domingo, 30 de septiembre de 2018

Artículo en BioBioChile.cl con fragmentos de entrevista que me realizaron

https://www.biobiochile.cl/noticias/internacional/america-latina/2018/09/30/puede-la-haya-ayudar-a-la-reeleccion-de-evo-morales.shtml

Artículo de EMOL (Grupo EL MERCURIO) que incluye entrevista que me realizaron

https://www.emol.com/noticias/Internacional/2018/09/29/922143/Las-expectativas-de-Bolivia-ante-el-fallo-de-la-Corte-Internacional-de-Justicia.html

Lo que se viene tras el veredicto de la Corte



Para entender el veredicto de la Corte Internacional de Justicia sobre el reclamo boliviano de la obligación de la República de Chile de negociar un acceso soberano para Bolivia al Océano Pacífico, el análisis debe basarse en la inclusión o no en ese veredicto de dos palabras integrantes fundamentales del caso asentado el 24 de abril de 2013: obligación y soberanía, a la que adicionaría la incorporación o no de perentoriedad

Otro elemento de análisis es cuál sería la tendencia del veredicto, considerando que, usualmente, la CIJ trata de ser salomónica en sus decisiones: ni todo ni nada, para permitir a las partes la posibilidad de construir una nueva relación (o continuar la existente) ex post.

Por su parte, debe analizarse que con una decisión que incluya obligación y soberanía— Chile estaría conminado a ceder soberanía lo que significa consustancialmente cesión territorial, con independencia que esos territorios hayan sido bolivianos o peruanos obtenidos manu militari y, para ello, el resultado de esa negociación deberá ser aprobado en consulta pública (referéndum) por los ciudadanos chilenos.

Un elemento más es la interpretación que la CIJ haga de los denominados “derechos expectaticios” —en sí: generadores de obligaciones latentes— argüidos por Bolivia (pero que, para De Mesa, no son el eje argumental), a los que Chile ha contrapuesto el Tratado firmado como “caso cerrado”.

Además, no huelga analizar que, para llevar a buen término la negociación en un plazo aceptable, será necesaria la participación solidaria de la comunidad internacional, principalmente latinoamericana, de la que Bolivia (y no Chile) se ha distanciado significativamente por motivo del apoyo a Nicaragua y Venezuela.

Por lo pronto, lo muy positivo es que la demanda marítima se ha convertido en una permanente Política de Estado en Bolivia y no en reclamos circunstanciales, unificando el interés nacional sobre otras consideraciones de carácter político e ideológico, algo que, en realidad y más allá de lo actuado en determinados períodos, ha significado una nueva forma de enfrentar el largo diferendo.

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martes, 25 de septiembre de 2018

¿Las primarias «matan» el #21F? ¡Para nada!



«Hay […] una táctica coyuntural del Evo para dificultar a la oposición, para dificultar el que se organice». [Xavier Albó Corrons sobre las primarias y la LOP, Los Tiempos, 23/09/2018].

La nueva Ley Nº 1096 de Organizaciones Políticas (LOP) modificó el proyecto elaborado por el exsenador masista Adolfo Mendoza Leigue, la socióloga Gabriela Canedo Vásquez, el expresidente de la Corte Nacional Electoral Salvador Romero Ballivián, el gestor de la Participación Popular Carlos Hugo Molina Saucedo y el líder campesino e indígena Paulino Guarachi Huanca. Coincido con María Teresa Zegada Claure cuando afirmaba que la LOP «será, a la larga, un instrumento importante y útil para ordenar la configuración del sistema de representación política en Bolivia» [“El diablo está en los detalles”, El Deber, 13/09/2018] y con Molina Saucedo de que: «El uso, la manipulación y el manoseo de que ha sido objeto para satisfacer una necesidad enfermiza de poder, no disminuye el valor de su calidad instrumental, pensada y diseñada para fortalecer procesos que debían concluir el año 2025» [“Los tiempos se acortan”, El Deber, 11/09/2018] pero, lamentablemente, la ley aprobada por la mayoría absoluta parlamentaria oficialista «ha precipitado una coyuntura crítica que pone en juego los principios democráticos, […] favoreciendo al oficialismo y complicando la participación de la oposición» [“El diablo está en los detalles”] porque «permite allanar el camino de la repostulación presidencial» frente a «una oposición que está desarticulada, con organizaciones débiles, escasa institucionalidad, sin claridad sobre liderazgos, y varias organizaciones aún en proceso de inscripción de su personería» [Zegada Claure, “El meteorito de las primarias”, El Deber,  30/08/2018].

