Los que estudian la astrología china advierten que a partir
del 25 de enero de este año se inició el Año de la Rata de Metal y terminó un
ciclo astrológico lunar; como comienza un nuevo ciclo en la rotación de los 12
signos, será un año de cambios, que nos invadirán —dicen los astrólogos— a un
ritmo vertiginoso. Pero la Rata es el animal con más capacidad de adaptación,
de supervivencia, de intuición y de inteligencia; como también es un año yang, la luz y la actividad deberán
primar.
Desde Caracas al mundo: ¡Libertad para Venezuela!
Tras
dar concluir en un fracaso —como los anteriores: por falta de voluntad de la
dictadura venezolana— el proceso de mediación auspiciado por Noruega entre el
régimen madurista y la oposición encabezada por Juan Guaidó Marquez —primero en
Oslo, luego en Barbados—, Venezuela inició este año con las mismas
prioridades de la oposición —la movilización interna, la presión internacional
y el cerco diplomático a la dictadura de Maduro para lograr sus anunciadas
metas de «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres»— y
con crecientes apoyos y reconocimientos internacionales —hasta hoy, 58 países reconocen a Guaidó Marquez como
Presidente Encargado o, al menos, como el verdadero representante de Venezuela—,
con altísimos niveles de violencia —según el Observatorio Venezolano de
Violencia, en 2019 se registraron 16.506 muertes violentas, una tasa de 60,3
homicidios por cada 100 mil habitantes (la más alta de Sudamérica y la segunda
mundial en países sin situaciones de guerra, el 92% de los casos quedando impunes),
más de 300.000 homicidios en el bidecenio bolivariano— y, a pesar del amplio
descrédito internacional e interno del Gobierno dictatorial de Maduro Moros,
entrampado entre un cúpula militar mafiosa, el apoyo geopolítico y estratégico
de Cuba, Rusia e Irán —además del temor usurero de China— y la presencia impune
del narcotráfico, el narcoterrorismo y el terrorismo islamista.
El 5 de enero estaba convocada la sesión ordinaria de
la Asamblea Nacional de Venezuela para la elección de
la Comisión Delegada, presidida hasta entonces por Guaidó Márquez y descontada
su reelección. En una burda maniobra que acentuó internacionalmente la ilegalidad
de su régimen, Maduro Moros hizo blindar el Palacio Legislativo con su Guardia
Nacional Bolivariana para impedir violentamente el acceso de los legisladores
de oposición y forzar la elección de Luis Parra Rivero como presidente de la
Asamblea Nacional, calificada por Guaidó Márquez y la oposición venezolana
calificó como «golpe de Estado parlamentario». Pero aunque Maduro Moros se
apresuró a anunciar que Guaidó Márquez “había sido reemplazado como
presidente de la Asamblea Nacional”, lo cierto es que la “elección” de Parra
Rivero estuvo muy lejos de alcanzar el quorum requerido;
ese mismo día, Guaidó Márquez fue reelegido con quorum —100 votos a favor de 111 presentes en la elección
realizada en el periódico El Nacional, el 69% de los diputados habilitados—,
más de lo que necesitaba.
La trama del madurismo para evitar la reelección de Guaidó Márquez se
denominó “Operación Alacrán” y se estructuró con diputados pertenecientes hasta
fines de 2019 a diferentes partidos opositores —incluido Voluntad Popular, al
que pertenece Guaidó Márquez— y que entonces fueron expulsados de sus partidos,
acusados de corrupción y convivencia con el régimen en lo que se denominó la "Operación
Maletín Verde" —la intercesión, bajo el presunto nombre de la Asamblea
Nacional, ante instituciones extranjeras (entre ellos, el Departamento del
Tesoro de los EEUU y la Fiscalía General de la Nación de Colombia) para
exonerar a grandes empresarios vinculados con el Gobierno madurista acusados de
corrupción.
