Otra semana latinoamericana sui géneris.
En Argentina, fútbol mata Cristina y no porque Scaloni o sus
jugadores tengan nada con la sentenciada por chorrerío sino porque el único
tema en Argentina y vecindarios es cómo jugó Messi y su gente y cómo le ganará
a la tropa de Mbappé. Ni el Grupo de Puebla se reunió a consolar a la Viuda —no
de Lehár sino la de Néstor—, primero por el Covid —ella bien podría decir que
“todos los males caen juntos” pero seguro no lo hará porque le quedan Hotesur,
Cuadernos, el Memorándum con Irán— y ahora, claro, porque hay final
mundialista. Menos mal que la 22° Cumbre de la ALBA se solidarizó con ella.
(Debo reconocer —alguna vez lo he dicho— una real solidaridad
—circunstancial, aclaro— con Luis Arce Catacora y coincido con él “que la
democracia boliviana ‘continúa en riesgo’ por el accionar de grupos que generan
violencia, odio y confrontación como una nueva forma de golpe de Estado con el
objetivo de acortar el mandato constitucional”, aunque discrepo totalmente de
quiénes atribuye ese “accionar”: él mismo y acólitos muchas veces han alertado
de las trabadillas de sus compañeros azules y el mismo Morales no ha tenido
embozo en decirlo. Pero como dedicaré a LAC mi columna próxima, dejo por ahora
el tema).
Vuelvo al Perú.
El pasado miércoles 7, el entonces presidente constitucional
Pedro Castillo Terrones se desconstitucionalizó con un autogolpe de Estado
justificándolo por “la situación como ‘intolerable’ y en atención al ‘reclamo
ciudadano’”, al anunciar “establecer un gobierno de excepción […] disolver
temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia
excepcional”, convocar en el “más breve plazo” a elecciones para un Congreso
con facultades para elaborar una nueva Carta Magna y determinando que “a partir
de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la república se
gobernará mediante decretos ley”, lo que complementó con toque de queda a nivel
nacional y la reorganización del sistema de justicia: el Poder Judicial, el
Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal para “enrumbar
a Perú”.
Después, detenido ya, dijo que “no se recordaba” de lo que había
dicho y hecho. Era exactamente lo mismo que en 1992 hizo Alberto Fujimori
Fujimori (en estos días su compañero de reclusorio).
A pesar de este panorama, cuatro gobiernos latinoamericanos
elegidos democráticamente: el de Gustavo Petro de Colombia, el de Andrés Manuel
López Obrador de México, el de Alberto Fernández de Argentina y el de Luis Arce
de Bolivia adujeron “su profunda preocupación por los recientes sucesos que
resultaron en la remoción y detención de […] el Presiente (textual) Castillo
Terrones […] víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos […] para luego
ser objeto de un tratamiento judicial […] violatorio del artículo 25 de la
mencionada convención” y deja un cierre sofista de “abstenerse de revertir la
voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
(El artículo 23 de la Convención se refiere a derechos
políticos —los de los peruanos los violó flagrantemente Castillo con el
autogolpe— y el 25 a la protección legal de los ciudadanos —Castillo tiene
abogado y se le acusa dentro de las leyes peruanas. Por cierto, es el mismo
artículo de la CADH que arguyó el mendaz y servil Tribunal Constitucional para
violar en 2017 los resultados del Referéndum Constitucional de 2016 que
prohibió reelegirse a Morales).
Partiendo de que el Congreso de la República (130 diputados en
10 bancadas) le hacía competencia por cuál era el más rechazado (Congreso: 82%;
Castillo: 67%); que si Castillo ganó la segunda vuelta (con el 0,26%) es porque
medio Perú es antifujimorista; que en primera vuelta su primera mayoría fue de
menos del 19%; que contra su entorno, su familia y él mismo se acumulaban las
denuncias de corrupción, y que de los nueve presidentes, tras 2000, sólo dos
—Paniagua y Sagasti— no fueron implicados en corrupción: Toledo en proceso de
extradición desde EEUU; García se suicidó al ser aprehendido; Humala ha estado
preso; Kuczynski renunció cuando era investigado, y Vizcarra fue vacado (Merino
no fue acusado porque sólo gobernó cinco días).
En los días siguientes, han sucedido protestas con grave
violencia, principalmente en el sur del país, que —desbordado el reclamo
ciudadano contra el Congreso— guardan similitud con las de Chile 2019 y 2021 y
Colombia y Ecuador 2021, denunciadas en esos casos como parte de un supuesto
“Manual del Grupo de Puebla”.
La
solución: adelantar para 2023 a brevedad las elecciones generales
—presidenciales y congresales— respetando los procesos constitucionales. A fin
de cuentas, Sagasti como presidente transitorio las puedo convocar y solucionar
en ocho meses; quizás Boluarte no es el árbitro idóneo para ello.
Información consultada
https://elpais.com/argentina/2022-12-06/las-causas-abiertas-de-cristina-kirchner.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Perú_de_2021
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_extraordinarias_de_Perú_de_2020
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Sagasti
https://es.wikipedia.org/wiki/Franz_Lehár
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Merino
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Pablo_Kuczynski
https://pdba.georgetown.edu/Parties/Peru/Leyes/constitucion.pdf
https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/comunicado-conjunto-situacion-peru
https://www.nytimes.com/es/2022/12/09/espanol/crisis-peru-castillo.html
https://www.oas.org/dil/esp/1969_Convención_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wV7pgeoEtqU
https://www4.congreso.gob.pe/dgp/constitucion/constituciones-peru.htm
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