Ese “meteorito” de apresuramiento y restricciones que menciona Zegada Claure y que Albó Corrons define como táctica instrumental para “saltar” los resultados del referéndum constitucional del 2016 (convencido el oficialismo que la presunta “legitimidad” como “derecho humano” que le otorgó el TCP a la re4postulación no sólo es poco creíble en Bolivia sino inargumentable fuera de ella) surge en un momento en que Bolivia se urgirá de todos los apoyos posibles de la comunidad latinoamericana, menguados por el apoyo irrestricto (suicida) que le da a las dictaduras de Venezuela y Nicaragua. Pero, además, crea la duda de si al participar en esas primarias se desconoce la voluntad popular del #21F.

Definitivamente no porque (además de que después de las primarias, el TSE debe decidir si se apega a la plena constitucionalidad respetando el #21F y niega la participación electoral prorroguista, desoyendo presiones y compromisos) las organizaciones políticas bolivianas aprendieron del gravísimo error que para la democracia venezolana supuso la autoexclusión opositora en las elecciones parlamentarias de 2005, permitiendo la instalación del “socialismo” bolivariano. (Recordemos que, si el oficialismo recién triunfante en Bolivia en 2005 necesitó dialogar en el Congreso surgido entonces por no tener mayoría, a partir de 2009 el “rodillo” oficialista de las mayorías absolutas del MAS en las Asambleas anuló a las atomizadas minorías opositoras.)

La permanente defensa del #21F es tan consustancial de la defensa de los valores democráticos como lo será participar (aun en desventaja) en las elecciones (unidos sin “juntucha” con visión de construir futuro y no sólo cambiar siglas) porque ambas son expresiones indisolubles de la voluntad popular, tan democráticas como la que le dio el triunfo a Morales Ayma en 2005.


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https://es.wikipedia.org/wiki/Usuario:Mfernadezbolivia/Taller

lunes, 24 de septiembre de 2018

Más corrupción es menos democracia



Pudiera parecer que recientemente Latinoamérica ha sufrido una pandemia de corrupción. Desde que Lava Jato desnudara en Brasil un maridaje perverso y sistemático entre los Poderes Públicos (a todo nivel) y la empresa privada para promover e “institucionalizar” la corrupción y que enseguida se denunció extendida a gran parte de la Región (12 países), nuevas noticias de nuevos escándalos se han posicionado preferentemente de los titulares de la prensa y del imaginario social: en Argentina (la «ruta K» y los «cuadernos K»), Ecuador y Perú, por sólo citar los más mediáticos recientes.

Sin que sea privativo de una ideología o sistema social potenciada en autoritarios—, la corrupción se enquista en la raíz de los males que han aquejado a nuestras repúblicas: junto con populismo y caudillismo, resulta de la escasa fijación de valores democráticos en muchos de nuestros países: no por “casualidad” la mayoría está en la segunda mitad —más corrupta— del Índice de Percepción de Corrupción (Bolivia ocupa el 112, junto con El Salvador). La diferencia de su aparente boom está hoy en que la sociedad civil dispone de más medios para acceder a la información y para denunciar la corrupción.

