#2018electoral Como predijo Ifá: un año de armas tomar (2). De la Costa Caribe a Tierra del Fuego

En la primera parte de este artículo, revisé desde México a República Dominicana y me detuve en las elecciones de Costa Rica, Cuba, México y El Salvador junto con el referéndum y consulta ciudadana  en Ecuador. Antes de publicarlo, las elecciones ticas daban una difícil confrontación entre los dos Alvarado —el evangélico muy conservador y el centroizquierdista— y muchos augurios iban por el pastor y periodista; yo pronostiqué al periodista y músico y acerté, con amplio margen.

Hoy bajamos al sur, donde se está dando la gran batalla entre el centro y la izquierda más a la izquierda mientras el cepo al socialismo 21 se cierra y, junto a ello, al Foro de São Paulo, a la ALBA-TCP y, ¿por qué no?, a la UNASUR y CELM, dos engendros del sueño chavista porque —a pesar de Trump que están proteccionista y aislacionista en global como lo eran Lula da Silva y los Kirchner para el MERCOSUR— la economía latinoamericana aprendió que, para ser exitoso y sostenible su desarrollo, tiene que abrirse al mundo. Pero de ello ya hablaremos.

Empecemos ya, pero antes debo aclarar que, en mi “viaje” por Sudamérica, Venezuela debió ser mi primera escala pero, por la trascendencia para toda la Región que tiene su crisis hoy, he preferido cerrar el recorrido con la patria de Bolívar, Gallegos y Betancourt. Sé que sabrán comprenderme, amigos lectores.

Colombia

Colombia, aún sin digerir totalmente la paz pactada de Santos Calderón y Timoshenko/Londoño, se inmersa en sus procesos electorales de este año —en marzo 11 fueron los legislativos y en mayo 27 la primera (con muy segura segunda) vuelta de presidenciales—, en los que se mediría cuán asentado está el Legado Santos a través del éxito de la participación en estos comicios de los antiguos guerrilleros de las FARC (ahora bajo su mismo acrónimo, lo que acreciente el rechazo de sus antiguas víctimas, pero con el nuevo significado de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común) pero —por el rechazo masivo que esta participación ha suscitado, desde el gobierno y parte de la “izquierda” atribuido a “la derecha” (¿acaso podía ser a otro?)— podrían convertirse en su segunda —y asaz definitiva— derrota después del fracaso del referéndum de 2016 y, ahora, sin el consuelo del Premio Nobel, a lo que se sumarían las victorias de los candidatos al Congreso del uribismo y sus aliados y, por ende, el “peligro” cada vez más probable de que este Legado fracase y los acuerdos sufran —asaz peligrosas, eso sí— modificaciones. Adiciónele el augurio que poco más adelante hago de resultados probables de las presidenciales.

Es interesante, según un estudio de la encuestadora Yanhaas para el periódico El Tiempo —entre cuyos propietarios estuvo la Familia Santos hasta 2012— de inicios de febrero, que el cuarteto de arranque no incluyera al continuador del Legado Santos y negociador de los Acuerdos de Paz con las FARC —Humberto de la Calle Lombana por la Coalición Por la Paz de los partidos Liberal Colombiano (centroderecha-centroizquierda, quizás algo difícil de entender en otras naciones pero repetido acá) y De la U (Social de Unidad Nacional, centroderecha), en realidad dos patas de la misma mesa santista— y los circunscribía a Sergio Fajardo Valderrama —otro matemático tras los pasos de Antanas Mockus Šivickas (ambos fueron alcaldes), por la Coalición Colombia de centroizquierda (con fricciones internas) conformada por el Polo Democrático Alternativo (izquierda), la Alianza Verde (centroderecha-centroizquierda) y su propio Movimiento Compromiso Ciudadano (centro)—, Gustavo Petro Urrego —exM19 y enfrentado con Santos Calderón, abanderado de su Movimiento Progresistas (izquierda) integrado por su Movimiento Poder del Pueblo en Colombia y la Unión Patriótica (ambos de izquierda), la Alianza Social Independiente y el Movimiento Alternativo Indígena y Social (ambos de centroizquierda), principalmente—, Iván Duque Márquez —entonces aún precandidato representando al uribista Centro Democrático en la Coalición Despierta con el Partido Conservador, Movimiento La Patria de Pie y Por una Colombia Honesta y Fuerte (todos de derecha-centroderecha)— y Germán Vargas Lleras —ex aliado de Uribe Vélez, exvicepresidente con Santos Calderón y nieto del expresidente Carlos Lleras Restrepo, aspirante por su Movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras (derecha), integrado por el Partido Cambio Radical (desgajado del Liberal y sindicado de vínculos con el paramilitarismo, de derecha-centroderecha) y otros sectores políticos.

En un país donde la fuerza de las estructuras regionales es muy decisiva —y los sondeos previos de intención de voto pueden diferir mucho de las urnas—, se habló que tras la primera sesión electoral —las legislativas— muy posiblemente desplazarían de puntear a los dos candidatos con menor estructura (Fajardo Valderrama y Petro Urrego) y le darían “un aire” a De la Calle Lombana.

Pero no sucedió.

No queda duda que los grandes perdedores en las legislativas fueron la Coalición Por la Paz (aunque sigue como la mayor fuerza con 88 congresistas tiene 26 menos que la anterior legislatura y la Coalición Despierta le pisa los talones con sólo un congresista menos) y el Legado Santos, a la vez que el gran ganador fue el Movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras (creciendo 21 legisladores). La gran pregunta sobre la correlación de fuerzas congresales estará entre quién sea el elegido presidente.

En 2014, la Coalición gubernamental Unidad Nacional —que incluía a los partidos De la U, Cambio Radical y Liberal y al Movimiento Progresistas y propugnaba los Acuerdos de Paz— tenía 139 congresistas y la tácita alianza opositora entre Centro Democrático y Partido Conservador —contrarios a estos Acuerdos— entonces alcanzó 84.

Cuatro años después de estas elecciones y uno y medio de los Acuerdos de Paz, Cambio Radical se desgajó del aún oficialismo, la Coalición Por la Paz perdió 51 congresistas, mientras que la Coalición Despierta creció en 3, achicando distancia con los remanentes —al menos, hasta ahora— del santismo en un solo congresista de 55 que los separaba antes.

Un análisis de gobernabilidad desde el Congreso colombiano tras las elecciones arroja que el próximo presidente —cualquiera éste sea— tendrá dos arbitrios legislativos por la Coalición Movimiento Ciudadano Mejor Vargas Lleras: el primero, que la mayoría legislativa será decidida por a cuál fracción —Despierta o Por la Paz— se arrime. El segundo es más trascendente, porque su adscripción legislativa al bloque revisionista de los Acuerdos de Paz —87 congresistas confirmados (sin adscribir a ninguna opción los 18 de pequeños grupos), con los seguidores de Vargas Lleras alcanzarían 133, equivalente a 47% del Congreso— establecería un desequilibrio muy inestable con los de las agrupaciones políticas que apoya su actual permanencia: 132 hoy (sumados los congresistas de las coaliciones Por la Paz y Colombia junto con Movimiento Progresistas y FARC); por el contrario, con la coalición de Vargas Lleras a los que promueven su mantención, ascenderían a 178 congresistas, 63% del Congreso, lo que aseguraría la permanencia de los Acuerdos en las disposiciones actuales. A fin de cuentas, Cambio Radical ha compartido gobierno con el uribismo primero y con el santismo después, no sólo por el ejercicio del poder mismo sino, además, por su debilidad desde las presunciones de la parapolítica por lo que la posibilidad de que se asocie a una Administración Duque Márquez es muy posible.

No obstante esos datos congresales y sumando los resultados del referéndum de 2016, el rechazo a la práctica amnistía a las FARC y su participación electoral —animadversión no disminuida tras el retiro de su candidato presidencial, Rodrigo Londoño Echeverri (alias Timochenko), por razones aducidas de salud (aunque despierta la susceptibilidad de que haya sido inducido por la falta de apoyo popular)— y la popularidad hoy del presidente Santos Calderón (según la encuestadora Yanhaas, 14% desde mayo del año pasado a enero de éste), es muy difícil que De la Calle Lombana logre trasladar a su candidatura todo el apoyo —aunque disminuido, importante— que recibieron sus candidatos congresales. A su vez, las intenciones de votos extraídas de las encuestas de inicios de marzo (antes de las elecciones legislativas y las consultas) —aunque tomadas con mucha susceptibilidad dada memoria de los fiascos encuestales en años anteriores, sobre todo en las de 2010— seguirían sacándolo de una contienda por el segundo lugar abonándole un promedio de 4% de intenciones de voto.

En las encuestas y en muchos analistas ha sido una constante el contraponer a Petro Urrego y a Duque Márquez, augurándole la disputa de la presidencia en ballotage.

A mí, por el contrario esa contraposición izquierda-derecha —peor la presunción de que la izquierda petrista tiene la opción de ganar las elecciones— me parece un forzado maniqueísmo por varias razones: En la Consulta Inclusión Social Por la Paz para dirimir entre Petro Urrego y Carlos Caicedo Omar votaron 3.369.040 simpatizantes —y de que la mayoría de los 515.309 votos que recibió Caicedo Omar posiblemente no voten por Petro Urrego por las fuertes diferencias entre ellos—, mientras que en la Gran Consulta por Colombia entre Duque Márquez, Marta Lucía Ramírez Blanco de Rincón y Alejandro Ordóñez Maldonado votaron 5.968.501 adherentes, 77% más. La segunda es que Petro Urrego tiene presencia interesante en Bogotá, donde fue alcalde pero, al adolecer de estructura partidaria —lo cual pudiera ser determinante—, su penetración en el resto del país es menos importante aunque su “matrimonio” poslegislativas con Alianza Verde —llevando de candidata a vice a la representante de esa agrupación Ángela María Robledo Gómez, a pesar de que su partido está dentro (aún, al menos) de la Coalición Colombia— pudiera darle un caudal adicional. El tercero es que —a pesar de que no hay un directo correlato entre votos para el Legislativo y para la Presidencia—, la diferencia de votos emitidos en las elecciones legislativas entre los adherentes a Colombia Despierta y los seguidores de Petro Urrego es entre 8 y 12 veces —los votos por los congresistas de la Coalición Colombia de Fajardo Valderrama los superan en cerca de 4 veces, razón ésta para que Petro Urrego le solicitara al candidato de la Coalición Colombia que desistiera de participar y se le uniera (misma utopía, que denominaré “a la desesperada”, que le pidió a De la Calle Lombana).

A diferencia de las anteriores encuestas, las de fines de marzo afinan el panorama tras las legislativas. Con la definición de quiénes serían los candidatos presidenciales definitivos —Duque Márquez, Petro Urrego, De la Calle Lombana, Fajardo Valderrama, Vargas Lleras, Viviane Morales Hoyos por el Partido Somos Región Colombia de derecha, Piedad Córdoba Ruíz (afín con el bolivarianismo y presuntamente vinculada con las FARC) por el izquierdista Poder Ciudadano Siglo XXI y Jorge Antonio Trujillo Sarmiento por el Partido Todos Somos Colombia (antes Fundación Ébano de Colombia [FUNECO], un partido para minorías afrocolombianas denunciado por vínculos a la parapolítica y sin candidatos de esas minorías)— y la desvinculación de éstos de las candidaturas locales al Congreso que podían “enturbiar” las afinidades del electorado, el panorama de intenciones se transforma.

En resumen, y más allá de los discursos —donde Petro Urrego se magnifica— y a pesar de los resultados de las legislativas —en los que Cambio Radical de Vargas Lleras se potenció—, creo que de mantenerse la tendencia de despegue —mucho más fuerte en Duque Márquez pero también, más ralentizada, en Petro Urrego— y sin sucesos imprevistos que alteren el panorama, de darse una segunda vuelta electoral por la presidencia sería más factible que sea entre Duque Márquez y Petro Urrego, yendo mis bazas la victoria del candidato de la Coalición Colombia Despierta, aunque la tendencia en avance pudiera hasta hacer vencedor a Duque Márquez en primera; descarto significativos retiros en el resto del primer pelotón —Vargas Lleras, De la Calle Lombana o Fajardo Valderrama— aunque sí pudieran hacerlo Córdoba Ruíz —beneficiando a Petro Urrego—, Morales Hoyos o Trujillo Sarmiento (éste ni aparece en ninguna encuesta). A fin de cuentas y a pesar de los esfuerzos contrarios del presidente Santos Calderón, la gravitación del expresidente Álvaro Uribe Vélez —reforzada por la del también expresidente Andrés Pastrana Arango— sigue siendo muy importante en Colombia, constituyéndose Uribe Vélez en gurú de la política nacional y su legado lleva a la paradoja de sobrevivir al de su contrincante regional, Hugo Chávez Frías.

Por dato también paradójico de cuán beneficiosos fueron para la guerrilla los Acuerdos de Paz santistas, los exguerrilleros agrupados en el partido FARC —“mismo perro con muy similar collar”, con Piedad Córdoba y su Poder Ciudadano que no obtuvo ninguna representación parlamentaria, el reducto del bolivarianismo en Colombia— sólo obtuvieron 32.636 votos (0,21%) de los votos para la Cámara de Diputados y 52.532 (0,34%) para el Senado, los que no les bastó en ambas reparticiones para alcanzar a incluir ningún candidato elegido pero, a pesar de ello y por una de las varias concesiones de los Acuerdos de Paz tendrán cinco senadores y cinco representantes.

Tres conclusiones saltan de la información recopilada: La primera, es que coincido con la afirmación de Daniel Coronell [“Petro es parte del crecimiento de Iván Duque”, El Espectador, 26/03/2018] porque la dicotomía izquierda-derecha en el caso Petro Urrego versus Duque Marquez para muchos electores colombianos se convierte en las dicotomías guerrilla-paz —paz entendida como parte de la Política de Seguridad Democrática bajo la presidencia de Uribe Vélez— y madurismo-democracia —aumentado por las denuncias de opositores venezolanos de que presuntamente el régimen de Nicolás Maduro Moros financia la campaña electoral de Petro Urrego, algo sin demostrar, aún al menos. Otra es que ninguno de los tres candidatos sobre el listín del 10% de intenciones de votos —Duque Marquez, Petro Urrego y Fajardo Valderrama— están vinculados, de sangre o en dependencia política, con algunas de las famosas cuarenta familias que han gobernado casi todo el tiempo durante los dos siglos de vida republicana en Colombia. Y la tercera que una alianza ahora en discusión entre las Coaliciones Por la Paz y Colombia —amén de las dificultades legales (la adhesión de De la Calle Lombana a la candidatura de Fajardo Valderrama significaría desaparecer la presencia del Partido Liberal de la boleta) y económicas (por ley, el Partido Liberal debería resarcir al Órgano Electoral lo más de 14 millones de dólares que costó la consulta interna que elevó a De la Calle Lombana como candidato)— todavía estaría muy distante de hacer peligrar un segundo lugar —aunque por ahora incierto de pasar a ballotage— a Petro Urrego: obviando que dentro de los partidos Liberal y Polo Democrático hay fuertes objeciones a esta alianza por lo que un trasvase total de votos es muy difícil —en ese caso hipotético, lo que se ha manifestado las bancadas liberales, las adhesiones podrían ir a Duque Márquez o, incluso, Vargas Llera (aunque a éste le beneficia poco) mientras que dentro del Polo Democrático recuerdan que han catalogado al Liberal como un partido de corruptos—, hasta la investigación de Guaruma del 25/03 la hipotética suma de todas las intenciones de voto de ambas coaliciones estaría por debajo de las de Petro Urrego, comparando las máximas intenciones en un 8% y en mínimas en 11,0%.

