martes, 24 de marzo de 2020

Virus y elecciones: ¿pe(s)cadores ganan?



El coronavirus llegó y trastornó el mundo que conocemos. Saltando las distancias y los muertos —hasta hoy, casi 15 mil muertes del COVID-19 en todo el mundo mientras que la Peste Negra mató un tercio sólo de toda la población europea del siglo XIV y entre 20 y 40 millones murieron con la gripe española de 1918, ni la Peste Negra ni la gripe española ni, más cerca, el HIV y el SIDA —más de 40 millones de fallecidos— lograron crear un pánico tan inmediato fake news y desinformación por medio— ni, tampoco, medidas tan radicales en todo el mundo.


Saco del COVID-19 varias lecciones. La primera, que no es posible mentir eternamente, menos en nuestro mundo hiperinformado: el negar la existencia de la enfermedad —usual en regímenes totalitarios como China— fue el factor que provocó la explosión de los contagios y la difusión exponencial del virus. Segundo, en nuestra época hiperinterconectada —no pondré “globalizada” porque desde Trump no es buena palabra— detener una propagación es una tarea tenaz. La tercera —hay muchísimas más— es que la mentira y la tergiversación son armas apetecibles para la guerra sucia.

Saltaré a las elecciones en Bolivia. Como en otras columnas, seguiré sosteniendo la confianza en la probidad del Tribunal Supremo Electoral y en su presidente —aunque a veces mantener el equilibrio entre ajustarse “en fino” a la legalidad para evitar cuestionamientos y las urgentes ansiedades de la sociedad sea tarea de mucho esfuerzo y penoso reconocimiento— y también reconoceré que existe una intelligentsia política nuestra que —aunque la mar de las veces sea al borde de una catástrofe— logra acuerdos y consensos. Por eso no dudo que los habrá sobre la postergación de las elecciones —algunos porque esperarán réditos de ello y otros porque comprenderán que es imprescindible—, al menos de la gran mayoría. (Hasta puedo entender la negativa del MAS porque la guerra al coronavirus es un fuerte argumento contra sus aspiraciones y porque, a pesar de contar numéricamente con mayoría en la Asamblea, bloquear la postergación no sólo sería un suicidio político y social sino, además, inútil en la práctica frente a las atribuciones del Cuarto Poder, el Electoral, para situaciones extraordinarias, las mismas que el propio MAS le atribuyó en 2009 confiado de su cooptación.)

Quizás la postergación sea hasta más beneficiosa para el país porque —elucubro— “hasta” podría permitir revisar alineaciones y, quizás incluso, la geografía electoral viciada de injusticia. Pero, por esta vez, retornaré a mi eje: Virus y elecciones y “pescadores” en busca de ganancia.
Me abstendré de analizar las medidas sanitarias tomadas —consecuentes con las de la OMS/OPS—; me quedaré con las tergiversaciones malintencionadas, las acciones en presunto autobeneficio y el terrorismo verbal.

Sin dudas, las tergiversaciones malintencionadas redundan en detrimento de quien las dice cuando la población las contrasta con la realidad —el temor del MAS— y el continuo demérito de lo hecho —acción de algunos— se vuelca contra el que lo hace; similar camino toman las acciones en autopropaganda: en momentos de necesaria solidaridad y esfuerzo, los protagonismos interesados provocan repudio. El terrorismo verbal, mal o bien intencionado —el efecto Savonarola—, es más grave porque augurar la indefectibilidad de miles de muertos no crea conciencia sino zozobra cuya prevención debe ser el empeño de todos.

Se ha mencionado estos días a Bocaccio y a Camus; yo recordaré a Dante. En la Divina Commedia habla dos veces de pestes en su Círculo Octavo: en el Canto Vigésimo de los impostores y los desleales y en el Vigésimonoveno de los falsificadores y diseminadores de discordia. Huelgan comentarios.

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martes, 10 de marzo de 2020

Vergonzosas mentiras, mediocre mezquindad



El título de esta columna caracteriza buena parte de estas elecciones: Vergonzosas mentiras como la del paper del Center for Economic and Policy Research (CEPR) publicado “en” el periódico The Washington Post y mediocre mezquindad la de las candidaturas presidenciales descartables por residuales que sólo lograrán aportarle espacios al MAS.

Empezaré por el artículo “Bolivia descartó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar fraude”, escrito por John Curiel y Jack R. Williams y publicado el 27 de febrero en el blog The Monkey Cage —que su editor, John Sides, describe como «un sitio independiente publicado actualmente aquí en el Washington Post», es decir: no es del periódico. La primera falsedad fue atribuir ese documento de sólo 3 páginas a “investigadores del Laboratorio de Datos Electorales y Ciencias del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT)”, algo después Richard Lester, Preboste Asociado del MIT, a nombre del Presidente Leo Rafael Reif desmintiera al mencionar que los autores trabajaron a título personal y contratados por CEPR, y la segunda darlo como una “investigación seria” que “anulaba” la auditoría electoral de la OEA (86 páginas con el trabajo de 36 especialistas multidisciplinarios de diferentes países); el publicado en Monkey Cage sólo fue realizado por Curiel y Williams. Sin entrar en más —el codirector de CEPR Mark Weisbrot es una antiguo aliado de Chávez y Maduro, y su Analista Político Senior, Guillaume Long, fue ministro de varias carteras con Rafael Correa—, el paper fue reproducido inmediatamente en medios internacionales sin más análisis —ni aclaración después de los desmentidos— y toda la izquierda sociata 21 lo aplaudió para loor de Evo, aunque en realidad los disparos eran contra la candidatura de Almagro en la OEA, meta urgente bolivariana. (Sobre Morales penden el juicio por el asesinato de Michael Dawyer y las precisiones de la ACNUR sobre sus violaciones del refugio político.)

