Lo que pienso: Estudio de auge y descenso de Covid considera seguro ir a votar protegido

En mi anterior artículo sobre el COVID-19 [“Tres escenarios marcan el ritmo de la pandemia hasta el día de las elecciones” 01/07], describía cómo estábamos en ese momento, qué nos vendría y cómo enfrentaríamos las anunciadas elecciones del 6 de septiembre. Hoy nos centraremos en el proceso de cómo vivimos la pandemia y cómo llegamos a las elecciones, definitivamente fijadas para el 18 de octubre. Para ello, la seguiremos en las tres etapas que, a hoy, ha transitado en nuestro país: auge, crisis y descenso y hablaremos de verdades, yerros, mitos y falsedades (el que sea el virus más informado —verdadera infodemia de verdades y bulos—, expandido y coercitivo de toda la historia lo hace singular).

Inicio y auge de la pandemia en Bolivia

Un poco tarde para la Región, la epidemia —porque no fue oficialmente pandemia hasta que el 11 de marzo la OMS la catalogó así—, llegó a Bolivia el 10 de marzo con 2 señoras bolivianas que regresaban de España y de Italia, respectivamente. Y digo “un poco tarde” porque el COVID-19 había “aterrizado” —literalmente, porque el primer paciente fue un ciudadano brasilero que llegó por vía aérea a São Paulo procedente de Italia— el 25 de febrero en la Región, y cuando “aterrizó” en Bolivia ya había aparecido —además de en Brasil— en México (27), Ecuador (29), República Dominicana (1/10), Argentina y Chile (3), Colombia, Costa Rica y Perú (6), Paraguay (7) y Panamá (8); a nosotros nos seguirían Cuba, Honduras y Guyana (11), Guatemala, Uruguay y Venezuela (13), El Salvador y Nicaragua (18 ), Haití (19) y Belice (23), entre los países más destacados de Latinoamérica; no obstante, ningún país de la Región (incluyendo todas las islas del Caribe, las Guyanas y las Islas Malvinas y Georgia.

Reubicándonos en Bolivia, el 12 de marzo —con dos casos en el departamento de Santa Cruz y otro en el de Oruro— el gobierno nacional tomó las primeras medidas frente a la ya pandemia con la declaratoria del “Estado de emergencia sanitaria por COVID-19” que debió regir hasta el 30 de abril pero que, por la situación sanitaria, ha sido extendido hasta la actualidad con diferentes variables autorizadas por los gobiernos autónomos de nivel departamental y municipal en dependencia del nivel de riesgo —la presente etapa, denominada “cuarentena condicionada y dinámica”, sin ser abierta totalmente, es más flexibilizada y municipalizada.

El 21 de marzo —con 22 casos ya en todo el país: 10 en el departamento de Santa Cruz, uno en el de La Paz, dos en el de Cochabamba y nueve en el de Oruro— se emitió el Decreto Supremo 4199 que declaraba Cuarentena Total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, contra el contagio y propagación del Coronavirus y establecía “cuarentena rígida y obligatoria en todo el país”, conjunto de medidas que empezaron a funcionar desde el día siguiente, domingo 22 de marzo.

El ministro de Salud que navegó el inicio de la pandemia fue Aníbal Cruz Senzano, que estaba desde el primer gabinete nombrado por el gobierno de transición el 14 de noviembre. Aunque aparentemente había un control sobre la propagación, el 8 de abril —con aún sólo 264 casos repartidos en los departamentos de Santa Cruz (con casi la mitad de los casos), La Paz, Cochabamba y nueve en el de Oruro— fue sustituido abruptamente con Marcelo Navajas Salinas, cuya gestión duró hasta el 20 de mayo y también terminó abruptamente pero con detención policial: Pocos días antes había estallado el escándalo de la compra de 170 respiradores artificiales —muy básicos— fabricados por la compañía española GPA Innova, comprobada las graves irregularidades del 170% de sobreprecio.

