Como predijo Ifá: un año de armas tomar. De México a República Dominicana (Parte I)

Ya la Letra de Ifá lo predijo lo predijo para 2018: año convulso, de catástrofes y cambios —en lectura simbólica. Pero no había que mover muchos caracoles y caracolas —conste que éstos no son de algún giro “positivamente correcto”— para saberlo.

Primero calendaré en grosso los próximos procesos electorales, luego iré bajando del Río Grande al Cabo de Hornos y utilizaré la información disponible para caracterizar el hoy ideológico de la Región, para luego recorrer, a grandes trancos, la Nuestra América de José Martí y dejar el que yo pienso, concluyendo con una nueva y predictiva caracterización... al primero de enero de 2019.

Año de muchas y decisivas votaciones

Costa Rica, Colombia, Cuba, Paraguay, Venezuela, México y Brasil —con El Salvador en legislativas/municipales, Perú en municipales/regionales y Ecuador y Guatemala con referendos— votarán este año 2018 en sucesión cronológica —la primera sesión de votación, porque algunas serán más de una vez. Cuando publique este artículo, Costa Rica, Ecuador y El Salvador ya lo habrán hecho y los resultados de todos podrán reconformar el panorama político regional, hacia una tendencia u otra.

Ya el año anterior, Chile —con sus presidenciales y legislativas, éstas dentro de un nuevo sistema de reparto— y Argentina —con sus legislativas de medio término— habían afirmado su opción de centroderecha y Ecuador —con sus presidenciales y legislativas— había dado una, aparente, victoria por la mínima al prorroguismo del socialismo 21 para, al poco tiempo, asombrar al país y la Región con una ruptura entre el nuevo mandatario y su antecesor y la consecuente fractura del partido, llevando al país a un equilibrio de centro-centroizquierda abierto a dialogar con los contrarios. Pero a eso llegaremos.

Dentro de los sociatas 21, durante 2017 hubo dos elecciones más: en Bolivia las judiciales, donde los votos nulos y en blanco fueron aun más mayoritarios que en la primera de 2011, y en Venezuela se “eligió” fraudulentamente una impuesta Asamblea Nacional Constituyente y autoridades municipales y regionales obviando las garantías legales y de participación.

Hay dos temas que han pesado, pesan y pesará muchísimo para entender los procesos electorales: corrupción y prorroguismo.

Corrupción

Latinoamérica ha sido feraz tierra de corruptos, de los disfrazados mesiánicos y de los desembozados.

Y si de ejemplos para iniciar se trata, el gigante Brasil ha tenido de los dos porque los «escándalos de corrupción no son nuevos en Brasil. Tras la redemocratización en 1985, Fernando Collor de Mello, el primero de sus presidentes por vía directa, tuvo que renunciar a los dos años de ser elegido tras descubrírsele un gran esquema de corrupción política [...] y empezarle el Congreso un proceso de impeachment —el primero del ciclo redemocrático—, en una situación de crisis de la economía que provocaba un fuerte rechazo popular». [“Pandora à brasileira”, La Razón, 23/05/2017] ¿Les parece conocido el “argumento?

Color de Mello perdió el gobierno cuando renunció a punto del impeachment, como hiciera Richard Milhous Nixon al borde de otro similar aunque por causas distintas. Él fue el “corrupto desembozado” —en su “descargo”, su PC (Paulo César) Farías fue el “genio”— pero la lista ha sido “generosa” en Brasil: desde el escándalo del que fuera «vicepresidente de la Cámara de Diputados, Fernando Lúcio Giacobo del evangélico [y resultó él un apóstata] Partido de la República, que “ganó la lotería 12 veces seguidas”»hasta que las “maravillas” del lulismo empezaron a sucederse en progresión «desde el Mensalão —compra de votos y adhesiones congresales en 2005 que involucró a varios partidos [...], incluidos del partido de Lula—, la Máfia dos Sanguessugas —compras fraudulentas de mil ambulancias en 2006—, el Mensalão do dem —Operação Caixa de Pandora en 2009— hasta llegar al Lava Jato —el petrolão» —muchos con el mesiánico Luiz Inácio "Lula" da Silva de actor principal— y después, entre otro y con los mismo y otros actores, «empezando por [el presidente nuevo] Michel Temer: la Operação Carne Fraca (Operación Carne Débil) destapó la adulteración y "maquillaje" de carne bovina y aviar en mal estado por [...] BRF y JBS, los dos líderes mundiales» e involucró a Temer en financiaciones partidarias grises.

Luego estarían, entre muchas más, La Línea en Guatemala y las corruptelas de Odebrecht y su “Departamento de Coimas” —un “estilo de hacer negocios” de las grandes constructoras brasileñas [sobre OAS se le puede preguntar a Lula da Silva...]— “negociando” en Argentina (sobornos por 35 millones de dólares con beneficios por 278), Brasil (repartió 349 millones que redituaron 1,9 millardos), Colombia (repartió 11 millones para beneficios sobre 50), Ecuador —además de muchos otros escándalos como el de Esmeraldas— (coimeó 33,5 millones para beneficiarse con más de 116), Guatemala (coimas de 18 millones para obtener 34), México (sobornos de 10,5 millones que redituaron más de 39 millones), Panamá (distribuyó 59 millones para lograr 175), Perú (sobornó con 29 millones y ganó 143), República Dominicana (distribuyó 92 millones para obtener más de 163) y Venezuela (repartió 98 millones y obtuvo 1,4 millardos). Todo un “gran negocio” que la Organização Odebrecht hizo «conciliando exitosamente a los políticos más allá de ellos mismo” porque todo el esquema de corrupción es ejemplo destacadísimo de “democratización de la corrupción” cuando «gobiernos y partidos de izquierda y de derecha aparecieron entre los receptores de 778 millones de dólares en sobornos de Odebrecht entre 2001 y 2016» [“Odebrecht o la peste negra”, La Razón, 14/02/2017].

«El 21 de diciembre de 2016 fue, sin dudas, el peor diciembre posible para muchísimos de los gobiernos latinoamericanos: ese día se conoció la lista negra de los países a cuyos gobiernos y partidos —de izquierda y de derecha— Marcelo Odebrecht y ejecutivos de su Organização habían repartido cientos de millones de dólares —y ganado miles de millones.» [“Samba para derecha e izquierda”, El Deber, 16/12/2017].

