Cucullus non facit monachum
El frío del inicio del invierno septentrional debe haber
calado los huesos del Presidente Lugo cuando la Cámara de Diputados del país,
en ejercicio de sus derechos constitucionales, aprobó —76 legisladores a favor
(tanto opositores como oficialistas), 1 en contra y 3 que no asistieron— realizar
un Juicio Político contra Fernando Armindo Lugo Méndez, Presidente de la República del Paraguay desde 2008 y ex obispo católico
dispensado de su estado clerical por el Papa Benedicto XVI para ejercer la Presidencia.
La acusación
congresal se justifica en su presunta responsabilidad, como máxima autoridad y
por incumplimiento de sus deberes constitucionales, en la masacre de 17 campesinos
y policías la semana pasada durante el desalojo judicial de integrantes de la
Liga de Carperos —campesinos sin tierra vinculados a importantes autoridades
del Gobierno— de una hacienda ocupada en Campos Morombí de Curuguaty, al Este
del país, posiblemente infiltrados por el Ejército Popular del Pueblo —organización
guerrillera de la que se acusó a Lugo de mantener vínculos antes de postular a
la Presidencia, aunque actualmente son muy críticos de la gestión presidencial,
principalmente por el tema agrario; también a Lugo se lo relacionó con el
Movimiento Patria Libre, del que se denunció estar vinculado con las FARC.
Este Juicio posiblemente concluya un ciclo complicado de la
historia paraguaya que se inició el 20 de abril
de 2008
cuando Lugo, apoyado por la Alianza Patriótica para el Cambio —reunión de una
decena de partidos y movimientos de centro e izquierda creada para lanzar su
candidatura, cuya principal fuerza electoral era el Partido
Liberal Radical Auténtico— con 41% de los votos emitidos venció a Blanca
Ovelar de Duarte, candidata de la Asociación Nacional Republicana —más
comúnmente conocida como Partido Colorado. Esta victoria cerró un ciclo de 61
años ininterrumpidos en el Poder por el Partido Colorado, que también ya había
gobernado el país entre 1887
y 1904
(por lo que, sumados ambos períodos, con 78 años gobernando lo hacen el partido
más longevo en el Poder, superando al Revolucionario Institucional mexicano y
el Comunista Cubano).
El Programa presidencial de Lugo —seguidor de la Teología de
la Liberación en su época clerical— ganó porque prometía reformar el Estado
paraguayo: realizar una reforma agraria, imprescindible para el agro,
con muchos campesinos en estado de extrema pobreza; mejorar la justicia, despolitizándola; proveer de acceso universal
gratuito a servicios de salud, y la recuperación de la soberanía energética
frente a Brasil. Ya en el gobierno, hubo avances en la mejora del sistema de salud con su gratuidad para toda la población, en el
mejoramiento de la educación pública y en conseguir que Brasil pagara mayores tarifas por la energía que recibe de
la hidroeléctrica de Itaipú; estos éxitos estuvieron favorecidos por récords de 14,5% de crecimiento económico
en 2010 y 2011, principalmente por sus commodities:
la soja y sus derivados, la carne bovina y el trigo. Sin embargo, sus peores desaciertos
estuvieron en incumplir los compromisos con el sector agrario —principalmente
los campesinos pobres y sin tierra, cuya situación se agudizó— y no poder hacer funcionar la Alianza, tanto
con los partidos más a la izquierda —que lo acusaron de comprometerse
con la derecha— como con el centrista Partido
Liberal Radical Auténtico, ahora retirado del gobierno.
El Juicio Político al que se enfrenta Lugo está amparado en
el Artículo 225 de la Constitución que explícitamente señala como posible
causal “por mal desempeño de sus funciones”, motivo aducido
para el actual Juicio basándose en la imprevisión de las acciones en Curuguaty.
Aunque funcionarios de la Administración Lugo y algunos políticos
latinoamericanos —entre ellos el mandatario boliviano Morales y el Capítulo
venezolano del Parlamento Latinoamericano— han definido la medida como inicio
de Golpe de Estado, el mismo se asienta en la Constitución del país, cuyo fiel
cumplimiento supervisará en Asunción una delegación de cancilleres designada
por los mandatarios de UNASUR. Ya aprobado el juicio en Diputados, pasó al
Senado, instancia frente a la que debe defenderse Lugo —que ya hoy anunció que
no renunciará— y donde tiene muchísimas probabilidades de ser condenado —se
necesitan 30 votos de los 45 senadores y el actual mandatario sólo contaría con
el apoyo posible de 3— y terminar un Gobierno ambivalente en sus decisiones y
marcado por sus varios escándalos de paternidad durante su ejercicio de obispo
—motivo de escarnio por las reiteradas violaciones de su voto de castidad—, y
que también ha estado influenciado por el cáncer linfático que sufrió y del que
ha sido declarado como recuperado. De ser así, lo sustituiría hasta concluir el
período constitucional su Vicepresidente Federico Franco Gómez, miembro del Liberal
Radical Auténtico y permanente crítico de Lugo. Las Fuerzas Armadas paraguayas
ya garantizaron su absoluto respeto al "ordenamiento constitucional y
democrático vigente".
(Fue interesante que el sitio Web de la Presidencia de la
República del Paraguay —http://www.presidencia.gov.py/v1/—
sólo recogiera la
declaración presidencial de no renunciar cerca de dos horas después de
declarada por el Presidente en conferencia de prensa y que ya todos los medios
internacionales y nacionales había difundido.)
A 10 meses de las próximas elecciones presidenciales —a las
que Lugo intentó postularse a través de uno de los Movimientos de la Alianza pero
le fue imposible porque no pudo modificar el impedimento constitucional
respectivo—, Lugo está enfrentando las consecuencias de no cumplir la principal
promesa de su campaña: la reforma de la tenencia de tierra, el mayor motivo de
conflicto en Paraguay y causa de la crisis actual.
Porque es verdad: El hábito
no hace al monje.