Al momento de explotar el escándalo, aún la situación epidemiológica no era abiertamente crítica —más 4.900 casos en el período, 438 ese día (casi el 60% en el departamento de Santa Cruz, sobre todo su ciudad capital)— pero el escándalo alrededor de esa compra develó graves falencias, hasta entonces latentes pero poco advertidas, del gobierno de transición: falta de adecuados controles y transparencia —ésta prometida pero no cumplida—, improvisación y malísima comunicación gubernamental, discrecionalidad y deficiencia en los criterios de gestión —la compra irregular partió de dos funcionarios principales del MinSalud, uno de los cuales había sido por muchos años de la máxima confianza de la última ministra masista: la justificación dada de evitar una masacre blanca de exfuncionarios masistas (en este caso masacre azul) era ausente de criterio, sobre todo porque el anterior gobierno había sido expulsado por una insubordinación civil—; así mismo, este desgaste marcó el inicio de lo que sería, en poco tiempo, el final del proyecto político JUNTOS con la candidatura presidencial de la presidente transitoria.

La siguiente encargada de la cartera —María Eidy Roca Justiniano— fue nombrada para enfrentar la crisis que se avecinaba, paliar las graves deficiencias dejadas por los anteriores gobiernos —criminal tras 14 años del Masismo, muchos de ellos con sobreingresos externos por el gas y otras materias primas— y “navegar” la herencia dejada por Navajas Salinas.

Crisis: se desborda la pandemia

El primero de junio sobrepasamos los 10 mil casos totales desde el inicio de la pandemia y el 17 los 20 mil; el 22 tuvimos por primera vez en un día más de mil nuevos pacientes detectados; el 27 —aún en junio— llegamos a 30 mil afectados totales; el 6 de julio a 40 mil, el 14 sobrepasamos 50 mil y el 20 los 60 mil. Días antes, el 28 de junio sobrepasamos los primeros mil fallecidos y el 17 de julio los dos mil decesos por el coronavirus; ese mismo día, alcanzamos los dos mil nuevos pacientes detectados en un día. El 27 de julio superamos los 70 mil contagios y el primero de agosto se superaron los 3 mil nuevos pacientes detectados en un día y sobrepasamos los 3 mil decesos; al día siguiente nos acercamos muy cerca de los 80 mil contagiados totales y el 9 a los 90 mil. El 15 de agosto superamos las 4 mil víctimas mortales; el 16 sobrepasamos las 100 mil personas infectadas desde el inicio de la pandemia y el 25 los 110 mil. El 31 de agosto, como cierre de mes, alcanzamos más de 5 mil decesos, el 6 de septiembre —tras corrección y sinceramiento estadísticos en Santa Cruz— los 7 mil y el primero de agosto contabilizamos 8 mil; los 120 mil detectados totales llegaron el 5 de septiembre y el 19 los 130 mil (los 140 mil llegaran a mediados de la próxima semana si se mantiene la progresión actual).

Son cifras frías, más dramáticas si pensáramos que no tienen que ser las totales: para los detectados, muchos asintomáticos o levemente sintomáticos —incluso enfermos graves, como los que murieron en las calles o fuera de los hospitales— no fueron comprobados, parte por la poca cantidad de pruebas PCR diarias —el día que el reporte epidemiológico del MINSALUD anunció más realizadas, bordearon las 4.800—, por el atraso en los procesamientos de esas pruebas —que llevó al descarte de alrededor de 10 mil acumuladas sospechosas sin procesar en un mes— y porque posibles afectados no se verificaban rehuyendo la lamentable estigmatización social que la epidemia conllevaba para los contagiados. Tampoco los registros de fallecidos por la epidemia serían definitivos, tanto por los enterramientos clandestinos, por el atraso en el procesamiento de pruebas como la demora —consecuencia de las restricciones por las cuarentenas— en actualizar los datos en el Registro Civil.