Ese momento crítico de la reelección al frente de la Comisión
Delegada de la Asamblea Nacional —y, por ende, de su Presidencia Encargada de
Venezuela— coincidía con una caída significativa de su popularidad —consecuencia
de su incumplida (por diversas razones conocidas) sobrepromesa pública a
inicios de 2019 de sacar a Maduro Moros rápidamente del poder—, el 19 de enero Guaidó
Márquez —quien está prohibido por “la justicia” [sic] del régimen madurista de salir de Venezuela— llegó a Bogotá
para participar en la Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo y reunirse con su
aliado el Presidente Iván Duque Márquez y con “Mike” Pompeo, Secretario de Estado
de los EEUU, entre otros. La gira continuó hasta hoy (09
de febrero) en Londres —donde se reunió con el Primer Ministro Boris
Johnson—, en Bruselas —con Margaritis Schinas y Josep Borrell, Vicepresidentes de
la Comisión Europea, y habló ante el Parlamento Europeo—, en Davos —ante el
Foro Económico Mundial, donde reclamó a los líderes del mundo apoyo contra el
régimen madurista («No podemos solos»)
y se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, el canciller austriaco
Sebastian Kurz y el primer ministro de Holanda, Mark Rutte—, en París —con el
presidente Emmanuel Macron—, en Madrid —con la canciller Arancha González Laya
y con los líderes de los principales partidos políticos de España—, en Ottawa —con
el primer ministro Justin Trudeau— y los EEUU, donde se ha reunido con el
presidente Trump —quien tanto en el Congreso pleno como
en la visita a la Casa Blanca se ha deshecho en elogios para Guaidó—, congresistas
y también —como en la mayoría de los países visitados— con importantes grupos
de emigrados venezolanos.
La visita de Guaidó Márquez a España desnudó la debilidad del gobierno
de coalición de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y de él mismo: Mientras dirigentes
históricos e importantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
celebraron la visita, Sánchez Pérez-Castejón trató de “equilibrar” con sus
socios podemitas —financiados por el régimen bolivariano, del que han sido sus
asesores (como de todos los gobiernos sociatas 21)— y no recibió a Guaidó
Márquez, lo que ha creado críticas en casi todo el espectro político de ese
país (exceptuando la izquierda “dura”).
Pero peores turbulencias ha producido la creciente polémica aún sin
aclarar —confusamente “justificada” por personeros del gobierno— de cómo José
Luis Ábalos Meco (alto dirigente del PSOE y uno de los principales ministros
de Sánchez Pérez-Castejón) pudo reunirse en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la
vicepresidenta bolivariana Delcy Rodríguez Gómez “sin” violar la
prohibición que tiene Rodríguez Gómez de pisar territorio de la Unión
Europea, como es España.
¿Qué sigue para Venezuela?
La
importancia y urgencia de la redemocratización en Venezuela —para ella y para
toda la Región— justifica el espacio que ha ocupado en ambas partes de este
artículo. La dolarización de la economía ha sido un respiro, leve pero importante,
para la terriblemente destruida economía venezolana —aunque sólo alcance a los que tengan acceso a dólares—, respiro que, además, se ha
beneficiado con las remesas de los emigrantes, como analicé en la Parte 1. Los
próximos pasos serán influenciados positivamente si Almagro Lemes es reelegido
en la Secretaría General de la Organización de Estado Americanos (OEA) pero,
sobre todo, por la posición que tomen los mandos medios —sin excluir otros
posibles escalones— y la tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
También toma importancia decisiva Cuba porque, como citó Carlos Alberto
Montaner Suris a Michael G. Kozak (Subsecretario de Estado interino para
Asuntos del Hemisferio Occidental): «Cuba
pertenece al problema» pero, como dijo Guaidó Márquez en Canadá fijando
posición para negociaciones realistas, «Nos
gustaría que Cuba fuera parte de la solución».
En
ese sentido, se impone la necesidad de motivar y profundizar las movilizaciones
populares (según informó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social,
Venezuela alcanzó en 2019 un récord de 16.739 manifestaciones) además de la
urgencia en revisar la actual estrategia de la oposición democrática para
adaptarla a este exitoso tour y
lograr una solución basada en elecciones presidenciales y legislativas creíbles
y transparentes.
Me ha confundido que muchos
medios, analistas y personalidades —muchos de ellos críticos de la dictadura—
hablen de un autoproclamado presidente interino de Venezuela al referirse a Guaidó Márquez.
Sugiero a la oposición democrática venezolana —sobre todo a la Asamblea
Nacional, en la medida de sus posibilidades— que remarquen que Juan Guaidó Márquez fue elegido por la Asamblea Nacional —hoy único Poder
constitucionalmente luego del fraude de
las elecciones presidenciales en 2018 y de lo írrito de la Constituyente en
2017— como Presidente Encargado de Venezuela tras la constatación del
gran fraude electoral bolivariano de 2018 hasta la realización de elecciones
presidenciales democráticas, basándose en lo establecido en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y en ningún caso se autoproclamó.
