miércoles, 27 de junio de 2012


Un exobispo ambivalente

El ex Presidente paraguayo Fernando Lugo Méndez fue destituido por el Congreso de su país el 22 en un Juicio Político al que aceptó someterse —también su abogado Adolfo Ferreiro reconoció su legalidad—, a pesar que la premura afectaba su derecho a defensa. Destituido, lo aceptó pero a los 2 días denunció un “golpe de estado congresal”. ¿Por qué la inconsistencia? Porque recibió apoyos externos a pesar de la escasa solidaridad local (el país está en calma, no hay detenidos, las protestas no reúnen más de mil personas, la inmensa mayoría de los partidos con representación parlamentaria lo destituyó).

Lugo se retiró a su casa, tiene libre circulación, se reúne con sus diputados y exministros —los escasos fieles— y anunció que estaría en las próximas Cumbres de Mercosur y Unasur (la advertencia oficial paraguaya de que sería delito hablar como Presidente lo amilanó —otra ambivalencia— y no asistirá, a pesar del apoyo firme de la Presidente Kirchner y sus homólogos Correa y Chávez).

¿Qué fue, entonces, lo que pasó?

Difícil para los líderes latinoamericanos consensuar si la Cláusula Democrática se aplica a Paraguay o no. Por lo pronto, sólo Venezuela, Ecuador, Cuba y Argentina han retirado embajadores —otros, como Brasil, han llamado a consultas, para informarse— y la OEA reconoció el impeachment como constitucional, aunque se obviaron derechos al debido proceso.

Referencias

martes, 26 de junio de 2012


Cambiemos en Latinoamérica


En un artículo anterior mencioné la gran cantidad de reuniones de los múltiples organismos de integración que tiene Latinoamérica —no consideraré los suprarregionales—: Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), agrupa a 33 países (integración regional); Organización de Estados Americanos (OEA), 35 (integración regional, todos los de CELAC menos Cuba y más EE.UU. y Canadá); Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 28 (integración económica, todos en CELAC); Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), 14 (integración económica, todos en SELA); Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 8 (afinidad ideológica); Alianza del Pacífico, 4 (recién surgida: integración económica —por ahora al menos—, todos en SELA y ALADI); Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), 12 (integración subregional, todos en CELAC y OEA); Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 4 (integración subregional y económica, todos en CELAC, OEA, SELA y ALADI); Comunidad Andina (CAN), 4 (integración subregional y económica, todos en CELAC, OEA, UNASUR, SELA y ALADI); Organización de Estados Centroamericanos (ODECA), 5 (integración subregional, todos en CELAC, OEA y SELA); Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 7 (integración subregional y económica, todos en CELAC, OEA y SELA); Mercado Común Centroamericano, 5 (integración económica, todos en SELA y SICA); Asociación de Estados del Caribe (AEC), 26 (integración subregional y económica, todos en CELAC y OEA); Comunidad del Caribe (CARICOM), 15 (integración subregional y económica, excepto Monserrat todos en CELAC y OEA); Organización de Estados del Caribe Oriental, 7 (integración subregional y económica, todos en CARICOM y, excepto Monserrat, en CELAC y  OEA). En total, 15, sin considerar Parlamentos regionales y subregionales, organismos especializados ni entidades de financiamiento (CAF, BID).

¿Supone Ud. cuántas reuniones se realizan y cuántos viajes de cuántos funcionarios de nuestros países son necesarios para asistir? Además, ¿cuántas discusiones se repiten en las distintas organizaciones?, ¿cuántas decisiones necesitan conciliarse en los distintos escenarios? Y ¿cuántas burocracias regionales coexisten?
Pero la pregunta principal es: ¿Cuánto cuesta mantener ese andamiaje? Porque las tareas de ese entramado de organismos regionales y subregionales —exceptuando la ALBA por su carácter de agrupación ideológica— se pueden resumir en 2: Integración regional —y subregional— e integración económica. Sin embargo, 15 se simultanean total o parcial.