Y aunque hay mucho más de qué opinar, me quedaré en la mediocre mezquindad. Para el 3 de mayo se habilitaron ocho partidos y alianzas, siete contrarias al MAS. De las ocho, la primera encuesta de intención de voto publicada luego de oficializados los binomios (CIES MORI, 16/02), sólo da posibilidad para una segunda vuelta a tres de ellos: MAS-IPSP, JUNTOS y COMUNIDAD CIUDADANA —estos dos estadísticamente similares—, circunscribe presencia de CREEMOS en la ALP sólo en Santa Cruz —estadísticamente igualado con JUNTOS— y descarta posibilidad alguna para el resto; la segunda (MERCADOS Y MUESTRAS, 23/02) —con un error mayor (+/- 3% vs. 2,07%) y menos casos (1.070 vs. 2.224) y cobertura (48 vs. 84)— repite la terna posible.

En otras columnas y entrevistas he explicado —a partir del coeficiente D´Hondt aplicado en Bolivia— cómo la dispersión de votos por muchas candidaturas beneficia mucho al primer ganador (el MAS podría ganar en cinco departamentos) y reduce la representación de los siguientes. En “La victoria del MAS y el rol de Tuto Quiroga” (Página Siete, 15/10/2014) ya Raúl Peñaranda analizó cómo la candidatura de Quiroga perjudicó entonces los resultados de la oposición; vale el análisis de Peñaranda para hoy.

Cerraré con dos «requisitos que deberían ser plenamente cumplidos» en las campañas electorales de mi buen amigo Juan Cristóbal Soruco (“Adversarios, no enemigos”, Los Tiempos, 08/03/2020): «no recurrir a la mentira como centro de las estrategias de campaña (no sólo porque mentir es malo en sí, sino porque mentir presupone que la audiencia es tonta) y mantener un mínimo de respeto a los adversarios».


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martes, 25 de febrero de 2020

Verdades, ¿medias verdades...? ¡Y Carnaval!



El 16 pasado, se difundió la primera encuesta de intenciones de voto de CIES MORI tras la inscripción de los binomios presidenciales. Me quedaré a analizar en ella porque la otra que esperaba de intenciones —la de Jubileo-UMSA— no ha salido y ésta de CIES MORI la puedo comparar con su anterior de preferencias difundida el 2 de enero.

Empezaré por los resultados ponderados sobre votos válidos, prorrateando proporcionalmente los No Sabe (6,5%) y Voto Secreto (2,2%) a los valores directos. Los resultados ponderados dan el 34,3% para el MAS (directo: 31,6%), el 18,6% para Carlos de Mesa (17,1%), Jeanine Añez el 17,9% (16,5%), Luis F. Camacho 10,4% (9,6%), el coreano naturalizado Chi Hyun Chung el 5,9% (5,1%), Feliciano Mamani y Jorge Quiroga coinciden en el 1,7% (1,6%) e Ismael Schabib (inhabilitado y luego sustituido) el 0,5% (0,5%).

Empezaré aclarando por qué la del MAS es la única candidatura que no he utilizado el nombre del candidato: como todos mis lectores concordarán, Luis Arce es un comodín intrascendente pero “el candidato” para captar —o perder votos— es Morales; la ausencia de los moderados del MAS es muestra de ello. También recordaré lo que ya mencionó Fernando Molina en UNITEL: el 65% de los electores había declarado antes que nunca votarían por el MAS, lo cual da que el más está llegando (o llegó) a su “techo” electoral y la única opción viable es bajar.

De Mesa está alrededor del 18,6%, una caída significativa respecto del 26% que —según CiesMori— tenía en julio de 2019 (también tres meses antes de las elecciones) y un empate técnico con Añez. Las posibilidades de Mesa de mantenerse —y no serían de crecer— quedan cada vez más circunscritas al Occidente y sin el recurso del “voto útil” que le benefició argüir en octubre pasado. Obviando su campaña anterior, pesa en su contra su tibia posición durante la Revolución de las Pititas, cuando todo el país opositor pedía salida de Morales y él continuaba con el reclamo de segunda vuelta. Por el contrario, Añez —aún con poca comunicación de gestión y ninguna de campaña— sin utilizar el Poder para hacer política puede crecer significativamente. Sobre Camacho, cierro en poco.

De los cuatro candidatos siguientes: el ultraconservador Chi va a aferrase al voto evangélico que no le dará posición en la Asamblea, mientras que Quiroga, Mamani y el sustituto de Schabib son absolutamente residuales y camino a pérdida de registros.

El quid está en la Asamblea: el MAS podría tener 15 de 36 senadores y 25 de los 60 plurinacionales (sin contar uninominales). No serían mayorías simples —menos absolutas— pero tendrían un fuerte peso decisor. Por ello, la preocupación ciudadana de reforzar las candidaturas viables y descartar las menos favorecidas antes de pensar en posibles alianzas postelectorales dentro de la Asamblea.

En este sentido, toma importancia la propuesta de Camacho, candidato circunscrito a Santa Cruz y desaparecido en el resto del país (Marcos Pumari no aportó nada en Occidente), aunque queda en duda qué quiere decir con “dejar en blanco” porque las únicas opciones son seguir o retirarse. Hasta el 30 de abril pueden abandonar candidatos de participar y ser sustituidos dentro de organizaciones pero, en el caso de organizaciones, no porque ya estarían en la boleta impresa.

Camacho fue la cara visible —seguido por muchos— en la caída de Evo pero el líder de barricada no se trasvasó a ser un candidato exitoso. Ahora es el momento de definirse: si renuncia y sus votos refuerzan alguno de los dos principales candidatos opositores —Añez mucho más posible— o nos quedará que “en blanco” fue una argucia cantinflesca de marketing electoral. Lo sabremos después de Carnaval.

«¿Dijiste media verdad? / Dirán que mientes dos veces / si dices la otra mitad». [Antonio Machado, Proverbios y Cantares XLIX]

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martes, 11 de febrero de 2020

Elección 2020: bulos y “amores” a tutiplén



Empezaré esta columna junto con mis lectores no-MAS tras la incertidumbre con la vigente Sentencia Constitucional Plurinacional 024/2018 (írrita como la 084/2017 que habilitó al binomio ilegal y luego fraudulento) que cambió el requisito de “haber residido de forma permanente al menos los dos años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente” (Artículo 149 y concatenados de la Constitución vigente) por otro de “residencia intermitente”, “justificado” por ser más “favorable a los derechos humanos” de los posibles candidatos. (La Sentencia interpretativa fue promovida por dos aún diputados opositores: Norma Piérola Valdéz y Julio Costas Gonzáles.) La candidatura observada de Morales Ayma por el Tribunal Supremo Electoral (como las de los demás que lo fueron) fueron revisadas de acuerdo con lo establecido por la ley; el requisito de residencia permanente está en el Reglamento OEP para la Inscripción y Registro de Candidaturas, artículo 3.II.

