Ayer lunes, todos los partidos políticos en el
Congreso en Brasil se abocaron para elegir la comisión especial de 65
diputados que decidirá la pertinencia de un juicio político para destituir a la
presidente Dilma Rousseff, acusada de manipular las cuentas públicas durante su
primer Gobierno y en el actual, violando la Ley de Responsabilidad Fiscal. Dos
primeras apelaciones para detener el proceso fueron rechazadas el viernes por
la Corte Suprema.
Después de ganar en diciembre por sólo 3,28%, en
octubre Dilma tenía 8% de aprobación. Con Brasil en la peor crisis económica desde
1930, los grandes escándalos de corrupción que involucran a la gran mayoría de
la clase política encabezada por el PT —incluido Lula da Silva— recuerdan 1992 cuando el
entonces presidente Fernando Collor de Mello renunció para salvarse de la
destitución en medio de un impeachment por denuncias de contribuciones ilegales
y manejo arbitrario de fondos públicos.
Cercada por dentro (a la creciente pérdida de
apoyo del PMDB, su principal aliado, se suma la especulación que su
vicepresidente Michel Temer Lulia apoyaría el impeachment), la reciente peor derrota del chavismo
resiente más la situación de Rousseff porque convierte a Maduro en candidato de
un potencial juicio político propio.
Sin
CFK ni Venezuela, Dilma, Lula y el Foro de São Paulo marcan su final.
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