¿No podrían concentrarse para que no necesiten repetir estructuras? Y si hablamos de optimización de trabajo, huelga mencionar que se mejorarían resultados, se reducirían burocracias, las autoridades locales tendrían menos reuniones internacionales a las que asistir y más tiempo para trabajo local y, por si esto fuera poco, de nuestros impuestos se destinaría una alícuota menor para esas organizaciones y habría más recursos para el desarrollo —al menos, eso espero.


Referencias

sábado, 23 de junio de 2012


Crónica de muerte anunciada

Un día bastó para definir la suerte del Presidente paraguayo: El jueves 21, amparados en el Artículo 225 de la Constitución, 76 diputados aprobaron —1 en contra y 3 ausentes— un Juicio Político contra Fernando Lugo Méndez.

El viernes 15 empezó la cuenta regresiva: 17 campesinos y policías murieron durante el desalojo de carperos —campesinos sin tierra, vinculados a figuras gubernamentales— que habían ocupado una hacienda en Curuguaty. La causa de la masacre se atribuyó a posibles francotiradores del guerrillero Ejército Popular del Pueblo —del que se habían denunciado vínculos de Lugo cuando fue su obispo, al igual que con Patria Libre.

Para el proceso sumarísimo, 39 senadores votaron por la destitución, 4 en contra —1 menos que el pronóstico— y 2 ausentes, más de los 30 requeridos.

Para entender esta crisis, es necesario analizar que Lugo ganó las elecciones de 2008 apoyado por la Alianza Patriótica para el Cambio —unión dispareja de movimientos y partidos muy heterogéneos—, con la que tuvo una trayectoria de gobierno dispar. En su Programa de Gobierno prometió Reforma Agraria —77% de la tierra es de sólo 1% de los propietarios— pero no cumplió. Aunque Lugo no podía presentarse a las elecciones de 2013 por impedimento constitucional —que no pudo abrogar—, sí podía complicar el regreso de los Colorados, a los que venció. Y, además, las ex principales fuerzas de su Alianza necesitaban frenar a los movimientos más radicales, que estaban creciendo en poder.

Lugo fue el cuarto presidente paraguayo enjuiciado y el primero destituido. Al margen de que constitucionalmente fue correcto el proceso de destitución, lo expedito de su realización deja la duda de cosa prejuzgada y hace pensar que los sucesos de Curuguaty pueden quedar “olvidados”.



Referencias


Cosecha de ambivalencias

Desde ayer 21, el Lucero del Alba guaraní no salió para el Presidente Lugo. Porque la  Cámara de Diputados aprobó —76 a 1— un Juicio Político contra Fernando Armindo Lugo Méndez, Presidente Constitucional de la República del Paraguay desde 2008 con la Alianza Patriótica para el Cambio y ex obispo católico, por su presunta responsabilidad en la masacre de una veintena de campesinos y policías la semana pasada durante el desalojo de carperos —campesinos sin tierra— en Curuguaty, posiblemente infiltrados por el guerrillero Ejército Popular del Pueblo —del que se acusó antes a Lugo de mantener vínculos.

Con esto se completa un ciclo que terminó con 61 años continuados en el Poder del Partido Colorado, que también gobernó entre 1887 y 1904 (que sumados lo hacen más longevo gobernando que el PRI mexicano y el PCC cubano).

Lugo ganó prometiendo reforma agraria, mejoramiento de la justicia, salud universal gratuita y recuperación de la soberanía energética. Tuvo avances en la mejora del sistema de salud con su gratuidad para toda la población, en la educación pública y en mayores tarifas de Brasil por la energía de Itaipú —además favorecido por récords de 14,5% de crecimiento económico en 2010 y 2011—, sus peores aplazos fueron el tema agrario y no poder hacer funcionar la alianza de gobierno con el Partido Liberal Radical Auténtico, ahora retirado del gobierno.