En afán propositivo y porque creo que es muy posible corregir las falencias, diré que la Administración Añez Chávez, más allá de su transitoriedad, ha perdido posibilidades y, aparentemente, abandonado esfuerzos en áreas de su comunicación. De plano, después de un excelente inicio de posicionamiento exterior que fue intuitu personæ con Jorge Quiroga Ramírez, Óscar Ortiz Antelo, Jaime Aparicio Otero y Karen Longaric Rodríguez, éste no fue seguido (difusión, posicionamiento o lobby mediático) por razones que desconozco, ya fuera por decisión estratégica, falta de personal o recursos o, incluso, por un saboteo interno de la gestión. La consecuencia ha sido una visión negativa en medios internacionales, a través de recientes artículos (la traducción es mía) como “Déjà vu en Bolivia: Áñez quiere ser como Evo” (The New York Times), “La líder interina de Bolivia no debería presentarse a elecciones” (The Financial Times) y “Jeanine Añez quiere ser presidente de Bolivia. Ella está traicionando su voto para restaurar la democracia” (de Andrés Oppenheimer en The Miami Herald). Por el mismo plano estarían los diferendos con Diego García-Sayán Larrabure y los que ha habido con Amnistía Internacional y la CIDH, al margen de cuán invalidas sean estas posiciones. ¿Son prevenibles? Sí, pero cada momento que se pierda nos acerca a un 3 de mayo descalificado internacionalmente.

“Comunicar hacia adentro” pareciera que es el enfoque estratégico de la comunicación gubernamental previendo críticas y susceptibilidades sobre mezclar gestión con campaña pero, perdido el cebo (a la vez que cepo) de la propagando estatal y sin otras coyundas perceptibles, en medios importantes aparecen posiciones asaz muy críticas dentro de una libertad amplia de expresión que celebro absolutamente pero que debió ser compensada (¡no coartada!) por una mejor comunicación estatal (incluida de crisis) fuera de sus medios propios. ¿Qué es muy corto el tiempo, no abundan los recursos (no los humanos, que aquende sí existen) y lo previo era viciado? Sí, sin dudas. Pero también lo ha sido para los que enfrentan la economía y la pacificación, la salud… Es época de presta creatividad comprometida, no de prueba y error.

El gobierno ha tenido desaciertos pero también muchos aciertos. La presidente provoca amores y desamores, lógicos ambos; los bulos y miedos pululan en Redes y conversas; el saboteo no falta, a veces con buenas intenciones. Es la época del río revuelto, del descrédito de la política (y de la antipolítica también). Y, en medio de ello, dos buenas noticias: el MAS continúa fracturándose y despreciando a los moderados. Y las pititas (sin etiquetas) no se han guardado.

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domingo, 9 de febrero de 2020

Del año del Cerdo al Año de la Rata en Latinoamérica (Parte 2): "2020: la Rata de metal y los cambios vertiginosos"



Los que estudian la astrología china advierten que a partir del 25 de enero de este año se inició el Año de la Rata de Metal y terminó un ciclo astrológico lunar; como comienza un nuevo ciclo en la rotación de los 12 signos, será un año de cambios, que nos invadirán —dicen los astrólogos— a un ritmo vertiginoso. Pero la Rata es el animal con más capacidad de adaptación, de supervivencia, de intuición y de inteligencia; como también es un año yang, la luz y la actividad deberán primar.

Desde Caracas al mundo: ¡Libertad para Venezuela!

Tras dar concluir en un fracaso —como los anteriores: por falta de voluntad de la dictadura venezolana— el proceso de mediación auspiciado por Noruega entre el régimen madurista y la oposición encabezada por Juan Guaidó Marquez —primero en Oslo, luego en Barbados—, Venezuela inició este año con las mismas prioridades de la oposición —la movilización interna, la presión internacional y el cerco diplomático a la dictadura de Maduro para lograr sus anunciadas metas de «cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres»— y con crecientes apoyos y reconocimientos internacionales —hasta hoy, 58 países reconocen a Guaidó Marquez como Presidente Encargado o, al menos, como el verdadero representante de Venezuela—, con altísimos niveles de violencia —según el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019 se registraron 16.506 muertes violentas, una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes (la más alta de Sudamérica y la segunda mundial en países sin situaciones de guerra, el 92% de los casos quedando impunes), más de 300.000 homicidios en el bidecenio bolivariano— y, a pesar del amplio descrédito internacional e interno del Gobierno dictatorial de Maduro Moros, entrampado entre un cúpula militar mafiosa, el apoyo geopolítico y estratégico de Cuba, Rusia e Irán —además del temor usurero de China— y la presencia impune del narcotráfico, el narcoterrorismo y el terrorismo islamista.

El 5 de enero estaba convocada la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional de Venezuela para la elección de la Comisión Delegada, presidida hasta entonces por Guaidó Márquez y descontada su reelección. En una burda maniobra que acentuó internacionalmente la ilegalidad de su régimen, Maduro Moros hizo blindar el Palacio Legislativo con su Guardia Nacional Bolivariana para impedir violentamente el acceso de los legisladores de oposición y forzar la elección de Luis Parra Rivero como presidente de la Asamblea Nacional, calificada por Guaidó Márquez y la oposición venezolana calificó como «golpe de Estado parlamentario». Pero aunque Maduro Moros se apresuró a anunciar que Guaidó Márquez “había sido reemplazado como presidente de la Asamblea Nacional”, lo cierto es que la “elección” de Parra Rivero estuvo muy lejos de alcanzar el quorum requerido; ese mismo día, Guaidó Márquez fue reelegido con quorum —100 votos a favor de 111 presentes en la elección realizada en el periódico El Nacional, el 69% de los diputados habilitados—, más de lo que necesitaba.

