En 2011 comencé mi
colaboración con este sitio amigo con un artículo (“Un round electoral con
final inesperado”) sobre el fiasco de las elecciones para elegir los 56
integrantes de los diferentes estamentos del Poder Judicial boliviano: Tribunal
Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional Plurinacional, Consejo de la
Magistratura y Tribunal Agroambiental. Sin embargo, esta elección —orientada a cerrar
los cooptamientos de los Poderes del Estado por el Movimiento al Socialismo (MAS):
Ejecutivo, Legislativo (con más de 2/3 después de las elecciones de 2009),
Electoral y Judicial.
Hasta ese momento, el MAS había avanzado con paso ascendente en todas
las elecciones nacionales que participó desde su toma del poder: Presidenciales
2005: 53.7%; Asamblea Constituyente 2006: 50.7%; Referéndum
Revocatorio 2008: 67.4%; Referéndum Constituyente 2009: 61.4%; Presidenciales
2009: 64.2%. (En las Presidenciales 2014 obtuvo 61.36%.) Sin embargo, en esas
elecciones judiciales, los votos contrarios a los candidatos —por lo tanto, a estas
elecciones: nulos y blancos— estuvieron entre 59 y 63% (la información del sitio web del Órgano
Electoral ya no incluye información anterior a 2012 y la que incluye posterior no
es completa en todos los casos o no funciona el vínculo), creándose Órganos
Judiciales con muy baja representatividad y, por ende credibilidad. El tiempo
dio la razón al desacuerdo porque muchos elegidos han sido posteriormente criticados
por su mala actuación e, incluso, defenestrados —aunque, también, algunos de éstos por razones políticas.
La paradoja es que los resultados fueron
consecuencia de motivaciones ciudadanas más que de las consignas partidarias de
la oposición. Una oposición boliviana fraccionada que ha obtenido sus mejores
resultados en las elecciones locales y regionales más por los candidatos que
las por las mismas organizaciones y ha sido ausente fraccionada en las
nacionales. Fenómeno de decisión ciudadana que vuelve a repetirse en los
Referéndums para aprobar los Estatutos Autonómicos de 5 Departamentos —Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí—
y Cartas Orgánicas Municipales u Originarias de 5
municipios —Cocapata, Tacopaya, Huanuni,
Totora Marka y Charagua Iyambae.
Los resultados son significativos: En Chuquisaca, sobre 90,7% de
votos válidos, el NO ganó con 57,4%; en La Paz, sobre 91,8% de votos válidos, el NO ganó con
68,1%; en Cochabamba, sobre 92,0% de votos válidos, el NO ganó con 61,6%; en Oruro, sobre 92,0% de votos
válidos, el NO ganó con 74,0%, y en Potosí, sobre 90,8% de votos válidos, el NO ganó con 68,1%.
(Datos OEP/TSE.)
Por su parte, para sus Cartas Orgánicas
Municipales, en Cocapata (Cochabamba), sobre 85,8% de votos válidos, el SI ganó con 56,7%; en
Tacopaya (Cochabamba), sobre 84,1% de votos válidos, el SI ganó con 56,8%, y en Huanuni (Oruro), sobre 90,9% de votos
válidos, el NO ganó con 58,3%. Para el Estatuto Autonómico Originario de Totora
Marka (Oruro), sobre 93,3% de votos válidos, el NO ganó con 70,0%, y para la Autonomía
Guaraní Charagua Iyambae (Santa Cruz), sobre 95,8% de votos válidos, el SI ganó con 53,3%.
(Datos OEP/TSE.)
La conclusión es simple: La población de los
cinco departamentos donde se consultó sobre sus Estatutos Autonómicos los
rechazó. En el caso de las Cartas Orgánicas Municipales, dos de los tres
municipios consultados la aprobaron; el Estatuto Autonómico Originario para
Totora Marka fue denegado mientras que la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae
fue aprobada.