El Juicio, amparado en el Artículo 225 de la Constitución, pasa ahora al Senado, donde Lugo tiene muchísimas probabilidades de ser condenado y terminar un Gobierno ambivalente y marcado por sus escándalos de paternidad.

A 10 meses de las elecciones presidenciales —a las que Lugo intentó postularse pero no pudo modificar el impedimento constitucional—, lo sustituiría su Vicepresidente Federico Franco Gómez, crítico de Lugo.

Referencias

http://www.youtube.com/watch?v=lDTkaX2Rvuc

viernes, 22 de junio de 2012


Cucullus non facit monachum

El frío del inicio del invierno septentrional debe haber calado los huesos del Presidente Lugo cuando la Cámara de Diputados del país, en ejercicio de sus derechos constitucionales, aprobó —76 legisladores a favor (tanto opositores como oficialistas), 1 en contra y 3 que no asistieron— realizar un Juicio Político contra Fernando Armindo Lugo Méndez, Presidente de la República del Paraguay desde 2008 y ex obispo católico dispensado de su estado clerical por el Papa Benedicto XVI para ejercer la Presidencia. 

La acusación congresal se justifica en su presunta responsabilidad, como máxima autoridad y por incumplimiento de sus deberes constitucionales, en la masacre de 17 campesinos y policías la semana pasada durante el desalojo judicial de integrantes de la Liga de Carperos —campesinos sin tierra vinculados a importantes autoridades del Gobierno— de una hacienda ocupada en Campos Morombí de Curuguaty, al Este del país, posiblemente infiltrados por el Ejército Popular del Pueblo —organización guerrillera de la que se acusó a Lugo de mantener vínculos antes de postular a la Presidencia, aunque actualmente son muy críticos de la gestión presidencial, principalmente por el tema agrario; también a Lugo se lo relacionó con el Movimiento Patria Libre, del que se denunció estar vinculado con las FARC.

Este Juicio posiblemente concluya un ciclo complicado de la historia paraguaya que se inició el 20 de abril de 2008 cuando Lugo, apoyado por la Alianza Patriótica para el Cambio —reunión de una decena de partidos y movimientos de centro e izquierda creada para lanzar su candidatura, cuya principal fuerza electoral era el Partido Liberal Radical Auténtico— con 41% de los votos emitidos venció a Blanca Ovelar de Duarte, candidata de la Asociación Nacional Republicana —más comúnmente conocida como Partido Colorado. Esta victoria cerró un ciclo de 61 años ininterrumpidos en el Poder por el Partido Colorado, que también ya había gobernado el país entre 1887 y 1904 (por lo que, sumados ambos períodos, con 78 años gobernando lo hacen el partido más longevo en el Poder, superando al Revolucionario Institucional mexicano y el Comunista Cubano).

El Programa presidencial de Lugo —seguidor de la Teología de la Liberación en su época clerical— ganó porque prometía reformar el Estado paraguayo: realizar una reforma agraria, imprescindible para el agro, con muchos campesinos en estado de extrema pobreza; mejorar la justicia, despolitizándola; proveer de acceso universal gratuito a servicios de salud, y la recuperación de la soberanía energética frente a Brasil. Ya en el gobierno, hubo avances en la mejora del sistema de salud con su gratuidad para toda la población, en el mejoramiento de la educación pública y en conseguir que Brasil pagara mayores tarifas por la energía que recibe de la hidroeléctrica de Itaipú; estos éxitos estuvieron favorecidos por récords de 14,5% de crecimiento económico en 2010 y 2011, principalmente por sus commodities: la soja y sus derivados, la carne bovina y el trigo. Sin embargo, sus peores desaciertos estuvieron en incumplir los compromisos con el sector agrario —principalmente los campesinos pobres y sin tierra, cuya situación se agudizó— y no poder hacer funcionar la Alianza, tanto con los partidos más a la izquierda —que lo acusaron de comprometerse con la derecha— como con el centrista Partido Liberal Radical Auténtico, ahora retirado del gobierno.