La trama del madurismo para evitar la reelección de Guaidó Márquez se denominó “Operación Alacrán” y se estructuró con diputados pertenecientes hasta fines de 2019 a diferentes partidos opositores —incluido Voluntad Popular, al que pertenece Guaidó Márquez— y que entonces fueron expulsados de sus partidos, acusados de corrupción y convivencia con el régimen en lo que se denominó la "Operación Maletín Verde" —la intercesión, bajo el presunto nombre de la Asamblea Nacional, ante instituciones extranjeras (entre ellos, el Departamento del Tesoro de los EEUU y la Fiscalía General de la Nación de Colombia) para exonerar a grandes empresarios vinculados con el Gobierno madurista acusados de corrupción.

Ese momento crítico de la reelección al frente de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional —y, por ende, de su Presidencia Encargada de Venezuela— coincidía con una caída significativa de su popularidad —consecuencia de su incumplida (por diversas razones conocidas) sobrepromesa pública a inicios de 2019 de sacar a Maduro Moros rápidamente del poder—, el 19 de enero Guaidó Márquez —quien está prohibido por “la justicia” [sic] del régimen madurista de salir de Venezuela— llegó a Bogotá para participar en la Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo y reunirse con su aliado el Presidente Iván Duque Márquez y con “Mike” Pompeo, Secretario de Estado de los EEUU, entre otros. La gira continuó hasta hoy (09 de febrero) en Londres —donde se reunió con el Primer Ministro Boris Johnson—, en Bruselas —con Margaritis Schinas y Josep Borrell, Vicepresidentes de la Comisión Europea, y habló ante el Parlamento Europeo—, en Davos —ante el Foro Económico Mundial, donde reclamó a los líderes del mundo apoyo contra el régimen madurista («No podemos solos») y se reunió con la canciller alemana, Angela Merkel, el canciller austriaco Sebastian Kurz y el primer ministro de Holanda, Mark Rutte—, en París —con el presidente Emmanuel Macron—, en Madrid —con la canciller Arancha González Laya y con los líderes de los principales partidos políticos de España—, en Ottawa —con el primer ministro Justin Trudeau— y los EEUU, donde se ha reunido con el presidente Trump —quien tanto en el Congreso pleno como en la visita a la Casa Blanca se ha deshecho en elogios para Guaidó—, congresistas y también —como en la mayoría de los países visitados— con importantes grupos de emigrados venezolanos.

La visita de Guaidó Márquez a España desnudó la debilidad del gobierno de coalición de Pedro Sánchez Pérez-Castejón y de él mismo: Mientras dirigentes históricos e importantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebraron la visita, Sánchez Pérez-Castejón trató de “equilibrar” con sus socios podemitas —financiados por el régimen bolivariano, del que han sido sus asesores (como de todos los gobiernos sociatas 21)— y no recibió a Guaidó Márquez, lo que ha creado críticas en casi todo el espectro político de ese país (exceptuando la izquierda “dura”).

Pero peores turbulencias ha producido la creciente polémica aún sin aclarar —confusamente “justificada” por personeros del gobierno— de cómo José Luis Ábalos Meco (alto dirigente del PSOE y uno de los principales ministros de Sánchez Pérez-Castejón) pudo reunirse en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con la vicepresidenta bolivariana Delcy Rodríguez Gómez “sin” violar la prohibición que tiene Rodríguez Gómez de pisar territorio de la Unión Europea, como es España.

¿Qué sigue para Venezuela?

La importancia y urgencia de la redemocratización en Venezuela —para ella y para toda la Región— justifica el espacio que ha ocupado en ambas partes de este artículo. La dolarización de la economía ha sido un respiro, leve pero importante, para la terriblemente destruida economía venezolana —aunque sólo alcance a los que tengan acceso a dólares—, respiro que, además, se ha beneficiado con las remesas de los emigrantes, como analicé en la Parte 1. Los próximos pasos serán influenciados positivamente si Almagro Lemes es reelegido en la Secretaría General de la Organización de Estado Americanos (OEA) pero, sobre todo, por la posición que tomen los mandos medios —sin excluir otros posibles escalones— y la tropa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. También toma importancia decisiva Cuba porque, como citó Carlos Alberto Montaner Suris a Michael G. Kozak (Subsecretario de Estado interino para Asuntos del Hemisferio Occidental): «Cuba pertenece al problema» pero, como dijo Guaidó Márquez en Canadá fijando posición para negociaciones realistas, «Nos gustaría que Cuba fuera parte de la solución».

En ese sentido, se impone la necesidad de motivar y profundizar las movilizaciones populares (según informó el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Venezuela alcanzó en 2019 un récord de 16.739 manifestaciones) además de la urgencia en revisar la actual estrategia de la oposición democrática para adaptarla a este exitoso tour y lograr una solución basada en elecciones presidenciales y legislativas creíbles y transparentes.

Me ha confundido que muchos medios, analistas y personalidades —muchos de ellos críticos de la dictadura— hablen de un autoproclamado presidente interino de Venezuela al referirse a Guaidó Márquez. Sugiero a la oposición democrática venezolana —sobre todo a la Asamblea Nacional, en la medida de sus posibilidades— que remarquen que Juan Guaidó Márquez fue elegido por la Asamblea Nacional —hoy único Poder constitucionalmente  luego del fraude de las elecciones presidenciales en 2018 y de lo írrito de la Constituyente en 2017— como Presidente Encargado de Venezuela tras la constatación del gran fraude electoral bolivariano de 2018 hasta la realización de elecciones presidenciales democráticas, basándose en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 y en ningún caso se autoproclamó.

En su nota de prensa “Guaidó en Davos... Maduro en Miraflores” del 24 de enero, Deutsche Welle (DW) citaba un artículo del periódico alemán Tageszeitung (21/01) que, con el título "Guaidó hat nichts erreicht” (“Guaidó no ha conseguido nada”), presuntamente "resumía” el año transcurrido. Gloso ese titular de DW para destacar que, mientras Maduro Moros y su mafia se refugian en Miraflores porque son repudiados y rechazados en la mayoría del mundo —además del miedo de que sus propios compinches lo derroquen—, Guaidó Márquez se reúne cordialmente en Latinoamérica, Europa y Norteamérica con muchos de los principales líderes mundiales y es recibido por sus compatriotas en el exilio.

Estoy convencido que el señor Luis García Casas —autor de esa nota— no se dio cuenta de la frase (a modo de) palíndromo que creaba.