Otra conclusión —la más importante— es que, con las legislativas, ganó la paz —porque se desarrollaron en absoluta tranquilidad, a pesar de aún existir la guerrilla del ELN y los grupos delincuenciales desgajados de guerrillas— pero perdieron los Acuerdo de Paz santistas y el Legado Santos. Con las presidenciales, con mucha probabilidad, ganará la paz con más justicia y equidad.

Ecuador

El ballotage del 2 de abril de 2017 le dio la victoria y la Presidencia ecuatoriana a Lenín Moreno Garcés —heredero designado de Rafael Correa Delgado— con el escaso 51,17% de los votos efectivos y confirmó el “respiro” para Alianza PAIS —el partido detrás (¿o mejor decir, en ese entonces, debajo?) de Correa Delgado— que le había dado la mayoría correísta elegida para la Asamblea Nacional —aunque con menos elegidos: 74 (54% de la Asamblea) ahora, 100 (73%) en 2013. Sin embargo, a pesar de esas victorias, la Revolución Ciudadana y el socialismo del siglo 21 habían iniciado en Ecuador su final de ciclo.

La primera diferencia era de estilo de gestión: un conciliador tras un confrontador, algo que la gobernabilidad necesitaba porque el país estaba —ahora se sabe que está mucho más después de destaparse los make ups financieros del correísmo— en una franca crisis económica y, consecuencia de la forma de gobernar de Correa Delgado, fracturado en dos grupos antagónicos porque «el vendaval de la Revolución Ciudadana de Correa Delgado se fue desgastando en el populismo de su modelo —el socialismo del siglo 21— mientras la economía entraba en crisis [...] y la corrupción ocupaba espacios importantes; por eso, aunque originalmente Correa Delgado pensó en prorrogarse [...] la Asamblea Nacional reformó la constitución para permitir la relección indefinida de cargos elegibles, la crisis que afecta al país le decidió dejar el empeño —y el vendaval— a otro y emigrar temporalmente pero sin negar la posibilidad de regresar un período después si las condiciones son más favorables». [“2017: Llega un año de verdadero Fuego para Hispanoamérica”.]. También Moreno Garcés —seleccionado ante el descrédito (sobre todo por corrupción) de otros con más poder real como Jorge Glas Espinel, su vicepresidente como también fue de Correa Delgado— asumía con otros dos desafíos que necesariamente tendrían que diferenciarlo: no ser un escalón para el regreso de Correa Delgado —“cuidándole la silla”, como reza el dicho popular— y poder desligarse de lo peor del legado de su antecesor manteniendo lo positivo que quedara de éste, tarea muy difícil para cualquiera.

La fractura se fue ampliando cuando Moreno Garcés empieza a dialogar con todos los sectores —incluidos los opositores—, los escándalos de corrupción destapados el año anterior se profundizaron y terminaron por costarle el cargo y la libertad —entre otross— al poderoso Glas Esquivel y las deudas dejadas por Correa Delgado resultaron de más del doble de lo anunciado: 61,41% del PIB, la verdadera razón por la que el Mashi Rafael no quiso ser reelegido.

Si inmediato al cambio de mando —antes de Correa Delgado irse a Europa—, la falta de obsecuencia de Moreno Garcés con Correa Delgado y su apertura al diálogo fueron objeto de críticas del antecesor —ahora por Redes Sociales porque había perdido el control del amplio aparato comunicacional del Estado ecuatoriano—, la transparencia sobre la corrupción y el estado de la economía terminaron de convertir al Mashi en el más enconado opositor de su heredero. Luego, la convocatoria a la Consulta Popular que desarmarían aspectos negativos de la herencia correísta —entre ellos el prorroguismo— terminó de quebrar la relación dentro de Alianza PAIS entre los sectores a favor y en contra de la política de Moreno Garcés y concluyó con la salida de los fieles al expresidente del que fuera su partido y la amplia derrota de las posiciones correístas en la Consulta Popular, a pesar de todo el esfuerzo presencial que Correa Delgado hizo regresando al país y ateniéndose al mayoritario rechazo popular que provocaba su presencia —él, que fuera todopoderoso e incuestionado.

Tras la Consulta Popular —y referéndum— del 4 de febrero pasado, el Ejecutivo aceleró los trámites para implementar las decisiones y la Asamblea Nacional empezó a discutir los cambios y aprobarlos. El recién estrenado Consejo Transitorio de Participación Ciudadana y Control Social, propuesto en ternas por Moreno Garcés y sus designaciones aprobadas por la Asamblea, empezó a actuar descabezando la posiblemente última línea del poder correísta y, al menos por un tiempo hasta que estas medidas y las económicas estén actuando, el Ejecutivo deberá aprovechar el desconcierto de los sectores del correísmo y la entente cordiale con la oposición.

La profundidad —y equilibrio— de las medidas económicas que se tomen será este año la medida de la capacidad de decisión correctiva del modelo de gestión anterior, como ya lo fueron las políticas desde la asunción del nuevo presidente. Su éxito —o, al menos, la transmisión del convencimiento de lograrlo— mantendrán o no la relación hasta ahora de entendimiento entre el gobierno, la sociedad y la oposición y el resurgimiento de sectores del correísmo. Un equilibrio difícil pero muy necesario porque, como mencionó Felipe Burbano de Lara en El Universo, «ahora empieza la batalla por el poscorreísmo»; sobre ello, en “De lo que acaba y de lo que aún no empieza” adelanté que la «duda que me queda es si él podrá gerenciar la reforma del proyecto Revolución Ciudadana o, como Gorbachov, el choque frontal de las fuerzas a favor y en contra conllevaría el descarte de Moreno Garcés y la apuesta por concluir el proyecto —lo cual no implicaría indefectiblemente regresar a 2006».

Perú

Como he recordado en diferentes artículos y acá mismo, «el 21 de diciembre de 2016 fue, sin dudas, el peor diciembre posible para muchísimos de los gobiernos latinoamericanos: ese día se conoció la lista negra de los países a cuyos gobiernos y partidos —de izquierda y de derecha— Marcelo Odebrecht y ejecutivos de su Organização habían repartido cientos de millones de dólares —y ganado miles de millones» [“¿Qué se votó anoche en el Congreso peruano?”, El Deber, 22/12/2017].

Para la política del Perú, las delaciones premiadas del magnate brasileño y sus ejecutivos fueron lapidarias —aunque en diferente medida— para los expresidentes Alejandro Toledo Manrique (en espera que se efectivice el  pedido peruano de extradición desde EEUU), Alan García Pérez, Ollanta Humala Tasso (preso preventivamente con su esposa y jefe de su Partido Nacionalista) y, último round, recientemente llevaron a dimitir a Kuczynski Godard (identificado habitualmente como PPK) antes de que el Congreso le declarara expeditamente en vacancia, lo que vale decir a todos los gobiernos que sucedieron a Alberto Fujimori Fujimori —el período de corrupción más desembozada en la historia, al menos reciente, del Perú—, exceptuando al de Valentín Paniagua Corazao, el presidente transitorio de la redemocratización. (¿Será la maldición de El Chino Fujimori Fujimori?)

Un rápido recuento de las elecciones de 2016 nos trae a la memoria que Kuczynski Godard las ganó porque, para la segunda vuelta, se unió todo el arco político contrario a la dictablanda —dictadura con ropajes pseudodemocráticos— de El Chino contra la posibilidad muy real de que llegara a la Presidencia de la República del Perú la candidata mayoritaria por su partido populista de derecha Fuerza Popular Keiko Fujimori Higuchi, lo que provocó que, en la realidad, Kuczynski Godard no fuera el ganador —en primera vuelta obtuvo un magro 21,05% pero que le alcanzó para pasar a ballotage y ganar la presidencia con 50.12% (escasos 41 mil votos más: 0,24%) por la dispersión de partidos y unas elecciones atípicas con muchos candidatos retirados— sino que el perdedor fuera El Chino —porque su hija Keiko, a efectos del imaginario de muchos de sus votantes, sobre todo aquellos del voto duro, ha sido sólo la intermediaria del padre. Pero si angustioso le fue llegar, peor le fue gobernar: con una bancada muy minoritaria (18 congresistas, menos del 14% del Congreso), el —aún— oficialista Peruanos Por el Kambio tuvo el permanente embate de Fuerza Popular (hasta inicios de este año con 73 congresistas, más de 56% de bancas del Congreso peruano) y el intermitente creciente del bolivariano Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad de Verónika Mendoza Frisch —que, al año de funcionar como bancada, se escindió en dos: la Bancada Frente Amplio con 10 de los 20 congresistas que originalmente estaban agrupados y  la Bancada Nuevo Perú con los otros diez bajo el liderazgo, ahora reducido, de Mendoza Frisch— queriendo “cobrar” su apoyo anterior, entre otros, generando un continuado desequilibrio de gestión con consecuentes cambios de gabinete y una casi permanente crisis política.

A finales de 2016, la oposición —sobre todo Fuerza Popular, dominante del Congreso pero ensombrecido por la corrupción del período fujimorista— había pedido la vacancia por impedimento moral de Kuczynski Godard para lo que contaba, además de sus votos mayoritarios, con los de otras fuerzas del Congreso —incluidos los del Frente Amplio y Nuevo Perú—, pero un “desapegue” al pedido contra PPK por parte del congresista Kenji Fujimori Higuchi —hermano menor de Keiko y el más candidato votado— y otros nueve congresistas de Fuerza Popular entonces desarticuló el intento aunque no liberó a Kuczynski Godard de la permanente crisis. (A posteriori, el presidente concedió indulto humanitario a Fujimori Fujimori —argüido como compensación por la actuación de estos congresistas kenjistas— y, tras las inmediatas denuncias de financiamiento ilegal a la campaña presidencial de Fuerza Popular, su hijo Kenji —el parlamentario más votado durante las dos últimas elecciones legislativas en Perú— y su grupo de nueve congresistas renunciaron al partido aduciendo que éste «ya no tiene autoridad moral» —sumados a los que antes lo habían hecho, redujeron 13 congresistas en total a la bancada fujimorista, restándole la mayoría— y crearon una bancada independiente, con tácito apoyo al oficialismo.)

La continuada investigación sobre Kuczynski Godard por presuntos cobros presuntamente ilegales y por aportes grises a sus dos campañas presidenciales —todos por Odebrecht Perú y, según Jorge Simões Barata, quien fuera director ejecutivo de la multinacional brasileña para Perú, también a las campañas de 2011 y 2016 de Humala Tasso, la Fujimori Higuchi, Toledo Manrique y García Pérez— no han mejorado la gobernabilidad ni amainado próximos pedidos de vacar al mandatario vía destitución congresal, ahora del Frente Amplio pero también de Fuerza Popular. Sin embargo, ante la actual situación, el analista económico Elmer Cuba afirmaba en su columna “Economía política: temporada 2018” [El Comercio, 02/02/2018] que a pesar de toda esta «alta intensidad política, [en enero] los mercados financieros han vuelto en general a su situación previa [y el valor local del] dólar, las cotizaciones bursátiles, el riesgo-país y las tasas interbancarias así lo muestran [a la vez que, en el corto plazo, la] inversión pública seguiría a un buen ritmo durante el primer trimestre del 2018 y la inversión privada no llegaría a mostrar ningún hiato en este mismo período».

Antes de la renuncia de Kuczynski Godard  y al margen de que, como recurso extremo, legalmente pudo disolver el Congreso y llamar a nuevas elecciones legislativas —aunque también hubiera su suicidio político definitivo por la remembranza del autogolpe de 1992 por Fujimori Fujimori— y teniendo en cuenta que hasta los escándalos de corrupción, «la Administración actual siempre será débil —aunque su debilidad ha sido, también paradoja, su mejor fortaleza ante todos los actores sociales» [“De lo que acaba y de lo que aún no empieza”], yo coincidí con la afirmación de Augusto Álvarez Rodrich en el cierre de su columna de opinión “PPK y Keiko ya están igual de embarrados” [La República, 04/03/2018]:

«Tanto el presidente PPK como la jefa de la oposición Keiko Fujimori tienen hoy, junto con los principales líderes políticos, desde la izquierda de Susana Villarán, pasando por los ex presidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo, hasta la derecha de Alan García, la reputación muy dañada.

A ver quién tira ahora la primera piedra a PPK sin el riesgo de que la gente los apedree. El elenco estable de los políticos peruanos apesta. Y para salvarse, quizá paren de atacarse.»

Con esos antecedentes de corrupción sistémica —cuyo combate frontal PPK mismo había esgrimido como bandera de gestión al comienzo de su mandato, incluyendo muerte civil de los involucrados— que para los peruanos se han convertido en uno de los mayores estigmas inhabilitantes, tras las revelaciones de Barata un segundo pedido de vacancia amenazaba esa vez sí vacar al entonces presidente, cuando la divulgación por congresistas de Fuerza Popular de diez fragmentos de vídeos grabados subrepticiamente —al estilo de los vladivideos del tristemente célebre Vladimiro Montesinos Torres, eminencia gris del período fujimorista y artífice del mayor esquema de corrupción desde el Estado— reveló compra de votos congresales por ministros del gobierno —aunque no se divulgó, se insinuó que también PPK estaba grabado— precipitó la renuncia de PPK antes de su segura destitución por el Congreso tras 600 días de mandato, lo que me llevó a afirmar que «con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski Godard a la presidencia constitucional del Perú se cerraron varios capítulos: el primero fue que acabó la larga agonía política que fue su gestión presidencial [...]. El segundo, que [...] PPK terminó el ciclo que se inició con otra renuncia [...]: la enviada por fax de Alberto Fujimori Fujimori el 19 de noviembre del año 2000» [“Final agónico para una pulseta sin fin”, El Deber, 23/03/2018].

Tras la asunción constitucional de la Presidencia hasta el fin de período en 2021 por el vicepresidente primero Martín Vizcarra Cornejo —un personaje de segunda línea política (lo que hoy es su mejor fortaleza) que, en su desempeño como gobernador regional de Moquegua y como ministro de Transportes y Comunicaciones, ya había sido acusado sin consecuencias de corrupción por Fuerza Popular— con un discurso de combate a la corrupción y de diálogo —incorporando otras fuerzas políticas e independientes a su gobierno, desde ya con la designación como presidente del Consejo de Ministros del congresista César Villanueva Arévalo del partido centroderechista Alianza para el Progreso, quien antes también fuera premier durante Humala Tasso (2013-2014) y es un político respetado y, algo importante, muy experimentado—, el conjunto de las fuerzas políticas le han dado una tregua política que, de ser muy bien aprovechada, permitirá al flamante gobierno cumplir las metas de desarrollo y a Vizcarra Cornejo presidir la VIII Cumbre de las Américas en abril y ser el Presidente del Bicentenario en 2021.

