jueves, 25 de agosto de 2022

Ay Nicaragua Nicaragüita! (versión in extenso)

 

«Ay, Nicaragua, Nicaragüita / La flor más linda de mi querer / Abonada con la bendita Nicaragüita / Sangre de Diriangen»

1979: El 19 de julio la Guardia Nacional somocista terminó de colapsar y, con su colapso, finalizaron 46 años de dictadura del clan somocista —Anastasio Somoza García y sus hijos Luis y Anastasio Somoza Debayle, además de algunos corifeos, “palos blancos” y “calienta asientos” de ellos— y triunfó la Revolución Sandinista que, en un primer momento, compartió las responsabilidades de gobierno con figuras independientes de la oposición —una de ellas, Violeta Barrios Torres (o Violeta Chamorro por su esposo asesinado por el somocismo), luego Presidente elegida democráticamente— mediante la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional.

Una Revolución que no fue, en el momento de su triunfo, ni rosa ni roja sino azul y blanca como Nicaragua, uniendo a sectores de amplias posiciones políticas pero unidos por acabar con la dictadura de la dinastía Somoza —de Tacho (el Viejo), el presidente Franklin D. Roosevelt diría «He’s a son-of-a-bitch, but he’s our son-of-a-bitch» («Es un hijo de perra pero es nuestro hijo de perra» [utilizo la más suave traducción de bitch]) y, años después, Henry Kissinger diría lo mismo de Tachito, el hijo homónimo— y que el cantante y compositor Carlos Mejía Godoy convirtiera en canción —una entre muchas que dedicó a la lucha contra Somoza y a la Revolución— con Nicaragua, Nicaragüita.

Ortega perdió las elecciones de 1990 con el 20% menos que las que ganó en 1984 y casi el 14% menos que la ganadora Violeta Chamorro; en los dos meses entre la elección (febrero) y la asunción del nuevo gobierno (abril), parte de la cúpula sandinista cercana a Ortega transfirió mediante leyes la propiedad de gran cantidad de inmuebles y bienes públicos, algunos previamente expropiados, a sus organizaciones afines y, mayoritariamente, a ellos mismos, en un proceso de gravísima corrupción  conocido como la Piñata Sandinista que, oficialmente al menos, le costó al Estado nicaragüense unos 1.300 millones de dólares en conceptos de indemnización.

Con la derrota de Ortega se iniciaba un ciclo de gobiernos no-sandinistas que concluyeron en diciembre del 2006 con la nueva elección de Ortega como Presidente de Nicaragua, con menos votos incluso que en 1990, y reeligiéndose en 2011 y 2016 —vía creciente bloqueo de la oposición— hasta un cuarto mandato sin oposición real en 2021 cuando todos los candidatos opositores fueron presos (7, incluida la hija de Violeta Chamorro) —engrosando la lista de más de 190 presos políticos, algunos antiguos líderes sandinistas, entre ellos el antiguo Comandante Uno sandinista y general retirado Hugo Torres Jiménez fallecido en la cárcel del Chipote—, exiliados o inhabilitados —además de 32 reconocidos críticos del gobierno—, por lo que Ortega completó la lección de dictadura electoralista de sus maestros Somoza (de quien, sin embargo, se diferencia porque asegura el poder “en casa” con su esposa Rosario —como hizo Perón con Eva y con Isabelita— y no deja que otros sean alternativas cómplices intermedias, posiblemente porque Ortega-Murillo confíen en nadie); en palabras de Sergio Ramírez Mercado, laureado escritor exiliado y vicepresidente en el primer gobierno de Ortega: «Es la historia mordiéndose la cola».

«Una reforma constitucional aprobada en 2014 por su partido, que controla la Asamblea Nacional, derogó los límites al período presidencial. El presidente Ortega fue electo a un cuarto mandato consecutivo en noviembre, en medio de una escalada represiva contra críticos y la oposición política. Muchos gobiernos de la región y de Europa manifestaron que las elecciones no cumplían con las garantías mínimas para ser consideradas libres y justas». (Human Rights Watch: Informe Mundial 2022: Nicaragua.)

