan por Lasso Mendoza—, entre otros, junto con movimientos indígenas y
movimientos de izquierda: todo —o, al menos, la mayoría— del espectro
anticontinuista. Por el correísmo —además de su permanente aliado de lista, el
Partido Socialista— se adelantan Fuerza Compromiso Social (3,18%) —su
candidato, Ivan Espinel Molina, había sido señalado como progubernamental por
haber ejercido cargos en el actual gobierno y su familiares seguían en
funciones, pero en la campaña intentó desligarse del oficialismo, criticándolo,
aunque ahora regresó al redil— y Centro Democrático —que para la primera vuelta
se presentó junto con el Acuerdo Nacional por el Cambio, por lo que no tiene
una votación definida—, mientras otras agrupaciones manifiestan su rechazo al
oficialismo pero siguen sin pronunciar adhesiones.
Fue interesante que el 22 de febrero —tres días de lento
escrutinio después de los comicios que despertaron muchas susceptibilidades— a
88% de actas escrutadas, Moreno Garcés y su contrincante estaban, en números
redondos, con los mismos porcentajes del final. Una tendencia que debe dar de
pensar a los estrategas de ambas campañas.
Pero, al margen de los pactos, la gran apuesta de ambas
campañas es alcanzar los votos del ausentismo (18,21% del padrón: 2.346.524
electores) y de la votación en blanco y pifiada (7,98%: 1.022.812) suman
3.369.336 votos, 26,19% del padrón y que son el 32,17% respecto a los 10.472.302
electores que fueron a votar: un hipotético segundo lugar en votación.
Una reciente encuesta de CEDATOS —que en sus cinco encuestas
previas a primera vuelta auguraron ballotage— da a 52,1% de votos válidos a
Lasso Mendoza y 47,9% a Moreno Garcés con indecisión de 19% —similar al
reciente ausentismo—, con margen de error de 3,4%; otra no nacional de
Diagnóstico —no hay registro de encuestas para la primera— le daba al
oficialismo casi 13% de ventaja en cuatro provincias y tres ciudades
principales, aunque proyecta como nacional.
El inning final
El 2 de abril será la verdadera encuesta. En primera vuelta,
el recién depuesto comandante del Ejército Luis Castro Ayala señaló supuestos
fallos —no observación de los protocolos de aseguramiento, lo cual fue
descartado por la Corte Electoral pero queda en entredicho para la segunda
vuelta— en la custodia militar del material de votación, lo que ha provocado
que para el ballotage el candidato opositor advirtiera a la Unión de Naciones
Suramericanas y a la Organización de Estados Americanos de presuntos "intentos de fraude".
Pero, con independencia de lo que ese día suceda en las
urnas, ya en Ecuador se vive un clima de final de ciclo. Sea Moreno o
Lasso el triunfador, como en Argentina, en Brasil o el que vaya a gobernar en
Venezuela luego de la desaparición del chavismo madurista, tendrá que gobernar
pensando en las clases medias urbanas —que en los primeros años del correísmo se
beneficiaron del crecimiento de la economía inducido por los factores exógenos
del Big Push y que ahora están
afectados por la contracción económica y los altos impuestos— y en todos lo que
en esta década salieron de la pobreza —o estuvieron a punto de ello— y que ahora vuelven a estarlo; también tendrá
que gobernar pensando en los jóvenes y en sus perspectivas. Por ello —aunque
según sea, será a diferentes intensidades— el ganador necesitará reducir en
medida significativa —y seguro traumáticamente, al inicio al menos— el gasto
público y hacer importantes ajustes a la estructura del Estado, a la vez de
fomentar el trabajo productivo.
¿De quién será home run?
Información consultada
http://gestion.pe/politica/odebrecht-firma-acuerdo-delacion-justicia-y-paga-multa-millonaria-2176171
http://www.eluniverso.com/noticias/2017/02/28/nota/6067204/conteo-terminado-ente-cne-muestra-escanos
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