«Desaparición forzada:
158.793; desplazados: 6.414.700; homicidios: 953.730; minas antipersonales:
13.305; secuestro: 40.577.» [Registro Único de Víctimas]
Frías cifras (no las únicas) de la última
etapa del conflicto armado colombiano. Un conflicto que va desde fines del
siglo 19 con la Guerra de los Mil Días, el Bogotazo tras el asesinato de Jorge
Eliécer Gaitán en 1948 y el período conocido como La Violencia (que en 10 años
provocó cerca de 300.000 muertos y la migración forzosa de casi la quinta
parte de toda la población) hasta las FARC en 1966 (aunque desde 1949 existían
las autodefensas campesinas, también organizadas por el Partido Comunista).
Cincuenta años ininterrumpidos de violencia
por las guerrillas (activas aún: FARC, ELN y EPL), los paramilitares (AUC) y la
narcoviolencia (1984-1993) en los que ni el Estado ni los grupos armados han
conseguido sus objetivos y en los que narcotráfico y cultivos ilícitos,
secuestro y extorsión potenciaron los grupos armados y criminales y permearon
el Estado.
Quinto intento por lograr la paz de un
presidente en 30 años, Juan Manuel Santos anunció en 2012 el inicio de diálogos
con las FARC, con seis puntos fundamentales: 1. Política de desarrollo agrario
integral; 2. Participación Política; 3. Fin del Conflicto; 4. Solución al
problema de las drogas ilícitas; 5. Víctimas del conflicto armado (reparación, verdad y justicia), y 6. Mecanismos de refrendación de los acuerdos.
Largo proceso que
logra acuerdos parciales en mayo y noviembre de 2013 para el primer y segundo
puntos y en mayo de 2014 para el cuarto, y que tras la reelección de Santos
inició la discusión del quinto.
El presidente Santos hizo
del logro de la paz su legado histórico y fue eje de su (bastante reñida) reelección.
Posibilitado por los éxitos contra las guerrillas de su antecesor y ex mentor,
Alvaro Uribe (hoy enfrentados), ha dedicado todo su esfuerzo político a
lograrla, aunque el tiempo actúa en su contra.
Por eso, Santos y el
jefe de las FARC Rodrigo Londoño “Timochenko”
firmaron un pacto sobre justicia transicional con penas o sanciones
menos restrictivas a los que colaboren y amplia amnistía que excluye los
delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra y que fija el 23 de
marzo de 2016 como fin del proceso, tras concluir los dos puntos pendientes.
Dos factores han
impelido este pacto: coyuntural, sus resultados insatisfactorios en el
conflicto de fronteras y, fundamental, el tiempo que se le acaba a Santos para
firmar la paz en su último período: Hasta agosto de 2018, el acuerdo debe ser
refrendado y complementado en primera instancia por el Congreso (que ya avanza
en ello), sometido a referendo popular e implementarlo, lo que explica su
oposición al pedido de las FARC de una Asamblea Constituyente.
Pero el principal
escollo serán los colombianos que en 2014 no votaron por Santos (49,5%) y que
están contra la impunidad (89%, IPSOS ahora). Para una paz segura, hay mucho
por aclarar y falta negociar con otros grupos.
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