El Juicio Político al que se enfrenta Lugo está amparado en el Artículo 225 de la Constitución que explícitamente señala como posible causal “por mal desempeño de sus funciones”, motivo aducido para el actual Juicio basándose en la imprevisión de las acciones en Curuguaty. Aunque funcionarios de la Administración Lugo y algunos políticos latinoamericanos —entre ellos el mandatario boliviano Morales y el Capítulo venezolano del Parlamento Latinoamericano— han definido la medida como inicio de Golpe de Estado, el mismo se asienta en la Constitución del país, cuyo fiel cumplimiento supervisará en Asunción una delegación de cancilleres designada por los mandatarios de UNASUR. Ya aprobado el juicio en Diputados, pasó al Senado, instancia frente a la que debe defenderse Lugo —que ya hoy anunció que no renunciará— y donde tiene muchísimas probabilidades de ser condenado —se necesitan 30 votos de los 45 senadores y el actual mandatario sólo contaría con el apoyo posible de 3— y terminar un Gobierno ambivalente en sus decisiones y marcado por sus varios escándalos de paternidad durante su ejercicio de obispo —motivo de escarnio por las reiteradas violaciones de su voto de castidad—, y que también ha estado influenciado por el cáncer linfático que sufrió y del que ha sido declarado como recuperado. De ser así, lo sustituiría hasta concluir el período constitucional su Vicepresidente Federico Franco Gómez, miembro del Liberal Radical Auténtico y permanente crítico de Lugo. Las Fuerzas Armadas paraguayas ya garantizaron su absoluto respeto al "ordenamiento constitucional y democrático vigente".

(Fue interesante que el sitio Web de la Presidencia de la República del Paraguay http://www.presidencia.gov.py/v1/sólo recogiera la declaración presidencial de no renunciar cerca de dos horas después de declarada por el Presidente en conferencia de prensa y que ya todos los medios internacionales y nacionales había difundido.)

A 10 meses de las próximas elecciones presidenciales —a las que Lugo intentó postularse a través de uno de los Movimientos de la Alianza pero le fue imposible porque no pudo modificar el impedimento constitucional respectivo—, Lugo está enfrentando las consecuencias de no cumplir la principal promesa de su campaña: la reforma de la tenencia de tierra, el mayor motivo de conflicto en Paraguay y causa de la crisis actual.

Porque es verdad: El hábito no hace al monje.

Referencias

http://www.youtube.com/watch?v=lDTkaX2Rvuc

domingo, 17 de junio de 2012


En cancha de fútbol y fuera de ella


El martes concluía la segunda Asamblea General de la OEA que se celebraba en Bolivia (la anterior fue en 1979), cuyo lema “Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas” había convocado a 17 cancilleres (de 34 países miembros) y otras delegaciones.
Para esta Asamblea, Bolivia tenía la inmejorable oportunidad –y la expectativa– de reafirmar el éxito de la Resolución de 1979 (y otras 10 más hasta 1983) que afirmaba el interés multilateral en la solución del enclaustramiento marítimo boliviano.
El sábado 02 (víspera del inicio de la Asamblea), Bolivia y Chile jugaban en La Paz un partido de fútbol para las eliminatorias para el Mundial de Brasil. El viernes, el Presidente Morales bromeaba en una rueda de prensa con periodistas deportivos en el Palacio de Gobierno que "si el tema del mar se decidiera en un partido de fútbol, qué bueno sería”. El partido terminó 2-0 a favor de los visitantes y no dejó alcanzar la primera victoria (de 5 jugados) al equipo nacional. Una mala premonición.
Como pocas veces en estas Asambleas (usualmente más formales que efectivas), las prioridades se cambiaron abruptamente: El Presidente Correa –invitado por el Presidente Morales–, con el apoyo de su anfitrión, se encargó vehementemente de variar los ejes de prioridades. Aunque la Declaración de Cochabamba sobre Seguridad Alimentaria se aprobó, los planteamientos del Presidente Correa de cambiar la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de refundar la OEA fueron los que ocuparon las principales noticias.
Al final, 19 delegaciones asistentes recomendaron a Bolivia y Chile la solución bilateral mediante el diálogo, lo que para Chile se consideró un triunfo rotundo frente a 1979 y retrotrajo los avances logrados a nivel regional.

