El
miércoles, un gran cabildo ciudadano se realizó en todas las capitales del país
y no importó algunos desmarque “porque hay que trabajar”: a pesar de cuentas
garcialinéricas, los cabildos reunieron a una parte importante de la población
que no necesita que le paguen para asistir.
Los
cabildos plantearon demandas nacionales: amnistiar los presos políticos —activando un proceso de
revocatorio en contra de Arce Catacora si no cumple esa exigencia— (Santa Cruz, Beni, Tarija,
Pando y Oruro); potenciar la recolección de firmas para reformar la justicia
vía referendo constitucional (Santa Cruz, Oruro, Pando, Tarija y Beni);
exhortar de la unidad de las fuerzas políticas opositoras y democráticas para
las elecciones de 2025 (Santa Cruz, Oruro, Pando, Beni, Tarija y La Paz); crear
Defensorías del Pueblo Departamentales (Santa Cruz, Tarija, Pando, Chuquisaca y
Oruro), y rechazar la nueva currícula educativa (Potosí, Tarija, Chuquisaca,
Oruro, Cochabamba y La Paz).
También hubo consultas propias que cada departamento sometió
a sus cabildos: en Santa Cruz se aprobó que la ALD elabore una ley para crear
una guardia departamental que provea seguridad ciudadana y resguarde recursos y
patrimonio departamental y se ratificó a Luis Fernando Camacho como gobernador;
en La Paz se determinó defender la democracia, la libertad y la justicia,
exigir la anulación de los procesos Golpe I y II, pedir la abrogación de Ley de
la Educación, exigir el restablecimiento de la representación del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y solicitar mejorar el
presupuesto para salud, mientras que en Cochabamba, el cabildo ratificó que en
2019 hubo fraude electoral y exigió cerrar los casos Golpe I y II y una
auditoría al padrón electoral; el cabildo orureño resolvió que se inicie una
investigación de oficio en contra del expresidente Morales por sus acciones en
Perú y que se procese a su exgobernador por los hechos de 2019; en Chuquisaca
se aprobó exigir el cese de la persecución política, pedir un Pacto Fiscal para
redistribuir los recursos, solicitar la detención inmediata de Morales por “los
delitos cometidos en su gobierno y por la injerencia política en Perú” y exigir
al Gobierno la independencia del Órgano Judicial, a la Policía y las FFAA que
dejen de estar sometidos al partido de gobierno, y que se declare Sucre como la
Capital del Bicentenario.
Las determinaciones del cabildo de Pando fueron conformar un
comité interinstitucional para fiscalizar todas las necesidades del departamento
(carreteras, educación, salud, seguridad, alumbrado público y facturas de luz y
agua); en Tarija el cabildo aprobó que el comité cívico y las autoridades
autonómicas trabajen una propuesta para una “nueva relación entre el
departamento y el gobierno nacional” hacia la construcción de un Estado
federal. Por su parte, los asistentes en Potosí aprobaron procesar a los magistrados,
jueces y fiscales corruptos y dieron un ultimátum de 15 días para que se
apruebe la ley de recursos evaporíticos, se deroguen artículos de la Ley Minera
y se desembolsen recursos para preservar el Cerro Rico; también exigieron se
procese a Morales y sus ministros por “traición a la patria por la entrega de
nuestros recursos naturales a potencias extranjeras”. Para finalizar, en el
cabildo en Beni se decidió continuar la defensa del Tipnis y dar un plazo de 90
días al Gobierno para licitar la pavimentación para la carretera Trinidad-Guayaramerín.
Si bien algunas de las determinaciones han sido rechazadas
definitivamente por el gobierno —amnistía
de los presos políticos—, son difíciles de realizar —referéndum revocatorio contra Arce (necesita
una ley específica por la ALP, posible sólo si se alíen evistas y oposiciones)
y guardia departamental cruceña (recursos)—, algunas otras tienen un carácter
profundamente simbólico —abrogación de la Ley Educativa, nombramiento de
Sucre Capital del Bicentenario, preservación del Cerro Rico o ratificación de
Camacho como Gobernador cruceño (aunque el ejercicio ejecutivo diario demandará
un interinato de seguir aprehendido el titular)—, otras, como el referéndum para reformar la
Justicia, las Defensorías Departamentales y los reclamos sobre recursos
naturales, salud e infraestructura, tienen buenas posibilidades.
Aunque los
Cabildos son formas reconocidas de ejercicio de la democracia (CPE, Art.
11), tramposamente para su validez necesitan de una ley nunca aprobada. Sin
embargo (y a pesar de oídos que niegan oír), en todas las capitales del país (y
en el extranjero) ¡Bolivia Habló!
Información consultada
http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/verGratis_gob/263
https://es.wikipedia.org/wiki/Referéndum_revocatorio_de_Bolivia_de_2008
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