La lista de recientes “Primeros Magistrados” latinoamericanos tiene muchos “Primeros Procesados y Encarcelados Por Corrupción” en las últimas tres décadas: Aunque no fue juzgado, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto (centro-centroderecha, 2012-2018) y su esposa estuvieron implicados en el escándalo de la Casa Blanca por presunta coima, además de otras denuncias similares. En Guatemala, Alfonso Portillo Cabrera (democristiano de centro-centroderecha, gobernó 2000-2004), Álvaro Colom Caballeros (socialdemócrata de centroizquierda, 2008-2012) y Otto Pérez Molina (derecha, 2012-2015, el único de ellos destituido en su ejercicio) fueron detenidos y juzgados por corrupción, por ahora salvándose el actual presidente Jimmy Morales (derecha, 2016-2020) de las denuncias que han aparecido. En El Salvador, Francisco Flores Pérez (derecha, 1999-2004) fue condenado mientras que Mauricio Funes Cartagena (izquierda vinculada al socialismo 21, 2009-2014) se escapó de los juicios incoados al asilarse en Nicaragua. En Honduras, la encarcelada fue la esposa del presidente Porfirio Lobo Sosa (derecha, 2010-2014). En Costa Rica, Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002), ambos democristianos de derecha, fueron condenados por corrupción, así como fue acusado José María Figueres Olsen (socialdemócrata, 1994-1998) pero no condenado. Ricardo Martinelli Berrocal (derecha, 2009-2014) espera ser extraditado a Panamá, además de estar involucrados sus hijos. En Haití, Jean-Bertrand Aristide (izquierda-extrema izquierda 1991, 1994-1996, 2001-2004) fue acusado —en medio de la tensa situación del país— de presunta corrupción y delitos contra los derechos ciudadanos y humanos pero nunca fue juzgado. Entre los mandatarios dominicanos, Leonel Fernández Reyna (centroizquierda, 1996-2000, 2004-2008, 2008-2012) fue acusado de muchos actos de corrupción —principalmente de su entorno— pero nunca juzgado y Danilo Medina Sánchez (centroizquierda, 2012-2020) ha sido el presidente más golpeado por el escándalo Odebrecht. En Colombia, Ernesto Samper Pizano (centro, 1994-1998) estuvo acusado —entre otros delitos, incluso ahora aún en investigación— de que su campaña fuera financiada por el narcotráfico pero no fue juzgado; durante el ejercicio de Álvaro Uribe Vélez (derecha, 2002-2006, 2006-2010) éste fue acusado e investigado por delitos de compra de votos congresales, tráfico de influencias y otros relacionados pero fue exonerado en todos —aunque altos funcionarios cercanos a él fueron condenados—; Juan Manuel Santos Calderón (2010-2018) estuvo involucrado en los Paradise Papers —sociedades offshore en Barbados— y en el financiamiento de su campaña de 2014 por Odebrecht pero no ha sido juzgado en esos casos. El venezolano Carlos Andrés Pérez Rodríguez (socialdemócrata, 1974-1979, 1989-1993) fue destituido y no hace falta hablar del enriquecimiento desmedido del clan Chávez y la cúpula bolivariana. En Ecuador, Abdalá Bucaram Ortiz (populista de derecha, 1996-1997) fue destituido y estuvo asilado en Panamá de donde regreso al prescribir las penas por los delitos acusados; Fabián Alarcón Rivera (centroderecha, 1997-1998) y Gustavo Noboa Bejarano (derecha, 2000-2003) ambos estuvieron encarcelados; Jamil Mahuad Witt (derecha, 1998-2000) está prófugo en los EEUU y Rafael Correa Delgado (socialismo 21, 2007-2017) está involucrado en varios juicios por corrupción. Entre los presidentes peruanos, Alberto Fujimori Fujimori (derecha populista, 1990-2000) estuvo preso por corrupción —entre otros delitos— y Ollanta Humala Tasso (centroizquierda, 2011-2016) también lo está preventivamente mientras Alejandro Toledo Manrique (centro, 2001-2006) espera ser extraditado a su país, Alan García Pérez (socialdemócrata, 1985-1990, 2006-2011) tiene varias acusaciones y sindicaciones y Pedro Pablo Kuczynski Godard (derecha, 2016-2021) ya superó un pedido congresal de vacancia por impedimento moral y se enfrentará a otro pronto, todos “unidos” por el affaire Odebrecht. La lista de Bolivia la inicia Jaime Paz Zamora (socialdemocracia, 1989-1993) cuyo gobierno fue acusado de corrupción y supuestos vínculos con el narcotráfico, Hugo Bánzer Suárez (derecha, 1971-1978, 1997-2001) con la familia de su esposa acusada de tráfico de influencias y corrupción, y Evo Morales Ayma (socialismo 21, 2006-2020) acusado de nepotismo y permitir la corrupción [Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Bustamante (centroderecha, 1993-1997, 2002-2003) fue derrocado y salió del país mientras se le ha acusado de masacre y permitir la corrupción]. En Chile, el hijo de la presidente Michelle Bachelet Jeria (socialista, 2006-2010, 2014-2018) y su esposa al comienzo del segundo mandato de su madre protagonizaron un affaire de tráfico de influencias —caso Caval—, algo escandaloso e inusual en el país, proceso que aún sigue en tribunales y afectó la imagen presidencial. De los argentinos, Carlos Saúl Menem Akil (populista de centroderecha, 1989-1999) fue condenado por varios delitos, Fernando De la Rúa Bruno (centro, 1999-2001) estuvo involucrado en varios juicios de los que fue sobreseído, Néstor Kirchner Ostoić (centroizquierda-izquierda cercano al socialismo 21, 2003-2007) fue acusado de diferentes delitos relacionados con la corrupción —sólo o junto con su esposa y sucesora— pero no avanzaron por su repentina muerte y Cristina Fernández Wilhelm de Kirchner​ (populismo vinculado al socialismo 21, 2007-2015) —su viuda— está involucrada en numerosos juicios por corrupción —con sus hijos y colaboradores— y otros delitos. En Paraguay, luego de la redemocratización, Juan Carlos Wasmosy Monti (centroderecha-derecha, 1993-1998) fue acusado en varias ocasiones pero nunca juzgado, Raúl Cubas Grau (centroderecha-derecha, 1998-1999) y Luis Ángel González Macchi (centroderecha-derecha, 1999-2003) fueron juzgados y luego absueltos, Federico Franco Gómez (derecha, 2012-2013) fue acusado reiteradamente pero no ha sido juzgado y Horacio Cartes Jara (centroderecha-derecha, 2013-2018) ha sido acusado de distintos delitos (desfalco, contrabando, narcotráfico) y fue condenado por estafa al Banco Central pero sobreseído luego —aunque familiares y colaboradores empresariales sí fueron condenados [Fernando Lugo Méndez (centroizquierda-socialismo 21 —ambiguamente—, 2008-2012) fue destituido por mala gestión]. El uruguayo Luis Alberto Lacalle de Herrera (derecha, 1990-1995) fue denunciado pero no juzgado. Por último, Brasil tras la redemocratización ha tenido bastantes denuncias de corrupción presidencial: José Sarney (centro, 1985-1990) fue denunciado pero no juzgado, Fernando Collor de Mello (centroderecha-derecha, 1990-1992) fue juzgado políticamente por corrupción y renunció, Luiz Inácio Lula da Silva (izquierda cercana al socialismo 21, 2003-2010) juzgado por delitos relacionados con corrupción y condenado, Dilma da Silva Rousseff (izquierda cercana al socialismo 21, 2011-2016) destituida por mala gestión y denunciada por encubrir corrupción de su partido y Michel Miguel Elias Temer Lulia  (centro, 2016-2018) acusado de corrupción.