En las elecciones de 2021 se calcula que el ausentismo fue del 81,5% y, gracias a ello, Daniel Ortega fue reelegido por cuarta vez consecutiva con el 75% de los votos El Obispo de León, Mons. René Sándigo Jirón —cercano al sandinismo—, fue el único prelado que acudió a votar.

Desde octubre de 2020, la dictadura Ortega-Murillo ha promovido la aprobación de leyes que les justifican “jurídicamente” para reprimir y encarcelar a quienes se atrevan a rebelarse: la ley de Agentes Extranjeros; la Especial de Ciberdelitos; la Ley de Derechos del Pueblo; la nueva ley de ONGs, y las reformas al Código Procesal Penal —que extiende las detenciones preventivas hasta por 90 días—, a la Ley Electoral, a la ley de educación y a la de autonomía universitaria.

Y Ortega aprendió más: Los cristianos —la Iglesia católica y también los cristianos no católicos— fueron muy importantes en el proceso y victoria de la Revolución Sandinista y, con ayunos para lograr la liberación de los revolucionarios presos y cantos de protesta contra la opresión —como la “Misa Campesina”—, transformaron los templos en espacios de libertad, acompañados de los obispos que, después de un largo silencio frente a la dictadura, con creciente valentía denunciaron la represión desatada por la dictadura y declararon —en junio de 1979— que la lucha revolucionaria era un derecho legítimo del pueblo a la insurrección a través del compromiso de la Iglesia con los pobres.

En 2007, Ortega pidió perdón por “los errores y atropellos en contra de figuras de la Iglesia en el pasado" para aprovechar el gran poder de convocatoria que la elevada religiosidad de los nicaragüenses otorgaba a la Iglesia —que ya el sandinismo promarxista de los años 80 aprovechó a través de la denominada Iglesia Popular para enfrentarse con la estructura eclesial—, y fijó en ese momento de regreso de Ortega una alianza de convivencia que había estado quebrada en su primer gobierno: Así nació el eslogan de una “Revolución Cristiana, Socialista y Solidaria”, sandinismo supuestamente transfigurado en perdón y reconciliación social.

Pero el convitio cristiano-socialista —lo de “solidario” era sólo para intra portas de la rosca Ortega-Murillo— no duró mucho. 

“El tranque más incómodo” para Ortega-Murillo: cuando la dictablanda se convirtió en dictadura

El 18 de abril de 2018, integrantes del Frente Amplio para la Democracia —coalición fundada en 2016 por el Movimiento Renovador Sandinista y otros partidos políticos críticos del gobierno y estudiantes de la Universidad Centroamericana —regida por la Orden de Jesús— salieron a las calles de Managua cuando el Gobierno intentó reformar las leyes del Seguro Social y fueron duramente reprimidos —con un saldo ese día de 17 heridos, entre ellos 10 periodistas—, protestas luego extendidas en todo el país que fueron duramente reprimidas con uso excesivo de la fuerza —incluyendo la fuerza letal con víctimas mortales— por parte de agentes estatales y fuerzas parapoliciales del Gobierno, mientras Ortega y su esposa Rosario Murillo intentaron encubrir esta violencia de Estado con permanentes ataques verbales directos hacia los sacerdotes, acusándolos de “terroristas”, "golpistas", “demonios de sotana”, “fantoches y bufones de ópera” y acusándolos de “manipular símbolos sagrados”, “delitos de falsa religiosidad” y “crímenes de lesa espiritualidad” [sic].

