Hoy no voy a escribir de nuestras elecciones ni de las campañas ni de los candidatos de cada binomio; tampoco de votos ni de escaños. Desde lo que escribí en mi anterior columna, mucho ha pasado: La libertad de Camacho y Pumari y la muy segura próxima de Añez; la revisión de la mal llamada prisión preventiva (concebida para evitar destrucción de pruebas o escapatorias de acusados, incluso amedrentamiento de testigos, pero “alegremente” utilizada por el masismo para reprimir); la enmienda de la descalificación de juicios “ordinarios” (aunque no tengan nada de ordinariedad) para quienes requieran Juicios de Responsabilidades (aquellos que, como su nombre refleja, son indicados a quienes, presumiblemente, hayan sido susceptible de cometer yerros —«errores, no delitos» precisó años ha un expresidente— en sus funciones públicas) y, en otro tenor, el fallecimiento de Percy Fernández, entre otros. Empezaré por Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari.

No voy a evaluar la Transición: tuvo aciertos —asegurar nuevas elecciones limpias y prevenir una guerra civil— y cargó desaciertos, tanto suyos y de propios como de ajenos de la misma oposición que combatió a Morales. Jeanine Añez Chávez fue Presidente por emergencia… del país: la consigna dada por el MAS a sus autoridades parlamentarias (presidentes y vicepresidentes de ambas Cámaras) de que renunciaran para provocar la imposibilidad de una transición constitucional tras la renuncia de Morales —la que fue voluntaria, aunque no menos cobarde, antes de su huida, luego productora de una falsa narrativa de “golpe” (como luego Arce)— y, tras una mayor crisis, propiciar el regreso del fraudulento y sus cómplices; pero chocó el plan con que aún, en la prelación de sucesores (quizás quinta o sexta), mantenía su cargo una segunda vicepresidente del Senado, habilitada constitucionalmente para el Interinato —por la Constitución de 2009, la de Morales, la que en 2016 quiso modificar y fracasó y luego violó. Si la Constitución Política del Estado de 2009 establecía en sus Artículos 161 y 184 que los Juicios para principales Autoridades se realizarían en la Asamblea Legislativa y la Ley N° 044/2010 regulaba los juicios por delitos cometidos en el “ejercicio de sus funciones” contra autoridades ejecutivas: «presidenta o presidente [y] altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público», a fines de 2020 el nuevo (entonces) gobierno de Arce y sus operadores represivo (Eduardo del Castillo) y judicial (Iván Lima) actuó contra la expresidente acusándola —además de “golpista”— por la vía de justicia ordinaria de cuántos delitos pudieron querellarla, incluidos los considerados específicos para Juicio de Responsabilidades por la Ley mencionada.

Marco Antonio Pumari Arriaga y Luis Fernando Camacho Vaca (este Gobernador del departamento de Santa Cruz) fueron aprehendidos y mantenidos en “prisión preventiva” [sic] acusados de “participar en el golpe [que no fue tal] de 2019” y de cuantos presuntos delitos pudieron culpárseles, Pumari desde diciembre de 2021 y Camacho desde un año después, en diciembre también.

Si bien el ejercicio de la Justicia en Bolivia siempre traslució dudas de recurrentes deficiencias de imparcialidad y transparencia (sobre todo en gobiernos autoritarios), el dicenio del MAS se dio modos para cooptarlo y hacerlo cómplice de sus iniquidades: las muertes de Marco Antonio Aramayo (tras diez años en “prisión preventiva”) y José María Bakovic; el encubrimiento de los graves delitos de corrupción en el FONDIOC y los negociados con CAMC; la persecución a líderes cruceños acusados de separatismo; los asesinatos del Hotel Las Américas y tantos otros más. Las elecciones judiciales de 2011 y 2017 (ambas cómplices del prorroguismo de Morales) sólo sirvieron para reproducir e institucionalizar esos males pero las 2024 —coincidiendo con la decadencia acelerada del MAS y su gobierno— incorporó a nuevas autoridades legales, lideradas por el joven magistrado Romer Saucedo Gómez, quienes —luego de vencer el entramado persecutorio contra ellos elaborado bajo la tuición del entonces ministro de Justicia César Siles, el séptimo ministro de Arce encarcelado por sus delitos— han empezado a sanificar la justicia boliviana, ya sea “desinfectándola” de jueces y funcionarios corrompidos y revisando las retenciones “preventivas”. Una tarea larga pero posibilitada y estimulada dentro del esperado final del ciclo MAS (que fue, sobre todo, de MENOS para Bolivia) y convencidos, como dijera La0-Tsé en el Tao Te Ching: «Un viaje de mil li [unos trecientos kilómetros] comienza con un solo paso».

El otro tema que no quiero dejar de escribir es mi despedida para Percy Fernández Añez. El Loco Percy, como se le conocía, fue un político de muchas luces (incansable trabajador por la región, defensor de sus valores y de su ambiente: incluyo en ello el cabal éxito en la aplicación de la Ley N° 4040/2009 “contra el uso de animales domésticos y salvajes en circos” tuvo en él un gran apoyo entusiasta) pero también de no pocas sombras (misógino, deslenguado, a veces iracundo); alcalde electo, gobernó Santa Cruz de la Sierra (su tierra querendona) entre 1990-1991, 1992-1993, 1993-1994, 2005-2009, 2010-2014 y 2015-2020, además de concejal en los periodos 1995-1999 y 2000-2004. Ingeniero civil, fue Presidente del Comité de Obras Públicas de Santa Cruz, el primer Presidente de la Corporación Regional de Desarrollo de Santa Cruz (CORDECRUZ) y Presidente del Comité Pro Santa Cruz, donde lideró la elaboración del primer Proyecto de Ley de Gobiernos Departamentales y Descentralización; fue Senador de la República en 1989. Pero, sobre todo, fue su vocación de constructor: mucho de la vialidad y estructura de la actual Santa Cruz de la Sierra se le debe a ella. Descanse en Paz.