Con la aprobación
de su Estatuto, el municipio Charagua pasa a convertirse en la primera Entidad
Autónoma Indígena Originaria Campesina (EAIOC) de Bolivia. Esto, a la vez de
iniciar el avance hacia una real plurinacionalidad al reconocer el Estatuto que
el guaraní es un “pueblo-nación” —algo
muy posicionado históricamente por este pueblo—, tiene una
gran connotación en el futuro de las demandas de autonomía porque pasa a un
escalón superior, federalista, al establecer una asociación entre naciones del
mismo nivel con el Estado, regida por tres estructuras de gobierno: Ñemboati
Reta (Órgano de Decisión Colectiva, la máxima instancia de decisión, conformada
ascendentemente por Ñemboatimi o Asamblea Comunal, Ñemboati o Asamblea Zonal y Ñemboati
Guasu o Asamblea Autonómica), Mborokuai Simbika Iyapoa Reta (Órgano Legislativo
que normará los procedimientos y decisiones definidas por el Ñemboati Reta) y
Tëtarembiokuai Reta (Órgano Ejecutivo que los ejecutará).
No queda dudas que este proceso de aprobación
de modelos autonómicos —con las excepciones de Cocapata, Tacopaya y Charagua— fracasó. ¿Por qué?
Una de las explicaciones aceptadas es que en
la mayoría de los casos la divulgación de los documentos sobre los que se iba a
votar fue muy deficiente, ya fuera por considerarse que el voto consigna o la
influencia de la imagen presidencial iban a prevalecer —en todos esos casos, había sido redactados por
Asambleas Legislativas Departamentales o Concejos donde el partido de gobierno
tenía el poder de decisión— sin mayor necesidad. Sin embargo, sólo considerar
ésta —que ciertamente influenció— es simplista.
El período para
aprobarlos estaba condicionado por la impostergabilidad ante la necesidad de
realizar en enero —primero, trasladado a febrero por imposibilidad técnica de
cubrir el voto en el exterior en los centro mayoritarios en la primera fecha—
el siguiente referéndum, dirigido a que la población autorizara el cambio
constitucional que permitiría una nueva reelección presidencial —según se
interprete la pregunta que se va a refrendar, podrían ser dos más: hasta la re re re re. Lo impostergable de las
consultas autonómicas fue un factor general que atentó contra la divulgación.
Precisamente esa impostergabilidad salvó la permanencia del Ministro de
Autonomías, pues su corto tiempo en el cargo —considerando el período de años transcurridos
de todo el proceso de elaboración por las ALDs y posterior validación por el
Tribunal Constitucional— lo debió eximir de la responsabilidad del fracaso.
Sobre ello, fue importante la incidencia de
factores regionales —fuerte
rechazo de entes cívicos y gremiales a incumplimientos de promesas estatales,
sobre todo en Oruro y Potosí; ruptura en la verticalidad del MAS en Chuquisaca
desde la anterior elección regional; rechazo por las principales autoridades
regional y locales en La Paz, entre otros—, así como el liderazgo contrario de
los entes cívicos. En contraposición, la influencia de los partidos políticos
de oposición —exceptuando, quizás, a SOL.BO que gobierna en La Paz,
departamento y capital— fue poco trascendente.
Es interesante que el
gobierno buscara la forma de revertir la percepción sobre estos resultados, ya
fuera acusando a los defensores de la autonomía como a “promotores del
separatismo” y la “oligarquía nacional” y a EEUU como hizo el Presidente
Morales Ayma o, más elaborado el sofisma, en palabras del Vicepresidente García
Linera “como constatación de que la población no quiere autonomías, sino
gobiernos centrales fuertes"...
Tras estos rechazos, procede la elaboración de
nuevos Estatutos que no podrán ser consultados hasta, al menos, 2018. Quedan
pendientes de aprobar por la población los Departamentales de Santa Cruz, Beni,
Pando y Tarija, sin fecha aún.
Queda una fuerte interrogante: Conocer si,
como dicen algunos analistas y muchos representantes gubernamentales, el
rechazo en estas consultas no tendrá correlato con los resultados del próximo Referéndum
Presidencial pues en éstos fueron asuntos de intereses regionales y en el otro
se verá la continuidad del Proceso de Cambio, además de la gravitación directa
de la imagen presidencial. O, por el contrario, si hay un inicio de desgaste en
la percepción del ejercicio del Poder y es necesario un cambio en el Proceso de Cambio…
El 22 de febrero próximo se conocerá la
respuesta.
Información consultada
http://boliviadecide.blogspot.com/2015/09/el-referendo-de-reeleccion-seria-en.html
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