En
su nota de prensa “Guaidó en Davos... Maduro en Miraflores” del 24 de enero, Deutsche
Welle (DW) citaba un artículo del periódico alemán Tageszeitung (21/01) que, con el título "Guaidó hat
nichts erreicht” (“Guaidó no ha conseguido nada”), presuntamente "resumía”
el año transcurrido. Gloso ese titular de DW para destacar que, mientras
Maduro Moros y su mafia se refugian en Miraflores porque son repudiados y
rechazados en la mayoría del mundo —además del miedo de que sus propios compinches lo derroquen—,
Guaidó Márquez se reúne cordialmente en Latinoamérica, Europa y
Norteamérica con muchos de los principales líderes mundiales y es recibido por
sus compatriotas en el exilio.
Estoy convencido que el señor Luis García Casas —autor de esa nota— no
se dio cuenta de la frase (a modo de) palíndromo que creaba.
Cierro
este acápite venezolano con el mensaje de Guaidó Márquez al régimen chavista de
Venezuela: «Clarito… Voy a regresar», coyunda al
cuello de Maduro Moros y su mafia porque, por angas o por mangas, lo que decida
la dictadura le saltará como dogal.
El ocaso del fujimorismo en Perú
El 26 de enero hubo en Perú la primera convocatoria
electoral: Elecciones congresales extraordinarias que, como consecuencia
de los bloqueos de la mayoría opositora en el Congreso, liderada por Keiko Fujimori Higuchi, derivaron en
unas elecciones legislativas que no estaban programadas. Estas elecciones
extraordinarias son inéditas porque es la primera vez que se elegirá únicamente
para el Congreso y no de manera simultánea al mandatario del país; así mismo,
los congresistas que sean electos sólo ejercerán el mandato un año porque en
2021 tendrán lugar las elecciones generales ordinarias, pues se cumplen los
cinco años de las anteriores y los mandatos deben coincidir; por esa razón, ni en
los políticos ni al electorado despierta mucho interés estos comicios dada la
poca efectividad real que tendrán los mandatos, más allá de haberle solucionado
a Martín Vizcarra Cornejo los conflictos con el legislativo.
Todas las encuestas habían mostrado un amplio número de
indecisos (el 33,2% para IEP y el 17,0% para IPSOS) y de posibles abstenidos
(el 21,6% para IEP y 34,0% para IPSOS) —lamentablemente, hasta hoy (05/02) las
autoridades electorales no han publicado esos datos. El resultado más
significativo de las encuestas de intención de voto —al menos para el
presidente Vizcarra Cornejo— era un significativo declive de Fuerza Popular, la
formación de la Fujimori Higuchi,
que perdía el dominio que ejerció en el actual Congreso: en las anteriores de
2016 logró 73 congresistas de 130, con 36,34% de los votos generales pero las
encuestas le daban en diciembre pasado el 6,8% (IEP) y el 8% (IPSOS); en los
comicios definitivamente alcanzó el 7,24%.
A estas elecciones no se presentó Peruanos Por el Kambio (PPK), el
partido creado para las elecciones de 2016 por Kuczynski Godard y al que
Vizcarra Cornejo fue invitado y elegido su vicepresidente.
En 2019, el partido PPK cambió de nombre a CONTIGO,
desvinculándose completamente de Kuczynski Godard. En las congresales de
este año pasó desapercibido.
Las séptimas
elecciones parlamentarias desde la Constitución de 1993 que estableció la
creación del actual Congreso unicamaral de la República del Perú,
han dado un panorama fragmentado y con cambios significativos: Acción Popular (centroderecha) pasa de tener
la quinta posición en la legislatura 2016 (entre 6 partidos) con 5 congresistas
a convertirse en la primera fuerza ahora en 2020 con 25 nuevos parlamentarios
mientras el fujimorista Fuerza Popular (derecha populista) pasa del primer
lugar entonces como mayoría opositora (73 congresistas) a la tercera representación
ahora (de nueve organizaciones representadas, aunque sexta en votación) con
sólo 15 parlamentarios probables, compartida con el FREPAP.
Entre los resultados interesantes avanzados están que las principales
organizaciones legislativas están entre el centroderecha y la derecha; después
de 20 años, regresa a ocupar espacios el Frente Popular Agrícola del
Perú (FREPAP, derecha-extrema derecha), un partido mesiánico con base
rural; la izquierda se reduce significativamente (Mendoza Frisch no
ocupará escaño y su agrupación —Juntos por el Perú, escisión del Frente Amplio
por Justicia, Vida y Libertad que la llevó de candidata presidencial en 2016— no
rebasó la barrera del 5% de votos: obtuvo 4,77%), y, por primera vez desde su
fundación, el APRA (del suicidado expresidente García Pérez) no estará
representado en el Congreso.