Prorroguismos y mesianismos

Una rápida revisión de Nuestra América —como la bautizó José Martí (y Pérez, aunque siempre se la olvida a Dña. Leonor)— nos ubica hoy en una Región donde conviven 56 países y territorios, de ellos 35 que son independientes y 25 que no lo son, administrados éstos de diferentes formas por Dinamarca (1), los EEUU (3), Francia (3), Holanda (6) y Reino Unido (8), los que sólo referiré y no analizaré. De los 35 independientes, todos forman parte de la OEA, aunque Cuba no le ha interesado regresar después de su expulsión en 1962, ya levantada.

De estos 35 países —20 latinoamericanos (ya sea de origen hispano, portugués o francés), 14 anglófonos y 1 neerlandófono (algunos plurilingües)—, 20 son repúblicas que se gobiernan por sistemas presidencialistas —es el sistema que todas las repúblicas independientes adoptaron en el siglo xix cuando se independizaron de España y Portugal, presidencialismo casi monárquico que copiaron de Francia—, 2 son repúblicas semipresidencialista y 2 parlamentarias y 10 son monarquías parlamentaristas en las que su jefe de Estado es la reina británica y ninguno es de origen latinoamericano; el otro —Cuba— es un Estado socialista —aunque ahora definido como del socialismo del siglo xxi, desde comienzos de la década de los 60 era un ejemplo de ortodoxia soviética asaz stalinista (mestizado con algo del “sabor” caribeño)— en el que su Jefe de Estado —el presidente del Consejo de Estado— es elegido por la Asamblea Nacional del único candidato propuesto por el Comité Central del Partido Comunista, sistema mixto que fluctúa entre uno aparentemente parlamentario —por cómo se lo elige— y el presidencialista-centralizado —por férreo control partidario desde el Ejecutivo, único proponente.

A los fines de mi análisis sobre reelecciones y prorroguismos, utilizaré sólo los regímenes presidencialistas latinoamericanos. Dentro de éstos, dos países eligen presidente por 6 años, 9 por 5 y otros 9 lo hacen por 4 años. La duración de los períodos de gobierno no necesariamente influencia mucho en las intenciones de prorrogarse de algunos gobernantes; así vemos que de los dos únicos países que tienen períodos presidenciales de seis años —México y Venezuela—, uno de ellos no tiene ninguna opción de reelección —México— mientras el otro —Venezuela— tiene establecida la reelección indefinida. Cosas de la democracia y, sobre todo, de su falta.

Cuatro países no aceptan ninguna reelección, cinco la tienen inmediata —dos con la opción de otro período discontinuo—, otros siete optan por la reelección no inmediata —o discontinua— y cuatro la establecen sin límite —tres de éstos bolivarianos. En Honduras en 2016 se aprobó tras una “interpretación constitucional” —la misma modalidad utilizada por Nicaragua y Bolivia, porque Hugo Chávez Frías no tuvo que “interpretar” en Venezuela su Constitución de 1999 porque la Asamblea Nacional (compuesta sólo de oficialistas tras el boicot opositor a las elecciones de 2005) aprobó una enmienda constitucional tal en 2009— que refrendó el Congreso de mayoría oficialista con el antecedente que un presidente anterior —Manuel Zelaya Rosales— fue destituido abruptamente en 2009 por sólo proponerlo —entonces aducidos legalistas y constitucionales pero actualmente, tras la “interpretación” actual, con fuertes visos de interrupción arbitraria; por su parte, «en Bolivia [...] sería su cuarta postulación [del actual presidente Evo Morales Ayma]—[...] la rerererepostulación —tras 2005, 2009, 2014— “interpretada” [...] libérrimamente [por el cooptado Tribunal Constitucional Plurinacional] la Convención Americana sobre Derechos Humanos —o Pacto de San José de Costa Rica— de 1978» [“Gobiernos y reelecciones en Nuestra América”, La Razón, 05/12/2017] mientras gran parte de la población presiona para que se respeten los resultados del referéndum del 21/02/2017 —conocido como el 21F— que la descartó. La consulta popular y referéndum de febrero —por lo visto, mes fatal para el prorroguismo en el socialismo 21— de este año en Ecuador eliminó esa posibilidad que en 2016 modificó su Constitución de 2008 que sólo permitía una relección continua, ahora nuevamente vigente esa modalidad.

Un análisis de las razones que llevaron a establecer la no reelección en los cuatro países latinoamericanos que la incorporaron a sus Constituciones —Colombia, Guatemala, México y Paraguay— nos demuestras en tres de ellos la razón fundamental fue la memoria de largos gobiernos dictatoriales —México (éste desde su Revolución contra Porfirio Díaz Mori que gobernó durante 35 años, incorporando esa prohibición desde su Constitución de 1917), Guatemala y Paraguay— mientras que en Colombia fue la forma por la que el presidente Santos Calderón bloqueó el retorno a la presidencia de su antecesor y exmentor Álvaro Uribe Vélez.

Desde Los Algodones hasta la península de Brunswick

El que desde el 8 de febrero y actualizado hasta el 11 de marzo sea cuando me siento a avanzar lo que he ido alargando por muchas razones —entre ellas, el lanzamiento de mi nuevo libro Auge y caída el socialismo del siglo xxi— e incumpliendo lo prometido a mis amigos editores de E-lecciones.net, sin embargo me da la ventaja al poder ubicar con justeza a Ecuador en este mapa. Valga una por otra.

La acelerada desacreditación de las clases políticas en la Región —ineficiencia y corrupción— marcarán el panorama electoral de este año junto con un progresivo reacomodo político iniciado en 2015 —«En la actualidad los gobiernos del Alba son Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua; y sólo El Salvador le apoya, el Foro de São Paulo ya no gobierna en Argentina ni en Brasil» [“Se acerca el fin de ciclo”, La Razón, 29/08/2017]—, marcado tanto por factores endógenos como exógenos —incidiendo con mucho los precios de los commodities— y luego de vivir una larga década las políticas bolivarianas —vinculadas a las iraníes— que, a falta de una Guerra Fría que había finalizado —hoy diría “aparente y temporalmente”—, enarbolaron una Guerra Tibia “antiimperialista”. Aunque no el único suceso incidente, la corrupción generalizada y descarada que, para los gobiernos de la Región (Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela), explotó con las investigaciones y revelaciones compensadas de la Operação Lava Jato, fueron demoledoras: la difusión de las «corruptelas de la Organização Odebrecht y su filial petroquímica Braskem es ejemplo destacadísimo de “democratización de la corrupción”: gobiernos y partidos de izquierda y de derecha aparecieron entre los receptores de 778 millones de dólares en sobornos de Odebrecht» y para sus involucrados será «como la peste negra que azotó Europa en el siglo xiv» y para la clase política, «A canção de Marcelo [Odebrecht] sonará como trompetas de Jericó con ellos dentro». [“Odebrecht o la peste negra”, La Razón, 14/02/2017]

Una revisión país por país permitirá mejores conclusiones al final de ella.

México

Este año, el primer día de julio México se encontrará ante la repetición de dos fenómenos electorales de su pasado reciente: por una parte, el enfrentamiento abrupto entre el izquierdismo populista —demagógico—, representado por Andrés Manuel López Obrador y las políticas de mercado —con aspectos sociales— de sus eternos contrarios: el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN, centroderecha-derecha). El otro fenómeno es que —como en 2000— el PRI tiene la alta probabilidad de perder el poder, ardua y dolorosamente reconquistado en 2012 tras dos sexenios de estar desplazado por el PAN, lo que lo hará progresar más en su declive.

