Cuando Evo Morales Ayma accedió el 22 de enero de 2006 a la Presidencia de la República de Bolivia (que es la denominación oficial incluida en la Constitución de 2009 mientras que las menciones a “Estado Plurinacional” se refieren a Estado Plurinacional Comunitario que no fue aprobada alguna vez como nombre del país en referéndum constitucional), inició el largo período que concluye el 10 de noviembre de 2019 con su renuncia y se refuerza el 12 con el abandono del país rumbo al exilio en México.

Tras una gran palabrería de “democracia” (en contradicción con sus “pseudocoronaciones” falsamente precolombinas en Tiahuanaco en 2006, 2010 y 2015), empieza su recomposición del Poder, que se inicia ese mismo año con la convocatoria a Constituyente —siguiendo los pasos iniciales de Hugo Chávez que Rafael Correa y Daniel Ortega también seguirían— para obtener aprobada en 2009 una Constitución a su medida, aunque inmediatamente la violaría. Sin olvidar la gran importancia del empoderamiento indígena —aunque mucho más discursivo que real—, fracasaron rotundamente la “indigenización” y consecuente “descolonización” del país —en el censo de 2012 sólo el 41% se autoconsideró indígena, a diferencia de 2001 que llegó al 62%, un reflejo del efecto de la falsa “indigenización”—, el denominado “comunitarismo” —otra veleidad del imaginario progre que fracasó cuando desde las inmediaciones al Poder descubrieron los beneficios de la corrupción y del capitalismo feroz— y, a la postre, el clientelismo, sobre todo con la burocracia urbana.

También fracasó el modelo económico, preconizado como “milagroso”. Desde la falsedad de las denominadas “nacionalizaciones” —que en verdad fueron recompras de acciones o propiedad— hasta el promocionado “mercado interno” como fuente de expansión económica y pasando por la apropiación discursiva engañosa de los súper precios del boom de los commodities —“éxito” publicitado machaconamente—, todos los presuntos “éxitos” de gestión fueron verdaderos fracasos: Hoy Bolivia tiene una deuda consolidada mayor que la que tuvo en los períodos anteriores —tanto interna como externa, ésta a niveles superiores a 2005—, las RIN están al nivel más bajo desde 2009 y, en contraparte, la burocracia se multiplicó exponencialmente… algo de lo que el actual ministro de Economía José Luís Parada Rivero ha sido permanente denunciador desde 2006. Tópicos y situaciones que recuerdan Venezuela, Ecuador, Argentina, Nicaragua…, incluyendo el retorno (débil aún comparativamente con Venezuela y Nicaragua y con el Brasil del final de Rousseff) de los pobres recuperados —clase media baja emergente— nuevamente migrando a pobres y míseros.

Ése es el panorama socioeconómico con el que empieza 2016 y que hace crisis a fines de 2019.

Prolegómenos del final anunciado… y el Día de la Mentira

El 21 de febrero de 2016 el oficialismo —con 69% en Senado y 68% en Diputados, aunque los porcentajes a hoy deben haber variado por las renuncias masistas en ambas Cámaras— convocó confiado a la ciudadanía a un referéndum constitucional para modificar el límite de una reelección consecutiva que establecía el artículo 168 de la Constitución, aunque debemos recordar que en 2014 ya se había violado con la repostulación de Morales que hizo interpretar al Tribunal Constitucional Plurinacional que “la repostulación de 2009 no contaba como reelección” porque la elección de 2005 correspondía a otra Constitución —la de 2004— mientras que la de 2009 era “originaria”.

El 51,3% de los ciudadanos que asistieron al referéndum votaron por NO cambiar la Constitución, lo cual fue un durísimo mazazo en las pretensiones del entonces oficialismo y, sobre todo, en el imaginario mesiánico de Morales, construido como versión altiplánica del Bien Amado.

Sin posibilidad inmediata de recular de sus promesas de respetar el referéndum, Morales dijo aceptar y retirarse en 2020 pero sus acólitos empezaron a crear justificaciones y tergiversaciones mediáticas de la voluntad popular que culminaron en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0084/2017 del Tribunal Constitucional Plurinacional emitida el 28/11/2017 que, al “interpretar” la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y establecer que la repostulación indefinida era un derecho “humano” dejó abierta la posibilidad de que el Tribunal Supremo Electoral habilitara la candidatura de Morales, violando el artículo 410 constitucional vigente que establecía la jerarquía de la Constitución sobre los tratados internacionales.

