El domingo, bajo amenazas explícitas de despidos en la
sobredimensionada burocracia estatal, el uso del “Carnet de la Patria” —versión
venezolana de la cubana libreta de racionamiento— como identificación electoral
—su empleo fue otro mecanismo de coacción a los electores porque la
distribución de los escasos alimentos a precios subsidiados es atribución
discrecional de los CLAP maduristas, denunciados como discriminadores de los
vecinos opositores—, la abrumadora propagando oficial —sin espacio público para
la opinión contraria—, el alargamiento de la jornada electoral por más de una
hora —y hasta tres— para poder llevar “arriados” más votantes y, sobre todo, la
cruenta represión contra cualquier disenso y manifestación, con la elección de
delegados a la Asamblea Nacional Constituyente se cerró el ciclo chavista de la
Revolución Bolivariana y terminó de enterrarse al último caudillo
latinoamericano y empezó otro, que indefectiblemente será muy corto, despojado
de los restantes visos de democracia formal.
Con 10 asesinados —según la Fiscalía General, 15 según la
oposición— el domingo por la represión policial y de los “colectivos”
—paramilitares enmascarados promovidos por el gobierno que actúan sin control,
acusados de cobijar a violentos delincuentes—, además de un candidato y un
policía, menos de la mitad del padrón electoral —41,53% según la CNE (sobre
votos nulos, la página oficial el lunes no daba información alguna), 12% según
la oposición— eligió los 545 delegados —ocho indígenas, 364
territoriales y 173 “sectoriales”, al estilo corporativo de Mussolini y
Franco y con la posibilidad de un doble voto por cada elector—, todos
oficialistas. Para ello, el gobierno de Maduro Moros tuvo que saltarse los
artículos 342 al 350 de la propia Constitución Bolivariana de 1999, la que el
difunto Hugo Chávez Frías —el “Comandante Eterno”— proclamara como “una de las
mejores del mundo” y que, para la actual cúpula, ya no era funcional.
La nueva constituyente es la vía que el gobierno creyó
encontrar para disolver la Asamblea Nacional —abrumadoramente opositora—,
desmantelar los críticos en la Fiscalía General —incluyendo destituir a Luisa Ortega Díaz—, reprimir a todos los líderes de la oposición que
no les sigan el juego y silenciar a los pocos medios privados que no sean
progubernamentales, tal como advirtió Maduro Moros. Pero es también un salto
doble al vacío de la cúpula gubernamental: en lo interno, acabar con la
legalidad que el chavismo instauró —gracias a los espacios que a Chávez Frías y
su movimiento le brindó la tan, por él, desacreditada democracia representativa
de la Cuarta República—; en lo externo, el desconocimiento de muchos países al
proyecto de Estado madurista —y utilizo “madurista” a falta de otra etiqueta,
aunque Maduro Moros dista de ser ideólogo de ello.
La urgente necesidad de un diálogo nacional —apoyado por la
mayoría de los venezolanos—que solucione la grave y creciente crisis y lleve a
un imprescindible cambio de situación está cada vez más lejos, tanto por las
pugnas en la cúpula gubernamental —que con la ANC se perfila a favor de
Diosdado Cabello Rondón contra Maduro Moros—, la radicalización en el Poder y
el uso exclusivamente dilatorio de los dos anteriores intentos fracasados de
diálogo nacional de 2014 y 2016 —por cierto, Maduro Moros definió la ANC como
un “espacio de diálogo nacional” pero donde, a satisfacción oficialista, sólo
tendrá una voz: la suya.
Quizás el mejor augurio estuvo en lo que le dio a Maduro
Moros la lectura electrónica de su carnet de la patria: "La persona no
existe o el carnet fue anulado".
No hay comentarios:
Publicar un comentario