Cierro este acápite venezolano con el mensaje de Guaidó Márquez al régimen chavista de Venezuela: «Clarito… Voy a regresar», coyunda al cuello de Maduro Moros y su mafia porque, por angas o por mangas, lo que decida la dictadura le saltará como dogal.

El ocaso del fujimorismo en Perú

El 26 de enero hubo en Perú la primera convocatoria electoral: Elecciones congresales extraordinarias que, como consecuencia de los bloqueos de la mayoría opositora en el Congreso, liderada por Keiko Fujimori Higuchi, derivaron en unas elecciones legislativas que no estaban programadas. Estas elecciones extraordinarias son inéditas porque es la primera vez que se elegirá únicamente para el Congreso y no de manera simultánea al mandatario del país; así mismo, los congresistas que sean electos sólo ejercerán el mandato un año porque en 2021 tendrán lugar las elecciones generales ordinarias, pues se cumplen los cinco años de las anteriores y los mandatos deben coincidir; por esa razón, ni en los políticos ni al electorado despierta mucho interés estos comicios dada la poca efectividad real que tendrán los mandatos, más allá de haberle solucionado a Martín Vizcarra Cornejo los conflictos con el legislativo.

Todas las encuestas habían mostrado un amplio número de indecisos (el 33,2% para IEP y el 17,0% para IPSOS) y de posibles abstenidos (el 21,6% para IEP y 34,0% para IPSOS)            —lamentablemente, hasta hoy (05/02) las autoridades electorales no han publicado esos datos. El resultado más significativo de las encuestas de intención de voto —al menos para el presidente Vizcarra Cornejo— era un significativo declive de Fuerza Popular, la formación de la Fujimori Higuchi, que perdía el dominio que ejerció en el actual Congreso: en las anteriores de 2016 logró 73 congresistas de 130, con 36,34% de los votos generales pero las encuestas le daban en diciembre pasado el 6,8% (IEP) y el 8% (IPSOS); en los comicios definitivamente alcanzó el 7,24%.

A estas elecciones no se presentó Peruanos Por el Kambio (PPK), el partido creado para las elecciones de 2016 por Kuczynski Godard y al que Vizcarra Cornejo fue invitado y elegido su vicepresidente.

En 2019, el partido PPK cambió de nombre a CONTIGO, desvinculándose completamente de Kuczynski Godard. En las congresales de este año pasó desapercibido.

Las séptimas elecciones parlamentarias desde la Constitución de 1993 que estableció la creación del actual Congreso unicamaral de la República del Perú, han dado un panorama fragmentado y con cambios significativos: Acción Popular (centroderecha) pasa de tener la quinta posición en la legislatura 2016 (entre 6 partidos) con 5 congresistas a convertirse en la primera fuerza ahora en 2020 con 25 nuevos parlamentarios mientras el fujimorista Fuerza Popular (derecha populista) pasa del primer lugar entonces como mayoría opositora (73 congresistas) a la tercera representación ahora (de nueve organizaciones representadas, aunque sexta en votación) con sólo 15 parlamentarios probables, compartida con el FREPAP.

Entre los resultados interesantes avanzados están que las principales organizaciones legislativas están entre el centroderecha y la derecha; después de 20 años, regresa a ocupar espacios el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP, derecha-extrema derecha), un partido mesiánico con base rural; la izquierda se reduce significativamente (Mendoza Frisch no ocupará escaño y su agrupación —Juntos por el Perú, escisión del Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad que la llevó de candidata presidencial en 2016— no rebasó la barrera del 5% de votos: obtuvo 4,77%), y, por primera vez desde su fundación, el APRA (del suicidado expresidente García Pérez) no estará representado en el Congreso.

El caso del FREPAP debe entenderse desde tres vertientes: el auge de las iglesias evangélicas en Latinoamérica y su importancia en política —ejemplo de ello fue el triunfo de Bolsonaro en Brasil y los resultados inesperados del pastor Chi en Bolivia en 2019—, el rechazo a los partidos políticos establecidos —sean a la izquierda o la derecha del espectro— y el voto rural, significativo en Perú.

El partido —de corte teocrático— fue fundado en 1989 por Ezequiel Ataucusi Gamonal —considerado por sus seguidores “la representación de Cristo en la Tierra”— como brazo político de la ultraconservadora congregación religiosa Asociación Evangélica de la Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), fundada también por Ataucusi Gamonal en 1968; actualmente, su hijo Ezequiel Jonás Ataucusi, lidera el partido. La prédica de los “israelitas” —como se les conoce en Perú— mezcla el Viejo Testamento y la cosmovisión inca, en la que Perú representaba la Tierra Prometida.

Dos elecciones con petróleo

Marzo tendrá dos elecciones muy diferentes: el lunes 2 las legislativas en Guyana y el viernes 20 la del Secretario General de la OEA.

La República Cooperativa de Guyana es una república semipresidencialista, donde el Presidente es elegido indirectamente —no por voto popular directo— por cinco años en la Asamblea Nacional unicameral en representación del partido ganador en las elecciones legislativas; desde sus inicios independientes, más que en lo ideológico —los principales partidos se definen socialdemócratas— la política ha estado condicionada por el tema étnico, consecuencia de la colonización británica: el Partido Progresista del Pueblo (PPP) vinculado a los guyaneses de ascendencia india mientras el Congreso Nacional del Pueblo (PNC) es mayoritario entre los afrodescendientes. 

Venezuela reclama más del 74% de su territorio (Guayana Esequiba) y Surinam la Región de Tigri (más del 7% del país), por lo que casi el 82% del territorio guyanés es reclamado por sus vecinos.

La importancia de estas elecciones guyanesas estriba en que en 2020 el país empezará a explotar sus descubiertas reservas petroleras y se calcula que tendrá este año un crecimiento del 86% del PIB, el mayor del mundo. Los retos principales serán lograr aprovechar los nuevos recursos y no caer en la enfermedad holandesa, prevenir la corrupción —mal endémico en Guyana—, manejar adecuadamente la segura inmigración —necesaria en profesionales para la nueva industria pero peligrosa en venezolanos desesperados— y, además, precautelar el territorio (la zona petrolera está en la Guayana Esequiba).