Lo que siguió fue una nueva Ley de Organizaciones Políticas, la N° 1096/2018 del 01/09/2018 que monopolizaba la participación política nacional en los partidos —un retroceso en posibilidades de participación respecto a la derogada Ley N° 1983/1999 de Partidos Políticos— e instituía apresuradas elecciones primarias cerradas presidenciales que sólo tenían el objetivo de justificar el registro del binomio oficialista negado por el referéndum de 2016. Las primarias cerradas —casi diez meses antes de las generales y que analicé en “‘Primarias’ al cohete” (E-lecciones.net, 15/02/2019, lamentablemente borrado con otros en el hackeo del sitio)— no sólo fueron inútiles —dentro de cada sigla sólo había una candidatura— sino contraproducentes para el oficialismo: En la mañana el vicepresidente afirmó que «si vota menos del 50% de nuestros militantes [MAS] nos preocuparíamos», en realidad votó el 35% y más del 10% de éstos votaron nulo o blanco.

En definitiva, quedaron habilitados nueve partidos: el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) y ocho opositores: la Alianza Bolivia Dice NO, Comunidad Ciudadana, Movimiento Tercer Sistema (MTS), Partido Demócrata Cristiano (PDC), Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Partido Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Frente para la Victoria (FpV).

El largo período electoral —empezó el 19 de octubre de 2018 con la convocatoria a elecciones primarias presidenciales, y como ese año no fue bisiesto y las elecciones truchas fueron el 20 de octubre de 2019 el período electoral fue de 366 días— empezó (octubre-noviembre 2018) con las negociaciones de reeditar una versión ampliada de Unidad Demócrata (UD) —la alianza electoral existente desde 2014 entre los partidos DEMÓCRATAS (antes Movimiento Demócrata Social, el segundo mayor del país luego del MAS) y el Frente de Unidad Nacional (UN, el tercero)— con la incorporación del expresidente Carlos de Mesa Gisbert (2003-2005) y sectores que le apoyaban (los que después constituirían Comunidad Ciudadana); la pretendida alianza con De Mesa fracasó y después también se retiró UN, aunque su salida fue ya finalizado el período para romper alianzas y reinscribirse, quedando UN fuera de las elecciones presidencial y legislativas, mientras que DEMÓCRATAS se organizó en la Alianza Bolivia Dice NO con movimientos sociales y llevó de candidato al senador Óscar Ortiz Antelo, Presidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) y Vicepresidente de la Unión Internacional Demócrata (IDU).

Al margen de los cambios de candidatos que fueron sucediendo —“conflicto” agrandado por la subjetividad de muchísimas opiniones— acabadas las primarias, e incluso antes, quedó claro que había dos agrupaciones políticas con más posibilidades —MAS y Comunidad Ciudadana—, una tercera con posibilidades crecientes de ocupar espacios —Bolivia Dice NO— y el resto estaban en plano residual —quizás MTS podía ocupar algún espacio terciario en uno o dos departamentos— y luchando por no bajar del baremo del 3% de los votos válidos para no perder su personería.

Como en toda elección latinoamericana de las últimas décadas que “se precie”, las encuestas fueron un verdadero cachumbambé aunque, es justo reconocerlo, manteniendo los puestos 1-2-3 y pronosticando segunda vuelta —excepto las muy tendenciosas como las del CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica), heredero directo de la desparecida Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y Sociales, origen del partido chavista español PODEMOS, que junto con CELAG después han sido los think thanks de los gobiernos del Foro de São Paulo) y en cuyo Directorio aparecen aún figuras del gobierno Morales—; justo al final, el candidato sustituto a la presidencia por el PDC Chi Hyun Chung —líder de la Iglesia Presbiteriana en Bolivia— consiguió movilizar el voto confesional más conservador, rebajando adherentes a casi todas las candidaturas y ocupando un efímero tercer lugar nacional —efecto golondrina— en los resultados cuestionados de las elecciones.

Las campañas electorales estuvieron signadas por dos elementos: la permanente y excesiva presencia mediática del binomio ilegal de Morales-García con el pretexto de “informar gestión” —algo que siempre fue criticado pero que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que dirigió esas últimas elecciones fue aun más complaciente— de un lado, y del otro la incapacidad de lograr unidad opositora, por las razones explicadas antes y sustentadas en protagonismo personales.

