El miércoles, el
Senado Federal de Brasil —bajo la presidencia del titular del Supremo Tribunal Federal— destituyó a la hasta entonces presidente
Rousseff por 61 votos a favor —7 más que los
necesarios— de
81 posibles, en un juicio que
empezó el 2 de diciembre pasado
por crimen de responsabilidad y
que se atuvo a la Ley 1.079/1950
vigente y a los mecanismos de su Constitución, los mismos que ella juró
defender.
Denunciando un
presunto “golpe parlamentario” —que deja sin defensa a Lula, acusado por
corrupción— esgrimida por sus ex aliados los gobiernos
bolivarianos y por el ex presidente Mujica —poco creíble, sobre todo
Venezuela, enfrentado el ejecutivo chavista al legislativo opositor—,
los tres primeros retiraron sus representantes diplomáticos en Brasil, a lo que
este país recíproco.
Para Bolivia, es muy
delicado: con Brasil es la mayor frontera —3.423 km— y es decisivo para que los
corredores interoceánicos pasen por Bolivia —descartado hasta ahora en los
viales y pendiente en el ferroviario. Pero lo principal es la negociación del
nuevo contrato para el gas a partir de 2019, al que Brasil ha dado muestras de
desconfianza por las reservas —sumada la animosidad del canciller Serra y de
que al otro comprador, Argentina, no se le cumple a cabalidad.
¿Quemamos naves?
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