Como colofón, se está cumpliendo lo que advertí el día de la destitución de PPK al señalar que los kenjivideos eran «una “vendetta fraterna” que, a la corta, socavará el partido y a la media enterrará las últimas posibilidades de la hija mayor de Fujimori El Viejo» [“Final agónico para una pulseta sin fin”]: la aceptación de Kenji —contra quien la Comisión de Ética del Congreso pidió desafuero junto con otros cuatro congresistas y Fuerza Popular pidió su inhabilitación por diez años— de declarar contra su hermana en las investigaciones sobre financiamiento partidaria de Odebrecht Perú —sobre lo que Marcelo Odebrecht había escrito: «Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita» y que, tras las delaciones premiadas de Barata, fuertemente involucrada en delaciones sobre “aportes electorales” de Odebrecht Perú, con posibilidad de encarcelamiento preventivo, como los Humala— y convirtiéndose en testigo protegido «“en los casos que sean necesarios” para demostrar “quiénes son los corruptos”, en clara amenaza a los dirigentes de Fuerza Popular» [“Odebrecht: Kenji Fujimori declarará el 06 de abril por caso que compromete a Keiko”, Correo, 27/03/2018], a la vez que denunciando «“la repartija de obras de la comisión de presupuesto del Congreso” [controlada por el grupo de su hermana]» que «“asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo desde hace dos años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular”, aseguró el parlamentario» [“Kenji Fujimori: ‘Comisión de presupuesto ha repartido obras de 5 millones a cada parlamentario de FP’”, Perú21, 25/03/2018]. «“Esto no se trata de una lucha contra la corrupción sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto”, mencionó Kenji Fujimori. “Demostraré quiénes son los corruptos”, aseveró.» [“Fiscalía cita a Kenji Fujimori por aportes a campaña de Keiko y Fuerza Popular”, La República, 26/03/2018].

Con esta guerra de los hermanos Fujimori Higuchi, la nueva administración tendrá más tranquilidad del lado fujimorista a la vez que su gobierno de concertación le da un horizonte congresal más amplio, mientras que la dividida —y, por ende, debilitada— izquierda dura del Frente Amplio y Nuevo Perú —sobre todo de éste con Mendoza Frisch— tiene menos posibilidades de hacer lo mismo que sus enemigos de Fuerza Popular: oponerse al gobierno.

Las elecciones municipales y regionales del próximo 7 de octubre ayudarán a clarificar el panorama pero, al menos hasta ahora, los reacomodos —al menos para el nuevo oficialismo— serán menores y el presidente Vizcarra Cornejo podrá ver “de palco” la implosión de Fuerza Popular.

Chile

La elección en el ballotage de diciembre de Sebastián Piñera Echenique, representante de la centroderecha-derecha y la propensión a captar a los sectores de centro-centroderecha afiliados a la Democracia Cristiana, marcó pautas para el país que influenciarán en la Región. Aunque las nuevas reglas electorales implementadas a partir de dicha elección conllevaron que el bipartidismo que funcionaba desde la Constitución de 1980 asegurando el presidencialismo terminara y la gobernabilidad será más trabajosa de construir en base de consensos con el Senado y Diputados más multicolores tras el acceso de nuevos partidos, más importante es, sin dudas, que al desaparecer la bipolaridad entre la centro-centroizquierda y la centroderecha-derecha, el panorama político e ideológico chileno se ha sincerado con nuevas organizaciones ubicadas a la izquierda-extrema izquierda —el Frente Amplio y más allá— y la derecha “dura” —sectores alineados tras José Antonio Kast Rist— de las que dominaron la escena desde de 1990.

Si en 201o, la entonces presidente Michelle Bachelet Jeria —finalizando su primera gestión— entregaba el poder a Piñera Echenique —que se estrenaba de presidente— con 84% de aprobación —una cifra envidiable para cualquier mandatario saliente, a pesar del mal manejo del terremoto—, para su salida en 2018 la aprobación de su administración bordeará, según la encuestadora, entre 23 (CEP) y 31% (CADEM), tanto por su desempeño como los escándalos de corrupción en su entorno, además de que la Nueva Mayoría —su bloque sustentador— giró cada vez más hacia la izquierda con la incorporación del PC respecto de la Concertación que la apoyó en el anterior período, giro que y que llega estaba unida hasta entonces pero hoy está separada en dos frentes, uno encabezado por la Democracia Cristiana y otro con socialistas, comunistas, PPD y radicales que llevaron de abanderado a un candidato “prestado”: un radialista independiente.

Mis pronósticos antes del ballotage de diciembre pasado iban por Piñera Echenique presidente, los candidatos de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio fuera del panorama político —sustituidos por otros liderazgos—, crisis en la DC, refundación de la Nueva Mayoría y quiebre en el Frente Amplio para dar paso a una nueva estructura más unificada ideológicamente. Cuando escribo esto, menos de dos semanas antes de la asunción del nuevo presidente augurado, y si aún no se ha dado la refundación de la Nueva Mayoría —aún anonadados— no me quedan dudas que ni la Nueva Mayoría ni la Concertación resucitarán luego de estar convertidos en oposición —«la oposición de centroizquierda-izquierda deberá debatirse entre mantener unida el centro de la Democracia Cristiana o acercarse a los sectores que pueda del Frente Amplio» [“De lo que acaba y de lo que aún no empieza”]—, que la Democracia Cristiana se fraccione o sufra importantes desgajes, hacia uno y otro lado del espectro político chileno —como ya le está sucediendo— y que el Frente Amplio necesitará releerse y fundarse —en el signo ideológico que fuera— más allá de la coyuntura electoral si quiere sobrevivir luego que hayan empezado a actuar sus elegidos. 

Además, en el mismo artículo mencioné que la gobernabilidad pasaba al nuevo oficialismo por «lidiar con un Congreso donde están en minoría —72 diputados de la nueva composición de 155 (46%)—, algo de lo que ya conoce Piñera Echenique porque se estrenó en 2010 también con 46% de diputados —55 en el formato anterior de 120— y que con tres independientes aliados pudo ampliar a 48%» pero de lo que no hay dudas es «que el bipartidismo que funcionaba desde la Constitución de 1980 asegurando el presidencialismo, ha terminado y la gobernabilidad será más trabajosa de construir en base de consensos [...] tras el acceso de nuevos partidos [...]. Pero [...] al desaparecer la bipolaridad entre la centro-centroizquierda y la centroderecha-derecha, el panorama politicoideológico se ha sincerado con nuevas organizaciones ubicadas a la izquierda-extrema izquierda y la derecha “dura” de las que dominaron la escena desde de 1990.» [“Balotaje, más democracia, menos gobernabilidad”, La Razón, 21/11/2017.]

Los últimos actores principales de la generación del NO en 1988 ya han desaparecido del panorama político tras el retiro de apoyo de la Nueva Mayoría a la participación en sus primarias del expresidente Ricardo Froilán Lagos Escobar y con la no reelección del senador democristiano Andrés Zaldívar Larraín —y Piñera Echenique no lo era aún—, por lo que el futuro de la política en Chile —oficialismo y oposición— estará en manos de quienes no conocieron ni la dictadura militar ni el período de la Unidad Popular.

«En lo internacional, en 2018 Chile afianzará sus aperturas comerciales, potenciará la inversión y, sin dudas, será más crítico con la falta de democracia en la Región. El escenario más controversial es el de los reclamos en La Haya de Bolivia y contra Bolivia; el primero —Obligación a Negociar Acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile)— es muy posible que el fallo salga este año y recién entonces y según sea empezaría alguna negociación, de por sí, muy complicada por el tema “soberanía”; el segundo —sobre la controversia de la razón de las aguas del Silala— aún no ha empezado su proceso.» [“De lo que acaba y de lo que aún no empieza”]

Bolivia

Como mencionaba en “Panoramas y retos realistas 2018” [La Razón, 02/01/2018], en Bolivia 2018 «la conflictividad —incentivada por la forzada re(x⁴)postulación [2005, 2009, 2014 y, ahora, 2019]— se agudizará» como desde finales de año sucedió: primero los médicos pidiendo la eliminación del Artículo 205 del nuevo Código Penal que quería implementar el gobierno —etiquetado como Código Morales—, algo que, después de que todos sus adláteres dijeran que no podía eliminarse y se sumaran a la protesta más sectores profesionales, el presidente Morales Ayma pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que lo eliminaran, lo que se hizo en poco más de dos días —¿separación de poderes?—; luego, todos los que protestaban tuvieron el apoyo de gremios (como los transportistas) y de la Central Obrera Boliviana (COB) y la meta fue abrogar todo el nuevo Código y, a pesar de sus defensores oficialistas dieron todas las explicaciones que no se podían, cuando empezó a paralizarse realmente el país —y la huelga médica bordeó los dos meses—, el presidente Morales Ayma anunció que la Asamblea lo abrogaría —con lo que el presidente se quedó si su Código, los que decían que no se podía se quedaron con el portazo en las narices... y la separación de poderes también; pero en ese punto, con las organizaciones cívicas más y con el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE) —en la década de los setenta decisivo para derrocar a la dictadura— resucitado, la consigna global pasó a ser #21F “Bolivia dijo No”, convocando al respeto de los resultados del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016 que bloquearon la posibilidad de una cuarta postulación presidencial para Morales Ayma —fecha que el oficialismo denomina “Día de la Mentira” (aduciendo que “el pueblo votó engañado”) y para posicionar esa idea ha invertido profusa propaganda gubernamental— y que en noviembre pasado, en una tramposa interpretación del Pacto de San José de Costa Rica —la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969—, el Tribunal Constitucional Plurinacional saliente expeditamente aceptó que se pudiera repostular porque “era su derecho político”. Contundentes paros cívicos nacionales han dado inicio a la presión por el actual empeño mientras que, del lado del partido de gobierno y apoyo permanente de la maquinaria comunicacional y propagandística gubernamental, se han movilizado a sus bases sociales y —con grado de coerción “por agradecimiento”— a sus abultadas nóminas de funcionarios.

Más adelante, en el mismo artículo, señalaba que «la economía no tiene visos de mejorar y sí de complicarse —pendiente de negociar el gas para Brasil, sin concreción real de nuevas inversiones sustanciales en hidrocarburos, una alta cartera de créditos en lo interno y una deuda significativa y progresiva en lo externo—: es el momento para confirmar que el tan celebrado ahorro interno —sustento de la filosofía económica del docenio— es más que una utopía». Y en “2018, 2019, 2020: La nación plagiada” [La Razón, 27/02/2018] ampliaba esta valoración cuando mencionaba que «la economía [estaba] en contracción —con varios condicionantes damoclianos: la renovación de contratos de exportación de gas (urgidos de descubrimientos exitosos y explotaciones efectivas) y el largo período sin ingresos para compensar el take or pay con Brasil; el alto y creciente endeudamiento público y privado, y el perverso equilibrio entre la burbuja inmobiliaria y el pago de los créditos bancarios (según la Asfi, 48% de los prestatarios son buenos pagadores, lo que hace que 52%, más de 785 mil, no lo son)», situación que los discursos y columnas exitistas de autoridades y funcionarios tratan de maquillar. Súmesele «el aislamiento regional [resultado del apoyo irrestricto al madurismo], el colapso del bloque del socialismo 21 —debacles económicas populistas, corrupción incluida— y, de colofón, la esperada definición de La Haya» —ésta sobre el ya mencionado antes reclamo boliviano a la Corte Internacional de Justicia para que Chile negocie darle una salida soberana al Pacífico, una de las bazas oficialistas para sostener la repostulación junto con el aspirado mejoramiento de la economía— y se tendrá una justa visión sobre sobre el inicio de un bienio confuso y complicado.

Bienio preelectoral al que la oposición partidaria —asaz enfrentada entre sí en beneficio oficialista— llega adoleciendo de un Proyecto País a largo plazo y de estrategias que trasciendan lo coyuntural reactivo —sostenido en su papel opositor—, con sus actuales liderazgos bajo la barrera del 20% de votos, sin lograr una plataforma unificada que tuviera candidatos de consenso, atomizada frente a un candidato oficialista —Morales Ayma— ya establecido —al menos hasta hoy “blindado” más allá de cualquier protesta. A estas falencias, muchas de las cuales comparte —como avancé ya— con las oposiciones nicaragüense —fuertemente golpeada y hoy en un contexto social que aún le es desfavorable—, venezolana —con una Mesa de la Unidad Democrática urgida de recomponerse frente a sectarismo y traiciones que la han debilitado y a la que la oposición de calle reclama su anterior protagonismo y liderazgo— y ecuatoriana —que logró forzar una segunda vuelta a pesar de que llegó dispersa a las elecciones de 2017 y que ahora aún no todos sus componentes han avanzado para actuar proactivamente, desde sus principios, en el nuevo escenario— se unen la carencia de promoción de nuevos liderazgos en gran parte de la oposición partidaria boliviana, lo que provoca «urgencias en formar cuadros en los distintos niveles y en nuevos líderes —de consenso y sin fugacidad— que renueven el panorama» [“Panoramas y retos realistas 2018”], carencias que benefician sin duda al oficialismo y el reeleccionismo. Por todo ello, cerré “2018, 2019, 2020: La nación plagiada” con estas conclusiones:

«En final de cuentas y más allá de sus objetivos políticos, partidos de oposición y oficialismo se debaten en encrucijadas comunes: En ambos, ningún líder —excepto aún Morales Ayma para el oficialismo y descartando a [Carlos] De Mesa Gisbert por autoexclusión— tiene confianza ciudadana suficiente; ambos urgen de un Proyecto País, del que adolece el arco atomizado y reactivo de partidos opositores mientras el oficialismo urge de recrearlo [porque] muchas de sus banderas originales —Madre Tierra, indigenismo, socialismo comunitario— quedaron en discurso o excluidas, reduciéndose las bazas a resultados favorables en La Haya, hipotéticas alzas de los commodities —irreales por buen tiempo— e ilusorio regreso al poder de nuevos gobiernos socialistas 21.

[...] doy tres hipótesis de segura confirmación: la oposición partidaria, para sobrevivir, necesita de una profunda refundación sin sectarismos y de un Proyecto País; [...] el oficialismo camina a un suicidio —moral y político— con Morales Ayma de candidato por su creciente rechazo [en 14 meses bajó de 44 a %] y otro mayor —electoral— sin él por el “efecto Caudillo”, y las plataformas ciudadanas [actores sociales protagonistas, junto con las organizaciones cívicas y gremiales, de las exitosas protestas recientes] continuarán en su avance propositivo, impelidas de cohesionarse como única forma de proponer nuevos liderazgos efectivos.»