La otra elección en marzo es para quien ocupará la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos en los próximos cinco años. La hermenéutica es simple: para ser elegido —o reelegido, en el caso de Luis Almagro Lemes—, el candidato triunfador necesitará 18 votos entre los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962).

El cálculo de 18 votos estriba que la OEA tiene 35 miembros (incluyendo Cuba que no votaría) y esos votos representan sobre el 50% del total.

Para esta elección, también competirán el embajador de Perú en EE.UU., Hugo de Zela Martínez, y María Fernanda Espinosa Garcés, excanciller ecuatoriana con Rafael Correa Delgado y —por corto tiempo— con su sucesor, Lenín Moreno Garcés. Inusualmente, Almagro Lemes y Espinosa Garcés se presentan a título individual y no postulados por sus países —como es habitual— por razones opuestas: Almagro Lemes ha sido un firme crítico de las dictaduras bolivarianas y eso el gobierno uruguayo del izquierdista Frente Amplio no se lo ha perdonado —aunque la ascensión de mando de Luis Alberto Lacalle Pou a la Presidencia posiblemente variará el voto uruguayo en la OEA—; por el contrario, Espinosa Garcés —la candidata de Caracas y el Foro de São Paulo— fue cesada por Moreno Garcés debido a sus posiciones abiertamente correístas por lo que es postulada por Antigua y Barbuda y por San Vicente y las Granadinas —aliados (interesados) habituales de la dictadura de Maduro Moros— y probable tenga el apoyo de los países con gobiernos afines al Foro de São Paulo. Esa dicotomía marcará la votación, donde De Zela Martínez —otra jugada presencial de Vizcarra Cornejo, hábil equilibrista, para seguir vigente— no tendrá muchas oportunidades, al menos que hubiera un prolongado empate entre Almagro Lemes y Espinosa Garcés sin posibilidad de desbloqueo y De Zela Martínez sea elegido en una votación in extremis tras el retiro de los empantanados: dificilísimo —porque no lo contempla la Carta de la Organización— pero no imposible.

Los países que forman la OEA son: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba (que no participa), Dominica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

De todos ellos, los partidos que gobiernan en Argentina (aunque oficialmente el justicialismo no pertenece al Foro, varias organizaciones kirchneristas sí lo son y la tendencia oficialista es afín), Barbados, Cuba, Dominica, Granada, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay (con el nuevo gobierno dejará de ser partido miembro) son miembros del Foro de Sao Paulo. Como la OEA reconoce al gobierno de transición de Guaidó Márquez, Venezuela no forma parte de ese cálculo.

Asimismo, son dependientes del petróleo venezolano subsidiado de PETROCARIBE: Antigua y Barbuda, Bahamas, Cuba, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Nicaragua, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Surinam.

En resumen corto: la continuidad de Almagro Lemes significará que la izquierda bolivariana cada vez será más combatida, mientras que Espinosa Garcés —como en los años que José Miguel Insulza Salinas ejerció la secretaría general, elegido por Hugo Chávez Frías y manejado como su marioneta— intentará revertir la posición de la Organización y darle un urgente aire al Foro de São Paulo.

En una primera y subjetiva aproximación, Espinosa Garcés podría contar con los votos de Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago, mientras que por Almagro Lemes votarían Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Uruguay y Venezuela (en representación del gobierno encargado de Guaidó Márquez); el voto de República Dominicana no está identificado. Por la candidatura de De Zela Martínez sólo votaría Perú, que en una siguiente vuelta muy posiblemente votaría por Almagro Lemes.

Ni del Primero ni del Tercero: ¿De los dos?

La siguiente cita con las urnas será el 26 de abril en Chile.

En Chile, el único país latinoamericano a las puertas —macroeconómicas— del Primer Mundo y miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) —México es el otro miembro y Colombia y Costa Rica postulan— pero que explosionó con violentas protestas sociales —como sucede en el Tercer Mundo— desde noviembre pasado, tras un amplio pacto de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso se acordó realizar un plebiscito sobre la Constitución —la actual data de 1980 y fue aprobada durante la dictadura de Pinochet—, en el que los chilenos responderán dos preguntas: si desean o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debería redactarla: mixto de congresales —elegidos entre sus pares— y convencionales —ciudadanos elegidos por voto directo ciudadano— o sólo convencionales (en ambos casos, se denominarán Convencionales Constituyentes). Si la respuesta a la primera pregunta es afirmativa, el 25 de octubre será la elección directa de constituyentes en la opción mayoritaria de respuesta a la segunda pregunta y la primera quincena de diciembre —según los plazos anunciados— se instalaría la Convención que redactaría la nueva Constitución, la que dispondría entre nueve a 12 meses para elaborarla, la que después deberá ser validada por los chilenos en un Plebiscito Ratificatorio y entraría en efectos en 2021.

En este proceso, diseñado para descongelar las protestas y dar un nuevo aire democrático al país —ya de por sí, uno de los más legalistas y transparentes de la Región—, se da por descontado que la ciudadanía apruebe mayoritariamente la redacción de una nueva Constitución —«con total libertad y en plena democracia», como reza la convocatoria— que rija el país las próximas décadas. (La opción sobre la modalidad de Convencionales Constituyentes es, según las encuestas, favorable por una convención completamente elegida expresamente.)

Si bien las protestas que han sucedido desde noviembre del pasado año han tenido algunas posiciones rupturistas —que no han abarcado a los sectores mayoritarios de centroizquierda e izquierda—, estoy convencido que la Constitución que se elaboraría mantendrá los principios básicos del sistema chileno y los mejorará con una visión actual y de desarrollo global —quiera Dios sin demagogias populistas.

Importantes cosechas

Para mayo, Latinoamérica tendrá dos elecciones presidenciales y legislativas, sus últimos procesos electorales del año —si no hay ballotages: Bolivia (domingo 3) y República Dominicana (domingo 17).

