Algo tarde para los que esperábamos que la flamante Alta
Comisionada de la ONU para los DD.HH. —la expresidente socialista chilena
Michelle Bachelet— denunciara decididamente las violaciones de los derechos del
pueblo venezolano pero presentado tras el brutal asesinato del capitán de
corbeta Rafael Acosta Arévalo, torturado y electrocutado por agentes de
Contrainteligencia Militar, el Informe
de la Alta Comisionada es demoledor para el régimen madurista y sus aliados.
El Informe culpa
al gobierno de Maduro por violaciones de DDHH a gran escala y destruir el
espacio democrático, documentando más de 15 mil personas detenidas entre
enero de 2014 y mayo de 2019 y sometidas a una o más formas de tortura: aplicación
de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico, simulacros de
ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y comida, posturas
forzadas y exposición a temperaturas extremas. También denuncia más
de 7 mil ejecuciones extrajudiciales desde enero de 2018 y las violaciones
al derecho a la alimentación y la salud, concluyendo que las instituciones
esenciales y el estado de derecho en Venezuela están profundamente erosionados.
No sé qué vergüenza tendrán hoy los países que se
pronunciaron a favor de la narcodictadura en la OEA en Medellín, sobre todo
México y Uruguay. Al menos, perdieron en su dignidad.
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