Falta aún que no se cumpla el augurio menos auspicioso que señalé en “De lo que acaba y de lo que aún no empieza”: «la paradoja de derrotar electoralmente a Morales Ayma —[con] unidad de la oposición, ex ante de las elecciones pero, sobre todo, ex post a éstas— es como la del gato de Schrödinger: si Morales Ayma es derrotado electoralmente [volvería] a organizar bloqueos y soliviantar la movilización activa —la receta exitosa que aplicó desde mediados de los 90 hasta fin de 2005, aunque no fue el único que la promovió—; si no, en un cuadro progresivo de desgaste social y falta de liquidez, aplicaría la receta venezolana...»

Paraguay

El 22 de abril de este año serán las séptimas elecciones generales de Paraguay desde el regreso a la democracia en 1989, eligiéndose al presidente, vicepresidente —ambos sin posibilidad de reelección—, congresistas (senadores y diputados), gobernadores, miembros de juntas departamentales y los miembros del Parlamento del Mercosur (Parlasur). El intento en 2017 del presidente Horacio Cartes Jara y de sectores afines dentro de su partido (la Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado, ANR-PC, de centroderecha) para la modificación constitucional que introdujera la reelección presidencial —específicamente en modalidad inmediata— provocaron una profunda crisis institucional y graves protestas populares —con un muerto y heridos— motivadas por el “fantasma” reciente del reeleccionismo del dictador Alfredo Stroessner Matiauda (1954-1989), las que concluyeron con la quema parcial del Congreso, el retiro de la propuesta —con lo que concluyeron las aspiraciones reeleccionistas de Cartes Jara y la reafirmación de la imposibilidad incluso a los parientes de los mandatarios— y la afección a la imagen del presidente y del expresidente Fernando Lugo Méndez, destituido en 2012 y quien había apoyado, por sus propios intereses, la propuesta oficialista con los parlamentarios de su Frente Guasú (FG).

El período posterior hasta las elecciones primarias del 17 de diciembre del mismo año se caracterizó por el enfrentamiento frontal entre el precandidato cartista Santiago Peña Palacios —tecnócrata que hasta pocos meses antes fue militante del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) aunque invitado al gabinete Cartes Jara—, que contaba con todo el apoyo presidencial, y el senador Mario Abdo Benítez, representante del sector colorado menos comprometido (denominado “disidente”) con el actual presidente —es hijo del que fuera secretario privado del dictador Stroessner Matiauda—; la derrota significativa de Peña Palacios conllevó una alianza estratégica de intereses entre el candidato ganador y el presidente Cartes Jara para enfrentarse al candidato del PLRA, el “enemigo principal”.

Por su parte, en el PLRA —principal partido de oposición—, aunque había varios postulantes a la candidatura presidencial, el presidente del partido Efraín Alegre Sasiain tenía las de ganar las internas, con lo que llevará de candidato a vicepresidente a Leo Rubín, representante del Frente Guasú conformando la Gran Alianza Nacional Renovada (Ganar) y repitiendo en buena medida la fórmula ganadora en 2008 de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que llevó a la presidencia a Lugo Méndez —con Federico Franco Gómez del PLRA como vice, luego presidente interino— que, entonces, terminó con 61 años ininterrumpidos de gobiernos colorados, sólo superado por los 71 del PRI mexicano y superior en dos años a los 59 del castrismo cubano.

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No obstante todo lo anterior, las elecciones presidencial y legislativas de Paraguay sólo reafirmarán su actual status quo, pues las diferencias —tanto las que hubieron entre Abdo Benítez y Peña Palacios (en realidad, con Cartes Jara) como ahora entre Abdo Benítez y Alegre Sasiain como entre la ANR-PC y el PLRA— no son antagónicas.

Uruguay

Uruguay fue llamada la Suiza de América hasta que en 1973 el Acuerdo de Boiso Lanza —que promovió al luego dictador militar Gregorio Álvarez Armelino, fallecido en prisión décadas después— y el autogolpe —con complicidad del alto mando militar— del, hasta entonces, presidente constitucional Juan María Bordaberry Arocena acabaron con la democracia uruguaya dejándola en manos de los militares golpistas hasta que en 1985 retorna la legitimidad democrática con la elección y posesión de Julio María Sanguinetti Coirolo.

Este recuento es muy importante para entender cómo, desde 1985 y hasta la fecha y a pesar de los cambios ideológicos de sus gobiernos, Uruguay se ha mantenido en tendencias moderadas de alineamiento ideológico —ya sea a la izquierda-centroizquierda o a la derecha-centroderecha—, incluso bajo el gobierno del exguerrillero tupamaro José Mujica Cordano del marxista Movimiento de Participación Popular, integrante del izquierdista-centroizquierdista Frente Amplio.

Ese asentado apego a la legalidad también le benefició en ser uno de los pocos países latinoamericanos —con Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chile y Bolivia— donde no se han denunciado hechos de corrupción de la Organização Odebrecht; gracias a ello, Uruguay y Chile son los países mejor ubicados dentro de la región en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 que elabora Transparencia Internacional —ubicando a Venezuela y Haití como los países latinoamericanos más corruptos— aunque una encuesta de CIFRA en octubre de 2017 aumentó la percepción de corrupción entre los uruguayos. En lo que respecta a su legalidad, el Índice de Democracia 2017 elaborado por The Economist Intelligence Unit —que evalúa a los países según: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política y los clasifica en cuatro tipos de régimen: democracia completa, democracia falsa, régimen híbrido y régimen autoritario— ubica a Uruguay en el puesto 18 a nivel mundial —de 167 países analizados—, catalogándolo como la única democracia plena latinoamericana, con 8,12 puntos promedio de un máximo de 10 —entre 2011 y 2016 obtuvo 8,17—, lo que hace al país líder regional en casi todos los Índices globales: Desarrollo Humano, Oportunidad Humana y Libertad Económica.

En lo económico, después de superada la crisis del corralito argentino de 1999-2002, el país empezó un proceso de quince años de moderado pero permanente crecimiento —4,54 % promedio entre 2003 y 2016, con PIB PPA de 52,42 MM de dólares en 2016 y endeudamiento de sólo 2,7% del PIB (y meta del gobierno para 2019 de reducirlo a 2,5%)— con sus tres niveles de industrias en desarrollo, aunque el secundario en declive moderado. A ello le han ayudado la estabilización con alza leve de los precios de sus commodities —soya (o soja), madera, celulosa y carne— y el auge del turismo receptivo.

En resumen, hasta las elecciones de finales de 2019 —curiosamente, el presidente Tabaré Vasquez tiene una buena popularidad pero los que disputan el liderazgo de las intenciones de votos son Mujica Cordano y Luis Alberto Lacalle Pou (hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle de Herrera) del Partido Nacional de derecha— y la ascensión al gobierno del nuevo presidente en 2020, Uruguay no debe sufrir cambios significativos, permaneciendo en lo que ha sido históricamente desde inicios del siglo 20 pero, sobre todo, a partir desde 2002: un país moderado y “discreto” entre dos gigantes complicados —Brasil y Argentina— con los que comparte economía y, también, historia y en medio de una Región para nada ecuánime.

Brasil

Las elecciones presidenciales en Brasil de este 2018 ya se reconocen más por el Affaire Lula que por sus programas —en realidad, tan inciertos como sus candidatos y las probabilidades de éstos. Estos comicios se han destacado por dos diferencias exclusivas: la primera que el candidato que a hoy tiene más intenciones de votos —el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva— y que pudiera ganar hasta en primera vuelta, con mucha probabilidad no estará el próximo 7 de octubre en la papeleta electoral porque el resultado de la apelación al Supremo Tribunal Federal para no entrar en prisión en cumplimiento de su condena por corrupción y, por ende, participar en elecciones —aunque ésa sería otra batalla siguiente con el Tribunal Superior Eleitoral (TSE) y con la Lei da Ficha Limpa (promulgada durante el gobierno de Lula da Silva y que excluye de ser candidato a cualquiera condenado en dos instancias, como es el caso del expresidente, y lo inhabilita durante ocho años)— determinará si quien fuera con gran posibilidad el presidente más popular de Brasil y encabezara una de los esquemas de corrupción política más grandes de la Región —el Escândalo do Mensalão está más allá de cualquier duda tras la multitud de condenas y del que se excluyó el expresidente gracias a la fidelidad y sacrificio de algunos de sus más cercanos colaboradores y amigos, como José Dirceu de Oliveira e Silva— y que también participara, con la mayoría de los partidos encabezados por su Partido dos Trabalhadores (PT), en el mayor escándalo de corrupción corporativo-política de toda la historia de Latinoamérica —y eso a pesar de que la santidad no ha sido distintivo regional.

Brasil se acerca a los comicios generales con la gran incertidumbre de que, sin Lula, ¿quién llegará a residir en el Palácio da Alvorada? Porque unas elecciones en Brasil con Lula da Silva como candidato del PT serían radicalmente diferentes a otras que sean sin él, más allá de que no sólo afectarían a la presidencia sino a todo el resto de cargos elegibles: desde el momento que el expresidente estuviera en prisión —sumado al argumento de que la economía está saliendo del impasse del período Rousseff, algo que con Lula da Silva de candidato no se visibiliza pero sin él se maximizará en los discursos—, el PT colapsará nuevamente como lo describió Andre Ferrari para las municipales de 2016 [“Colapso del PT en las elecciones municipales”, mundosocialista.net, 20/10/2016] cuando un «duro revés» «superó las expectativas más pesimistas» como reconoció entonces Rui Falcão, presidente nacional del PT —aunque no dejó de atribuir mucho de ese desastre a una “persecución conservadora”—, perdiendo 388 de las 644 municipalidades que gobernaba hasta entonces y sólo reteniendo una capital estadual: Rio Branco, del pequeño y despoblado estado de Acre.

Las opciones de que Lula da Silva participe en las elecciones de octubre son absolutamente escasas e inciertas: condenado en segunda instancia en el primero de sus juicios y negado los habeas corpus interpuestos ante el Supremo Tribunal Federal, sólo le queda apelar —desde la cárcel, donde seguro entrará en poco, sin argumentos legales que lo impidan— al Supremo Tribunal Eleitoral para poder obviar la Lei da Ficha Limpa.

«[Él] fue el presidente más popular de Brasil desde la redemocratización. De él se decía que era “del Foro de São Paulo en sus discursos” y “liberal de mercado —con conciencia social—”, pero un día nos enteramos que el mesiánico presidente —que convertía pobres en “clasemedieros”— era Hécate con su tercera cara en la corrupción desenfrenada que fomentó.

Dilma Rousseff hizo lo imposible por “blindarlo” luego que el Escândalo do Mensalão amenazó con enfangarlo y, aunque sus colaboradores por fidelidad prefirieron la cárcel a involucrarlo, le faltó tiempo porque el impeachment la sacó del Poder. [Pero] Lula da Silva se hubiera salvado nuevamente si la fidelidad de los empresarios que compartieron la corrupción no hubiera sido tan “frágil y egoísta”.

En medio de una media docena de juicios y a las puertas de condena, Lula da Silva, viejo zoon politikón que había sobrevivido a las dictaduras, la redemocratización y los escándalos, entendió que su última barricada no estaría en los tribunales sino en la campaña presidencial y se lanzó, antes que ningún otro, a hacer campaña seguro de que los brasileños que bajo Dilma recayeron en la pobreza lo recordarían a él —y no al boom de los precios extraordinarios— como el Lula de los buenos años y no como el expresidente del peor esquema de corrupción.» [“Final de la impunidad mesiánica”, El Deber, 05/04/2018]

Con estas elecciones, Brasil debería concluir democráticamente el ciclo de crisis políticas y socioeconómicas de los últimos años, maximizado con la destitución de Rousseff pero continuado con la inestabilidad del gobierno Temer y la zozobra política de cada vez más políticos —congresistas la mayoría— involucrados en Lava Jato y otros escándalos denunciados, incluida la corrupción exportada por las grandes constructoras, sobre todo la Organização Odebrecht pero no sólo ésta sino el resto de las otras grandes —la mayoría aún en proceso—: Grupo OAS —involucrado en el juicio por el que fue condenado Lula da Silva como parte coimeadora—, Camargo Corrêa S.A., Grupo Andrade Gutierrez y Grupo Queiroz Galvão y eso sin olvidar las coimas de grandes frigoríficos brasileños como BRF y JBS destapados en la Operação Carne Fraca y que involucró al mismo presidente Temer y a Aécio Neves da Cunha, hasta entonces —y ya no después— líder y prometedor precandidato del Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), aliado del gobierno.

Hasta enero 2017, la lista de empresas involucradas en Lava Jato incluía a las empresas estatales Petrobras, BR Distribuidora, Transpetro, Eletrobras y Eletronuclear; a las refinerías Complejo Petroquímico de Río de Janeiro, Pasadena Refinery System Inc, Refinería Abreu e Lima, Refinería Landulpho Alves y Refinería Presidente Getúlio Vargas; a las constructoras privadas Odebrecht, OAS, Camargo Corrêa, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvão, UTC Engenharia, Engevix, IESA Óleo e Gás, Toyo Setal, Mendes Júnior, Galvão Engenharia, Skanska, Promon Engenharia, GDK, Techint, Carioca Christiani Nielsen Engenharia, Schahin Engenharia, Alumini Engenharia, MPE Montagens e Projetos, Tomé Engenharia, Construcap, WTorre, Egesa; las empresas de comunicación Diario do Grande ABC y Organización Arnon de Mello, y empresas fachada como GFD Investimentos, Jamp Engenheiros, JD Consultoria y Labogen.

También estuvieron involucradas otras empresas como Alstom, Aratec Engenharia, BTG Pactual, Eldorado Brasil, Jaraguá Equipamentos, Rolls-Royce, Sanco Sider y Sete Brasil, sin faltar el famoso estudio panameño de abogados Mossack Fonseca.

También en estas elecciones, la economía será actor fundamental. Después de los valores negativos de crecimiento del PIB durante los últimos años de la Administración Rousseff (2014: 0,5%; 2015: -3,8%, 2016: -3,6%, ambos FMI) para elevarse durante la Administración Temer a 0,7% en 2017 (FMI) —1,04% según el Banco Central do Brasil— y estimaciones de 1,5% para 2018 (FMI) y 2,0% en 2019, aunque el gobierno pronostica 3,0% ya en 2018; también fue importante la reducción de la tasa de desempleo por debajo del 12% en diciembre de 2017, aunque aún en valor elevado después del pronóstico de alcanzar empleo pleno durante los años del boom. Buena parte del crecimiento ha sido gracias a los resultados favorables en agroindustria —creció 13%— y, además, al repunte de los commodities, pero no debe obviarse la importancia que en esa reversión de la recesión han tenido las reformas implementadas en el actual gobierno —algunas a pesar de su impacto negativo, incluido el recorte fiscal—, necesarias de profundizar.