López Obrador —conocido como el Peje—, un político que pasó del Partido Revolucionario Institucional (PRI, centro-centroderecha) al de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda) y de éste a su Movimiento Regeneración Nacional (MORENA, izquierda populista), concurre por tercera vez seguida a las presidenciales ahora con la coalición Juntos Haremos Historia —formada por MORENA, el Partido del Trabajo (PT, sociata del siglo 21) y el Partido Encuentro Social (PES, centroderecha-derecha), un pastiche realmente heterogéneo pero que a nadie asombra porque ya hemos tenido diversos en Latinoamérica, como la Alianza Patriótica para el Cambio que llevó a Fernando Lugo Méndez a presidir en Paraguay en 2008, juntando una amplia gama de minoritarios partidos y movimientos de izquierda y extrema izquierda con el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, de centroderecha)— para enfrentarse con los partidos que le vencieron: el PAN en 2006 y el PRI en 2012.

Aunque el proyecto de MORENA se ha moderado en la alianza con el PES, es muy probable que en estas elecciones definitivamente suceda como en las dos anteriores: un despegue y desarrollo fulgurantes de López Obrador, punteando para ganar, y terminar perdiendo: en 2006 por la mínima (-0,60%) contra Felipe Calderón Hinojosa (PAN) y en 2012 con más desgaste (-6,63%) frente a un candidato flojo —y un partido desesperado de regresar al poder para frenar su desbande— como fue Enrique Peña Nieto (PRI). Ahora, de perder, sería su final como actor político y la implosión de MORENA, creada por él y para él.

En resumen, México se debate entre el populismo de MORENA, el fracasado continuismo del PRI o la propuesta —desde la centroizquierda a la derecha— de la alianza PAN-PRD con Ricardo Anaya Cortés y ésta será la que, a fin de cuentas y en mi pronóstico, probablemente vencería el 01/07.

Guatemala

«El pescado se pudre desde la cabeza.»

En muchas culturas (china, italiana, anglosajona...) aparece destacado este proverbio pero es en Guatemala —antes incluso de Lava Jato y el tsunami Odebrecht— donde podría ha podido reclamar carta de ciudadanía.

El anterior presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidente Roxana Baldetti Elías, ambos del conservador Partido Patriota —vinculado a violaciones de derechos humanos durante la represión anterior a los Acuerdos de Paz de 1996— fueron culpados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de las NNUU de estar involucrados en un caso de corrupción en las aduanas nacionales —el Caso de La Línea— y están en prisión preventiva por corrupción, cárcel que Pérez Molina ahora comparte con su antecesor Álvaro Colom Caballeros —junto con nueve de los antiguos ministros de éste acusados de malversación de fondos, fraude y peculado, gracias también al trabajo de la CIGIC con las autoridades; a los casos de ambos se sumaba el del también expresidente Alfonso Portillo Cabrera por malversación y lavado de dinero, causa de su extradición a los EEUU y prisión.

Con esos antecedentes y dentro de un amplio rechazo popular a la clase política, en 2016 ascendió a la presidencia el outsider, showman y empresario del espectáculo Jimmy Morales —originalmente llamado James Morales Cabrera— abanderándose contra la corrupción y por la transparencia. No obstante, la CICIG y la Fiscalía lo han investigado por financiamiento ilegal y corrupción, delitos que han llevado a la cárcel al hermano y uno de los hijos de Morales junto con el de fraude y provocado grandes manifestaciones en 2017 y el enfrentamiento del presidente con la CICIG. El año 2017 lo terminó con 90% de desaprobación.

Las próximas elecciones generales serán en junio de 2019 pero el próximo 18/03 los guatemaltecos someterán a referéndum si somete la histórica disputa territorial que tiene con Belice desde el siglo xix a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ésta determine la frontera entre ambos países —algo que harán ambos países por el acuerdo especial firmado en 2008 para dotar de aceptación popular la decisión de someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Al menos, el descubrimiento de decenas de miles de edificaciones mayas —incluyendo tumbas, palacios y pirámides— ocultos durante siglos dentro de la selva del Petén y que reescribirán la historia de Nuestra América han dado una alegría muy necesaria a los guatemaltecos.

Honduras

«[...] y el reto catracho: la forzada anulación de la prohibición constitucional al presidente en ejercicio de postularse para un nuevo periodo consecutivo por la Corte Suprema de Justicia —la misma que en 2009 había destituido expeditamente a Manuel Zelaya Rosales, acusándolo de traición a la Patria, entre otros delitos, por pretender consultar en plebiscito la realización de una Constituyente que promovería la posibilidad de la reelección— permitió al presidente Juan Orlando Hernández Alvarado postularse y reelegirse en unas muy cuestionadas elecciones, las que la OEA pidió repetir y el gobierno desechó hacerlo». [“De lo que acaba y de lo que aún no empieza”, E-lecciones.net, 05/01/2018]

Así culminaba en 2016 lo que un año antes viabilizó su Sala de lo Constitucional al declarar inconstitucional el artículo 239 de la Constitución vigente de 1982 —a pesar de que el artículo 374 de la misma Constitución prohíbe reformar por cualquier medio los artículos concernientes a la prohibición (base de los argumentos aducidos en 2009: «No podrán reformarse, en ningún caso, [...] los artículos constitucionales que se refieren [...] a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la Republica, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título» [https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_de_Honduras.pdf, que reproduzco corrigiendo el .pdf])— y muy poco después el Congreso hondureño lo allanaba al rechazar —con los votos de 70 parlamentarios oficialistas de los 128 diputados— la posibilidad de un plebiscito sobre este asunto: la “legalización” por un gobierno de derecha —el Partido Nacional con Hernández Alvarado— de lo que otros en la centro-centroderecha —el Partido Liberal con Zelaya Rosales pero con avances a la centroizquierda en su gestión— no pudo iniciar. De esa forma, Hernández Alvarado tenía el camino expedito para terciar en las elecciones de noviembre de 2017 bajo el argumento de que «el fallo supone el avance del país como ‘una democracia’ y que se ‘debe respetar’ [porque la] reelección es algo que le tocará ‘decidir al pueblo’» [“Honduras modifica Constitución y revive reelección presidencial”, La Nación, 25/04/2015].

Para las elecciones, tres partidos realizaron elecciones internas: Nacional, Liberal y Libertad y Refundación (LIBRE) —fundado por Zelaya Rosales a su regreso del exilio en 2011—, eligiendo como candidatos a Hernández Alvarado, Luis Orlando Zelaya Medrano y Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya —esposa de Zelaya Rosales—, respectivamente. En avance de las elecciones, LIBRE se unió con otros dos partidos —el socialdemócrata Innovación y Unidad Social Demócrata e importantes sectores del centroderechista Anti Corrupción (PAC)— para formar la Alianza de Oposición contra la Dictadura y llevar de candidato de consenso a Salvador Nasralla Salum del PAC.

