Populismo y corrupción —generadores de desigualdad, otra constante— son dos males que, con carácter de endemia, sufrimos en Latinoamérica porque, más allá del tinte ideológico o la corriente política, los hemos tenido de izquierda, de centro —quizás los menos— y de derecha. La suma de ambos —unido a soluciones “rápidas y fáciles”— son uno de los factores que, con frecuencia, han imposibilitado el afianzamiento de nuestras democracias, a veces más etiquetas de discursos que realidades.

De las soluciones “fáciles”, estos días tuve un ejemplo que combina lo solidario, a primera vista, con resultados negativos. La fuente era un pedido en Change.org que reclamaba que el dinero que el Estado mexicano daría a los partidos en las elecciones se dedicara a cubrir las necesidades de las víctimas del reciente terremoto; analicémosla.

El solicitante pedía que “el INE Instituto Nacional Electoral done los casi 7.000 millones de pesos destinados a los partidos políticos en México a los damnificados de la tragedia”, lo que equivaldría a USD 388 millones [M]. En realidad, la cifra es mayor si consideramos todo lo que recibirán los partidos políticos, tanto de fondos federales como estatales: 11.904 M de pesos, poco más de USD 660 M. A primera vista pareciera muy positivo pero un análisis rápido desfonda la idea.

Aunque a priori se me pueda acusar de insensible, es precisamente la solidaridad consciente la que me mueve a ello. Se calcula que el terremoto del 19 de septiembre de este año pueda costar hasta 1% del PIB mexicano —equivalente esto a más de USD 10,6 miles de millones [MM]; el de la misma fecha en 1985 costó más de USD 5,6 MM a precios actuales. En principio, el gobierno movilizó los USD 5 MM del Fondo Nacional de Desastres, a lo que se podrían sumar los USD 56 MM que cuentan las aseguradoras para este tipo de eventos —aunque el nivel de asegurados es bajo.

Visto desde la posibilidad muy cierta que el financiamiento ilegal —narcotráfico y empresarial prebendalista, entre otros, que aun con el financiamiento legal afloran su presencia— cubra el pretendido desfinanciamiento de las campañas —las de 2012 costaron (entre egresos y apoyos) más de USD 3 MM y crecieron 250% sobre las de 2006; de crecer así, y espero que no, las de 2018 costarían casi USD 8 MM—, la propuesta de desfonde es arriesgada y sumamente peligrosa porque las campañas no dejarán de realizarse y de alguna forma se financiarán. Sin embargo, la propuesta olvida —u obvia— que el combate a la corrupción —que “roba” a México entre 9 y 10% de su PIB, unos USD 100 MM por año— puede ser una excelente vía de recuperación de recursos, sobre todo si comparamos con Brasil y Lava Jato, donde en los más de dos primeros años se ha logrado recuperar USD 330 M de los casi 2 MM desfalcados en el escándalo —aunque se calcula que los diez años petistas, Petrobras perdió más de USD 13 MM.

Obvia respuesta. El escándalo de los sobornos de la Organização Odebrecht hizo visible la corrupción casi generalizada; de sus “beneficiados”, durante el período cuatro —los más corrompidos: 70%— fueron gobernados por socialistas del siglo 21 y afines con USD 515,5 millones: Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, dos por gobiernos de izquierda moderada: República Dominicana y Perú y cuatro —los menos sobornados (13%) pero no menos corruptos— por centroderecha y derecha: Colombia, Guatemala, México y Panamá.

Volveremos sobre populismo.