domingo, 26 de enero de 2014

Un fallo para saldar y unir dos países

El próximo fallo de la CIJ en la disputa entre Chile y Perú sobre soberanía marítima tendrá dos virtudes, con independencia de resultados: la primera, los dos países concluirán sus disputas territoriales desde la tripartita Guerra del Pacífico, y, segunda, se estrecharán los vínculos entre ambos.

Tanto en Chile como en Perú, sus presidentes y sus cancilleres han reiterado permanentemente que acataran y ejecutaran la sentencia “con tranquilidad y sin triunfalismo” (Moreno Charme) porque “la agenda del pasado nos ha dividido [pero la del futuro] definitivamente nos une” (Piñera Echenique), dando muestras de la madurez de sus actuales relaciones bilaterales.

Más allá de las afecciones posibles —territoriales para Chile o en sus pretensiones para Perú— y de pocas voces opuestas a cumplir el fallo —incluso belicosas—, la necesidad de mantener la amplia interrelación económica mutuamente beneficiosa para ambos miembros de la Alianza del Pacífico, tanto en comercio bilateral —más de USD 4.300 millones anuales— como en inversiones —en 2013, las peruanas en Chile fueron de alrededor de USD 10 mil millones, mientras que las chilena en Perú alcanzaron USD 13.600 millones—, será, ya es, decisiva para aceptarlo. 

Como en Europa —en su largo proceso de complementación iniciado en 1951 y que concluyó con la Unión Europea (2009)—, la constatación de los beneficios indiscutibles de la integración económica para el desarrollo socioeconómico de cada país priman —aunque a veces dolorosamente— sobre los nacionalismos chilenos y peruanos.

Referencias

http://www.voltairenet.org/article181849.html

viernes, 24 de enero de 2014

El mar de La Haya

Cuando el Presidente de la Corte Penal Internacional (CIJ) lea el próximo 27 de enero de 2014 el fallo de sus 16 jueces —el boliviano Blattmann Bauer lo fue entre 2003-9— en la disputa entre Chile y Perú sobre soberanía marítima, ambos países concluirán sus disputas territoriales desde la tripartita Guerra del Pacífico y que inició su última etapa el 16 de enero de 2008 con la demanda peruana.

(Perú reclama: la división equitativa de la soberanía en una zona marítima del océano Pacífico de cerca de 37.900 km², considerados propios por Chile; el estatus de un triángulo marino de 28.471,86 km² que Chile considera alta mar y Perú parte de su dominio marítimo, y la disputa de menos de 0,04 km² en tierra por divergencias interpretativas del Tratado de Lima de 1929. La defensa chilena se basa en que esos límites se fijaron en la Declaración sobre Zona Marítima —1952, entre Chile, Ecuador y Perú— y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima —1954 por los mismos—, sobre los que Perú no reclamó hasta 1980.)

Hoy ambos países —miembros de la Alianza del Pacífico— priman sus actuales excelentes relaciones sobre las consecuencias económicas del fallo sobre la zona en litigio –principalmente pesca–, como mencioné en mi reciente artículo “Chile y Perú en La Haya, ¿y Bolivia?”: el comercio mutuo entre ambos —cada vez más liberado— supera los USD 4.300 millones anuales; en 2013 las inversiones peruanas en Chile bordearon USD 10 mil millones, y las chilenas en Perú llegaron a USD 13.600 millones USD 16 mil millones en 2016. Eliminando tensiones, ambos presidentes y sus cancilleres han dado declaraciones conciliatorias: “acataremos y ejecutaremos la sentencia” (Humala Tasso) y “la agenda del pasado nos ha dividido [pero la del futuro] definitivamente nos une” (Piñera Echenique), mientras la canciller peruana Rivas Franchini dijo que “una vez emitido el fallo, seguiremos siendo vecinos de Chile” y el fallo se recibirá con “calma, serenidad y unidad” y Moreno Charme, su colega chileno, afirmó que en Chile lo esperan con "tranquilidad" y "sin triunfalismo".

Para Bolivia, coincido plenamente con Salazar Paredes que en su “Perú - Chile en La Haya: salga lo que salga nos salpicará” afirma que el fallo tendrá fuertes implicaciones en la demanda boliviana ante la CIJ —para obligar a Chile negociar de “buena fe” un corredor soberano al océano—: cualquiera de los tres escenarios posibles tras el fallo —que dé la razón a Perú, que se la dé a Chile o que sea salomónico— incidirá, con mayor o menor negatividad, sobre Bolivia.

Volviendo a Perú y Chile, el gran ganador peruano será el expresidente García Pérez —nuevamente candidato—: si Perú gana, reclamará que fue su gestor y si pierde, culpará al actual gobierno que la administró. En Chile, Piñera Echenique cierra su mandato con la mejor aceptación de su gestión y podrá aducir que la anterior administración de su sucesora Bachelet Jeria —quien también enfrentará la boliviana— llevó a esa demanda.