El caso del FREPAP debe entenderse desde tres vertientes: el auge de
las iglesias evangélicas en Latinoamérica y su importancia en política —ejemplo
de ello fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil y los resultados inesperados del
pastor Chi en Bolivia en 2019—, el rechazo a los partidos políticos
establecidos —sean a la izquierda o la derecha del espectro— y el voto rural,
significativo en Perú.
El partido —de corte teocrático— fue fundado en 1989 por Ezequiel Ataucusi Gamonal —considerado
por sus seguidores “la representación de Cristo en la Tierra”— como brazo político de la
ultraconservadora congregación religiosa Asociación Evangélica de la
Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), fundada también por Ataucusi Gamonal en 1968;
actualmente, su hijo Ezequiel
Jonás Ataucusi, lidera el partido. La prédica de los “israelitas” —como
se les conoce en Perú— mezcla el Viejo Testamento y la cosmovisión inca, en la
que Perú representaba la Tierra
Prometida.
Dos elecciones con petróleo
Marzo tendrá dos elecciones muy diferentes: el lunes 2 las
legislativas en Guyana y el viernes 20 la del Secretario General de la OEA.
La República Cooperativa de Guyana es una república
semipresidencialista, donde el Presidente es elegido indirectamente —no por
voto popular directo— por cinco años en la Asamblea Nacional unicameral en
representación del partido ganador en las elecciones legislativas; desde sus
inicios independientes, más que en lo ideológico —los principales partidos se
definen socialdemócratas— la política ha estado condicionada por el tema
étnico, consecuencia de la colonización británica: el Partido Progresista
del Pueblo (PPP) vinculado a los guyaneses de ascendencia india
mientras el Congreso Nacional del Pueblo (PNC) es mayoritario entre
los afrodescendientes.
Venezuela reclama más del 74% de su territorio (Guayana Esequiba) y
Surinam la Región de Tigri (más del 7% del país), por lo que casi el 82% del
territorio guyanés es reclamado por sus vecinos.
La importancia de estas elecciones guyanesas estriba en que
en 2020 el país empezará a explotar sus descubiertas reservas petroleras y se
calcula que tendrá este año un crecimiento del 86% del PIB, el mayor del mundo.
Los retos principales serán lograr aprovechar los nuevos recursos y no caer en
la enfermedad holandesa, prevenir la corrupción —mal endémico en Guyana—,
manejar adecuadamente la segura inmigración —necesaria en profesionales para la
nueva industria pero peligrosa en venezolanos desesperados— y, además,
precautelar el territorio (la zona petrolera está en la Guayana Esequiba).
La otra elección en marzo es para quien ocupará la
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en los próximos
cinco años. La hermenéutica es simple: para ser elegido —o reelegido, en el
caso de Luis Almagro Lemes—, el candidato triunfador necesitará 18 votos entre
los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo
pero no participa en este desde 1962).
El cálculo de 18 votos estriba que la OEA tiene 35 miembros (incluyendo
Cuba que no votaría) y esos votos representan sobre el 50% del total.
Para esta elección, también competirán el embajador de Perú
en EE.UU., Hugo de Zela Martínez,
y María Fernanda Espinosa Garcés, excanciller ecuatoriana con Rafael Correa
Delgado y —por corto tiempo— con su sucesor, Lenín Moreno Garcés.
Inusualmente, Almagro Lemes y Espinosa Garcés se presentan a título individual
y no postulados por sus países —como es habitual— por razones opuestas: Almagro
Lemes ha sido un firme crítico de las dictaduras bolivarianas y eso el gobierno
uruguayo del izquierdista Frente Amplio no se lo ha perdonado —aunque la ascensión
de mando de Luis Alberto Lacalle Pou a la Presidencia posiblemente variará el
voto uruguayo en la OEA—; por el contrario, Espinosa Garcés —la candidata de
Caracas y el Foro de São Paulo— fue cesada por Moreno Garcés debido a sus
posiciones abiertamente correístas por lo que es postulada por Antigua y Barbuda y por San Vicente y
las Granadinas —aliados (interesados) habituales de la dictadura de Maduro
Moros— y probable tenga el apoyo de los países con gobiernos afines al Foro de São
Paulo. Esa dicotomía marcará la votación, donde De Zela Martínez —otra jugada presencial de Vizcarra Cornejo, hábil
equilibrista, para seguir vigente— no tendrá muchas oportunidades, al
menos que hubiera un prolongado empate entre Almagro Lemes y Espinosa Garcés sin
posibilidad de desbloqueo y De Zela Martínez
sea elegido en una votación in extremis tras
el retiro de los empantanados: dificilísimo —porque no lo contempla la Carta de
la Organización— pero no imposible.