Lo que no queda duda para los analistas es que la agenda reformista tenderá a continuar con independencia de quién sea el ganador, como afirmara el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia Ricardo Caldas al declarar que «el propio ex presidente Lula mostró en el pasado que podría defender causas impopulares, como cuando mantuvo impuestos al consumo en su gobierno a contramano de la posición de su propio partido» [“Brasil tendrá en 2018 elecciones marcadas por la incertidumbre”, América Economía, 01/01/2018].

En octubre, con o sin Lula da Silva (en diciembre de 2017 con intenciones entre el 34 y 35% y a inicios de marzo pasado con 18,6% [MDA], datos éstos más sincerados, que también dieron que el 46,7% de los encuestados “nunca votaría por Lula”), muy probablemente estén en la boleta presidencial el diputado ultraconservador Jair Messias Bolsonaro (Partido Social Cristão, 17-22% Datafolha 12/2017; 12,3% MDA 03/2018) —la sorpresa preelectoral (pero otro cantar será cuando se clarifiquen las candidaturas y aparezcan los “pesos pesados” de los grandes partidos), aupado en la ola Trump—, la excandidata y líder ambientalista Marina Silva Vaz de Lima (Rede Sustentabilidade —partido-plataforma «ni de izquierda ni de derecha»—, 9-10% Datafolha 12/2017; 1,2% MDA 03/2018; eterna “desinflada” a última hora), el gobernador socialdemócrata de São Paulo Geraldo Rodrigues de Alckmin Filho (PSDB, 6-9% Datafolha 12/2017; 1,4% MDA 03/2018) y el exgobernador de Ceará Ciro Ferreira Gomes (Partido Democrático Trabalhista, de izquierda, 6-7% Datafolha 12/2017; 1,7% MDA 03/2018). A ellos se adicionaría, posiblemente, el presidente Temer Lulia (0,4% MDA 03/2018) o su ministro “estrella” de Economía Henrique de Campos Meirelles —artífice de la recuperación económica postRousseff— por el partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de centro —Meirelles se mudó del Partido Social Democrático al MDB para presentarse—, aprovechando los buenos resultados económicos. Otros datos interesantes de la investigación MDA son que «el 52,1 % de los brasileños está de acuerdo con la condena por corrupción que le fue impuesta al expresidente en enero pasado, [...] un 52,5 % considera que Lula no debería disputar las elecciones presidenciales de este año por ya haber sido condenado [y si fuera impedido] el 54,2 % dijo que no votaría por un candidato recomendado por el exgobernante» [“Lula sigue líder en los sondeos en Brasil pese a que la mayoría lo rechaza en las urnas”, Agencia EFE, 06/03/2018],lo cual hace una secuencia sólida de rechazo: 52,1% - 52,5% - 54,2%, mediana de 52,9%.

En resumen, hasta el momento confluyen la incertidumbre y la fragmentación partidaria —aún sin empezar el registro de candidaturas presidenciales, se mencionan 24 potenciales precandidatos—, lo que, unido con el descontento social con la corrupción ha generado el rechazo hacia los políticos de todas las tendencias aunque esto no pareciera promover la aparición de nuevas figuras —descontemos Bolsonaro de las figuras emergentes porque, aunque hasta ahora poco conocido fuera de sus exabruptos, no lo es. Y, aunque la batalla presidencial tiene la imagen de sería La Madre De Todas Las Batallas, no hay que olvidar que ese día los electores brasileños elegirán, además de su presidente, a su vicepresidente, 27 gobernadores —26 estados y el Distrito federal— y sus vicegobernadores, 54 senadores —los 2/3 correspondientes a esta elección; de los 18 partidos presentes en esta Cámara, uno sólo está representado en el Senado Federal do Brasil y no en la Câmara dos Deputados—, 513 diputados —de 26 partidos, de ellos 10 sólo representados en esta Câmara dos Deputados y no en el Senado Federal— y miles de asambleístas estaduales a escoger entre candidatos de los 35 partidos registrados en el TSE además de organizaciones con alcances estatales y locales e independientes.

Después de todo, las acusaciones de corrupción no son patrimonio del PT y afectan también a la mayoría de los parlamentarios —y sus partidos— que apoyaron la destitución de Dilma Rousseff, así como al presidente Michel Temer.

Argentina

El 2017 cerró positivamente para la gestión de Mauricio Macri Blanco: «En las elecciones legislativas del [22 de octubre], toda Argentina decidió por el cambio sin retorno, y confirmó el primer lugar de Cambiemos [...] ganando en 13 de los 24 distritos electorales [y alcanzando] 24 senadores (15 actuales, y nueve adicionales) [25 tras redefinición] y 107 diputados (86 anteriores y 21 más) [108 tras redefinición], convirtiéndose en la primera fuerza política nacional y en el Congreso» [“Argentina cambia y el kirchnerismo se hunde”, La Razón, 24/10/2017] con 41% de los votos emitidos. En contraprestación, el kirchnerismo —que cambió su sigla de Frente para la Victoria durante el oficialismo a Unidad Ciudadana como frente opositor—, «[sólo] ganó en 3 [provincias y su derrota] marca historia y consolida el cambio que propone el macrismo» [“Argentina votó por el cambio sin retorno”, El Deber, 23/10/2017].

Esta victoria, aunque no le da la mayoría absoluta en el Congreso —el Senado tiene 72 miembros y Diputados 257—, su 35% de senadores y 42% de diputados le dan una buena base para negociar, sobre todo con el interbloque Argentina Federal —la mayoría de sus integrantes vinculados a los gobernadores peronistas no kirchneristas con quienes el Ejecutivo ha logrado crear una entente cordiale dentro de la llamada «“reorganización del peronismo” [en] crisis que no cesa», como la denominó Ulises Valdez [“Diputados: nace el ‘bloque de los gobernadores’ del peronismo”, La Izquierda Diario, 06/12/2017]— que con 25 senadores (la misma cantidad que Cambiemos) y, hasta ahora, 35 diputados, les alcanza a 72 (64% de los votos) en el Senado y 143 (56%) en Diputados, obviando para muchas aprobaciones al antiguo aliado —asaz cuestionador o exigente— del Frente Renovador (CFK quedó en un bloque de sólo 8 senadores). Gracias este nuevo entendimiento, el gobierno pudo aprobar su presupuesto 2018 —previendo crecimiento de 3,5% del PIB tras seis trimestres seguidos positivos y una inflación reducida a los niveles de 2011—, las reformas previsional, del mercado de capitales e impositiva y el ajuste de cuentas públicas —el debate y aprobación de los componentes polémicos de la reforma laboral fueron postergados para cuando el Mundial de Fútbol distraiga el impacto—, todas dentro de un amplio plan de reformas estructurales que busca eliminar la pobreza —con 30% de los argentinos bajo sus límites, cifra permanentemente “maquillada” por el kirchnerismo— a través de reducir el déficit público, generar empleo y enterrar la corrupción —incluido el nepotismo— mediante el fortalecimiento institucional y la desburocratización de la Administración Pública (a pesar de las medidas antipáticas, a finales de febrero pasado la imagen positiva de la presidencia era de 44%).

Los reiterados procesos legales (745) por una amplia gama de delitos relacionados con la corrupción contra personeros del anterior régimen —la propia CFK tiene muchísimas incoados por ello, aunque el Caso Nisman por el atentado a la AMIA («la más complicada de las 298 denuncias judiciales que tiene”» [“#ArgentinaElectoral: Kristina se impuso con el 73%!”, E-lecciones.net, 24/08/2017]) podría ser su peor pesadilla— son una clara muestra de cuál fue la política desarrollada por el matrimonio Kirchner y su entorno, que llevó al presidente Macri Blanco «en enero de 2017 [a declarar] que “la corrupción se instaló en la sociedad argentina”» [“ARA San Juan: Muchas preguntas sin respuestas”, El Deber, 03/12/2017]. En resumen, «al kirchnerismo se le puede etiquetar como hizo La Nación: “El partido de los procesados”» [“Un final sin rock para el Bien-Amado”, El Deber, 04/11/2017]. Por eso es importante lo que dijo Miguel Pichetto, el jefe del bloque Argentina Federal en el Senado: «Tal vez nos espere el llano en 2019. Doce años tardó el PRI de México en volver al poder. Debemos aprender de estas experiencias» [“El peronismo, ante una incierta travesía por el desierto”, El Mundo, 21/10/2017].

Venezuela

«Como iba yo a imaginar que Venezuela / Que en vez de rosas te crecieran espinas / Basta con mirarte desde cualquier esquina / Y comprender tu tristeza y tu pena / Cómo advertirte del gobierno más despiadado / Y más incapaz del que se tenga memoria [...]

Hubo promesas y juramentos que yo no olvido / Por tanto niño desamparado que hay en tus calles / Ahora se ven familias enteras que no han comido / Y que confían en la basura saciar el hambre [...]

Como iba yo a imaginar que otras fronteras / Son el futuro de tus hijos y sus sueños / ¿Qué calma el llanto de una madre y su desconsuelo cuando nos ve partir con el alma deshecha? / Gente impedida de libertad por pensar distinto / La impunidad y la corrupción van de primero / Expropiaciones, prohibiciones, censura y miedo [...]

Llegó la hora del corazón y de echar el resto / Que cada quien aporte a la causa con lo que pueda / Luego diremos valió la pena el mínimo intento / No es poca cosa, es el futuro de Venezuela / Está naciendo la democracia y se hará justicia / Llegó la patria del bravo pueblo y de su verdad / A echar pa’lante que Venezuela nos necesita / Con fe, con amor, con esperanza y por libertad.»

[Daniel Jiménez Aguirre: Venezuela Bravo Pueblo (fragmentos) https://www.youtube.com/watch?v=udcs-sIGUX0, 18/04/2017]

Hablar de Venezuela hoy es mencionar una dictablanda plagada de corrupción y sin apoyo ciudadano que avanza aceleradamente a despojarse de sus últimos ropajes democráticos —Moisés Naim la caracterizó meridianamente como narcoestado [“Venezuela pasó de ser un petroestado a un narcoestado”, Infobae, 29/07/2017—, aferrándose a un electoralismo viciado de nulidades y fraudes del que repudian la inmensa mayoría de los venezolanos y gran parte de la comunidad internacional. Con cada vez menos apoyos —reducidos en la OEA al de Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas (y la abstención de Nicaragua, El Salvador, Ecuador, Haití, República Dominicana, Belice, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago) en la última resolución del 21 de febrero pasado que exigió al régimen madurista cancelar las fraudulentas elecciones presidenciales convocadas y fuera de ella de Cuba, Rusia e Irán y con China preocupada por la gran acreencia que le tiene— y sin recursos, después del fracaso de la enésima ronda de diálogo con la oposición agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática, la última frontera de “apariencia de legalidad” para el madurismo está en convocar elecciones sin oposición —sólo con remedos de ella controlados— y manipular los resultados

Regreso a mucha más miseria

La miserabilización de la economía venezolana —que ha acumulado un decrecimiento del PIB de -55% y con una inflación actual estimada de 2.616%— puede ejemplificarse con la pérdida de valor de la economía en un país que recibió 960.589 millones de dólares de renta petrolera entre 1999 y 2014 [Carlos Miguel Alvarez entrevistado por Ángel Bermúdez: “Como Venezuela paso de la bonanza petrolera a la emergencia económica”, BBC Mundo, 25/02/2016] pero que, en conjunto, «Orlando Zamora Romero, exjefe de la División de Análisis de Riesgo Cambiario del Banco Central de Venezuela (BCV), en su investigación titulada Concentración de poder: revés del sueño protAGÓNICO [...] evalúa que el despilfarre alcanzo a 2,34 B [billones] de dólares [...] entre 1999 y 2015 [en realidad, finales de 2015], desglosado de la siguiente forma: las exportaciones petroleras produjeron 884.049 millones de dólares; USD 772.332 M por los tributos directos e indirectos, dividendos de PDVSA y utilidades del BCV; USD 251.767 M por emisiones de bonos y créditos diversos al Estado y a sus entes, más la emisión inorgánica de dinero, ascendente a USD 107.290 M. De estos, “desaparecieron” USD 69 MM en sobrefacturaciones, USD 177 MM en capitales fugados, USD 28 MM por manejo discrecional del Fondo Chino y USD 3.885 M por deterioro de alimentos.» [Auge y caída del socialismo del siglo xxi.]

Cuando Hugo Chavez Frias ascendió a la presidencia en 1999, «el bolívar se cotizaba a razón de 573,86 por dólar [Bs. 855,05 en valores ajustados para 2018]; en enero de 2008, la cotización estaba a Bs. 2.150,00 por un dólar estadounidense [Bs. 2.843,16 para 2018], por lo que el gobierno elimina tres ceros y crea el bolívar fuerte (Bs.F) a razón de Bs.F 2,15 por dólar norteamericano. A diciembre de 2016, el dólar “oficial” se cotizaba en dos valores: el “protegido” (DIPRO) –para bienes y servicios y remesas “prioritarias”– estaba a Bs.F 10 por dólar [Bs. 10,04 para 2018], y el “complementario” (DICOM) –tipo de cambio flotante controlado–se cotizaba a Bs.F 674,53  [Bs. 701,51 para 2018]; sin embargo, el dólar paralelo –en el mercado negro– cerro el año cotizándose a Bs.F 2.650,75 por un dólar  [Bs. 2.756,78  para 2018]» [Auge y caída del socialismo del siglo xxi]. El 29/03/2018 a las 03:11 p.m. el bolívar fuerte paralelo se cotizaba a Bs.F 235.998,21 por un dólar (Bs.F 259.622,64 por dólar en Cúcuta) [https://dolartoday.com/], una devaluación de 41.124,7% respecto de enero de 1999, lo que tiene su correlato en la inflación: 68,5% (2014), 180,9% (2015, ambos datos del Banco Central de Venezuela, BCV, sujetos a discrecionalidad), 741,0% (2016, estimación Asamblea Nacional) y estimados de 2.616,0% (2017) y 13.000,0% (2018, ambos FMI). Ahora, el régimen de Maduro Moros ha decidido a partir de junio nuevamente restarle «tres ceros a la moneda local y reemplazar los billetes por un nuevo cono monetario [...] y que estos [cambios] forman parte de las medidas "contra la guerra económica" que atribuye a Estados Unidos y a la oposición. La nueva moneda tendrá tres ceros menos para "facilitar la vida y los trámites en el país"» [“Venezuela le quita 3 ceros a su moneda, el bolívar, y reemplaza de nuevo sus billetes en medio de la hiperinflación”, BBC Mundo, 23/03/2018]; en realidad, la medida sólo “maquillará” la inflación momentáneamente y su real objetivo al emitir un nuevo cono monetario (nuevas series de billetes) será reducir el exceso de circulante —consecuencia de las emisiones inorgánicas de moneda (emisiones sin respaldo) que ha practicado el régimen en los últimos años— al circunscribir el cambio sólo a los depósitos bancarios, y acompaña otra medida desesperada como el Petro (la criptomoneda en versión venezolana del Bitcoin y sus similares Ethereum, Ripple, Litecoin, IOTA o Dash) “respaldada” «por las reservas nacionales de oro, petróleo, diamante y gas [y el] valor del Petro se establecerá de acuerdo al precio del barril del petróleo» [http://www.petromoneda.net/], ideada para escabullirse de las sanciones estadounidense pero que, a la pronta, sólo beneficiará a capitales rusos.