Las dos campañas principales de la oposición —Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice NO, porque la del PDC pasó de inexistente a definitivamente confesional y hasta intolerante, más allá de lo político en lo que fue poco significativa— deambularon desde la crítica al MAS y su modelo —más significativa en Bolivia Dice NO por la experiencia opositora de su abanderado Ortiz que en De Mesa por su cohabitación parcial en el fracasado proceso de Bolivia contra Chile en La Haya— hasta un casi permanente enfrentamiento entre ellos. A la campaña de De Mesa la perjudicaron varios elementos, amén de su poco protagonismo opositor durante el catorceno anterior: la falta de estructura partidaria —el concepto de “comunidad ciudadana” repitió la errada posición de De Mesa entre 2003-2005 de apartarse de siglas partidarias y “gobernar para todos los ciudadanos”, lo que le llevó en 2005 a sus consecutivas renuncias hasta salir de la Presidencia—; judicializar muchas de las críticas y cuestionamientos recibidos, donde el protagonismo estratégico fue consolidado en sus asesores legales más que —supongo— en sus estrategas electorales y devino en acusaciones fracasadas o inconclusas, a lo que se unió la continuada negativa a responder acusaciones —a diferencia de su vicepresidente— bajo el sambenito de “guerra sucia”, además de su poco contacto con electores durante buena parte de la campaña; parte de estos señalamientos mencionados se revierten en la recta final del período precomicial cuando la estrategia de su campaña electoral difundió profusamente el eslogan y exitoso concepto de “voto útil” —entendiendo que los adherentes de los demás opositores querían sacar del Poder al MAS y al que se sumó el apoyo de UN aunque su líder admitió que no estaba de acuerdo con De Mesa ni con su visión de país, «estoy apoyando al que tiene más posibilidades de ganar la elección en la primera o segunda vuelta»— y De Mesa participó en actos convocados masivamente en diferentes lugares del país.

Por su parte, la campaña de Ortiz se basó en el contacto ciudadano por todo el país —esencial para hacerse conocer—, en continuar sus denuncias de la corrupción gubernamental —actividad fiscalizadora que desarrolló permanente y eficazmente como senador— y en diferenciarse de De Mesa —muchas veces confrontacionalmente—, lo que generó un eslogan que lo identificó desde muy pronto: Manos Limpias.

El resto de las campañas pasaron sin muchos sucesos significativos, excepto la de Chi con posiciones confesionales muy conservadoras.

La noche tras los comicios

Tras los comicios del 20 de octubre, los sondeos a boca de urna daban un primer lugar a la candidatura del presidente Morales y un segundo a De Mesa con una diferencia menor del 10% necesario para que el mayoritario —si obtenía 40% o más— se declarara ganador. En esa misma dirección, el conteo rápido del Órgano Electoral Plurinacional —el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)— a las 19:40 con más del 83% de avance, otorgaba a Morales el 45,3% y a Mesa el 38,2%, una diferencia por debajo del baremo para ganar el MAS en primera. Y es en ese momento que no se realizaron más actualizaciones a los resultados preliminares y a las 21:25 Morales —sin sustento de datos oficiales ni de avance— se declaró el ganador de las elecciones. Al día siguiente, a las 19:30 —casi a las 24 horas de suspendido— se reanudó el conteo rápido del TREP que, con el 95,3% de los votos verificados, el MAS de Morales obtuvo el 46,86% de los votos sobre el 36,72% de Comunidad Ciudadana de De Mesa, “superando” los 10 puntos porcentuales necesarios para evitar un segunda vuelta y anunciando un cuarto mandato de Morales. En definitiva, el conteo oficial reafirmó al 100% esa “victoria”.

Lo siguiente es harto conocido. El mismo 20 la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA denuncia el parón y en su Informe Preliminar reconoce irregularidades y recomienda que, más allá de que “oficialmente” se superara el baremo del 10%, se realizara una segunda vuelta electoral entre Morales y De Mesa.

Lo que sigue es conocido: La avalancha de denuncias sustentadas de irregularidades —sólo negadas por las entidades afines al Foro de Sao Paulo como CELAG y sus apoyos en la izquierda norteamericana como el Center for Economic and Policy Research (CEPR)—; el pedido —desesperado— del oficialismo a la OEA de una auditoría técnica de resultados (22/10), aceptado a la brevedad; el inicio de cabildos y, casi inmediato, paros y bloqueos ciudadanos en todo el país (23/10); el paso del pedido ciudadano de segunda vuelta al de anulación de las elecciones —sin el binomio ilegal y, en algunos pedidos, sin De Mesa— y su repetición con un nuevo TSE confiable (27/10), que de ahí pasó al pedido de renuncia de Morales (31/10); la aceptación de Morales de nuevas elecciones (10/11); la desafección de la Policía y la sugerencia —no imposición— de renuncia de Morales por el Alto Mando de las FFAA y su casi inmediata renuncia el mismo 10/11—acompañado con un aluvión de otras autoridades masistas—, su atrincheramiento en el Chapare (09/11, antes de renunciar) y casi inmediato asilo en México (11-12/11, denegado su paso por varios países vecinos), y la asunción de la Presidencia (14/10) por Jeanine Añez Chávez, vicepresidente segunda del Senado y la autoridad correspondiente en prelación constitucional de jerarquía.