Los países que forman la OEA son:
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba (que no participa), Dominica,
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití,
Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía,
Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
De todos ellos, los partidos que
gobiernan en Argentina (aunque oficialmente el justicialismo no pertenece al
Foro, varias organizaciones kirchneristas sí lo son y la tendencia oficialista
es afín), Barbados, Cuba, Dominica, Granada, México, Nicaragua, Panamá,
República Dominicana y Uruguay (con el nuevo gobierno dejará de ser partido
miembro) son miembros del Foro de Sao Paulo. Como la OEA reconoce al gobierno
de transición de Guaidó Márquez, Venezuela no forma parte de ese cálculo.
Asimismo, son dependientes del
petróleo venezolano subsidiado de PETROCARIBE: Antigua y Barbuda, Bahamas,
Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República
Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y
Surinam.
En resumen corto: la continuidad de Almagro Lemes
significará que la izquierda bolivariana cada vez será más combatida, mientras
que Espinosa Garcés —como en los años que José Miguel Insulza Salinas ejerció
la secretaría general, elegido por Hugo Chávez Frías y manejado como su
marioneta— intentará revertir la posición de la Organización y darle un urgente
aire al Foro de São Paulo.
En una primera y subjetiva aproximación,
Espinosa Garcés podría contar con los votos de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá,
San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad
y Tobago, mientras que por Almagro Lemes votarían Belice, Bolivia, Brasil,
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras,
Paraguay, Uruguay y Venezuela (en representación del gobierno encargado de
Guaidó Márquez); el voto de República Dominicana no está identificado. Por la
candidatura de De Zela Martínez sólo votaría Perú, que en una siguiente vuelta muy
posiblemente votaría por Almagro Lemes.
Ni del Primero ni del Tercero: ¿De los dos?
La siguiente cita con las urnas será el 26 de abril en Chile.
En Chile, el único país latinoamericano a las puertas —macroeconómicas—
del Primer Mundo y miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) —México es el otro miembro y Colombia y Costa Rica
postulan— pero que explosionó con violentas protestas sociales —como sucede en el
Tercer Mundo— desde noviembre pasado, tras un amplio pacto de la mayoría
de las fuerzas políticas representadas en el Congreso se acordó realizar un
plebiscito sobre la Constitución —la actual data de 1980 y fue aprobada durante
la dictadura de Pinochet—, en el que los chilenos responderán dos preguntas: si
desean o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla:
mixto de congresales —elegidos entre sus pares— y convencionales —ciudadanos elegidos
por voto directo ciudadano— o sólo convencionales (en ambos casos, se
denominarán Convencionales Constituyentes). Si la respuesta a la primera
pregunta es afirmativa, el 25 de octubre será la elección directa de
constituyentes en la opción mayoritaria de respuesta a la segunda pregunta y la
primera quincena de diciembre —según los plazos anunciados— se instalaría la Convención
que redactaría la nueva Constitución, la que dispondría entre nueve a 12
meses para elaborarla, la que después deberá ser validada por los chilenos en
un Plebiscito Ratificatorio y entraría en efectos en 2021.
En este proceso, diseñado para descongelar las protestas y
dar un nuevo aire democrático al país —ya de por sí, uno de los más legalistas
y transparentes de la Región—, se da por descontado que la ciudadanía apruebe
mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución —«con total libertad y
en plena democracia», como reza la convocatoria— que rija el país las próximas
décadas. (La opción sobre la modalidad de Convencionales Constituyentes es,
según las encuestas, favorable por una convención completamente elegida
expresamente.)
Si bien las protestas que han
sucedido desde noviembre del pasado año han tenido algunas posiciones
rupturistas —que no han abarcado a los sectores mayoritarios de centroizquierda
e izquierda—, estoy convencido que la Constitución que se elaboraría mantendrá
los principios básicos del sistema chileno y los mejorará con una visión actual
y de desarrollo global —quiera Dios sin demagogias populistas.
Importantes cosechas
Para mayo,
Latinoamérica tendrá dos elecciones presidenciales y legislativas, sus últimos procesos
electorales del año —si no hay ballotages—:
Bolivia (domingo 3) y República Dominicana (domingo 17).