El último crecimiento del PIB PPA fue en 2013 (1,3%). A partir de entonces, los decrecimientos han sido constantes: -3,9% (2014), -6, 2% (2015), -16,5% (2016) y estimados de -14,0% (2017) y -15,0% (2018), lo que acumula un decrecimiento de 55,6% (todos datos FMI).

Súmesele a todo este desastre económico —resultado del manejo ideologizado y, por ende, arbitrario de la economía—, la arbitrariedad, el nepotismo y la corrupción, ejemplo de cual puede encontrarse en todas las esferas de la cúpula bolivariana pero que la familia del Comandante Eterno lo ejemplifica con creces.

Los por qués del desastre

El ejemplo de enriquecimiento y nepotismo de la familia Chávez es importante para entender cuál ha sido el devenir de la Revolución Bolivariana en su camino a la Robolución y cómo la duda que en 1999 de Gabriel García Márquez —un admirador de caudillos— tuviera de Hugo Chávez Frías fue premonición. El siguiente fragmento es el final de la crónica que con el título de “El enigma de los dos Chávez” García Márquez publicó en la revista Cambio en febrero de ese año (aunque otras referencias también la ubican publicada en el periódico argentino La Nación del 31/01/1999):

«Mientras se alejaba entre sus escoltas de militares condecorados y amigos de la primera hora, me estremeció la inspiración de que había viajado y conversado a gusto con dos hombres opuestos. Uno a quien la suerte empedernida le ofrecía la oportunidad de salvar a su país. Y el otro, un ilusionista, que podía pasar a la historia como un déspota más.»

De ambos fue Chávez Frías: un hombre comprometido con la justicia social —empoderado de glorias ajenas, las del Libertador Bolívar, y de las ideas, primero, de Ezequiel Zamora Correa (un líder radical y agrarista del siglo 19 conocido como General del Pueblo Soberano) y después, deslumbrado con Fidel Castro Ruz, las de Heinz Dieterich Steffan y su socialismo del siglo 21, que no vaciló dar una cruenta asonada militar como tantas que ha habido en Latinoamérica— que el Poder y el exceso de riqueza convirtieron en un déspota. Su muerte y, sobre todo, el que su último año agónico lo compartiera mediáticamente, “borró” en muchos su despotismo y dejó al luchador social. A su sucesor —en realidad un heredero de transición que los intereses de lo que quedó de la nomenklatura chavista atornillaron, a cualquier costo, al cargo (marioneta del verdadero Poder)—, sólo le quedó el despotismo, para nada ilustrado.

La crisis de Venezuela suma varios insumos fundamentales: el primero, el manejo ideológico de la economía que viene desde HChF —sobre todo luego del golpe sufrido en 2002, que potenció su idea de predestinación e inició su mesianismo, y el inicio en 2004 del superciclo de precios elevados (y que para el petróleo fueron muy elevados) conocido como el Big Push y que imprevistamente inundó a Venezuela de petrodólares fáciles que promovieron la exportación del bolivarianismo y la repartición no sostenible de riqueza (reduciendo, e incluso eliminando, la pobreza y convirtiéndolos a clase media emergente)—; el segundo, el fin del superciclo de precios que aún benefició a Maduro Moros en su primer año de interinato y transición y que le permitieron ganar, por escaso margen, la elecciones —descontando las denuncias de fraude—, pero que sin recursos extraordinarios desde 2014, como en Brasil de Rousseff y en Argentina de CFK, esa caída de ingresos llevaron al colapso de las distribuciones no sostenibles ni generadoras de riqueza —en Venezuela, las Misiones— y, en consecuencia, al reempobrecimiento de esos nuevos clasemedieros; un tercero es el cada vez mayor “atornillamiento” del régimen venezolano con el gobierno y Partido cubanos, iniciados por HChF pero continuado por Maduro Moros, formado ideológicamente en Cuba, y el cuarto, consecuencia de todo lo anterior, el desbordado endeudamiento externo —e interno— para cubrir la falta creciente de ingresos. Factores éstos que, complementados con el mismo discurso —el “enemigo principal”, la “crisis económica causada por el agio de la oposición”, entre otros argumentos— y sumada la imposibilidad, por un lado, de enmendar los errores y, por otro, de abandonar el Poder por todo lo que esto significaría de final absoluto de ciclo y prebendas, han llevado a que Venezuela, hoy, bordee el concepto de Estado Fallido, en la lista Fragile State Index de Fund for Peace para 2017 —correspondiente a la situación en 2016— esté en el puesto 58 de 178 —el lugar 1 lo ocupa Sudán del Sur y respecto al ranking del año anterior, Venezuela retrocedió desde el lugar 63— y sea el segundo país con menos libertades democráticas de la Región  (The Economist, Democracy Index 2017).

A inicios de 2016, cuando aún el horizonte de la crisis se creía ilusoriamente terminal y poco infranqueable, en dos artículos escribí al respecto. En el primero, “La fórmula 'mágica' de las crisis políticas” [Por Un México Inteligente, 09/05/2016], refiriéndome a Venezuela y al gobierno petista de Rousseff —éste en medio de impeachment—, mencionaba que:

«Populismo y corrupción son sus ingredientes: A más populismo —con la consiguiente ideologización de sus políticas económicas, el despilfarro de recursos públicos y la insostenibilidad de esa economía— y corrupción —con su propia receta: menos transparencia, más cooptación oculta—, más se acercará un país a la crisis.»

Por su parte, en “Receta infalible para provocar crisis” [La Razón, 23/05/2016] ampliaba la idea:

«la utilización discrecional de los fondos públicos como patrimonio inacabable para repartir directa y discrecionalmente (el “bonismo” asistencialista) sin sostenibilidad; y peor aún si se usan ingresos extraordinarios, como los de la “década dorada”, lo que mejora eventualmente la economía de los sectores de menores ingresos, pero que a la vez les crea dependencia clientelar y anula el interés de superación hasta que este desinterés fagocita la economía y aumenta sustancialmente la pobreza, llevando a situaciones críticas».

2014 a 2017: El pueblo protesta y muere, los diálogos son parodia y la democracia se hunde

Dos grandes ciclos de protestas han conmocionado a Venezuela en los últimos años: en 2014 y 2017.

La Salida

El primer superciclo nacional de protestas —lo denominaré así por su magnitud, porque las protestas en Venezuela por la situación socioeconómica y política, en cualquier medida, son permanentes— se desarrolló entre febrero y mayo de 2014, aunque antecedido desde enero en Mérida por la muerte de un estudiante y paulatinamente a todo el país contra la delincuencia, la alta inflación y la escasez de productos básicos que ya entonces afectaban a los venezolanos, aunque a mucha distancia de lo sucedería años después. Las protestas espontáneas —principalmente estudiantiles— fueron en poco asumidas y lideradas por los dirigentes opositores Leopoldo López Mendoza —coordinador nacional del partido Voluntad Popular de centro izquierda y precandidato inhabilitándolo a optar a cualquier cargo público por el gobierno, detenido desde el  inicio de las protestas—, Antonio Ledezma Díaz— exalcalde Mayor de Caracas y líder de la socialdemócrata Alianza Bravo Pueblo— y María Corina Machado Parisca —fundadora de Vente Venezuela (centroderecha)— en la campaña conocida como “La Salida” para «encontrar una salida pacífica, democrática y constitucional al gobierno de Nicolas Maduro» y a la que se sumaron otros dirigentes políticos y movimientos estudiantiles, aunque no contó con el apoyo explícito del conjunto de la coordinadora opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ni de algunos de sus principales dirigentes, como el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski por considerarla precipitada.

Desarrollada entre las guarimbas (barricadas), la represión de la Guardia Nacional y la participación de los colectivos bolivarianos (grupos armados progubernamentales en motocicletas), las violentas jornadas concluyeron con un saldo de 43 fallecidos y casi 500 heridos (opositores mayoritariamente pero también oficialistas) además de 1.854 detenidos (datos de la Fiscalía General de la República. La organización no gubernamental Foro Penal Venezolano denunció 33 casos de tortura.

Las protestas de 2014, si bien sirvieron internacionalmente para desmitificar al régimen, contraproducentemente en lo interior ayudaron a fortalecer la endeble posición de Maduro Moros con respecto al conjunto del chavismo y cohesionar a las diferentes corrientes chavistas mientras que para la oposición fue la confirmación de una fractura que, aparentemente se solucionó para las elecciones legislativas de 2015 pero que, con más profundidad, se volvió  a visibilizar en 2017, sobre todo por la participación de algunos sectores opositores en las amañadas elecciones regionales y municipales.

¿Diálogos convocados en sordina o en sordera?

En medio de las protestas de La Salida —el 10 de abril— se inició en Caracas el primer proceso de diálogo —“Conferencia por la Paz” la denominó el presidente venezolano, pidiendo «diálogo amplio y tolerante» porque «lo único que estamos buscando es un modelo de coexistencia pacífica, de tolerancia mutua» [sic]— entre representantes de la oposición —la MUD inicialmente anunció que no asistiría pero lo reconsideró después de una carta del Papa Francisco— y del Gobierno venezolano con la mediación de los cancilleres María Ángela Holguín Cuéllar (Colombia),  Ricardo Patiño Aroca (Ecuador) y Luiz Alberto Figueiredo Machado  (Brasil), todos en representación de Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) —la organización que promovió el difunto Chávez Frías—, más el nuncio apostólico en representación de la Santa Sede a pedido de la oposición como testigo; tanto Patiño Aroca como Figueiredo Machado eran parte de gobiernos entonces aliados del régimen venezolano mientras el de Santos Calderón —con Holguín Cuéllar— necesitaba a Venezuela entonces para terminar en buen plan los Acuerdos de La Habana con las FARC y, mientras tanto, mantenerlas menos beligerantes.

Al margen de quiénes asistieron con Maduro Moros de un lado y del de la MUD con Capriles Radonski, Ramón Guillermo Aveledo (Secretario Ejecutivo de la Mesa) y Henry Ramos Allup, cuántos oradores hubo y de cuánto tiempo contaron en cadena nacional de radio y televisión para exponer sus posiciones y de las dos premisas de ambos liderazgos, el proceso de diálogo incumplió las expectativas para solucionar el conflicto político del país y fue, sobre todo, para el gobierno una forma de ganar tiempo e imagen pública y, para la oposición agrupada en la MUD, una muestra más del paulatino resquebrajamiento de su unidad, fractura que con la victoria electoral de 2015 tuvo una aparente recuperación —o, al menos, entró en stand by— pero que ya en 2017, sobre todo con las elecciones regionales y municipales, se hizo crítica. Las exigencias principales en 2014 fueron muchas y necesarias: libertad para los presos políticos —Ley de Amnistía—, priorizando el caso humanitario de Iván Simonovis Aranguren y el del líder Leopoldo López Mendoza; desmovilización y desarme de los colectivos —grupos paramilitares armados—; conformación de una instancia bipartita —Comisión de la Verdad— para investigar los hechos violentos de los últimos meses, incluidas torturas y vejaciones —la Comisión de la Verdad que tuvo que esperar a 2017 para que la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurara la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para “investigar la violencia ocurrida desde 1999” y, junto con la Ley del Odio, reprimir más a los opositores—; que las zonas gobernadas por la oposición se sumen al plan Patria Segura contra la criminalidad; la devolución del mandato a la entonces diputada Machado Parisca; el fin "de la censura a los medios de comunicación"; el respeto a los derechos humanos de la población, y que el presidente recibiera a los estudiantes líderes de la revuelta callejera. De todos los pedidos —muchos incluidos en los acuerdos porque ese primer proceso de diálogo, a diferencia de los siguientes, sí llegó a acuerdos antes de su ruptura el 12 de mayo—, Simonovis Aranguren pasó a detención domiciliaria —y en 2017 López Mendoza— y la Comisión de la Verdad tuvo que esperar a 2017 para que la ilegal Asamblea Nacional Constituyente (ANC) instaurara la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública para “investigar la violencia ocurrida desde 1999” y, junto con la Ley del Odio, reprimir más a los opositores, fracaso que se pudo manifestar desde el mismo inicio  [“El primer diálogo entre el Gobierno y la oposición deja más dudas que esperanzas”, El País, 12/04/2014] y que dejó un amplio descontento en la sociedad venezolana no vinculada al gobierno ni con la oposición organizada.

La victoria electoral de diciembre de 2015 que permitió a los partidos opuestos al gobierno el control de la Asamblea Nacional, como mencioné antes, dio un “respiro” a la oposición pero que pronto entraría en crisis por la avalancha de medidas en contra: al denominado “golpe judicial” —un verdadero autogolpe de Estado al estilo del de Fujimori Fujimori en Perú en 1992— en marzo de 2017 del Tribunal Supremo de Justicia quitándole poderes a la Asamblea Nacional «por estar en desacato» y que, a pesar del recule posterior frente a la oposición internacional, significó llevar «la situación a un no-retorno» [“El "fujimorazo" madurista marca un punto sin retorno”, El Deber, 02/04/2017], se sumó el desconocimiento de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y la elección fraudulenta de la Asamblea Nacional Constituyente madurista que, además de ilegalmente convocada, de la posibilidad del doble voto y de la exclusión de la oposición —a la autoexclusión prevista el gobierno adicionó el decidirla—, un mayúsculo fraude en la votación denunciado, no sólo por los opositores, sino también por la empresa encargada del recuento.

«[De] “El colapso del Estado Madurista” de Heinz Dieterich Steffan [Aporrea, 02/07/2017], padre del socialismo del siglo 21 y actualmente profundamente crítico del madurismo [...] coincido plenamente con su afirmación del fracaso de la cúpula gubernamental y de la situación irreversible —para el madurismo— que ha llevado al país a “la hora de los balazos” porque se “sustituyen los mitos fallidos del sistema mediante el miedo y el terror”.» [“El colapso de un anti-Estado, La Razón, 04/07/2017].