«Extravagante, esotérica, incansable, Murillo es un personaje omnipresente en el régimen de Nicaragua: administra el Estado junto a su esposo, Daniel Ortega, con mano de hierro». [Salinas Maldonado, Carlos: “Rosario Murillo, la mujer que salvó a Ortega y hundió el sandinismo”. El País, 12/06/2021]

Desde 2018 y hasta marzo 2022, en medio de los conflictos sociales como consecuencia de las contradicciones acumuladas a partir de las promesas incumplidas del triunfo de la revolución sandinista de 1979 y de la forma de gobernar de la administración de Ortega, la represión asesinó al menos 355 personas —de ellos, 27 menores de edad—, provocó más de mil heridos y encarceló muchísimos más (CIDH); también 155 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua fueron expulsados de sus estudios y, al menos (una vez más “al menos”), 405 profesionales de la salud despedidos por haber atendido a víctimas de la represión o haber criticado al gobierno, mientras más de 110 mil nicaragüenses —de ellos más de 100 periodistas y trabajadores de medios (HRW)— se vieron forzados al exilio ante el estado de indefensión y mayor vulnerabilidad por la represión permanente (CIDH).

La “eternamente leal” la nombró Ortega

Cuando en esos días de la primavera de 2018 explotaron por toda Nicaragua crecientes protestas que llegaron a exigir el fin del mandato del presidente y Ortega desapareció varios días de la vista pública, fue Rosario Murillo quien decidió la respuesta inicial del régimen: «Vamos con todo, no vamos a dejar que nos roben la revolución» y se puso al frente de la crisis ordenando la movilización de las bases sandinistas contra las manifestaciones, desencadenando la cruenta represión contra lo que después llamaría “un intento de golpe de Estado”.

Murillo (quien se autoproclamó secretaria general del FSLN) se puso al frente de la crisis ordenando la movilización de las bases sandinistas frente a las manifestaciones y ordenó a los secretarios políticos del Frente Sandinista en las instituciones públicas del país la “toma inmediata” por los funcionarios del Estado y simpatizantes del partido de los puntos más importantes de Managua para contrarrestar las protestas, encabezando principalmente sus huestes represoras de los manifestantes por los miembros de la Juventud Sandinista.

A partir de entonces, los discursos de Murillo —tensa, descompuesta, áspera— mezclan lo místico religioso con mensajes de paz, aumentando la virulencia con los días, acusando a los manifestantes de “vandálicos”, “vampiros que reclaman sangre”, “seres mediocres” y “almas mezquinas”, “plagas”, “delincuentes”, “terroristas”, “golpistas” y “diabólicos”. «¡No pasarán! Los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua».

Pero ese discurso reiterado para ella es su homilía, en la que expresa su propio evangelio. «Es una manipulación que se hace de la religión para humillar y dominar al pueblo», describió Monseñor Silvio José Báez esos insultos.

Una Iglesia perseguida

Desde abril de 2018 y mayo de 2022 —antes del actual período más represivo— se han registrado “al menos” (triste locución adverbial que repito en este artículo como penosa advertencia que la cuenta no es final) 190 agresiones contra la Iglesia católica (ACI Prensa), cumpliéndose el vaticinio de monseñor Silvio José Báez Ortega (obispo auxiliar de Managua, hoy en exilio aceptar con "dolor y obediencia" para precautelar su vida amenazada desde 2018) quien, en 2011, señaló que Nicaragua podría ir rumbo a «un totalitarismo visible o encubierto»: en realidad, ha sido totalmente descarnado.

Adicionalmente, estos dos últimos años han sido invadidos territorios de las comunidades Miskitu y Mayangna en la costa Atlántica para prospecciones mineras. El despojo de territorios indígenas cuenta con la complicidad gubernamental y ha provocado asesinato de pobladores indígenas (CIDH).

Hasta hoy, han sido expulsados de Nicaragua sacerdotes —incluido el delegado apostólico monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, hasta entonces mediador en el conflicto— y monjas —entre ellas 16 Misioneras de la Caridad, de la orden de Santa Teresa de Calcuta— mientras otros han sido detenidos o partido al exilio, se han clausurado unas 1.600 ONGs y muchos medios —en ambos casos confesionales y seglares— y se reprime —y prohíbe— actos religiosos “por razones de seguridad interna”.