Bolivia         

Si bien el resto de 2019 y comienzos de 2020 han sido de difícil gestión para el gobierno de transición constitucional de la presidente del Estado Plurinacional Jeanine Añez Chávez, las dificultades fueron amainando —en un proceso inversamente proporcional: descrédito del Movimiento al Socialismo (MAS) del renunciante y huido expresidente Evo Morales Ayma y creciente aceptación internacional y ciudadana de la Administración Añez Chávez— y, además de la pacificación del país y continuidad institucional de la gestión del Estado —a pesar de saboteos, incluso desde dentro del aparato gubernamental, y algunos gafes de nuevas autoridades—, se convocó elecciones generales bajo los fundamentos de transparencia y probidad con nuevos vocales elegidos de acuerdo con los procedimientos constitucionales y sin el habitual rodillo parlamentario del anterior régimen.

La convocatoria electoral desató la discusión de muchos articulistas y políticos sobre la conveniencia o la innecesaridad de unificar candidaturas frente al MAS como meta de urgencia, desde proponer un Frente Único —fenómeno que considero esencialmente antidemocrático— hasta muy optimistas —y ramplonas— respuestas de que “en segunda vuelta nos unimos todos”. Y aunque hubo llamados de muchos sectores —incluida la presidente Añez Chávez— para consensuar candidaturas, cuando se anunció el cierre de registro de candidaturas la profusión de opciones ganó: se registraron para competir cinco alianzas y cinco partidos pero sólo ocho han registrado la postulación de sus binomios: las alianzas JUNTOS, COMUNIDAD CIUDADANA, LIBRE 21 y CREEMOS y los partidos Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), Acción Democrática Nacionalista (ADN) —que no participaba independientemente desde las generales de 2002 (obtuvo el 3,4%) y las constituyentes de 2006 (no obtuvo representación) y que hasta el viernes anterior CREEMOS lo anunciaba como su aliado—, Frente Para la Victoria (FPV) y MAS (oficialmente MAS-IPSP).

«Varias organizaciones políticas estuvieron semanas discutiendo unidad (negociando inclusive) y se oían y leían llamados de precandidatos a por ello. Al final, fueron ayes sin convicción más que para provocar a otros a unírseles pero cuando la presidente Añez Chávez lanzó su precandidatura, se armó el guirigay.» [“El ‘síndrome de la mariposa entrampada’”, La Razón, 27/01/2020]

Estructuralmente, uno de los dos mayores competidores será la alianza JUNTOS que agrupa, entre otros, al segundo (DEMÓCRATAS) y tercer (UNIDAD NACIONAL) partidos en tamaño y militancia del país y a dos organizaciones de importante alcance regional: SOL.BO de La Paz y TODOS de Tarija —entre otros—, con la presidente Añez Chávez y el político y empresario Samuel Doria Medina Auza como binomio; el otro competidor importante es el MAS, con un binomio deslucido formado por los exministros de Morales Luis Arce Catacora y David Choquehuanca Céspedes. El gran perdedor, desde ya, es el expresidente Carlos de Mesa Gisbert cuyo soporte —la alianza COMUNIDAD CIUDADANA— perdió sus principales aliados (SOL.BO y TODOS) y el apoyo de UNIDAD NACIONAL que tuvo en 2019.

No me queda duda de que, si hubiera segunda vuelta, sería entre JUNTOS y el MAS pero espero que en primera se defina no-MAS.

Los intentos de Morales Ayma y sus seguidores más “duros” —principalmente el corps de cocaleros, los que su caída deja en la “orfandad” a manos de la lucha antidroga, cada vez más efectiva en este último trimestre— por crear violencia y por mantener una rigidez verticalista —sumado a que siguen asilados los elementos más activos en la embajada paceña de México— le han granjeado el rechazo incluso de muchos de sus anteriores simpatizantes. Las argucias y subterfugios como la postulación de Morales Ayma a una senaduría a pesar de residir refugiado en otro país —en realidad, en dos, pues tiene las de los gobiernos cómplices de México y Argentina— han encontrado la barrera de la legalidad y sus chicanas —como anunciar su victimización a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que tantas veces desoyó— no hacen más que desprestigiarlo.

Una reunión prounidad promovida por el Comité Cívico pro Santa Cruz reunió a cinco presidenciables: Áñez Chávez (JUNTOS), Jorge Quiroga Ramírez (Libertad y Democracia: LIBRE 21), De Mesa Gisbert (COMUNIDAD CIUDADANA), Luis Fernando Camacho Vaca (CREEMOS) y Chi Hyun Chung (FPV) junto con otros líderes políticos —entre ellos importantes experseguidos por el gobierno del MAS—, cívicos y empresariales. Los presidenciables que asistieron firmaron un compromiso nacional por la unidad del pueblo boliviano que, entre otros puntos, afirma que las organizaciones y alianzas Políticas que logren representación en la Asamblea Legislativa se comprometerán a lograr un consenso parlamentario con el fin de asegurar la gobernabilidad del país, realizar sus campañas electorales en forma pacífica y tolerante de todos los ciudadanos y transparentar sus recursos (sin hacer uso de los bienes del Estado)  y volverse a reunir en dos meses para evaluar el desarrollo del proceso electoral e identificar a los candidatos que posiblemente no tengan opciones de representar al pueblo boliviano. 

El tema de la dispersión en la Asamblea Legislativa será fundamental para que el próximo gobierno emprenda tareas impostergables porque, hasta el momento, aparentemente ninguna fuerza no-MAS lograría ella sola la mayoría congresal, «peor considerando el sistema d’Hondt utilizado en Bolivia para distribuir escaños que tiende a favorecer ligeramente a los partidos con más sufragios, sobre todo a los que ganan en circunscripciones con votantes escasos (las cuales en Bolivia corresponden a zonas rurales, muchas de ellas dominadas por el MAS); además del baremo de la barrera electoral que redistribuye (siguiendo d’Hondt) a otras organizaciones los escaños obtenidos por aquellas que no logren el 3% nacional». [“Una vez más: más serán menos”, La Razón, 13/01/2020]

En las elecciones de octubre de 2019 anuladas por fraudulentas, el MTS, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) —hoy parte de LIBRE 21—, PAN-BOL, Unidad Cívica Solidaridad (UCS) —hoy parte de CREEMOS— y FPV quedaron a distancia del 3%, el baremo boliviano para mantener personería jurídica y representación parlamentaria.