Declive de casos

El descenso de los nuevos casos, la reducción de los fallecimientos y, sobre todo, la reducción de los casos activos —que aún no me atrevería a denominar franca recuperación porque hay indicios, leves aún, de aumento de nuevos casos en Santa Cruz y se mantienen indicadores aún altos en algunos departamentos, principalmente Tarija pero también Chuquisaca y Potosí— se inicia el 22 de agosto. El día anterior, los casos activos habían alcanzado su mayor cota (60.928) y, a partir de entonces, empezó un descenso continuado de los mismos gracias tanto a la reducción en nuevos casos detectados como a la recuperación de pacientes atendidos, hasta llegar al miércoles pasado, 14 de octubre, con 28.122 casos activos.

¿Debemos sentirnos satisfechos? No queda dudas que las medidas tomadas durantes las cuarentenas y el esfuerzo de los tres niveles de gobierno en paliar las falencias del sistema de salud —indiscutibles más allá de las críticas que he manifestado (incluyendo ahora la coordinación entre esos tres niveles), aunque aún sin satisfacer todas las carencias— incidieron favorablemente en reducir los casos afectados —sobre todo: “aplanaron” la curva de contagios, moderando el real desborde de los servicios intensivos— y los fallecimientos, pero la realidad ha desnudado un sistema de salud que, más allá de la emergencia de la epidemia, es ampliamente carente.

Algunas cifras nos ayudarán a confirmalo: En morbilidad —casos detectados x 100 mil habitantes—, tenemos un índice de 1.192,2, que en la Región (22 países analizados) —menor que el promedio regional: 1.593,8— nos sitúa por delante de Costa Rica (1.776,6), Colombia (1.844,3), Argentina (2.028,1), Brasil (2.432,3), Chile (2.527,0), Perú (2.643,4) y Panamá (2.892,8) pero que pudiera morigerarse, para beneficio de las estadísticas nacionales, por la cantidad de detectados según más o menos pruebas PCR que cada país haya realizado. El índice mundial al domingo pasado era de 490,0.

Respecto de los decesos, los resultados son menos auguriosos: el porcentaje de mortalidad versus morbilidad de Bolivia hasta el domingo ha sido de 6.0%, lo que nos sitúa sólo mejor que México (10,2%) y Ecuador (8,3%); respecto a la mortalidad de enfermos de COVID-19 por 100 mil habitantes, con 71,6 decesos nos ubicamos sólo por delante de Brasil y Ecuador (71,8 ambos) y Perú (103,7). A nivel regional la mortalidad versus morbilidad era de 3,5% y la mortalidad por 100 mil habitantes de 35,6; en el mundo, las cifras eran 2,9 y 14,0, respectivamente a cada indicador.

En recuperados, según datos también del domingo pasado, Bolivia (73,5%) estaba mejor situada que Guyana (65,8%), Paraguay (64,6%), Belice (61,2%), Costa Rica (59,7%) y Honduras (38,1%) pero muy lejos de Chile (94,9%) y Cuba (92,9%). A nivel regional el promedio era 82,4% y a nivel mundial 69,3%.

Elecciones y endemia

En mi artículo de julio, las elecciones fijadas para el 6 de septiembre por la Ley 691 "De modificación de la Ley 1297 de Postergación de las Elecciones Generales 2020" pudieron ser un suicidio colectivo: ese día tuvimos más de 120.500 casos totales, más de 500 nuevos casos y 40 nuevos fallecidos —tan cerca como el 2 de ese mes se alcanzó el récord de 102 fallecidos en un día.

Ahora, con cifras significativamente más bajas —sólo Santa Cruz tiene más nuevos casos que recuperados pero aún bajo niveles manejables—, el voto de este domingo se convierte en una posibilidad segura, manteniendo las medidas de bioprotección recomendadas.

Agradezco a Página Siete que me invitara a escribir ambos artículos —en julio para advertir del peligro y ahora en octubre para dar a conocer una realidad mucho menos complicada.

Ejerzamos nuestro derecho. Por la democracia y, también, por una urgida mejor y adecuada salud pública.