El diálogo de 2014 no fue el único realizado ni fracasado. Los hubo en 2016, en 2017 y en 2018 —éstos últimos también podrían entenderse como un fracaso en dos etapas. El de 2016 fue en Santo Domingo en dos períodos, mediando los expresidentes del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, de Panamá Martín Torrijo Espino y de República Dominicana Leonel Fernández Reyna —los tres muy vinculados ideológica y económicamente con el gobierno venezolano— y UNASUR (en la segunda etapa, en octubre, participó un representante papal); los de 2017 (también dos etapas) y 2018 nuevamente en Santo Domingo bajo el auspicio del presidente Danilo Medina Sánchez, nuevamente Rodríguez Zapatero como mediador —no imparcial—y con el acompañamiento de representantes de México y Chile, miembros del Grupo de Lima (formado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía) invitados por la oposición —Paraguay tuvo que declinar por problemas internos— y de Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas invitados por el gobierno. Si bien los primeros ayudaron en alguna medida al gobierno, propaganda mediante, a parecer como “conciliador” —un poster publicado bajo el hashtag #VenezuelaDemocraciaYDialogo por el gubernamental TelesurTv mencionaba que «Desde el año 2014, se han realizado 338 llamados al diálogo» [“Llamados del Gobierno venezolano para dialogar con la oposición”, TelesurTv, 15/12/2017]— y consecuencia de ello han sido los siempre abundantes anuncios gubernamentales de “acuerdos” que nunca se materializaban, después de los de 2016 se desnudó su real objetivo para el régimen: propaganda y tiempo —los de finales de 2017 y el de 2018 además tenían la urgencia para Caracas de evitar sanciones de la Unión Europea para renegociar la deuda. La oposición negociadora —encabezada por Julio Borges Junyent, el entonces presidente de la Asamblea Nacional—, que llegó a los diálogos de 2017 y 2018 dividida y muy cuestionada dentro de su país por sectores sociales incluidos de la misma oposición, estoy convencido que iba con el único convencimiento que su presencia era importante para el fracaso concitar el apoyo internacional y la ampliación del aislamiento gubernamental.

La Gran Toma

En medio de estos procesos de diálogo y “gatillada” por el golpe judicial contra la Asamblea Nacional más el antecedente de la cancelación en octubre de 2016 del proceso de convocatoria para el Referéndum Revocatorio contra Maduro Moros —con períodos muy delimitados y escasos— por el Consejo Nacional Electoral (CNE), aduciendo que tribunales regionales de varios estados habían anulado la recolección de firmas alegando acusaciones de fraude por parte de la oposición y tras el nuevo fracaso del diálogo gobierno-oposición, la población —opositores junto con sectores autodenominados chavistas democráticos (también conocidos como chavistas disidentes) en contraposición a los llamados chavistas auténticos (aunque sectores de la disidencia también se autollaman auténticos) o maduristas— volvieron a salir a manifestarse el 01 de abril de 2017 con cuatro demandas fundamentales: que se inhabilitara a los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, que se celebraran elecciones libres a la brevedad posible, que los políticos presos fueran liberados y que el gobierno permitiera que se recibiera ayuda humanitaria para comida y medicinas en Venezuela. Las protestas —inicialmente conocidas como La Gran Toma de Caracas y extendidas a todo el país—, fueron duramente reprimidas, desencadenándose un largo proceso de protestas civiles que, hasta su declinación en agosto —coincidente con el ataque a una base militar que “ayudó” al régimen a justificarse—, en el período más álgido  (del 01 de abril al 31 de julio) se produjeron, según el informe Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017 [Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH —o OHCHR en inglés), agosto de 2017], 124 fallecidos (131 según la Fiscalía General o 157 según medios opositores [“Fotos, Infografía y Mapa | 157 muertos en protestas en Venezuela hasta el #13Ago”, RunRun.es, 13/08/2017]) —al menos 46 de ellas comprobadamente por fuerzas de seguridad y 27 por civiles "armados progubernamentales" y el resto en proceso al momento del Informe (incluyendo nueve miembros de las fuerzas de seguridad y cuatro personas muertas por grupos o individuos contrarios al gobierno)—, 1.958 lesionados (el Informe especifica «al menos») y, nuevamente al menos, 5.000 detenidos —«varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas» y de ellos, según el Informe de ACNUDH, 609 juzgados por tribunales militares. También la ACNUDH denunció «cómo las fuerzas de seguridad habían disparado sin previo aviso gases lacrimógenos y perdigones contra los manifestantes antigubernamentales [...] las latas de gas lacrimógeno fueron disparadas a corta distancia y que la policía usó como munición canicas, perdigones, tuercas y tornillos [recurriendo las fuerzas de seguridad] al uso de fuerza letal contra los manifestantes». [“Las conclusiones del equipo de Expertos de la ONU indican patrones de violaciones de derechos humanos en medio de protestas masivas en Venezuela”, OHCHR, 08/08/2017].

«Múltiples abusos y violaciones de derechos humanos se han cometido en Venezuela en el contexto de las recientes protestas antigubernamentales y esos hechos apuntan a la “existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”

[...] “El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, señala el informe.

[...] El análisis de las lesiones que figura en el informe indica que el uso excesivo de la fuerza se fue agravando.

[...] “El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número. En el informe se identifican también violaciones graves del debido proceso judicial y patrones de malos tratos, que en algunos casos equivalen a torturas”, declaró Zeid [Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos].

[También] Zeid expresó su preocupación por las medidas tomadas recientemente por las autoridades para criminalizar a dirigentes de la oposición mediante la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública.»

[“Venezuela: Las violaciones de derechos humanos apuntan a una ‘política de represión’ - Informe de la ONU”, OHCHR, 30/08/2017]

La respuesta del gobierno a las manifestaciones fue, además de la dura represión por parte de la policía, los colectivos armados y, principalmente, la Guardia Nacional Bolivariana, destituir a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz acusándola de disidente por denunciar la represión e inconstitucionalidad de las medidas contra la Asamblea Nacional y convocar a la ya mencionada Constituyente.

Como colofón, en el transcurso de ese 2017, según la contabilización de la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se produjeron 9.787 protestas.

El fracaso social de las no-elecciones regionales y municipales de 2017

Envalentonado por la “victoria” con la Constituyente y urgido de demostrar fortaleza ante sus seguidores y los pocos aliados externos, el gobernó de Maduro Moros continuó “avanzando” en sus medidas de una pretendida cooptación total de los Poderes convocando a elecciones para gobernadores y municipales en el último trimestre de 2017.

En las regionales, cinco candidatos de organizaciones y partidos de la oposición fueron electos, entre muchas denuncias de candidatos opositores de habérseles arrebatado el triunfo mediante fraude generalizado y coacción a testigos de mesa y votantes con la complicidad de las autoridades electorales —a pesar de que «las encuestadoras más serias anunciaron que la oposición ganaría entre 13 y 18 de las mismas» como mencionaba Rubén Aguilar Valenzuela en El Economista [“Venezuela, gana la oposición”, 30/08/2017]. Para esos cinco, la MUD anunció que no se juramentarían ante la ANC como había invocado el gobierno; sin embargo, cuatro de ellos —todos ellos de Acción Democrática de Ramos Allup— sí lo hicieron aduciendo que aceptaban “la humillación” para no “abandonar” a sus electores, provocando con ello una nueva y más fuerte crisis dentro del arco opositor agrupado en la Mesa. Para las municipales, en otra fractura a dos meses de la anterior, la MUD anunció que no presentaría candidatos pero algunos de sus partidos integrantes sí lo hicieron.

El salto al vacío en 2018: “diálogo”, el Petro y unas no-elecciones presidenciales

«Se jactan de gran nación las hormigas que trepan por la acacia;
pretenden sacudir un árbol los insectos,
¡qué valiente empeño!»

[Mao Zedong: A propósito de un poema del camarada Kuo Mo-Jo, 09/01/1963]

El salto al vacío del madurismo es, con las distancias salvadas entre el dictador venezolano —hormiga e insecto en el poema— y el carismático líder —también dictador— chino, un absurdo que puede ser tan catastrófico para su pueblo como el Gran Salto Adelante —y aunque uno iba “hacia adelante” para modernizar China y el otro hacia la precariedad y la dependencia de su dependiente (a la vez que propugnando la “autosuficiencia” alimentaria individual para “combatir la guerra económica”), no olvidemos que la economía del madurismo se parece a caminar con dos piernas... inútiles.

¿A dónde irá Venezuela?, cada vez más cerca de un Estado Fallido y, en esta vía actual, sin vuelta atrás repotenciando todo lo que de negativo tuvo el chavismo —cooptación de poderes, restricciones a la libertad de prensa y uso abusivo de los medios masivos de comunicación, "economía ideológica" (adicionada la “enfermedad holandesa”), judicialización de la política, electoralismo por democracia y el Síndrome de Hubris (frustrado por la inesperada enfermedad terminal), entre otros— y destruyendo sus logros: empoderamiento —inicial— de los pobres, repartición de la riqueza —lamentablemente, en forma indiscriminada e irresponsable, no sostenible— para sacar de la pobreza a una amplia nueva clase media emergente —hoy regresada con muchos más a una miseria cada vez más generalizad, aunque aún lejos de los apocalípticos 45 millones de muertos (Frank Dikötter: Mao's Great Famine: The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958–62) del Gran Salto.

Las elecciones presidenciales de este año —definitivamente (hasta ahora, porque han sufrido varios cambios de fecha) programadas para el 20 de mayo próximo y que incluirán la elección de los consejos legislativos estatales y municipales del país y, de momento, excluye la posibilidad de elegir una nueva Asamblea Nacional, como habían declarado recientemente Maduro Moros y Cabello Rondón— intentarán dar un viso de legalidad al régimen hacia el exterior a la vez que buscarán “atornillar en el Poder” a la cúpula madurista —de la que el mismo Maduro Moros, aunque la apellida, es una marioneta «que manejan Diosdado Cabello Rondón, Tareck El-Aissami y Cilia Flores» [“Elegía por Venezuela”, La Razón, 25/04/2017]—, reuniendo junto a la candidatura oficialista del actual presidente por el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) y aliados, a un grupo de candidatos “de relleno” (sin reales posibilidades per se pero que sirven para justificar los comicios): Henri Falcón Fuentes —exchavista, exopositor— por el autodenominado centroizquierdista Avanzada Progresista, junto con el democristiano COPEI —expulsado de la MUD en 2015— y el socialista democrático Movimiento al Socialismo (MAS), éste en posición ambivalente con la Mesa; el pastor evangélico Javier Bertucci Carrero, líder de la Iglesia Cristiana Maranatha y vinculado a los Panama Papers, por el Movimiento “Esperanza por el Cambio”; el también pastor y empresario (sindicado chavista) Luis Alejandro Ratti Rivero —candidato independiente por «el llamado de Dios» [“Luis Alejandro Ratti propuso su nombre como vía para ejecutar la reconstrucción de Venezuela”, Primicias24.com, 16/02/2018] y que fuera presidente nacional del Frente Bolivariano Hugo Chávez—, y Reinaldo Quijada Cervoni por la Unidad Política Popular 89 (desafiliados del PSUV). (La candidatura por el Frente Amplio Nacional Bolivariano del general retirado Francisco Visconti Osorio —figura principal del golpe militar chavista de 1992— no fue aceptada; así mismo, aunque se mencionó frecuentemente la posible candidatura opositora del empresario Lorenzo Mendoza Giménez, dueño de Empresas Polar, uno de los hombres más ricos de Venezuela y uno de los mejor ubicados en los sondeos, éste no se postuló.)

Sin embargo, el gran candidato es la abstención porque la participación se pronostica de sólo el 33% del electorado, según un reciente estudio de Datanálisis [“Lorenzo Mendoza lideraría alternativa opositora para contienda electoral, según Datanálisis”, 2001.com.ve, 03/04/2018].

Frente a todos estos actores chavista, neochavistas y maduristas —variantes de lo mismo— que servirán para reafirmar el prorroguismo (Maduro Moros como seguro ganador, Falcón Fuentes, Bertucci Carrero —a quien Alberto Barrera Tyszka revela como un calco conceptual de HChF  en relato, propuesta, manipulación mediática y mesianismo: «Javier Bertucci se parece más a Chávez que Nicolás Maduro» [“Venezuela: entre un dictador y un predicador”, The New York Times, 26/02/2018]—, Ratti Rivero y Quijada Cervoni), la oposición de la MUD en conjunto manifestó su decisión de no participar para no convalidar lo que será un fraude denunciándolo como farsa.

Naim desliza una idea en “El memorando secreto a Raúl Castro” [El País, 25/03/2018] que, a primeras, pudiera parecer chanza pero que tiene una lógica profunda considerando el descrédito de Maduro Moros y la presencia castrista: «1) Hacer que Maduro pierda las elecciones y obligarlo a entregarle el poder al ganador de estos comicios. Esto legitimaría ante el mundo la democracia venezolana. [...] 2) Llegar a un acuerdo con el candidato presidencial de la “oposición” que más “flexible” sea. Nosotros le garantizamos que ganará las elecciones (aún controlamos el Consejo Nacional Electoral, el órgano que cuenta los votos y decide quien las gana) [pero] nuestro apoyo dependerá de que sigamos recibiendo el petróleo y que continuemos ejerciendo el control sobre los nombramientos más importantes», todo en una operación de la inteligencia cubana. ¿Política-ficción o premonición?

El llamado gubernamental a elecciones ha producido un efecto beneficioso para la oposición: descartando algún efecto real de la candidatura de Falcón Fuentes sobre la mayoría de la oposición —posiblemente sí sobre algunos aún dubitativos con el oficialismo del chavismo disidente—, ha acercado a sectores descontentos con la gestión del madurismo que no necesariamente eran parte de la oposición de la MUD, conformándose el antichavista Frente Amplio Venezuela Libre —no electoral y con el respaldo de representantes de la sociedad civil, gremios, sindicatos, universidades, el empresariado, iglesias, ONGs, además de partidos opositores y del chavismo democrático— que llamó a crear asambleas de calle para "luchar por la democracia"

Aquí cabemos todos

En esa misma línea del Frente Amplio Venezuela Libre, en julio de 2017 el grupo de pensamiento no partidario Aquí Cabemos Todos planteó la necesidad de la unidad nacional para salir democráticamente de la crisis social, política y económica, como menciona en su documento —el cual tuve el honor de suscribir—:

«La escalada de la confrontación, violencia socio-política y crisis de gobernabilidad se acelera en Venezuela. [...]

[Frente a ello] se agregan múltiples y diversos sectores que resisten en la calle y en otros espacios sociales, con tenacidad y compromiso, a la arremetida autoritaria y militarista, sean partidos y grupos de oposición organizados o no en torno a la MUD; sean grupos y diputados disidentes y críticos del “chavismo”.

En ese ambiente diverso y plural con diferentes perspectivas ideológicas, pero también coexistiendo en ese contexto de confrontación cada vez más crudo y violento, hay que construir un espacio de negociación, de unidad nacional que garantice una transición pacífica y democrática [...] con todos los factores en disputa sin excepción, con el apoyo técnico e internacional más adecuado. Esfuerzo que propicie un necesario gobierno de transición y fortalezca la República.»

[“Aquí Cabemos Todos: propone construir un espacio de negociación que garantice una transición pacífica”, Efecto Cocuyo, 09/07/2017.]

Por ahora, sólo puedo decir lo que escribí al final de “Venezuela y la irreversible necesidad de un cambio” [El Deber, 29/07/2017]: «Dios se apiade de los venezolanos.»