Entre la corrupción y la deuda petrolera

Las últimas elecciones generales del año para este lado del Atlántico —al menos, hasta ahora, aunque hago votos porque Venezuela libre también las celebre en 2020— serán las de la República Dominicana en la que participarán siete agrupaciones, la mayoría autocalificada de “centroizquierda” socialdemócrata. Entre los aspectos interesantes de estas elecciones están: el voto joven será fundamental —el 40,3% del electorado tiene entre 18 y 35 años—; se realizarán bajo nuevas regulaciones para los partidos políticos y la participación electoral; la posición respecto al combate a la corrupción —un grave fenómeno de todas las administraciones dominicanas— será un importante driver para que el electorado decida su voto, y terciará en éstas Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina que gobernó el país con puño de hierro durante más de 30 años. El candidato preferido, según los estudios de intenciones de voto, sería Luis Abinader Corona por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), un desgaje del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); sin embargo, los tres principales candidatos: Abidaner, Gonzalo Castillo Terrero (Partido de la Liberación Dominicana, PLD) y Leonel Fernández Reyna —tres veces presidente con el PLD— (ahora con Fuerza del Pueblo, FP), han estado vinculados —ya sea directamente o a través de sus organizaciones— con el Foro de São Paulo, comprensible porque sus partidos “madre” —PLD para Castillo y Fernández y PRD para Abinader— en los períodos que han gobernado han mantenido República Dominicana con una fuerte dependencia del petróleo venezolano a través de PETROCARIBE, uno de los instrumentos que ideó el difunto Chávez Frías para “comprar” adhesiones a sus políticas en la Región, intercambiando petróleo barato —e incluso gratis— por alinearse con Caracas.

Por ello, aunque los partidos cambien en el Gobierno y sí puedan realizar avances en corrupción, no se distanciarán de la dictadura venezolana mientras haya la cornucopia petrolera madurista —también fuente de gran corrupción en los países beneficiados.

I Catalunya?

Y si en la Parte 1 nos ocupamos de las elecciones de España, ahora le toca a Cataluña, Catalunya en català —y sin olvidar a la Madre Patria, más la Madrastra Pàtria para muchos catalans.

Sin pecar de historiar, la relación entre Cataluña y España —incluso antes de que fueran como las conocemos— nunca ha sido, por decirlo en rápido, de convivencia amorosa y sí una relación azarosa de muchos siglos que se manifestaría en intentos como la República Catalana de 1641 que pasó el Principat de Catalunya a Francia, con Pau Claris Casademunt; el Estat Català de 1873 durante la Primera República Española y Francesc Pi i Margall; la República Catalana en 1931 con Francesc Macià i Lluss; nuevamente en 1934 el Estat Català dentro de la República Federal Española con Lluís Companys i Jover, hasta la proclamación de la República de Catalunya en 2017 a través de la fallida Declaración Unilateral de Independencia de Cataluña de 2017. Toda una historia de fueros, economía y catalanismo.

Y saltando el tiempo del Artículo 155 y de las confrontaciones en un nuevo Parlament, llegamos a hoy con el independentista “ultra” Joaquim (Quim) Torra i Pla de President de la Generalitat de Catalunya —e interlocutor de Pedro Sánchez Pérez-Castejón en la cuerda floja sanchista— pero con su coalición de gobierno rota —el socio “moderado” de gobierno de Torra i Pla, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), apuesta a vías menos agresivas con Madrid— y defenestrado como diputat  —siguiendo el Parlament la decisión de la Junta Electoral Central—, anunciado unas nuevas elecciones autonómicas —probablemente en mayo o, quizás, junio— en las que todas las predicciones dan por ganador a ERC con un nuevo gobierno que continuaría el proceso soberanista de Cataluña —el procés catalán— bajo la bandera del “derecho a decidir” —el dret a decidir— con el objetivo de lograr la autodeterminación y la independencia de Cataluña de España, un futuro que no es aspirado por todos los catalanes.

Quizás la idea de una Tabarnia secesionada de una República de Catalunya y anexada a España junto con Val d'Aran —o Vall d'Aran en catalán— tendrían mucho de «la soberanía histórica del Comtat de Barcelona» en la carolingia Gòtia —la Marca Hispànica. Algo para confundir el discurso del catalanismo “duro”.

Un panorama muy complicado, acentuado porque el débil gobierno de Sánchez Pérez-Castejón en la coalición del PSOE con Unidas Podemos necesitan imprescindiblemente del independentismo menos virulento —los votos de ERC y del Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV)— para legislar y, por ende, gobernar efectivamente.

Un verdadero cachumbambé político. Y un «¡Ave María Purísima!» presto en la boca de muchísimos españoles —creyentes o no.

¿Cómo llegaremos a diciembre 2020?

Hubo una época que Latinoamérica era gobernada por el Foro de São Paulo —las excepciones era irrisorias y la mayoría pusilánimes frente a lo que identificaban como “El Monstruo”— y “parecía” que la Revolución Bolivariana de Chávez Frías iba a quedarse in sæcula sæculorum en la Región.

(“Parecía no más” porque quien realmente movía los hilos bolivarianos era Castro el Mayor y su guerra personal contra “el Imperio”, titeritando a su aprendiz venezolano).

No se cumplió. Chávez Frías y Castro el Mayor murieron, Maduro Moros —títere payasesco de la mafia que gobierna Venezuela— ha desgobernado la mayor crisis en la historia de su país, Ecuador y Bolivia rompieron con el socialismo 21 y Brasil y ahora Uruguay se despidieron de sus afectos sociatas —Argentina retornó (a medias) a sus amores bolivarianos pero aún en la incertidumbre de a dónde se colapsará—, en el panorama regional se desvae el rojo forista…

Y aunque los ramalazos del Foro aún sigan —dígalo la brisita bolivariana— y el Grupo de Puebla trate de “vender” su fracaso como progre, ya cantan como en Caminito

«Caminito que el tiempo ha borrado
Que juntos un día nos viste pasar
Desde que se fue
Nunca más volvió.»

Por eso, sólo me queda desearles
鼠年快2020
(Shǔ nián kuàilè 2020!: ¡Feliz Año de la Rata 2020!)


Información consultada

https://es.wikipedia.org/wiki/Francesc_Macià
https://es.wikipedia.org/wiki/Generalidad_de_Cataluña