Referencias:

martes, 12 de junio de 2012


De política y encuestas

Tu verdad aumentará en la medida que sepas escuchar la verdad de los otros.” [Martin Luther King]
           
Hace pocos días, una nota de ANF mencionaba ocho frentes políticos que ya se preparaban para las elecciones de 2014. Una cifra impresionante porque la gran mayoría serían oposiciones al proyecto político del MAS, a pesar de lo desmejorada actualmente que está la oposición política —no me refiero a conflictos sociales— en Bolivia.

En la lista estarían: Convergencia Nacional, cuyo jefe de bancada en Diputados, Luis Felipe Dorado, inició reuniones departamentales tras “unidad de todo el país”; ésa misma es la consigna de Unidad Nacional, cuyo líder Samuel Doria Medina ya empezó a formar una alianza con el ex gobernador de Beni, Ernesto Suárez, para impedir la dispersión del voto (en las elecciones municipales en Sucre, UN retiró su candidato para concentrar el voto en el candidato con más posibilidades, triunfando la candidatura opositora). También de Convergencia Nacional son los senadores Bernard Gutiérrez, que proyecta unificar la oposición a través del “Diálogo Nacional Itinerante”, y Marcelo Antezana, con su nuevo partido Nueva Fuerza Federal. En el mismo objetivo está el líder del Movimiento Sin Miedo y ex aliado del MAS, Juan del Granado.

Tras el mismo propósito aunque sin definir aún estarían el Movimiento Nacionalista Revolucionario y la intención de la Central Obrera Boliviana de conformar un partido político de los trabajadores. Y fuera aún de lides electorales queda Verdad y Democracia Social de Rubén Costas, circunscritos a su reducto cruceño pero con significativa fuerza regional.
Frente a todos ellos, el MAS ya empezó su actividad proselitista para la reelección del Presidente Morales.

Pero, ¿qué piensan los electores? Una encuesta aplicada en mayo por Ipsos Apoyo en áreas urbanas y rurales de todo el país dio resultados de que, si las elecciones generales se realizaran de inmediato, el Presidente Morales obtendría 33% de los votos válidos, mientras los otros posibles precandidatos: Samuel Doria Medina y Juan del Granado, a los que se agregan Rubén Costas y el expresidente Carlos D. Mesa, obtendría magros 14, 13, 9 y 8%, respectivamente. Según la encuesta, los votos nulos, blancos y las abstenciones serían 16% (aunque la sumatoria da 104%, supongo que las aproximaciones decimales hacen sobrepasar el lógico 100%).

Si bien, según esta encuesta (con más de 3% de error) el Presidente Morales no sería reelegido en primera vuelta, la presunta coalición de los dispersos para segunda vuelta sería un abanico de distanciados sólo reunidos coyunturalmente que no ofrecerían un proyecto político nacional alternativo al programa de Gobierno del MAS.

Si la dividida oposición quiere ser una real alternativa en 2014, los nuevos proyectos de unidad deben acercarse entre sí y sumar más adhesiones. Si no, nunca lo serán frente a un Presidente Morales que, datos también de Ipsos Apoyo, en abril tenía aún aprobación de 48% a nivel nacional y en política nada está dicho.

Referencias:

http://www.proverbia.net/citastema.asp?tematica=112&page=1