El viernes pasado, el departamento de Santa Cruz celebró su cuarto cabildo del siglo 21. Vale recordar que los cabildos están reconocidos en la Ley del Régimen Electoral que en su Artículo 35 define que «los Cabildos son mecanismos constitucionales de democracia directa y participativa por los cuales las ciudadanas y ciudadanos, mediante reuniones públicas, se pronuncian directamente sobre políticas y asuntos de interés colectivo» y en el mismo aclara que «sus decisiones no son de carácter vinculante, pero deberán ser consideradas por las autoridades y representantes». (Para quienes, suspicazmente, le resten validez porque no estuvo el Órgano Electoral, el Artículo 37 de la mencionada Ley aclara que éste «es competente para la observación y acompañamiento» pero sin obligatoriedad de ello.)

El Cabildo hereda una historia de otros importantes: en 1561, fundando la ciudad; en 1568, eligiendo a su primer Gobernador; en 1621, decidiendo el traslado de la ciudad; en 1810, rebelándose contra la corona española, y en 1876, aprobando el “Acta del Pueblo” y eligiendo prefecto a Andrés Ibáñez. Saltando el siglo 20, en el 21, entre otros, el “Cabildo del Millón” reafirmó la autonomía.

El viernes fueron tres las principales decisiones tomadas: La primera sobre la Chiquitanía, con clara vocación medioambiental y en pro de recabar toda la ayuda internacional para terminar los incendios y recuperar los bosques, se aprobó una Declaratoria Ciudadana de Desastre Nacional (no contemplada jurídicamente pero que sustituye a la que el Gobierno se ha negado a declarar). La segunda decisión reclamó la abrogación de la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973 que sustentaron los chaqueos y provocaron las quemas y reclamó al INRA para desalojar las dotaciones y asentamientos humanos en tierras fiscales y áreas protegidas que no cumplan los requisitos de ley.

La tercera decisión fue la más trascendente: trabajar por una propuesta federal real, solidaria y unificadora. Ya se han aventado fantasmas conocidos de “separatismo” (Brasil y México son federales hace décadas y no se fragmentaron), “racismo” (es el departamento con más inmigración integrada), “oligarca” (no pude encontrar a ninguno pero sí muchísimo pueblo)... Lo curioso es que no los leí del MAS, sino de Revilla y en redes, y entendí por qué rezumaban miedo.

Entre 1898 y 1899, el Poder político se desplazó desde Sucre (la oligarquía de la plata) a La Paz (del estaño y del comercio) porque el económico se había trasladado hacía años, tras la Guerra del Pacífico. Hoy, el Poder económico fue desplazado de La Paz a Santa Cruz; la participación de ambos departamentos en el PIB entre 2006-2018 fluctuó entre el 24% y casi el 28% (La Paz) y el 29% (Santa Cruz), con una diferencia fundamental: la alícuota paceña fue por contribución del desborde del estatismo masista (El Alto, como polo industrial y manufacturero colapsó tras el fin de la ATPDEA) y la cruceña por actividad productiva creadora de riqueza, mientras que en demografía La Paz decreció en el período del 27,6% al 24,4% (-3,2%) del país y Santa Cruz creció del 25,5% al 29,9% (4,4%).

La defensa de Revilla y entorno es muy plausible: suponen de la pérdida del Poder político colapsará los ingresos. Pero federalismo es retirar arbitrariedades del

Termino citando la homilía del Obispo Emérito de Santa Cruz, Mons. Braulio Sáez: «[el cabildo] ha hecho un acto de fe, sí, fe en la defensa de la vida, fe para salvar los valores de la democracia, fe que nos impulsa a la reafirmación de los valores humanos […] la solidaridad, la hospitalidad, la alegría y sobre todo la paz y la justicia».