De todo y mucho: En conjunto

Latinoamérica evaluada en sus Democracias, sus Desarrollo Humano, sus Oportunidades Humanas y sus Libertades Económicas

Un rápido resumen de Nuestra América a partir de parámetros internacionales reconocidos, nos permite hacernos un panorama regional. El primero que revisaré será el Índice de Democracia 2017 elaborado por The Economist Intelligence Unit del que me refería poco antes —y el que, como mencioné, analiza los países según: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política y los clasifica en cuatro tipos de régimen: democracia completa, democracia falsa, régimen híbrido y régimen autoritario—, que clasifica a los países de acuerdo con las ponderaciones obtenidas en los parámetros anteriores en cuatro categorías: democracias plenas (tienen elecciones libres e imparciales, se respetan las libertades civiles básicas, hay libertad de expresión amplia, la cultura política está desarrollada con adecuados niveles de participación política y el nivel de gobernanza es adecuado), democracias “frágiles” o “defectuosas” (tienen elecciones libres e imparciales y se respetan las libertades civiles básicas pero hay problemas de gobernanza, cultura política subdesarrollada y bajos niveles de participación política), regímenes híbridos o poco libres (con elecciones poco libres y justas, coerción de la participación política, corrupción generalizada, estado de derecho y libertad de expresión débiles y justicia no independiente) y regímenes autoritarios (no realizan elecciones libres e imparciales, no se respetan las libertades civiles básicas, hay grandes problemas de gobernanza y muy bajos —o ningún— niveles de participación política). A manera de comparación, en 2017 el país con más democracia plena a nivel mundial fue Noruega con 9,87 puntos de score y el régimen más autoritario Corea del Norte con 1,08 (lugar 167).

En Latinoamérica, el único país clasificado como democracia plena —compartiendo esa categoría con otros escasos 19 países entre 167 analizados— es Uruguay, ubicándolo en el puesto 18 a nivel mundial con ID de 8,12 puntos promedio de un máximo de 10, lo que hace al país líder regional en casi todos los Índices globales: Desarrollo Humano, Oportunidad Humana y Libertad Económica. En global, Latinoamérica obtuvo 6,26 puntos (6,33 en 2016) y en ella coexistimos —además de Uruguay como la única democracia plena, 5,3% de los que comparten la categoría—, 12 democracias “frágiles” o “defectuosas” —de 57 entre todos los analizados, correspondiendo a Latinoamérica el 21,1% de todos los clasificados, un buen récord—: Costa Rica (7,88, lugar 23), Chile (7,84, lugar 26), Panamá (7,08, lugar 45), Argentina (6,96, lugar 48), Brasil (6,86, lugar 49), Colombia (6,67, lugar 53), República Dominicana (6,66, lugar 55), Perú (6,49, lugar 61), El Salvador (6,43, lugar 65), México (6,41, lugar 66), Paraguay (6,31, lugar 71) y Ecuador (6,02, lugar 76); cinco regímenes híbridos o poco libres —39 a nivel mundial, 12,8% de todos en Latinoamérica—: Guatemala (5,86, lugar 80), Honduras (5,72, lugar 82), Bolivia (5,49, lugar 89), Nicaragua (4,46, lugar 108) y Haití  (4,03, lugar 114), y dos regímenes descritos como autoritarios —de 52 clasificados así entre los 167, lo que hace que, felizmente, la Región sólo tenga 3,8% de todos los autoritarios—: Venezuela (3,87, lugar 117) y Cuba (3,31, lugar 131).

Los países del socialismo del siglo 21 y sus afines se ubican en los lugares 65 (El Salvador, en el que la oposición se ha impuesto abrumadoramente en las legislativas y regionales), 76 (Ecuador, también en transición democrática apartándose de la corriente) —ambos con democracias “frágiles” o “defectuosas”—, 89 (Bolivia), 108 (Nicaragua) —los dos regímenes híbridos o poco libres—, 117 (Venezuela, con seguridad peor en el Índice respectivo correspondiente para 2018) y 131 (Cuba) —clasificados como regímenes autoritarios.

En el Índice de Desarrollo Humano 2016 —el de 2017 deberá ser anunciado en las próximas semanas— hay algunos cambios de orden: los dos países latinoamericanos con Desarrollo Humano Muy Alto entre los 51 así clasificados a nivel mundial son Chile (0,847, lugar 38) y Argentina (0,827, lugar 45); entre los 55 países catalogados de Desarrollo Humano Alto están Uruguay (0,795, lugar 54), Panamá (0,788, lugar 60), Costa Rica (0,776, lugar 66), Cuba (0,775, lugar 68), Venezuela (0,767, lugar 71, con seguridad significativamente desplazado hacia debajo en el próximo Índice a salir por su crisis acelerada), México (0,767, lugar 77), Brasil (0,754, lugar 79), Perú (0,740, lugar 87), Ecuador (0,739 lugar 89), Colombia (0,727, lugar 95) y República Dominicana (0,722, lugar 99). Correspondiendo a Desarrollo Humano Medio, de 41 países en Latinoamérica se encuentran Paraguay (0,693 lugar 110), El Salvador (0,680 lugar 117), Bolivia (0,674 lugar 118), Nicaragua (0,645 lugar 124), Guatemala (0,640 lugar 125), Honduras (0,625 lugar 130), mientras en Desarrollo Humano Bajo entre 40 países sólo está en la Región Haití (0,493 lugar 163).

El tercer indicador, el Índice de Oportunidad Humana, corresponde al Banco Mundial y analiza importantes indicadores para las oportunidades futuras de un niño como matrícula escolar y completamiento de educación primaria, acceso a agua segura, saneamiento básico y electricidad y uso de telefonía móvil e Internet cruzados con otros insumos (entre ellos lugar de nacimiento, riqueza familiar, lugar de residencia [urbano o rural] y género). El Índice de Oportunidad Humana —IOC (HOI en inglés) — 2008 —el último completo al que he tenido acceso— asigna un máximo de 100 puntos posibles y distribuye a los países de la Región en el siguiente orden: Chile con IOC de 92 puntos (IOC 95 en 2010), Uruguay IOC 90 (92 en 2010), Argentina IOC 88,3 (89 en 2010), Costa Rica 88 (89 en 2010), Venezuela IOC 87 (89 en 2010 y con seguridad ha retrocedido a la fecha), México IOC 86 (IOC 90 en 2010), Colombia IOC 79 (IOC 81 en 2010), Brasil IOC 76 (IOC 79 en 2010), Ecuador IOC 76 (IOC 82 en 2010), Bolivia IOC 69 —no encontré datos para el IOC 2010—, República Dominicana IOC 73 (75 en 2010), Paraguay IOC 71 (IOC 73 en 2010), Panamá IOC 69 (IOC 73 en 2010), Perú IOC 69 (retrocedió a IOC 71 en 2010), El Salvador IOC 53 (IOC 56 en 2010), Guatemala IOC 51 (IOC 57 en 2010), Honduras IOC 48 (51 en 2010) y Nicaragua IOC 46 (IOC 54 en 2010) —en ningún Informe del IOC se registran a Haití ni Cuba.

Más complejo es el análisis del Índice de Libertad Económica de The Heritage Foundation que considera los siguientes parámetros para su clasificación: derechos de propiedad, integridad gubernamental, efectividad judicial, gastos del gobierno, carga impositiva y libertades para los negocios, laboral, monetaria, de comercio, de inversión y financiera, clasificando a los países como de economías libres, principalmente libres, moderadamente libres, principalmente no libres o restrictivas y reprimidas. En su edición 2018, el primer lugar de economía libre lo alcanza Hong Kong con 90,2 puntos sobre 100 posibles, mientras el último lugar (180) es ocupado nuevamente por Corea del Norte con sólo 5,8 puntos, mientras que en Latinoamérica, Chile es el país más avanzado en este Índice y el único de economía principalmente libre en la Región al estar ubicado en el lugar 20 entre los 180 países analizados con un Índice de Libertad Económica —ILE (IEF en inglés)— de 75,2 puntos; le siguen, ya dentro de las economías moderadamente libres, Uruguay (lugar 38 con ILE 69,2), Colombia (lugar 42 con ILE 68,9), Perú (lugar 43 con ILE 68,7), Panamá (lugar 54 con ILE 67,0), Costa Rica (lugar 57 con ILE 65,6), México (lugar 63 con ILE 64,8), Guatemala (lugar 73 con ILE 63,4), El Salvador (lugar 75 con ILE 63,2), Paraguay (lugar 82 con ILE 62,1), República Dominicana (lugar 89 con ILE 61,6) y Honduras (lugar 94 con ILE 60,6); entre las economías principalmente no libres latinoamericanas están Nicaragua (lugar 100 con ILE 58,9), Haití (lugar 124 con ILE 55,8), Argentina (lugar 144 con ILE 52,3) y Brasil (lugar 153 con ILE 51,4), y entre las economías reprimidas se ubican Ecuador (lugar 165 con ILE 48,5), Bolivia (lugar 173 con ILE 44,1), Cuba (lugar 178 con ILE 31,9) y Venezuela (lugar 179 con ILE 25,2), éstos dos inmediatamente antes que Corea del Norte.

El correlato entre los cuatro Índices nos servirá para visibilizar los pelotones de los seis punteros, entre los que Chile encabeza tres (IOH, IDH & ILE) y es tercero en ID, Uruguay encabeza uno (ID), es segundo en dos (IOH & ILE) y tercero en IDH y ambos están en los punteros de todos; entre el resto de los incorporados en los primeros seis lugares de los cuatro Índices, Costa Rica está en todos y en tres están Panamá (ID, IDH & ILE) y Argentina (ID, IOH, IDH) —el resto está sólo en uno de ellos: Brasil (ID), Cuba (IDH), Venezuela y México (IOH) y Colombia y Perú (ILE). Una conclusión muy factible es que la Democracia y la Libertad Económica son factores imprescindibles para alcanzar desarrollos sostenibles en los ámbitos social, económico y, por ende, humano y para ejercer la justicia y los derechos humanos plenos.

Cumbre de las Américas

El 13 y 14 de abril, Perú dará ejemplo de solidez democrática cuando el presidente Vizcarra Cornejo sea el anfitrión durante la VIII Cumbre de las Américas de los Jefes de Estado y Gobierno o sus representantes de los 34 países que asistirán —35 con Venezuela, a la que se le retiró la invitación a Maduro Moros por decisión conjunta del Grupo de Lima, sólo objetada por Cuba y Bolivia. Paralelamente al evento, cuyo tema central de debates será la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, se realizarán foros sobre la sociedad civil, los jóvenes y los pueblos indígenas, un gran encuentro empresarial, la tercera reunión de los parlamentos de la Región y la denominada “Cumbre de los Pueblos”, a la que Maduro Moros tenía previsto participar.

Al margen de la importancia para los países miembros que tendrá el evento, lo es más para Perú y para su presidente porque le servirá de debut internacional antes de que el Perú asuma en mayo la presidencia de la Comunidad Andina (CAN) y en julio la presidencia de la Alianza del Pacífico. Si la renuncia de Kuczynski Godard no afectó el comportamiento de los mercados ni la moneda peruana ni, tampoco, bajaron sus calificaciones crediticias, el desempeño que tenga el nuevo gobierno peruano —y, sobre todo, su presidente— en las primeras líneas de representatividades regionales confirmarán lo que sentencié al hablar de la transición peruana: la democracia en el Perú y sus instituciones son, actualmente, suficientemente sólidas para resistir embates potencialmente desestabilizadores y su construcción se inició con otra transición, ésa sí crítica: la de El Chino a Paniagua Corazao.

Tras el retiro de la invitación a Maduro Moros y considerando la insistencia de éste en que asistirá de todas formas —bajo las condiciones de un ciudadano común, sujeto a los procedimientos migratorios peruanos, sin atenciones como Jefe de Estado y sin participar de la Cumbre—, es muy posible que participe en una “Cumbre” paralela con sus presidentes aliados ideológicos —sólo los de Cuba y Bolivia— que puede ser la antes mencionada “Cumbre de los Pueblos” con sectores afectos su régimen. No obstante, suceda esto o no, la importancia de ello será mediática y no efectiva considerando que, siguiendo el lema de la Cumbre, Venezuela no practica la gobernabilidad democrática y es ejemplo de corrupción desenfrenada, a la vez que un permanente violador de los derechos humanos de su pueblo.

La VIII Cumbre será muy importante, entre otras razones a las expuestas más arriba, porque servirá como primer encuentro de la mayoría de los mandatarios de la Región con el presidente Donald Trump en un momento en que, en lo económico, la “guerra de aranceles” para algunos productos que Latinoamérica exporta a los EEUU es motivo de preocupación y ambigüedad en su implementación —ampliando las ya difíciles renegociaciones del NAFTA— y, en lo social, las restricciones inmigratorias a los EEUU y las deportaciones de inmigrantes —sumado al polémico Muro fronterizo muchas veces anunciado; en el mismo plano económico, potenciará el acercamiento dentro de los países costeros de la Cuenca del Pacífico —incluyendo otros no limítrofes como los fundadores del MERCOSUR: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay— tanto por la Alianza del Pacífico —hasta el momento, con cuatro países fundadores (México, Colombia, Perú y Chile) que representan el 40 % del PIB de Latinoamérica y dos candidatos a miembros en proceso (Costa Rica y Panamá)— como en la nueva Asociación Transpacífico Integral y Progresista (CPTPP) —iniciada con 11 miembros (Brunei, Australia, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) que abarcan 13% del comercio mundial— como respuesta al proteccionismo y aislacionismo de la Administración Trump. 

Otra razón que reafirma la importancia de esta VIII Cumbre es su tema central: “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”, fundamental en un momento en que las revelaciones hechas hasta ahora —y faltarán más— de las difundidas prácticas corruptas enquistadas horizontalmente —con independencia del signo ideológico de sus involucrado— en la mayoría de las relaciones empresarios-gobernantes han creado rechazo en la sociedad civil y desarrollados fenómenos de falaz política, incluso en mesianismos más allá de la constatación de delitos —como Lula da Silva en Brasil y CFK en Argentina— o de que sus discursos se contradicen con sus programas y alianzas —como López Obrador en México—, por citar algunos muy actuales; o, incluso, de antipolítica como Bolsonaro en Brasil.

Usualmente soy crítico de estas reuniones masivas porque arguyo que terminan siendo turismo de autoridades y, para la VII Cumbre de Cartagena de Indias, las denominé «práctica más política que eficiente —siempre hay excepciones— que perjudica las arcas gubernamentales. Cumbritis remanente del siglo XX sin las tecnologías actuales de comunicación» [“Trascendencias de una Cumbre”, La Razón, 14/04/2015]. Sin embargo, en este momento de redemocratización regional —tras el impasse que fue el socialismo 21—, su cambio sociopolítico a posiciones de centro —desde centroizquierda a centroderecha—, el desprestigio de “la política” —entendida como la práctica de la corrupción desde los gobiernos y sus instituciones, con independencia del signo ideológico porque no se salvan ni tirios ni troyanos— y, sobre todo, el sinceramiento de las economías luego del fin del superciclo de los commodities y las búsqueda y establecimiento de mecanismos que las hagan sostenibles —a veces traumáticamente en el primer momento—, este encuentro, transparente y frente a la sociedad de la Región, puede convertirse en un hito.

Espero que así sea. 

Información consultada

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