Cuando el
11 y 12 de noviembre, recién convaleciente de una delicada operación, seguí en
televisión y medios virtuales la renuncia y huida del doble defraudador Evo
Morales Ayma y el posterior acuerdo de transición constitucional —ejemplo
de consensos mínimos— y pensé
que podíamos llegar a vivir un mejor mañana. Hoy, tras la grave epidemia, la iniciada
crisis económica y el permanente enfrentamiento político, entiendo que “llegaremos
por la puerta de atrás”.
Estos
días, leí dos publicaciones sobre el carácter de transición del gobierno
actual. Uno era del último zoon politikón
boliviano: el expresidente Jaime Paz Zamora —conste que no le tengo
ninguna adherencia— y el otro de la exdiputada, exprecandidata presidencial
años ha y politóloga Jimena Costa Benavides. Aunque tengo varias discrepancias con
ambas publicaciones, coincido
plenamente en que el actual gobierno de Jeanine Añez Chávez es de plena sucesión
constitucional pero no lo conceptuaría de transición: Para justificarlo y
señalar diferencias con ambos, expondré mis razones.
En stricto sensu, el gobierno de la
presidente Añez Chávez asumió el ejercicio del Ejecutivo con el propósito de realizar
elecciones transparentes en Bolivia y el fraude se sustituyera por el ejercicio
de la voluntad popular: desde el inicio y hasta el 22 de marzo —inicio
del frenazo de las actividades no imprescindibles por la propagación interna
del COVID-19— trabajó prioritariamente para la transición a un nuevo gobierno
elegido democráticamente. Las urgencias de la epidemia y las electorales de
algunas tendencias impidieron que produjera la efectiva transición para dar al
próximo gobernante —quien fuera, ajeno al MAS— la oportunidad de continuar la
imprescindible reingeniería del Estado y su legalidad; por el contrario, el
gobierno de Añez Chávez ha tenido que abocarse a contener la epidemia —desde
las graves carencias en salud dejadas por el cuatroceno masista y con la falta
de recursos que se dilapidaron desde el anterior período—, paliar la carestía
en la microeconómica de la población —incidiendo en ese empeño nuevamente la
falta de recursos dejados—, prevenir la conflictividad social azuzada por el
masismo —terrorismo muchas veces—y, a la vez como era su mandato, lograr un
nuevo gobierno elegido mayoritariamente y con todas las garantías de ejercicio
de derechos y transparencia.
El gobierno de la presidente Añez Chávez sin dudas ha tenido
errores continuados achacables a la inexperiencia en el ejercicio de gobernar y
consecuente improvisación; también casos de nepotismo y corrupción —el
principal: de los respiradores, consecuencia de no haber actuado desde el
inicio en desmantelar de masistas los niveles de decisión de la función pública—,
y no ha logrado una adecuada comunicación desde el Estado. Todo agudizado por
el continuo enfrentamiento —partidario y legislativo— instruido desde Buenos
Aires, la falta de acuerdo del arco de fuerzas democráticas —desunidas en fase
electoralista y trascendido a la sociedad—, además de descoordinaciones
internas. No obstante a todo ello, las luces resultantes son más que las
sombras.
Tres candidatos han ejercido o ejercen la presidencia: Añez
Chávez, Carlos de Mesa Gisbert y Jorge Quiroga Ramírez, los dos primeros hasta
ahora con posibilidades y ya descartadas para el tercero. Los tres han
gobernado por sucesión constitucional pero sólo el de Quiroga Ramírez fue de
paso entre el inicio de la crisis institucional del país con Bánzer Suárez y su
explosión con Sánchez de Lozada; por el contrario, De Mesa Gisbert intentó —fracasadamente—
gestionar la crisis y Añez Chávez aún lo intenta.
Deseo que todos nuestros políticos se munan de lo que
Salomón pidió: «espíritu atento para
gobernar […] y para decidir entre lo
bueno y lo malo». Nos urge.
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