La conclusión de las elecciones siguió un libreto muy similar a las clásicas dictaduras latinoamericanas de la Guerra Fría —guion heredado por quienes debieron (y proclamaron como profesión de fe) ser su antítesis: los gobiernos sociatas 21—: una inicial amplia mayoría opositora que se revierte a favor del oficialismo tras la “caída del sistema” de conteo de votos durante 36 horas de apagón informático sin conteo por parte del ente encargado —el Tribunal Supremo Electoral (TSE)— que conllevaron la crítica al proceso electoral por organizaciones de la región —encabezadas por la OEA, con un informe de observación electoral muy crítico y el pedido de reconvocatoria del proceso con salvaguardas más seguras— y el desconocimiento del TSE, denuncia de fraude y llamado a resistencia pacífica por la Alianza de Oposición.

«Como ya fue informado por la MOE [Misión de Observación Electoral], el proceso electoral estuvo caracterizado por irregularidades y deficiencias cuya entidad permite calificarlo como de muy baja calidad técnica y carente de integridad.

Intrusiones humanas deliberadas en el sistema informático, eliminación intencional de rastros digitales, imposibilidad de conocer el número de oportunidades en que el sistema fue vulnerado, valijas de votos abiertas o sin actas, improbabilidad estadística extrema respecto a los niveles de participación dentro del mismo departamento, papeletas de voto en estado de reciente impresión e irregularidades adicionales, sumadas a la estrecha diferencia de votos entre los dos candidatos más votados [50.446], hacen imposible determinar con la necesaria certeza al ganador.   

[...] Por todo lo explicado, y ante la imposibilidad de determinar un ganador, el único camino posible para que el vencedor sea el pueblo de Honduras es un nuevo llamado a elecciones generales, dentro del marco del más estricto respeto al Estado de Derecho, con las garantías de un TSE que goce de la capacidad técnica y de la confianza de la ciudadanía y los partidos políticos.» [Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre las elecciones en Honduras, 17/12/2017.]

El 17 de diciembre, 21 días después de realizadas las elecciones, el TSE proclamó vencedor a Hernández Alvarado y dio por terminado el proceso. La represión de las protestas había dado un saldo hasta fines de enero de 34 personas muertas en un país líder en homicidios —en 2013 sólo superado en la región por El Salvador (75,17 Honduras por cada 100.000 habitantes versus 314,13 El Salvador, NNUU) pero para 2016 se había invertido: 63,2 El Salvador vs. 85,7 Honduras, ahora líder mundial (OMS) aunque al año siguiente (2017) Honduras había descendido a 42,8, por detrás de Venezuela, El Salvador y Jamaica (InSight Crime).

El Salvador

El 4 de marzo fue el turno de El Salvador con unas elecciones parlamentarias y regionales que servirían de antesala a las presidenciales del próximo año, en las que, en definitiva, se decidirá la continuidad o no en el poder del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), el partido heredero de la guerrilla homónima que en 1992 firmó los Acuerdos de Paz de Chapultepec que dieron fin al desangre que sufría el país desde 1980 y que había llegado a un empate catastrófico —la frase preferida del vicepresidente boliviano Álvaro García Linera para referirse en 2008 al statu quo insoluble (entonces) entre la oposición y el oficialismo en su país— entre los contendores al que sólo una negociación sincera y consciente de que no podía haber ganadores podía solucionar. Desde entonces, el grueso de la vida política en El Salvador —como antes los enfrentamientos militares— se ha debatido entre dos partidos antagónicos: el derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), del presidente firmante de los Acuerdos Alfredo Cristiani Burkard y al que desde 1994 —ya con el FMLN participando como partido en la vida política— le siguieron otros tres períodos de gobiernos de ARENA, seguido del FMLN que gobierna desde 2009 y que concluirá su segundo período en 2019.

La importancia de estos comicios era que tanto los comicios regionales —para alcaldes y concejos municipales, al momento de las elecciones mayoritarios para ARENA— como legislativos —ARENA recuperó en 2012 y reafirmó en 2015 la mayoría parlamentaria que había perdido en 2000, dando la paradoja que las últimas gestiones presidenciales de ARENA gobernaron con minoría parlamentaria (aunque, en la práctica, aparte del FMLN, el resto de los principales partidos de la Asamblea Nacional: Demócrata Cristiano de El Salvador (PDC) y Concertación Nacional (PCN) [la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) surgió posterior como escisión de ARENA] son de ideológicamente afines con ARENA, lo que da una amplia mayoría conservadora de 56 diputados de 84 en total) y gobiernos del FMLN también estuvieron en minoría— pudieran reafirmar y potenciar el desgaste de la política proclive al socialismo 21 con la que el FMLN ha gobernado al país —en éstas legislativas de 31 legisladores cayó a 23 y de gobernar 86 municipios bajó a 64 y obtuvo poco más de la mitad de los votos que ARENA (475 mil vs.823 mil)— y el desapego con esas políticas de amplios sectores de la sociedad salvadoreña, a la vez que visibilizan el equilibrio político con el que tendrá que gobernar el sucesor del actual presidente Salvador Sánchez Cerén a partir de 2019 —y los dos últimos años de la actual administración. (Como dato paradójico que demuestra que las prebendas no son seguridad de votos, el FMLN perdió las elecciones municipales en los diez lugares donde realizó los últimos Festivales del Buen Vivir, un evento de la Presidencia en el que se regalan instrumentos musicales, computadoras y otros equipos a las instituciones, y que sirven para publicitar al presidente frentista Salvador Sánchez Cerén, algo parecido al Programa “Evo Cumple” de Bolivia.)

El gobierno del FMLN, como otros gobiernos afines a la corriente bolivariana y el socialismo 21 —aunque El Salvador, como Argentina y Brasil en su momento, no pertenece a la ALBA-TCP—, aplicó una economía ideologizada apoyado en el boom de los petrodólares del chavismo, uniéndose al alineamiento —y progresivo aislamiento— regional con la narcodictadura porque «el excedente venezolano les servía para cubrir sus necesidades y tener todavía un respaldo económico con el cual mantener [...] el prebendalismo que generaba el clientelismo poderoso que votaba por ellos» [“Estamos frente al ocaso del socialismo del siglo XXI”, entrevista en El Deber, 21/01/2018]. En consecuencia, al gobierno frentista se le da la grave disyuntiva de que, con mucho menos aporte del actual régimen de Venezuela —ya sean transferencias directas o, la más amplia, a través de beneficios por PETROCARIBE—, o reducen subsidios y transferencias a la población —y pierden apoyo para las elecciones— o los mantienen en ritmo similar mientras queden opciones de préstamos y empréstitos —como hizo Venezuela en demasía y también Ecuador y Bolivia tras la reducción de ingresos extraordinarios— pero es un suicidio a corto plazo, algo de lo que ya han empezado a conocer.

Los resultados confirmaron la «tendencia al descalabro del izquierdista FMLN gobernante» que adelanté en “Un año clave para definir rumbos en Latinoamérica” [El Deber, 25/02/2018].

