Crónica de muerte anunciada
Un día bastó para definir la suerte del Presidente paraguayo: El
jueves 21, amparados en el Artículo 225 de la Constitución, 76 diputados
aprobaron —1 en contra y 3 ausentes— un Juicio Político contra Fernando Lugo
Méndez.
El viernes 15 empezó la
cuenta regresiva: 17 campesinos y policías murieron durante el desalojo
de carperos —campesinos sin tierra, vinculados a figuras gubernamentales— que
habían ocupado una hacienda en Curuguaty. La causa de la masacre se atribuyó a posibles
francotiradores del guerrillero Ejército Popular del Pueblo —del que se habían
denunciado vínculos de Lugo cuando fue su obispo, al igual que con Patria Libre.
Para el proceso sumarísimo, 39 senadores votaron por la
destitución, 4 en contra —1 menos que el pronóstico— y 2 ausentes, más de los
30 requeridos.
Para entender esta crisis, es necesario analizar que Lugo ganó
las elecciones de 2008 apoyado por la Alianza Patriótica para el Cambio —unión
dispareja de movimientos y partidos muy heterogéneos—, con la que tuvo una
trayectoria de gobierno dispar. En su Programa de Gobierno prometió Reforma Agraria
—77% de la tierra es de sólo 1% de los propietarios— pero no cumplió. Aunque
Lugo no podía presentarse a las elecciones de 2013 por impedimento
constitucional —que no pudo abrogar—, sí podía complicar el regreso de los
Colorados, a los que venció. Y, además, las ex principales fuerzas de su
Alianza necesitaban frenar a los movimientos más radicales, que estaban
creciendo en poder.
Lugo fue el cuarto presidente paraguayo enjuiciado y el
primero destituido. Al margen de que constitucionalmente fue correcto el
proceso de destitución, lo expedito de su realización deja la duda de cosa prejuzgada
y hace pensar que los sucesos de Curuguaty pueden quedar “olvidados”.
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