La declaración de la Fiscal
de la Corte Penal Internacional sobre la “apertura de exámenes preliminares
sobre la situación en Venezuela [que] analizará crímenes presuntamente
cometidos [...] al menos desde abril de 2017”, principalmente de fuerzas de
seguridad del Estado pero también de algunos grupos de manifestantes violentos,
junto con el recrudecimiento de las sanciones de la Unión Europea y el rechazo
del Congreso peruano a la presencia de Maduro en la Cumbre de Las Américas
conforman el cada vez más restringido panorama para el madurismo, urgido de una
nueva aparente legitimación con las convocadas elecciones presidenciales —como
fue con la Asamblea Nacional Constituyente que lo “oxigene” a través de un seguro
megafraude electoral.
La solidaridad internacional y las casi dos mil pruebas que
la destituida Fiscal General Ortega Díaz presentó a la CPI posibilitaron este
primer paso, que podría continuar con la investigación y procesamiento de la
cúpula gobernante por crímenes de lesa humanidad. El gobierno de Venezuela está
obligado a este proceso como Estado signatario del Estatuto de Roma que
sustenta a la CPI y que la faculta a “ejercer sus funciones y atribuciones
[...] en el territorio de cualquier Estado Parte”.
Información consultada
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/18/594578c546163fb8408b4592.html
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