Los resultados acercan mucho el panorama electoral del FMLN a la de su primera participación comicial en 1994 (2 diputados) y reafirman la tendencia ascendente de ARENA —mejor ubicada hoy en la derecha-centroderecha— con 14 asambleístas más (37) que su contrincante (23) —en 1994 la diferencia era de 18, aunque los 21 del FMLN ese año fueron un éxito significativo partiendo por primera vez y frente a la maquinaria partidaria y de gobierno de ARENA, ahora en manos del FMLN. Aun más este crecimiento —y distanciamiento mutuo— se confirma en los gobiernos municipales en los que, si bien ARENA nunca perdió de gobernar la mayoría de los 262 municipios, actualmente gobierna más del doble (135) de los que lo son por el FMLN (64), incluyendo haberle ganado la Alcaldía de San Salvador al FMLN —partido que la gobernó entre 1997 a 2009 y de 2015 hasta ahora y la que cuenta con más recursos y visibilidad en el país, antesala presidencial—, con Ernesto Muyshondt García Prieto, quien podrá con ello tener plataforma para dar el salto más adelante a la presidencia.

Este verdadero descalabro del gobernante FMLN sociata 21, sumado a resultados indicadores como la satisfacción ciudadana con la democracia (El Salvador: 15%, promedio regional 30%) —lo cual no excluye el apoyo a un sistema democrático, que en El Salvador es de 60% (70% para la región)—, la insatisfacción con la forma que se gobierna, presuntamente “para todo el pueblo” (El Salvador: 12%, promedio regional 21%), la confianza en el gobierno (El Salvador: 17%, promedio regional 36%)  [todos éstos Latinbarómetro 2017] y la creciente percepción de la corrupción (Índice de Percepción de la Corrupción [IPC] El Salvador: 33 [0, máxima percepción de corrupción; 100, mínima o ninguna], posición 112 [de 180 países], promedio regional 36,9%) [Corruption Perceptions Index 2017, Transparency International], da un panorama muy poco alentador para las aspiraciones reeleccionistas del FMLN para 2019 —que, a hoy, defino como totalmente fracasadas.

Probablemente el siguiente cuadro aclare más la percepción ciudadana de la corrupción creciente en el país —tendencia compartida con el resto de los países socialistas del siglo 21— comparando la evolución de su IPC (2017: 33; 2016: 36; 2015: 39; 2014: 39; 2013: 38; 2012: 38; promedio 34) con las evoluciones de los de Nueva Zelanda (89-90-88-91-91-90 para 90 de promedio, el de los más altos IPCs, por ende el país de menor percepción de corrupción), Canadá (82-82-83-81-81-84 para promediar 82, el mejor percibido en las Américas), Uruguay (70-71-74-73-73-72 con promedio de 72, el de mayor IPC en Latinoamérica), Venezuela (18-17-17-19-20-19 con promedio 18, el peor percibido en todas las Américas y, por ende, en Latinoamérica) y Somalia (9-10-8-8-8-8 para promediar 9, el percibido como campeón mundial de la corrupción).

Un análisis fijado sobre el fenómeno de la corrupción sistémica —que en mi libro Auge y caída del socialismo del siglo xxi ocupa un importante espacio de diagnóstico y reflexión— dentro de los sociatas 21 comprueba que la percepción ciudadana dentro de esos países sobre el nivel de corrupción —público (institucionalizado) y privado— es alto en Cuba —47-47-47-46-46-48 con promedio de 47, valores medio-altos, posiblemente provocados por la falta de libertad de información— y muy alto en el resto: aparte de El Salvador —el mejor percibido del resto, aunque esa “mejor” percepción sea por lo muy mal percibidos que están los del resto—, los IPCs de Bolivia son 33-33-34-35-34-34 (promedio 34), de Ecuador —recordando que se refiere al año de transición (mayo) y hereda gran parte del lastre corrupto de la anterior gestión— son 32-31-32-33-35-32 (promedio 33), Nicaragua con 26-26-27-28-28-29 (promedio 27) y los ya conocidos de Venezuela: 18-17-17-19-20-19 (promedio 18).

Por último, y sobre las influencias de las revelaciones del escándalo Lava Jato y de las corruptelas en la región de la Organização Odebrecht, dentro de los países del socialismo 21 aumentan significativamente las percepciones de manejos ilegales y no éticos. Es así, que el promedio de IPCs de este grupo de países —excluyendo a Cuba, por razones obvias— durante 2016 y 2017 desciende respecto a los años anteriores del período 2012-2017: 2012, 30; 2013: 29; 2014: 29; 2015: 28; 2016: 27 y 2017: 27.                                                     

En conclusión, los resultados electorales a hoy marcan con tendencia firme las opciones para el regreso de ARENA a la Primera Magistratura en 2019, reforzando la contracción y progresiva desaparición del bloque formado alrededor de la distopía que ha sido el socialismo del siglo 21.

Nota: He dedicado más insumos de análisis a evaluar El Salvador por dos razones: la primera, porque el fracaso del FMLN como gobierno y el regreso de ARENA al poder no significa que el martirio de miles de hombres y mujeres —la mayoría salvadoreños pero también de otras latitudes— fue inútil sino que El Salvador es hoy un país mejor humanamente y más conciliador, donde los antagonistas de ayer pueden sentarse a discutir, desde sus principios excluyentes, por el país y donde los ciudadanos entienden que el camino al antagonismo y el totalitarismo es una solución siempre fracasada; de ello, el Beato —pronto Santo— Óscar Arnulfo Romero y Galdámez  puede estar tranquilo. La otra razón es que, con el cada vez menor espacio de poder del FMLN, la caída del socialismo 21 tiene más cerca fecha de caducidad.

Nicaragua

La larga dictadura de la Familia Somoza (1937-1979) terminó con el derrocamiento popular del dictador Anastasio Somoza Debayle liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y la toma del poder por la Junta de Reconstrucción Nacional. En 1985, Daniel Ortega Saavedra, quien presidía la Junta, ganó las primeras elecciones democráticas en el país desde 1932; tras un período muy conflictivo —hiperinflación, guerra interna, avance en crear un sistema estilo Castro—, pierde las elecciones de 1990 y su partido, el FSLN, sale del gobierno con cada vez más graves fracturas y en medio de un amplio proceso de corrupción que se conoció como “La Piñata”. En 2006, Ortega Saavedra regresa democráticamente a la presidencia con el FSLN y empieza un proceso de cooptación de poderes —la “receta” del socialismo 21 a la que se adscribió— que le permitió en 2011 repostularse tras la interpretación del artículo 147 de la Constitución por parte de la Corte Suprema y ser reelegido —con observaciones al desempeño imparcial del Consejo Supremo Electoral— para desde entonces afianzar su “Revolución Cristiana, Socialista y Solidaria” [sic] que preconiza Rosario Murillo Zambrana —su esposa, poetisa y artífica del acercamiento entre el sandinismo y la jerarquía católica, distanciados en la etapa antes de 1990— para volver a presentarse en 2016 con su esposa Rosario de vice —como hizo Juan Domingo Perón Sosa; decisión cuestionada por sectores del partido porque la candidatura no respetaba el liderazgo histórico del FSLN— tras una “interpretación constitucional” en 2014 y ganándolas, después de que el Consejo Supremo Electoral expulsara de sus curules a 28 diputados opositores valiéndose de argucias procedimentales, confirmando el sesgo autoritario del gobierno del FSLN.