Bolivia
Si bien el resto de 2019 y comienzos de 2020 han sido de
difícil gestión para el gobierno de transición constitucional de la presidente
del Estado Plurinacional Jeanine Añez Chávez, las dificultades fueron amainando
—en un proceso inversamente proporcional: descrédito del Movimiento al
Socialismo (MAS) del renunciante y huido expresidente Evo Morales Ayma y
creciente aceptación internacional y ciudadana de la Administración Añez Chávez—
y, además de la pacificación del país y continuidad institucional de la gestión
del Estado —a pesar de saboteos, incluso desde dentro del aparato gubernamental, y algunos gafes de nuevas autoridades—, se convocó
elecciones generales bajo los fundamentos de transparencia y probidad con
nuevos vocales elegidos de acuerdo con los procedimientos constitucionales y
sin el habitual rodillo parlamentario del anterior régimen.
La convocatoria electoral desató la discusión de muchos articulistas y políticos sobre la
conveniencia o la innecesaridad de unificar candidaturas frente al MAS como
meta de urgencia, desde proponer un Frente Único —fenómeno que considero
esencialmente antidemocrático— hasta muy optimistas —y ramplonas— respuestas de
que “en segunda vuelta nos unimos todos”. Y aunque hubo llamados de muchos
sectores —incluida la presidente Añez Chávez— para consensuar candidaturas,
cuando se anunció el cierre de registro de candidaturas la profusión de
opciones ganó: se registraron para competir cinco alianzas y cinco partidos
pero sólo ocho han registrado la postulación de
sus binomios: las alianzas JUNTOS, COMUNIDAD CIUDADANA, LIBRE 21 y CREEMOS y
los partidos Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Acción Democrática
Nacionalista (ADN) —que no participaba independientemente desde las generales
de 2002 (obtuvo el 3,4%) y las constituyentes de 2006 (no obtuvo
representación) y que hasta el viernes anterior CREEMOS lo anunciaba como su
aliado—, Frente Para la Victoria (FPV) y MAS (oficialmente MAS-IPSP).
«Varias
organizaciones políticas estuvieron semanas discutiendo unidad (negociando
inclusive) y se oían y leían llamados de precandidatos a por ello. Al final,
fueron ayes sin convicción más que para provocar a otros a unírseles pero
cuando la presidente Añez Chávez lanzó su precandidatura, se armó el guirigay.» [“El ‘síndrome de la mariposa entrampada’”, La Razón, 27/01/2020]
Estructuralmente, uno de los dos mayores competidores será
la alianza JUNTOS que agrupa, entre otros, al segundo (DEMÓCRATAS) y tercer
(UNIDAD NACIONAL) partidos en tamaño y militancia del país y a dos
organizaciones de importante alcance regional: SOL.BO de La Paz y TODOS de
Tarija —entre otros—, con la presidente Añez
Chávez y el político y empresario Samuel Doria Medina Auza como binomio; el
otro competidor importante es el MAS, con un binomio deslucido formado por los
exministros de Morales Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes. El
gran perdedor, desde ya, es el expresidente Carlos de Mesa Gisbert cuyo soporte
—la alianza COMUNIDAD CIUDADANA— perdió sus principales aliados (SOL.BO y
TODOS) y el apoyo de UNIDAD NACIONAL que tuvo en 2019.
No me queda duda de que, si
hubiera segunda vuelta, sería entre JUNTOS y el MAS pero espero que en primera
se defina no-MAS.
Los intentos de Morales Ayma y
sus seguidores más “duros” —principalmente el corps de cocaleros, los que su
caída deja en la “orfandad” a manos de la lucha antidroga, cada vez más
efectiva en este último trimestre— por crear violencia y por mantener una rigidez
verticalista —sumado a que siguen asilados los elementos más activos en la
embajada paceña de México— le han granjeado el rechazo incluso de muchos de sus
anteriores simpatizantes. Las argucias y subterfugios como la postulación de
Morales Ayma a una senaduría a pesar de residir refugiado en otro país —en realidad, en dos, pues
tiene las de los gobiernos cómplices de México y Argentina— han encontrado la
barrera de la legalidad y sus chicanas —como anunciar su victimización a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, organismo que tantas veces desoyó— no hacen
más que desprestigiarlo.