Y si esa es la causa, su consecuencia es, a la vez, menos democracia. Lo que sucede ahora en Perú, donde la sociedad civil está reclamando una profunda transformación del sistema judicial provocando que un muy débil Poder Ejecutivo —colisionado con un Legislativo decidido a sobreponérsele— amenace cerrar el Congreso para imponer las imprescindibles reformas, despierta el fantasma del fujimorazo, el autogolpe de 1992 que inició un octenio de ausencia democrática en Perú.


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miércoles, 12 de septiembre de 2018

Bachelet, frente a Venezuela y Nicaragua



Para Michelle Bachelet Jeria, su estreno como Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las NNUU está marcado por la heredad que le deja su antecesor, el príncipe jordano Zeid bin Ra’ad Zeid al-Hussein, permanente denunciante —como Almagro Lemes desde la OEA— de las violaciones de DDHH en Venezuela y Nicaragua.

Su discurso oficial distribuido a los medios estuvo diseñado para mantener y comprometerse a potenciar el trabajo de su antecesor y en él ocupó a su inicio espacio importante las denuncias sobre las arbitrariedades y los crímenes en dos de los últimos países del socialismo 21. Tarea difícil de realizar, sobre todo después que la dictadura nicaragüense expulsó a la misión de las NNUU que redactó un demoledor informe sobre la situación de los DDHH en ese país, obligándola a trabajar desde el exterior (como el régimen madurista, que en 2017 no permitió la entrada de una misión similar en Venezuela).

Sin embargo, asaltan algunas dudas. La primera —justificada por “razones de tiempo”—, la omisión de contundentes menciones sobre ambos regímenes en la lectura pública del discurso previamente repartido; la segunda, su próxima reunión acordada con el canciller madurista, despertando susceptibilidades sobre otro nuevo “diálogo” inútil y sólo beneficioso para el gobierno. Una tercera es que sectores de la Nueva Mayoría —algunos de su propio partido socialista y el comunista— apoyan a ambas dictaduras y niegan las violaciones (en el frenteamplismo, más a la izquierda que el comunista, ya han surgido fuertes críticos de ambos gobiernos, encabezados por los diputados Vlado Mirosevic Verdugo y Gabriel Boric Font, entre otros). 

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martes, 11 de septiembre de 2018

De fantasmas evanecidos y libretos repetidos


«Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo». Así empezaba el Manifiesto del Partido Comunista que Karl Marx y Friedrich Engels publicaron en 1848. Ciento setenta años después, ¿qué queda? De ese fantasma, su ejercicio del Poder (soviético, maoísta, socialista 21 e incluso “tercermundista”) lo enterró más firmemente que sus enemigos. Es paradójico que sus ideales de lucha de clases antagónicas provenían de los «de la igualdad social y política, de la libertad, de las virtudes cívicas y de la unidad popular» de las revoluciones liberales, sobre todo de la de las Trece Colonias (génesis del “gran enemigo” por antonomasia y némesis recurrida de muchos discursos ideológicos afines); paradójico es, también, que esas postulados (argumentados desde la economía en El Capital de Marx) primero los saltara Vladímir Lenin y sus sucesores tras la Revolución Octubre (“el eslabón más débil”) y, más reciente, los reformulara Thomas Piketty (El capital en el siglo XXI) con la corrección de las desigualdades distributivas de la riqueza desde dentro del mismo sistema capitalista.

En Latinoamérica, muchas de las experiencias de justicia social han terminado pervertidas por dos graves flagelos incrustados en sus endogénesis: caudillismo y corrupción, de las que parten sus demás vicios: desinstitucionalización, prebendalismo y clientelismo, prorroguismo, discrecionalidad, mesianismo y paternalismo, arbitrariedad y, en complementación, sus maniqueos “enemigos”: “la derecha” y “el imperialismo”. 