Entre los religiosos que han sido detenidos están monseñor José Leonardo Urbina y los sacerdotes Manuel Salvador García Rodriguez, Óscar Benavidez y Aníbal Manzanares. Pero el caso más difundido es la aprehensión —por decenas de policías— en la madrugada del 19 de agosto del obispo de Matagalpa y Administrador Apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez Lagos, importante crítico del gobierno Ortega-Murillo y testigo y mediador en el fracasado Diálogo Nacional de 2018, quien desde el 4 de agosto estuvo sitiado por las fuerzas represivas —15 días de cerco y acoso policial sin permitirse la entrada de alimentos ni medicinas en condición de “casa por cárcel”— en su curia  episcopal junto con los sacerdotes José Luis Díaz, Sadiel Eugarrios, Ramiro Tijerino (rector de la Universidad Juan Pablo II) y Raúl González, los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas, del equipo de comunicación de la diócesis. Monseñor Álvarez Lagos fue primero secuestrado y luego aprehendido bajo la acusación de “incitar a la violencia” y "organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad, con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales".

El obispo Álvarez Lagos se encuentra retenido en su domicilio en Managua, donde fue visitado por el cardenal nicaragüense y arzobispo de Managua, Leopoldo José Brenes Solórzano, quien afirmó el sábado que: «Si bien su condición física esta desmejorada, su ánimo y espíritu están fuertes». Los acompañantes en la casa curial de monseñor Álvarez Lagos están recluidos en el centro de detención El Chipote.

«La crisis nicaragüense demanda una interrogación del autoritarismo en su larga duración. Al respecto, en este artículo reflexionamos en torno a dos problemáticas: la primera es que las genealogías de autoridad conducen reiteradamente al fracaso de la política y, consecuentemente, al recurso de la violencia; la segunda es la significativa contribución de las élites a la persistencia del autoritarismo, ya sea cooptando el funcionamiento democrático de las instituciones o bien reforzando una cultura de pactos evidente en contextos de crisis y transición política». (Monte, A. y Gómez, J.P.: “Autoritarismo, violencia y élites en Nicaragua. Reflexiones sobre la crisis (2018-2019)”. Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 46, 2020, Universidad de Costa Rica.)

El papa Francisco el domingo 21 al final del rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro expresó su preocupación y dolor por la situación en Nicaragua y pidió «un diálogo abierto y sincero» para que «se puedan encontrar la bases para una convivencia respetuosa y pacífica» —diálogo que la Iglesia Católica nicaragüense medió en 2018 (monseñor Álvarez Lagos fue representante de la Conferencia Episcopal en esos diálogos) y vio fracasar por la intransigencia e indiferencia de la dictadura. Sin detallar los recientes acontecimientos que impactan la vida de la Iglesia de Nicaragua y, de modo particular, sin referirse al arresto del obispo de Matagalpa, el Papa Francisco invocó la intercesión de la Purísima —la advocación mariana del pueblo nicaragüense— para que «inspire en los corazones de todos una voluntad concreta».

Con este mensaje, el Papa se sumó al del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien se declaró «muy preocupado por el grave cierre del espacio civil y democrático en Nicaragua y por recientes acciones contra […] la Iglesia católica», así como los 25 exjefes de Estado y de gobierno de América Latina y España, miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), el Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) y múltiples autoridades eclesiales, organizaciones sociales y referentes de toda de Iberoamérica.

La socióloga nicaragüense y Directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), Elvira Cuadra, consideró que la voz del Papa Francisco sobre la situación en Nicaragua puede generar un enorme respaldo de las personas católicas, pero también provocaría un mayor enojo de la dictadura Ortega-Murillo y podría tensionar más la situación.

