El 21 de diciembre de 2016 fue, sin dudas, el peor diciembre
posible para muchísimos de los gobiernos latinoamericanos: ese día se conoció
la lista negra de los países a cuyos gobiernos y partidos —de izquierda y de derecha—
Marcelo Odebrecht y ejecutivos de su Organização habían repartido cientos de
millones de dólares —y ganado miles de millones.
En Perú, las denuncias del magnate brasileño —“delaciones
premiadas”— involucraron desde el inicio a los expresidentes Toledo —con orden
internacional de captura—, García —en sus dos gestiones— y Humala. Ahora
involucran al actual mandatario, Kuczynski, contra quien la oposición —sobre
todo Fuerza Popular, dominante del Congreso pero ensombrecido por la corrupción
del período fujimorista— ha pedido renuncia, algo que han intentado desde FP
desde que perdieron las elecciones bloqueando permanentemente al gobierno y
que, ahora, suponen es el momento que han esperado tanto.
Aunque Kuczynski renuncie o no, la gobernabilidad quedará aun
más afectada, tanto por la presunción de corrupción —cuya lucha fue bandera de
PPK— como por su creciente debilidad parlamentaria, dejando la posibilidad de
comicios adelantados. Incluyendo que Keiko Fujimori, la líder de Fuerza
Popular, también está denunciada en las coimas Odebrecht.
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