No obstante que las abultadísimas victorias electorales del FSLN tienen un fuerte tufo a manipulación —ya por fraude (porque no admitió observadores internacionales independientes) o por coerción (porque hizo quitar la representación del Partido Liberal Independiente al grupo que en las anteriores generales se ubicó en segundo lugar)— y que la corrupción es vertical —continuación de “La Piñata”—, en la realidad el gobierno tiene un buen soporte electoral porque con el apoyo de los petrodólares venezolanos —base de la socialis pace de la neoRevolución Sandinista— ha implementado políticas públicas incentivadoras y redistributivas, ampliando el potencial productivo del país, energías renovables e infraestructuras, lo que ha permitido crecimientos sostenibles del PIB acompañados de paz social y aprovechando el discurso político sobre los errores de las anteriores administraciones y la guerra civil de la década de los ochenta enfrentando la contra.

En Auge y caída del socialismo del siglo xxi menciono que: «Al final de los hechos, Ortega Saavedra fue reelegido presidente sin verdadera oposición —porque la excluyó— y haciendo dinastía también —con su esposa de vice— pero temblando de la crisis que se avecina sin Venezuela que sostenga la economía nicaragüense y con la Nicaraguan Investment Conditionality H.R. 5708 —la Nica Act— como espada de Damocles de los EEUU bloqueando la aprobación de préstamos multilaterales al gobierno antidemocrático de Ortega Saavedra.» Vale como pronóstico.

Junto con Bolivia y Cuba —sus socios en la ALBA-TCP—, El Salvador —su aliado ideológico— y algunos —cada vez más escasos— países caribeños dependientes de PETROCARIBE, Nicaragua es de los últimos aliados del madurismo, consciente que la caída del régimen venezolano conllevará la suya.

Costa Rica

El 4 de febrero de 2018, los costarricenses fueron a las urnas para elegir al presidente de la República, sus vicepresidentes —se eligen dos por plancha— y los 57 diputados del Congreso. Los poco más de 3 millones de votantes elegían entre 13 candidaturas que representaban un amplio arco político partidario, desde el socialdemócrata Liberación Nacional (PLN) y la democristiana Unidad Social Cristiana (PUSC) —del que para estas elecciones se desgajaba el Republicano Social Cristiano (PRSC)— que habían marcado casi toda la vida política de Costa Rica desde la Revolución de 1948 —el PUSC, perdedor en ella, gobernó desde antes— y que habían producido dos dinastías políticas ticas: los Figueres (José Figueres Ferrer: presidente en 1948-1949 [de facto], 1953-1958 y 1970-1974, y su hijo José María Figueres Olsen: 1994 a 1998) y los Calderón (Rafael Ángel Calderón Guardia: 1940-1944 y su hijo Rafael Ángel Calderón Fournier:  1990-1994, entre otros políticos de la familia) hasta el socialdemócrata gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC) —desgajamiento en 2000 del PLN— que había logrado vencer al PLN en 2014 y roto, con ello, el bipartidismo gobernante —PLN-PUSC— que caracterizó los últimos sesenta años de Costa Rica.

En lo que a la Presidencia respecta, la apatía ciudadana —ejerció el 65,66% del padrón— y la dispersión de votos fueron decisivos en los resultados, polarizando la votación entre siete partidos —dando una Asamblea Legislativa un poco menos dispersa (entraron dos partidos menos que a la anterior) compuesta de antes los mencionados (PAC-PLN-PUSC) más el conservador evangélico Restauración Nacional (RN) que ganó 13 diputados más para formar bancada de 14, el centroderechista Integración Nacional, el PRSC y bolivariano Frente Amplio, el mayor perdedor (8 diputados menos)— para, al final, provocar el ballotage entre el pastor evangélico Fabricio Alvarado Muñoz (derecha, RN) con 24,91% de votos y Carlos Alvarado Quesada (PAC) —no son familia— con 21,66%.

En mi augurio para la segunda vuelta del primero de abril, Alvarado Quesada mantendrá la Presidencia para el PAC con el posible flujo de votos de algunas de las candidaturas descartadas, que optarán por un candidato aperturista antes que un férreamente conservador —además, enfrentado con su hospedada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Panamá

Panamá se aboca este año a la “tranquilidad” de estar sin elecciones hasta 2019 —ausencia que ayuda usualmente a “desenturbiar” los panoramas políticos nacionales— y en plena bonanza —el Big Push no benefició directamente a Panamá, que no exporta commodities, pero el país supo convertirse en un importante oferente del sector terciario: la suma de sus servicios turísticos, financieros y logísticos representan alrededor de 75% de su PIB— con 5,5% de crecimiento pronosticado este año y 5,3% el anterior (ambos CEPAL y los mayores de la Región), duplicando y más el promedio regional (1,3% en 2017, 2,2% en 2018) —para el Banco Mundial fue 5,5% en 2017 y será 5,6% éste y el próximo y 5,7% en 2020. Sin embargo, a pesar de que el frente económico está resguardado para el gobierno de Juan Carlos Varela Rodríguez (del centroderechista Partido Panameñista), el país no ha dejado de tener turbulencias.

Además del impacto que está teniendo en la sociedad panameña la alta inmigración venezolana —principalmente cualificada— huyendo de la crisis de ese país, la bonanza no los inmunizado —más bien, ayudado— del mal regional: la corrupción. Los escándalos destapados de los Panama Papers y Odebrecht —ambos en distintos meses de 2016—, el primero sobre empresas offshore para evasión fiscal y blanqueo de capitales y el segundo sobre coimas y, también, dinero gris de la Organização Odebrecht en campañas electorales —principalmente a Cambio Democrático (una de cuyas banderas era, precisamente, la renovación política y la lucha contra la corrupción) del anterior presidente Ricardo Martinelli Berrocal (detenido en EEUU en espera de extradición) pero con presunción de que hayan beneficiado también a la campaña en 2014 del partido de gobierno, ahora bajo investigación—, han convulsionado la vida política y los medios del país pero no han afectado la economía.

No obstante, no se vislumbran, al menos ahora, afecciones a su desarrollo.

Cuba

Sobre Cuba, más allá de la utopía aún descartada de un cambio significativo en el sistema —visto que el «proceso de reestructuración del empleo y los salarios» (en la jerga eufemística oficial: “transferencias” de trabajadores estatales a ocupaciones no estatales que excluyen la empresa privada) decidido en 2011 en el VI Congreso de su Partido Comunista al fin del período presupuestado (2016) sólo se había cumplido en el 10%, que el 27% de los 313 Lineamientos aprobados como imprescindibles para, como augurara Raúl Castro Ruz el Menor, «o rectificamos o ya se acabó el tiempo de seguir bordeando el precipicio, nos hundimos, y hundiremos» y, más bien, algunas decisiones en pro de ello se había morigerado o descartado—, el interés que despierta la elección presidencial indirecta de Cuba en abril —vía sus asambleístas nacionales elegidos en marzo— se asienta en la incertidumbre mantenida hasta entonces de si terminará la dinastía Castro con la salida del Ejecutivo de Castro Ruz el Menor —pero no del Poder porque seguirá dirigiendo el Partido hasta el próximo Congreso en fecha a definir— junto con la generación insurrecta que ganó en 1959 y la ascensión de El Elegido corresponderá a un civil (Miguel Díaz-Canel Bermúdez) al estilo soviético o la dinastía se prorrogará al estilo coreano en Alejandro Castro Espín, uno de los hijos del actual presidente.