Dos escasas semanas después, la crisis de gobernabilidad promovida por sectores continuistas del MAS y aliados venezolanos, cubanos y de las FARC colombianas como el argentino Facundo Molares Schoenfeld (“Camilo”) —incluida la posición de algunos sectores sensacionalistas de la prensa argentina como Mariano García (periodista de TELEFE) y también Rolando Graña (América Noticias) denunciados por la población boliviana como armadores de falsas noticias de violencia, al contrario de la posición de principales líderes mediáticos de opinión como Jorge Lanata y Andrés Oppenheimer— se desinfló, la campaña antiboliviana de Morales quedó demostrada, la capacidad de diálogo de la nueva Administración Añez se reforzaba y la Asamblea Legislativa Plurinacional, con los votos opositores y de los legisladores masistas que no renunciaron —aún mayoría—, consensuaban nuevas elecciones con nuevo Órgano Electoral.

Bolivia retornaba a la normalidad democrática. Sin Evo.

Epílogo positivo para una batalla por la democracia

El epílogo de toda esta historia de fraude y terror —que hubiera sido catastrófica con miles de muertos si las hordas que Morales incitaba desde México tomaban e incendiaban la planta de combustibles de Senkata en El Alto (donde ya habían dinamitado un muro y quemado oficinas y vehículos) como anunciaban que harían— tiene dos vertientes de análisis: dentro de Bolivia y fuera de ella.

Epílogo para Bolivia

«Queridos compatriotas: nadie se rinde, nadie se cansa; estoy muy orgullosa de esta ley […] Bendito sea Dios por este día». [Presidente Jeanine Áñez junto con la Presidente del Senado Mónica Eva Copa en la promulgación de la Ley que viabiliza nuevas Elecciones Generales de 2020.]

La convocatoria a nuevos comicios a través de la recién promulgada Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales —que anula los resultados de las fraudulentas del pasado 20 de octubre volviendo a fojas cero, inhabilita al binomio ilegal (reestableciendo el precedente constitucional de sólo dos períodos consecutivos) e inicia el proceso de selección de nuevas autoridades nacionales y departamentales del Órgano Electoral, iniciado ya con la designación del expresidente del TSE entre 2004-2008 (desplazado por Morales) Salvador Romero Ballivian como vocal designado por la Presidencia— conlleva la pacificación del país como proceso paralelo que el Ejecutivo y los actores sociales han estado negociando exitosamente y, en consecuencia, alarga el mandato de los elegidos en 2014 que no renunciaron y posterga aún sin fecha las elecciones subnacionales —y, por ende, el mandato de las autoridades subnacionales vigentes.

Entre otras consecuencias de esta ley estará la selección y elección por las Asambleas Legislativas correspondientes de personas notables como nuevas autoridades electorales a nivel nacional —seis titulares, uno de ellos nombrado directamente por la Presidente del Estado— y departamentales —45 titulares, al menos uno de ellos proveniente de una nación o pueblo indígena y dos (como mínimo) mujeres; además, uno de los vocales será designado de forma directa por la Presidente Añez—, a los que corresponderá agendar el cronograma electoral.

Por último e igual de fundamental, regulará quiénes participarán en las elecciones nacionales, tanto como binomios presidenciales —sin el binomio ilegal— como candidatos a legisladores bajo todas las condiciones de transparencia e igualdad de oportunidades. En esta nueva elección, el argumento electoral del “voto útil” perderá validez, adicionándose a esto la posibilidad de que participen los nuevos actores políticos surgidos en la confrontación que llevó a la renuncia de Morales y su grupo. Muy importante es el recambio entre los actores principales del MAS: generacional, desligados de la antigua dirigencia prebendalista y corrupta, con intereses distintos, consensuadores y desligados del sindicalismo cocalero. Todos estos nuevos actores se podrán conocer y analizar a partir de que el nuevo TSE convoque a la inscripción de candidaturas.