El mundo condena la represión

El 12 de agosto, la OEA celebró una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente y aprobó la Resolución 1203/22 sobre la situación de Nicaragua, condenando enérgicamente el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del Gobierno y sus acciones, a la vez de insistir en el reclamo para liberar de inmediato a todos los presos políticos y cesar la persecución y la intimidación de la prensa independiente, garantizando la libertad de expresión. La Resolución fue aprobada por 27 de los 34 Estados miembros (San Vicente y las Granadinas votó en contra; Colombia —cuyo nuevo gobierno recién restableció las relaciones plenas con las dictaduras nicaragüense y venezolana— y Nicaragua estuvieron ausentes y se abstuvieron Bolivia, El Salvador, Honduras y México).

El proyecto para la Resolución 1203/22 fue propuesto por Antigua y Barbuda, Canadá, Chile, Costa Rica, EEUU, Perú y Uruguay.

Durante la reunión, el observador permanente de la Santa Sede ante la OEA, Juan Antonio Cruz Serrano, manifestó la preocupación del Vaticano —que no tiene voto en la OEA— sobre la persecución a la Iglesia católica en Nicaragua.

También en marzo pasado, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó la Resolución “Promoción y Protección de los Derechos Humanos en Nicaragua”, expresando su grave preocupación por el deterioro de la democracia y la situación de los derechos humanos en Nicaragua y conformando un grupo de expertos que investigará la violación de los derechos humanos en Nicaragua desde 2018. Fue aprobada por 20 países (incluido México), con 7 votos en contra (Bolivia, China, Cuba, Eritrea, Honduras, Rusia y Venezuela) y 20 abstenciones (ninguna latinoamericana).

La Resolución fue presentada al CDH por Costa Rica, Chile, Colombia, Canadá, Ecuador, Perú, Brasil y Paraguay.

Con ambas votaciones, queda definido el panorama de adhesiones regionales a la dictadura de Ortega-Murillo.

“La gran noche oscura”

Como en los años 70, los católicos nicaragüenses y su Iglesia luchan hoy —y siempre— por la paz y denuncian la represión en el espíritu que el Papa Wojtyla (hoy San Juan Pablo) dijera en 1979 para la XII Jornada Mundial de la Paz: «No temáis la paz. […] La paz será la última palabra de la historia» y que luego repitiera el 4 de marzo de 1983 en Managua —voz en grito ante las consignas oficialistas de grupos progubernamentales de la llamada Iglesia Popular y los propios militantes del sandinismo que interrumpían la eucaristía y no le dejaban hablar, cual avance premonitorio de 2018 y ahora—: «La primera que quiere la paz es la Iglesia».  

La Iglesia Popular, durante gran parte del primer gobierno de Ortega, agrupó a sectores identificados con la Teología de la Liberación y muchos de sus líderes terminaron ocupando posiciones dentro de la estructura de Poder sandinista.

Aunque pudiera parecer —y el sandinismo y sus apoyos internacionales, intra y extrarregionales lo hicieron así— un duro desplante del Papa contra Nicaragua y su crítica situación, a la luz de la dictadura hoy —y del latrocinio de la Piñata Sandinista y tantas otras corrupciones y vandalismo— puede verse como dijo Jesús: «Cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». (Mateo 7:15).

Ante el mensaje de la denominada Iglesia Popular y del Frente Sandinista “entre cristiano y revolución no hay contradicción”, el Papa Juan Pablo II se distanció de apoyar a uno u otro sector, posición sin embargo crítica que, en la actualidad y con los matices del momento, ha tomado el Papa Francisco.

 

Algún día, mucho más pronto que tarde, el pueblo nicaragüense —cristiano o no, el que combatió a los Somoza y el que ahora se enfrenta con Ortega-Murillo— volverá a cantar con Mejía Godoy y Los de Palacagüina, en la Plaza de Managua y con las ruinas en pie de la antigua Catedral como parte de la escenografía popular: «Ay, Nicaragua sos más dulcita / Que la mielita de tamagas / Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita / ¡Yo te quiero mucho más!».

A pesar de estas afirmaciones y en obligación de verdad, algunas imágenes de violencias “actuales” contra templos que han circulado en Redes Sociales realmente corresponden a sucedidas en Chile durante las violentas protestas en 2019 y 2020 y también en Guyana.

 

Información consultada

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