Una reunión prounidad promovida por el Comité Cívico pro
Santa Cruz reunió a cinco presidenciables: Áñez Chávez (JUNTOS), Jorge Quiroga
Ramírez (Libertad y Democracia: LIBRE 21), De Mesa Gisbert (COMUNIDAD CIUDADANA),
Luis Fernando Camacho Vaca (CREEMOS) y Chi Hyun Chung (FPV) junto con otros
líderes políticos —entre ellos importantes experseguidos por el gobierno del
MAS—, cívicos y empresariales. Los presidenciables que asistieron firmaron un
compromiso nacional por la unidad del pueblo boliviano que, entre otros puntos,
afirma que las organizaciones y alianzas Políticas que logren representación en
la Asamblea Legislativa se comprometerán a lograr un consenso parlamentario con
el fin de asegurar la gobernabilidad del país, realizar sus campañas
electorales en forma pacífica y tolerante de todos los ciudadanos y
transparentar sus recursos (sin hacer uso de los bienes del Estado) y volverse a reunir en dos meses para evaluar
el desarrollo del proceso electoral e identificar a los candidatos que
posiblemente no tengan opciones de representar al pueblo boliviano.
El tema de la dispersión en la
Asamblea Legislativa será fundamental para que el próximo gobierno emprenda tareas
impostergables porque, hasta el momento, aparentemente ninguna fuerza no-MAS
lograría ella sola la mayoría congresal, «peor considerando el sistema d’Hondt utilizado en
Bolivia para distribuir escaños que tiende a favorecer ligeramente a los
partidos con más sufragios, sobre todo a los que ganan en circunscripciones con
votantes escasos (las cuales en Bolivia corresponden a zonas rurales, muchas de
ellas dominadas por el MAS); además del baremo de la barrera electoral que
redistribuye (siguiendo d’Hondt) a otras organizaciones los escaños obtenidos
por aquellas que no logren el 3% nacional». [“Una
vez más: más serán menos”, La Razón, 13/01/2020]
En las elecciones de octubre de 2019
anuladas por fraudulentas, el MTS, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)
—hoy parte de LIBRE 21—, PAN-BOL, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) —hoy
parte de CREEMOS— y FPV quedaron a distancia del 3%, el baremo boliviano para mantener personería
jurídica y representación parlamentaria.
Entre la corrupción y la deuda petrolera
Las últimas elecciones
generales del año para este lado del Atlántico —al menos, hasta ahora, aunque hago votos porque Venezuela libre también
las celebre en 2020— serán las de la República
Dominicana en la que participarán siete agrupaciones, la mayoría
autocalificada de “centroizquierda” socialdemócrata. Entre los aspectos
interesantes de estas elecciones están: el voto joven será fundamental —el 40,3% del electorado tiene
entre 18 y 35 años—; se realizarán bajo nuevas regulaciones para los partidos
políticos y la participación electoral; la posición respecto al combate a la
corrupción —un grave fenómeno de todas las administraciones dominicanas— será
un importante driver para que el
electorado decida su voto, y terciará en éstas Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto
del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina que gobernó el país con puño de
hierro durante más de 30 años. El candidato preferido, según los estudios de
intenciones de voto, sería Luis Abinader Corona por el Partido Revolucionario
Moderno (PRM), un desgaje del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD); sin embargo, los tres principales candidatos: Abidaner,
Gonzalo Castillo Terrero (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) y Leonel
Fernández Reyna —tres veces presidente con el PLD— (ahora con Fuerza del
Pueblo, FP), han estado vinculados —ya sea directamente o a través de sus
organizaciones— con el Foro de São Paulo, comprensible porque sus partidos
“madre” —PLD para Castillo y Fernández y PRD para Abinader— en los períodos que
han gobernado han mantenido República Dominicana con una fuerte dependencia del
petróleo venezolano a través de PETROCARIBE, uno de los instrumentos que ideó
el difunto Chávez Frías para “comprar” adhesiones a sus políticas en la Región,
intercambiando petróleo barato —e incluso gratis— por alinearse con Caracas.
Por ello, aunque los partidos
cambien en el Gobierno y sí puedan realizar avances en corrupción, no se
distanciarán de la dictadura venezolana mientras haya la cornucopia petrolera madurista
—también fuente de gran corrupción en los países beneficiados.
I Catalunya?
Y si en la Parte 1 nos ocupamos de las elecciones de España,
ahora le toca a Cataluña, Catalunya
en català —y sin olvidar a la Madre
Patria, más la Madrastra Pàtria para
muchos catalans.