Sobre la posibilidad de ascensión de Díaz-Canel Bermúdez, en “De lo que acaba y de lo que aún no empieza” mencioné que: «La asunción al máximo cargo en Cuba de un civil —Miguel Díaz-Canel Bermúdez— que, además, es de una generación posterior a la del Moncada y la Sierra Maestra —incluso: posterior a la toma del Poder en 1959— podría pensarse como la posibilidad de un morenazo —por Moreno Garcés— a la cubana. No lo creo, al menos en la figura de ir contra la nomenklatura militar, máxime sin un Castro Ruz el Mayor que pudiera ser decisorio en cambios —aunque jamás lo hubiera sido de un cambio de modelo. Los cambios en Cuba en las últimas seis décadas, para bien o para mal, han sido coyunturales a graves situaciones de la economía y todos [...] estuvieron marcados por el peso de Castro Ruz el Mayor.»

La falta de un padrinazgo efectivo —luego de la crisis terminal de la Revolución Bolivariana, del fracaso de la apertura con los EEUU tras la Administración Trump y de que ni China, por falta de retorno seguro, ni Rusia ni Irán menos, ambas por dificultades intrínsecas, han tomado la posta— es el gravitante principal en las decisiones internas. Y en ello juegan el tiempo y las oportunidades.

Haití

La République d'Haïti —o Repiblik d’Ayiti (en criollo haitiano: creol, créole haïtien o kreyòl ayisyen)— no sólo fue el primer país latinoamericano que se independizó definitivamente de su metrópoli en 1804 —aunque desde 1793 los esclavos lucharon y proclamaron su emancipación— sino, también, es el más pobre e inestable políticamente de la Región. Después de las dictaduras de la Dinastía Duvalier (François: 1957-1971; Jean-Claude: 1971-1986), solamente dos presidentes —René Préval (1996-2001 y 2006-2011) y Michel Martelly (2011-2016)— han terminado sus períodos constitucionales, aunque Martelly se retiró al completarlo sin sucesor elegido aún por haber sido cuestionadas las elecciones y arguyendo el presidente que, de acuerdo con la Constitución de 1987, el presidente no podía beneficiarse de ninguna prórroga del mandato. Desde febrero de 2017 gobierna el elegido Jovenel Moïse del centroderechista  liberal Parti Haïtien Tèt Kale (PHTK o Partido Haitiano de las Cabezas Calvas), fundado por Martelly.

El segundo país más desigual de Latinoamérica (Gini: 0,595 en 2001, sólo superado por Surinam en 2010), con un PIB PPA (2016) de muy poco más de 8 MM de dólares e ingreso per cápita ese año de 780 dólares, 58,% de su población bajo el límite de pobreza, crecimiento de 0,5% en 2017 —con crecimiento demográfico de 1,5%, lo que reproduce magnificada la pobreza y lo convierte en una fábrica de pobres, como la caracterizó el economista haitiano Kesner Pharel— y pronosticado de 1,7% en 2018 (todos datos Banco Mundial) y expulsor neto de población, desde el gobierno de Martelly, y a pesar de ser de tendencia de centroderecha liberal, se estrecharon los vínculos con Venezuela a través de PETROCARIBE y con el conjunto de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA-TCP) —aunque no forma parte de ella—, lo que ha conllevado el alineamiento de Haití con la narcodictadura en las votaciones contra ésta dentro de la OEA.

En conjunto de los factores políticos, sociales y económicos, Haití se ubica dentro de los parámetros de clasificación de Estado Fallido del estadounidense Fund for Peace, ocupando Haití en 2016 el décimo lugar de su Failed States Index (Índice de Estados Fallidos), por detrás de Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana, Sudán, Yemen, Siria, Chad, República Democrática del Congo y Afganistán.

República Dominicana

Entre 2001-2014 —dentro de los gobiernos de Hipólito Mejía Domínguez [2000-2004, entonces del centro-centroderechista Partido Revolucionario Dominicano], Leonel Fernández Reyna [2004-2008, 2008-2012 (antes gobernó entre 1996-2000), del centroizquierdista y socialdemócrata Partido de la Liberación Dominicana (PLD)] y Danilo Medina Sánchez [2012-2016, 2016-2020, también del PLD]—, la multinacional brasilera Odebrecht, distribuyó 92 millones de dólares en sobornos para obtener más de 163 millones en beneficios y, como mencionó Rosario Espinal Jacobo en su artículo “¿Qué mueve la política dominicana?” [Acento, 05/04/2017]: «La significación del caso Odebrecht no es solo el robo, sino la sistematicidad del robo.»

Este ejemplo de corrupción pública —de la que Joaquín Balaguer Ricardo (que gobernó su país en cuatro períodos: 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996, excepto el primero con su Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), democristiano de centroderecha-derecha) llegó a decir que «La corrupción [sólo, por lo tanto] se detiene en la puerta de mi despacho»— puede esconderse detrás de las cifras de crecimiento —6,6% en 2016 (ese año, el PIB PPA fue de 71,584 MM de dólares, según el Banco Mundial) y un promedio anual de 7,1% entre 2014-2016 (BM) y 4,9% en 2017 y 5,1% en 2018 (CEPAL), el segundo de la Región tras Panamá— y baja inflación —el promedio 2015-2016 fue de 0,85% (BM)— pero desnuda un Estado con una importante composición de caciquismo y corrupción.

Dos factores han contribuido a los buenos resultados macroeconómicos —aunque el creciente endeudamiento eterno puede traerles problemas—: una política expansiva que ha buscado cambiar la matriz del país a economía terciaria y los beneficios de alinearse con la Venezuela chavista en PETROCARIBE. Esto último ha convertido a la República Dominicana en uno de los últimos defensores del madurismo fuera de los gobiernos socialistas del siglo 21 y el presumible próximo cierre de estos beneficios podría acarrearle problemas de flujo y solvencia.

En perspectivas y de mantenerse las condiciones actuales, no creo que 2018 sea un año de problemas críticos —incluso si concluye PETROCARIBE—; más bien un año de tomar recaudos, sobre todo respecto de los endeudamientos. De no forzar otro cambio constitucional —y espero que no—, ni Medina Sánchez ni Fernández Reyna podrían ser candidatos (BM) en 2020 —cuando se sustituya el voto por lista por el voto preferencial o nominal— por lo que la lucha por la silla presidencial sería entre un candidato de relevo en el PLD —algo aún sin proyectarse— contra candidatos opositores: Luis Abinader Corona o Mejía Domínguez —éste con menos posibilidades de liderar la candidatura— por el centroizquierdista Partido Revolucionario Moderno —escisión del PRD— y otros de partidos menores, entre ellos incluso del PRSC si rompe su alianza con el PLD.