Lo principal es que en Bolivia se cierra un período que va más allá del catorceno concluido y que se inició, principalmente, durante el mandato constitucional de Hugo Bánzer Suárez y en el que la presión de conflictividad tuvo precisamente a Morales como actor fundamental desde su base en el Chapare, lugar donde se refugió después de su renuncia para “hacer arder al país” pero que, acobardado luego de años de vida fácil —sobre todo después de que entre 2008 y 2009 aplastara la oposición de la Media Luna— se refugió en México y, con la complicidad —pasiva, supuestamente— del gobierno mexicano, intentó continuar sus propósitos terroristas.

Como en muchas ocasiones desde esos años —pero ahora sin sus chupatetillas en derredor, como él mismo los describió—, Morales no entendió lo que pasaba en Bolivia. Como dijo la Presidente Añez, «llega el tiempo de la reconciliación»… pero sin él.

Epílogo para la Región

El miércoles 13 participé en Venezuela —mediante videoconferencia— como uno de los ponentes en el Foro “Elecciones y Lecciones de Bolivia”, invitado por su organizador, mi buen amigo Walter Márquez Rondón, exdiputado a la Asamblea Nacional, historiador y defensor de los DDHH y la democracia.

En el Foro, una de las preguntas principales fue: ¿qué diferencia hay entre la lucha contra el madurismo y la lucha contra el Masismo? Mi respuesta fue por dos elementos diferenciadores: permanencia de la población en las protestas y actitud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Venezuela —he sido y soy un firme defensor del derecho del pueblo venezolano a salir de su dictadura— ha dado muestras de un gran sacrificio con sus protestas con muchísimas víctimas y detenidos; en el caso de Bolivia, el escándalo inocultable del fraude conllevó un paro indefinido en la inmensa mayoría del país —y la pérdida de ingresos para el gobierno, primero, y de gobernabilidad después— que llegó a 21 días —se le identificó como 21 días de Fe en el triunfo, un nuevo 21F—, ampliado horizontalmente a amplios sectores con demandas crecientes que confluyeron en un solo objetivo: acabar con la dictadura prorroguista. El segundo aspecto, la actitud de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, marca una diferencia estructural con Venezuela: en Bolivia, la Policía Nacional, desde el viernes 8 de noviembre se fue sumando paulatinamente a las protestas de los sectores sociales y el mismo 10 —horas antes de la renuncia de Morales— un comunicado del Alto Mando le sugirió que renunciara, una diferencia —hasta el momento— sustancial con la actitud de la cúpula militar venezolana.

Diosdado Cabello Rondón, presidente de la espuria Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela y sindicado de ser cabecilla del Cártel de los Soles —narcotráfico vinculado con la cúpula del régimen—, confirmó las duras acusaciones sobre “la mano roja del chavismo en la ola de desestabilización regional” en ese momento en Ecuador —y posiblemente Perú— y que continuaría en Chile y Colombia cuando afirmó: «La brisa bolivariana que recorre la región se convertirá en huracán». Es cierto que temas pendientes en estos países —corrupción en Perú; fuerte déficit en Ecuador heredado de Correa; éxito macroeconómico en Chile sin ajustes sociales; las consecuencias de décadas de guerra no declarada y la ambigüedad de los acuerdos de paz en Colombia, además de la necesidad reconocida de reformas sociales— han suscitado protestas que ha sido convertidas en violentas confrontaciones —de quienes las provocaban y, no pocas veces, de quienes las reprimían— que pareciera que iban contra sus democracias; sin embargo, sus clases medias —cada vez más importantes numéricamente— están contribuyendo a reconducir las soluciones; el regreso del kirchnerismo —“maquillado”— en Argentina confirma, por excepción, que los fracasos económicos y ambivalencias políticas del macrismo terminaron de socavar sus mismos apoyos —aunque se entienda por muchos que ese retorno es un salto a completar el desastre que dejó la anterior gestión kirchnerista, entendible por la fascinación morbosa que provoca el populismo corrupto y permanentemente fracasado en un país que fuera altamente instruido (y que hace tiempo que dejó de serlo).

Después de 13 años, 9 meses y 19 días de creciente parodia de democracia, una Bolivia sin Evo ni lo que de negativo que el Masismo representó a la postre es un viento mucho más fresco que el promueve Cabello. Como destacó la joven Presidente del Senado Copa: «No podemos ir atrás, hay que armarse de fuerzas e ir adelante».