Arropados bajos banderas de presunto “progresismo”, en ejercicio de alteridad se autoarrogan ser “la izquierda” a ambos lados del Atlántico y, como describe la escritora venezolana Gisela Kozak Rovero en “La izquierda que América Latina necesita (y la que no)” [The New York Times, 27/08/2018], «insiste en una retórica beligerante y divisionista que recuerda a la Guerra Fría, carece de suficiente audacia en el terreno económico y hace demasiadas concesiones al autoritarismo represivo. La izquierda latinoamericana […] se ha rehusado a abandonar una retórica antineoliberal anquilosada [y] conserva un discurso populista que apela a los recuerdos de un pasado [supuestamente, acotaría yo] venturoso de Estados paternalistas. […] Pese a su legítima preocupación por la desigualdad, la izquierda no parece entender la economía del siglo XXI, diversa y globalizada»; repitiendo machaconamente errores, esa “izquierda” obvia lo imprescindible: «incorporar en su proyecto económico a tres […] ausentes: el empresario, la creatividad individual y el mérito».

Hoy, Venezuela y Nicaragua se despeñan en la crisis y la represión, Bolivia apuesta por el prorroguismo como “tabla de salvación” del Poder instalado, en Argentina y Brasil el lulismo y el kirchnerismo acabaron (por su herencia y a pesar de los problemas de quienes le siguieron) y en Cuba, epítome de esa izquierda y parangón de esas nostalgias, con más premura que calma intenta de reformar su sistema económico para apuntalar el político. Es ahora cuando prejuicios, errores y vicios, junto con utopías demostradas como erradas, deben desecharse y entender “vivir bien” como una vía de “vivir” en una Economía del Bienestar asentada en el bien común, como describió el premio Nobel neokeynesiano Paul Samuelson.

Cierro con otro premio Nobel neokeynesiano: «El verdadero debate hoy en día gira en torno a encontrar el balance correcto entre el mercado y el gobierno. Ambos son necesarios. Cada uno puede complementar al otro». [D. Altmann: “Preguntas y respuestas con Joseph Stiglitz”, International Herald Tribune, 11/10/2006.]

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https://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stiglitz

lunes, 3 de septiembre de 2018

¿Herencia o ineficiencia?: Las crisis argentinas



Estos días, la caída del dólar en Argentina —¿herencia kirchnerista o ineficiencia de Cambiemos?— opaca el escandaloso affaire de los “cuadernos K” (los “cuadernos de la coima”) que remece la política y la gran empresa. La incertidumbre en la recuperación económica prometida despierta todos los temores de los argentinos de que, una vez más, Kairós llegara para destruir a Ploũtos.

Pero “crisis” es una palabra frecuente en la historia de la economía argentina: Tan lejos como 1827-1829 hubo grandes devaluaciones con cesación de pagos de deuda; en 1890, depresión, cese de pagos y bancarrota; entre 1913-1917 y 1928-1932: grave recesión y déficit fiscal; en 1957-1959: depresión y cese de pagos; entre 1974-1990: inflación y gran aumento de la pobreza; desde 1998 fue creciendo la crisis que explotó en diciembre de 2001 y el “corralito”: los fantasmas que hoy aterran a Argentina.

Todo este recorrido nos lleva a la pregunta de origen. Tras la brutal caída anterior, el período K (2003-2015) se inició con un fuerte crecimiento comparativo que (paradoja) fue decayendo a medida que se recuperaba la economía y crecía el proteccionismo, la inflación (oculta por la falta de transparencia) y demás “vicios K”: corrupción desmedida, desinstitucionalidad...

El macrismo inició con un fuerte ajuste indefectible consecuencia del sinceramiento económico y de la reinstitucionalización acompañado de reinserción global. Tres ministros (y sus visiones) del área económica en menos de tres años, la caída del súper ciclo de los commodities y la batalla proteccionista-arancelaria de la Administración Trump colapsaron la esperada recuperación de su economía y, por ende, de la poderosa clase media del país.  
  
En octubre, Macri aseguraba reelección; hoy, la pierde. En agosto 2019, ¿quién sabe? Es Argentina.

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