Sin pecar de historiar, la relación entre Cataluña y España —incluso
antes de que fueran como las conocemos— nunca ha sido, por decirlo en rápido, de
convivencia amorosa y sí una relación azarosa de muchos siglos que se
manifestaría en intentos como la República Catalana de 1641 que pasó el
Principat de Catalunya a Francia, con Pau Claris Casademunt; el Estat Català de
1873 durante la Primera República Española y Francesc Pi i Margall; la República
Catalana en 1931 con Francesc Macià i Lluss; nuevamente en 1934 el Estat
Català dentro de la República Federal Española con Lluís Companys i Jover,
hasta la proclamación de la República de Catalunya en 2017 a través de la
fallida Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña de 2017. Toda
una historia de fueros, economía y catalanismo.
Y saltando el tiempo del Artículo 155 y de las
confrontaciones en un nuevo Parlament, llegamos a hoy con el independentista “ultra”
Joaquim (Quim) Torra i Pla de President de la Generalitat de Catalunya —e
interlocutor de Pedro Sánchez Pérez-Castejón en la cuerda floja sanchista— pero
con su coalición de gobierno rota —el socio “moderado” de gobierno de Torra i
Pla, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), apuesta a vías menos agresivas
con Madrid— y defenestrado como diputat —siguiendo el Parlament la decisión
de la Junta Electoral Central—, anunciado unas nuevas elecciones autonómicas —probablemente
en mayo o, quizás, junio— en las que todas las predicciones dan por ganador a ERC
con un nuevo gobierno que continuaría el proceso soberanista de Cataluña —el procés catalán— bajo la bandera del “derecho
a decidir” —el dret a decidir— con el
objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de
Cataluña de España, un futuro que no es aspirado por todos los
catalanes.
Quizás la idea de una
Tabarnia secesionada de una República de Catalunya y anexada a España
junto con Val d'Aran —o Vall d'Aran en catalán— tendrían mucho de «la soberanía
histórica del Comtat de Barcelona» en la carolingia Gòtia —la Marca
Hispànica. Algo para confundir el discurso del catalanismo “duro”.
Un panorama muy complicado, acentuado porque el débil
gobierno de Sánchez Pérez-Castejón en la coalición del PSOE con Unidas Podemos
necesitan imprescindiblemente del independentismo menos virulento —los votos de
ERC y del Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)— para
legislar y, por ende, gobernar efectivamente.
Un verdadero cachumbambé político. Y un «¡Ave María Purísima!» presto en la boca de muchísimos españoles —creyentes
o no.
¿Cómo llegaremos a
diciembre 2020?
Hubo una época que
Latinoamérica era gobernada por el Foro de São Paulo —las excepciones era
irrisorias y la mayoría pusilánimes frente a lo que identificaban
como “El Monstruo”— y “parecía” que la Revolución Bolivariana de Chávez
Frías iba a quedarse in sæcula sæculorum
en la Región.
(“Parecía no más” porque quien
realmente movía los hilos bolivarianos era Castro el Mayor y su guerra personal
contra “el Imperio”, titeritando a su aprendiz venezolano).
No se cumplió. Chávez
Frías y Castro el Mayor murieron, Maduro Moros —títere payasesco de la
mafia que gobierna Venezuela— ha desgobernado la mayor crisis en la historia de
su país, Ecuador y Bolivia rompieron con el socialismo 21 y Brasil y ahora
Uruguay se despidieron de sus afectos sociatas —Argentina retornó (a medias) a
sus amores bolivarianos pero aún en la incertidumbre de a dónde se colapsará—,
en el panorama regional se desvae el rojo forista…
Y aunque los ramalazos del Foro aún sigan —dígalo la brisita bolivariana— y el Grupo de
Puebla trate de “vender” su fracaso como progre,
ya cantan como en Caminito
«Caminito que el tiempo ha borrado
Que juntos un día nos viste pasar
…
Desde que se fue
Nunca más volvió.»
Por
eso, sólo me queda desearles
鼠年快乐2020！
(Shǔ nián kuàilè 2020!: ¡Feliz Año de la Rata 2020!)
Información consultada
http://www.la-razon.com/nacional/Opositores-compromiso-allanar-conformacion-unidad_0_3305069486.html
https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/balance-de-insight-crime-sobre-los-homicidios-en-2018/
https://es.panampost.com/sabrina-martin/2019/09/23/en-venezuela-92-de-los-homicidios-quedan-impunes/
https://es.wikipedia.org/wiki/Asociación_Evangélica_de_la_Misión_Israelita_del_Nuevo_Pacto_Universal
https://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_Macià
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Cataluña
https://www.infobae.com/america/venezuela/2019/02/03/los-escalofriantes-numeros-de-la-violencia-en-venezuela-mas-de-300-000-asesinados-en-20-anos-de-revolucion-chavista/
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