Una semana después que Julio de
Vido —considerado el arquitecto del poder Kirchner— entrara en la cárcel
desaforado de diputado —incluyendo votos de sus colegas partidarios— y el día
después de que la Fiscal General kirchnerista Alejandra Gils Carbó renunciara a
su cargo, el último vicepresidente kirchnerista, Amado Boudou Sapin —“el francesito” para el difunto Néstor, Aimé
para sus amigos— siguió los pasos del exministro.
Si De Vido entró en la cárcel
abandonado por “la Jefa” y dolido de ello, Boudou no sufrió el mismo olvido
porque —a pesar de las causas por tráfico de influencias, enriquecimiento
ilícito, cohecho, negociaciones incompatibles, administración fraudulenta,
malversación de fondos públicos y lavado de dinero que a fines de 2014 lo
convirtieron en el primer vicepresidente argentino imputado por corrupción— la
flamante senadora declaró que “está en riesgo la democracia argentina”.
Más allá de lo anecdótico, lo
mediático del apresamiento no es quién transitó de DJ a flamante vice después
de ser ministro, playboy contumaz y válido áulico sino porque se une en prisión
a De Vido, Ricardo Jaime (ex Secretario de Transporte), José López (ex
Secretario de Obras Públicas), el empresario Lázaro Báez (cerebro de los
negocios K), Victor Manzanares (contador de la familia K), Roberto Baratta (ex
subsecretario de Planificación), César Milani (ex jefe del Ejército) y
Felicia Miceli (ex ministra de Economía), entre otros.
De imputados no detenidos, la
primera es CFK (asociación ilícita,
lavado de dinero, negociaciones incompatibles con la función pública y
otorgamiento irregular de obra pública),
acompañada de sus más cercanos ministros —Fernández,
Capitanich, Abal Medina, Kicillof y Manzur, entre otros— y de sus hijos Máximo y Florencia.
Al kirchnerismo se le puede etiquetar como hizo La Nación:
“El partido de los procesados”.
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