Referencias


domingo, 19 de enero de 2014

Chile y Perú en La Haya, ¿y Bolivia?

El 27 de enero, la CIJ fallará en la disputa entre Chile y Perú sobre la soberanía en una zona marítima en el Pacífico de cerca de 37.900 km², considerados como soberanos por Chile y de los cuales Perú pide la división equitativa, y el estatus de un triángulo marino de 28.471,86 km², que Chile considera alta mar y Perú parte de su dominio marítimo —límites que Chile arguye se fijaron en la Declaración sobre Zona Marítima de 1952 —entre Chile, Ecuador y Perú— y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954—; también sobre menos de 0,04 km² en tierra por divergencias en la interpretación del Tratado de Lima de 1929.

Con este fallo —vinculante e inapelable, iniciado en 2008 con la demanda peruana en la CIJ—, concluirían las disputas territoriales resultantes de la Guerra del Pacífico. Hoy, el comercio mutuo entre ambos países —miembros de la Alianza del Pacífico— supera los USD 4.300 millones anuales y las inversiones peruanas en Chile cerraron 2013 cerca de USD 10 mil millones, mientras que la inversión chilena en Perú alcanzó USD 13.600 millones el año pasado y se pronostican 16 mil millones en 2016. Con eso se entiende las declaraciones de ambos presidentes y sus cancilleres: “acataremos y ejecutaremos la sentencia” (Humala) y “la agenda del pasado nos ha dividido [la del futuro] definitivamente nos une” (Piñera).

Para Bolivia el fallo tendrá fuertes implicaciones —estratégicas y, también, territoriales— en su propia demanda ante la CIJ para que obligue a Chile a negociar de “buena fe” para obtener un corredor soberano al océano Pacífico.

Referencias


martes, 7 de enero de 2014

La violencia de cada día

“Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego.” [Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma y Bāpu, 1869-1948]
                                                  
Mis primeras columnas de años anteriores siempre las dediqué al futuro. Lamentablemente, hoy comienzo desde un presente que debería ser pasado: la violencia.
Gatillado por una matanza vecinal de gatos y perros en un barrio de Warnes “motivada” por muertes por presunta rabia canina (después negada por el SEDES) y documentado en la prensa nacional, en las redes sociales se discutió abundantemente sobre ello. Al margen del hecho violento (la forma de sacrificarlos, sin cumplir los protocolos existentes) y abusivo (se denunció que también fueron sacrificadas mascotas sacadas de las casas), dos aspectos importantes se discutieron: los altos niveles de rabia canina y, en global, la violencia en el país y la común aplicación de la primitiva lex talionis.

Las matanzas de animales domésticos callejeros no es un fenómeno reciente en Bolivia: periódicamente la prensa difunde historias truculentas, ya sea en La Paz (2000 y sobre todo Achacachi, 2007), El Alto y Oruro (2007), la misma ciudad Santa Cruz de la Sierra (2007) o San Pedro (en Santa Cruz, 2013), ya sea para evitar la propagación de la rabia, por sobrepoblación o por amedrentamiento político (como la brutal de Achacachi). El Gobierno nacional y muchos municipios hacen periódicas campañas de vacunación antirrábica en animales domésticos pero éstas alcanzan, básicamente, a mascotas y no a animales callejeros, lo que conllevó 246 casos en perros para 2011 y 236 en 2012 (el Departamento de Santa Cruz con 79% de éstos) que se convirtieron en 3 y 1 humanos fallecidos respectivamente, según datos oficiales del Ministerio de Salud y Deportes; estas cifras permiten entender que el principal problema son los animales callejeros, que proliferan ya sea por reproducción de otros ya existentes o, con mucho, por el abandono de mascotas o su descuidada tenencia. En conclusión: por mucho que las autoridades tomen medidas preventivas (y debo recordar que no existe un ámbito legal aún sobre los animales domésticos y que las ordenanzas municipales respectivas, como existen en Santa Cruz y La Paz, terminan inefectivas), es la conciencia de los propietarios y la educación ciudadana las únicas vías posibles de solucionar este problema, no la violencia.

Los linchamientos de presuntos delincuentes, que se han amparado en una mala interpretación de la justicia comunitaria (legalizada dentro de las reformas “modernizadoras” del entonces ministro Blattmann Bauer, bienintencionadas pero apresuradas y muchas contraproducentes) y que cada vez más suceden en las ciudades, son otro ejemplo de violencia social y deficiencia en educación ciudadana.

Ambas violencias (contra humanos y animales) no son novedosas en Bolivia: lo nuevo es la amplia mediatización. La ausencia de educación en valores ciudadanos es causa general y es obligación de todos: autoridades, educadores, familias y toda la ciudadanía. Olvidarlo es promover los excesos.



Referencias

Estado Plurinacional de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes: “Situación de la rabia en Bolivia 2013.” Lima, 21 de agosto de 2013.