El domingo, el régimen madurista buscó “afianzar” su
dictadura: a la ilegalidad de la Asamblea Constituyente y de los comicios
regionales y municipales del año pasado le sumó la “reelección” presidencial.
Sin oposición (los “candidatos oponentes” eran “el juego de
legalidad”), rechazada por la mayoría de los países latinoamericanos, EEUU,
Canadá y la Unión Europea, con un Consejo Electoral abiertamente sumiso y
corrupto (el año pasado, la empresa que proveía servicio de voto electrónico desde
que Chávez lo instauró denunció, que la CNE había realizado un fraude
millonario para la Constituyente) y con una abstención récord (la “oficial” en
54%, la de Meganálisis en casi 83%) a pesar de las coacciones a los empleados
públicos y a los beneficiarios de las Misiones para que votaran (el oficialismo
promovió el voto ilegal con el madurista Carné de la Patria y no la cédula para
facilitar el fraude), fue tan burda la farsa que hasta uno de los candidatos
corifeos (Henri Falcón Fuentes, exchavista, exopositor) llamó a desconocer las elecciones
“por las serias irregularidades” y realizar nuevas, aunque las posibilidades de
que ganaran la farsa él o alguno de los otros dos candidatos de relleno era
irreal porque todo estaba dispuesto para darle la victoria a Maduro Moros.
Hasta el momento sólo sus aliados han reconocido los resultados:
Bolivia, Cuba, El Salvador e Irán (falta Nicaragua). China y Rusia también;
China para que el actual régimen en el poder le siga pagando (en petróleo) las
decenas de miles de millones en créditos adeudados; Rusia porque Venezuela es
su principal aliado geopolítico regional.
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