Estos días, Bolivia ha entrado en una espiral muy peligrosa de definiciones. Está haciéndose por la OEA una auditoría técnica al proceso electoral y emitirá su informe específico; paralelamente, su Misión de Observadores Electorales (MOE) que estuvo en el país dará su Informe Definitivo. Lo paradójico es que el Informe Preliminar de la MOE revelando irregularidades en el proceso y proponiendo soluciones de necesario consenso («concluido el cómputo, [aunque] el margen de diferencia sea superior al 10% […] continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta») fue de común aprobación opositora e internacional y el Gobierno del MAS, presionado en ese momento sobre todo por el impacto exterior, solicitó la auditoría técnica, de la que Comunidad Ciudadana, la agrupación opositora mayoritariamente votada, no participa de la auditoría porque, argumenta, no se respetaron sus observaciones.

El miércoles 23 de octubre comenzó el paro cívico nacional. El día anterior, se había consolidado la Coordinadora en Defensa de la Democracia, que agrupaba a Comunidad Ciudadana, la Alianza Bolivia Dice NO, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) y Comités Cívicos, entre otros; en ese momento, la consigna común era ballotage siguiendo el Informe Preliminar del MOE. Poco después, la unidad alrededor de la segunda vuelta se fracturó, unos a favor de nuevas elecciones y otros (CONADE y líderes de los Comités Cívicos) con la consigna “Ni Evo ni Mesa” y un ultimátum de 48 horas para la salida del actual gobierno (anoche venció); también hubo algunos pedidos opositores de intervención de las FFAA, lo que “justificaría” a sectores afiebrados del gobierno.

Mientras, desde “la otra acera”, la del oficialismo, el MAS llama a sus movimientos sociales a defenderlo (no olvidemos que cerca de la mitad de los sufragantes le votó). Paralelo, circulan miles de falsedades y alarmas, que sólo han enturbiado a la población, no exentos de racismo y xenofobia.

Coincido con Henry Oporto (“¿A dónde conduce la radicalización en la protesta ciudadana?”, Brújula Digital) que sólo un gran acuerdo nacional puede evitar el enfrentamiento fratricida; es la misma posición editorial de El Deber (“El peligro de las posiciones extremas”) y la de Juan Cristóbal Soruco (“Entre democracia y mi democracia”, Los Tiempos).

El eje de la discordia fue el desconocimiento de los resultados vinculantes del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016. A partir de ello, todo lo demás: la sentencia TCP 0084/2017, la LOP (1096/2018), las primarias cerradas (precipitadas un quinquenio sólo para justificar la inscripción del binomio inhabilitado), la imposibilidad de unidad opositora (al margen de responsables), una larguísima campaña electoral (desde la convocatoria a primarias: un año y un día), un permanente favoritismo del Órgano Electoral al oficialismo y, a la postre, su inesperado silencio de 23 horas en dar avances electorales, detonante final de la crisis.

Hoy, más allá de oportunismos extremistas, la legalidad vigente da punteros a Morales y De Mesa. Y éste (favorecido al final de la campaña por una conminatoria estrategia de llamar al “voto útil”) apuesta por nuevas elecciones con renovado Poder Electoral.

Quizás cuando salga publicado este martes, una veintena de horas después de entregado, ya sea “papel mojado” pero es la hora de «llamar a la razón cuando la pasión está tomando cuenta de todos nuestros sentidos», como mencionó Maggy Talavera [“A ponerle razón a la pasión”, El Deber]. Como Soruco decía en su columna, es «el riesgo de que la realidad desmienta lo que se escribe 24 horas antes» pero lo peor es quedarse callado. Dios provea.