NOTA: Las cifras empleadas sobre Venezuela son referencias
oficiales, tomadas directamente o a través de terceros que citan las fuentes.
El 7 de Octubre es la fecha de las elecciones en Venezuela y
yo estoy a 24 horas de ese momento. Con independencia de quien las gane, el día
siguiente —qué cabe, con todo lo que ha pasado hasta ese momento: para la oposición,
lograr la unidad estratégica y ascender en las preferencias de los electores; para
el oficialismo, superar el cáncer del Presidente, mantener su voto duro, “lanzar
atrás” la quiebra económica— es el Día después
de la Batalla.
El panorama para el próximo Presidente de los venezolanos se
vislumbra complicado: una inflación galopante —entre 2001 y 2011, la anual promedio
ha rondado 24,5%, la de 2011 fue de 26,8% y la acumulada del período es de 905,2%;
para este año, el presupuesto estatal calcula entre 20 y 22% pero el FMI prevé 31.6%—
que merma significativamente los ingresos de la población. Por otra parte, si bien
su presupuesto para este 2012 es de algo más de USD 69 G (millardos o mil millones)
—calculado a BsF 4,3 por dólar, que es significativamente menor que la tasa común
(20% o más), por lo que no sería irreal reducir este presupuesto a USD 55 G, con
ingresos petroleros brutos (si se vendiera todo el petróleo a precios de mercado,
lo cual es irreal) de USD 82 G, considerando que se mantenga el precio actual de
USD 101,58/barril WTI (USD 74 al promedio semanal de futuros de USD 90,30/barril)
y con producción de 2,24 M barriles/día (OPEP), lejísimo de la meta oficial de 5
M para 2015—, una buena parte está comprometido con los endeudamientos con China
—entre USD 36 G y 40 G—, Irán y Bielorrusia, destinándose en el presupuesto 18%
—más de USD 12 G (no deducida la inflación)— al servicio de las deudas públicas
interna y externa, que alcanzan USD 96 G —y la externa en buena parte es pagada
con petróleo a precios muy por debajo del mercado— y BsF 185 G —la interna: USD
43 G (no deducida la inflación)—, lo que
hace una deuda pública total hasta julio de este año de casi USD 139 G, aproximadamente
200% del presupuesto de la gestión. A esto hay que sumarle que Venezuela, en 6 años
(2006-2011), ha gastado USD 15 G en armas, de ellos 11 G en un solo proveedor: Rusia.
Estos números nos llevan a pensar que, con independencia de qué
candidato gane el 7O —aunque indiscutiblemente si gana HCR será más aguda la reducción—,
Venezuela a partir de 2013 tendrá que reducir su tutela de los países de la ALBA-TCP
y demás aliados. La misma tiene 2 componentes principales: La venta de petróleo
y derivados a precios subsidiados y con amplios beneficios de pago, por una parte,
y la transferencia de fondos en ayuda, por otra. Basta recordar que Venezuela compró
a Argentina (que no pertenece a la ALBA-TCP pero es su aliado estratégico) USD 3.100
M de su deuda externa para salvarla de un default, y la República Argentina en febrero
de este año le debía alrededor de USD 5.700 M por combustible.
La ALBA-TCP surgió bajo las premisas de exportar la Revolución
Bolivariana y posicionar regionalmente a Venezuela como país líder. Gran parte —por
no decir casi toda— la influencia de Venezuela se ha manifestado por las donaciones
y por las ventas subsidiadas de combustibles a sus miembros: La ayuda anual a Nicaragua
es de USD 600 M/anuales; a Cuba vende 100 mil barriles/día a precios subsidiados
(alrededor de 40% por debajo del mercado) y con condiciones sumamente blandas (25
años y 2% de interés anual) —buena parte del mismo es revendido a precios internacionales,
lo que constituye una ayuda adicional—, además de muchas otras transferencias; estas
ventas son similares a las del resto de los países integrantes de PETROCARIBE con
Venezuela (Cuba también es parte): Antigua y Barbuda, Nicaragua y San Vicente y
las Granadinas (también miembros de la ALBA-TCP), República Dominicana, Bahamas,
Belice, Dominica, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras (actualmente suspendida,
aunque la página de la organización http://www.petrocaribe.org/
la mantiene pero la respectiva a PETROCARIBE de PDVSA http://www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=48
ni la menciona), Jamaica, Surinam, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Haití y El
Salvador. Esto no contempla donaciones a otros países, entre ellos Bolivia (miembro
de la ALBA-TCP) ni a movimientos sociales y políticos de terceros países.
No queda duda, después de estos análisis de cuál será el
futuro: el Paisaje después de la Batalla del 7O.
José Rafael Vilar
@jrvilar
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