El reciente informe de la SIP sobre la
libertad de opinión en Latinoamérica desnuda la dificultad para informar
verazmente en muchos países de la Región.
Periodistas asesinados o exiliados desde Río
Grande hasta la Patagonia; leyes que bajo el eslogan de "democratizar la
información" lo que buscan es volverla afín al poder existente; uso
discrecional y coercitivo de la publicidad pública para anular criticas;
regulación creciente en dificultad de acceso para obtener información detallada
y sensible del Estado; estigmatización de la crítica, son algunas claras
manifestaciones de la coerción estatal sobre
los medios de comunicación.
Medidas y situaciones que, sin ser privativas
de ninguna tendencia política o ideológica, se hace más manifiesta donde el
Poder Central tiene mayor centralización. En distintas medidas y con distintos
métodos (incluidas otros menos directos como la adquisición de medios por
propios o afines, la dificultad para conseguir insumos o la revocación o no
renovación de licencias), Venezuela, Ecuador y Argentina (y Bolivia aún en
relativa menor medida) repiten un estigma aparentemente superado en los 80: el
control de la información y la opinión pública.
A una profesión tan necesaria para la salud de
la sociedad como la del informador público, la del periodista, a las
dificultades inherentes a la misma se agrega el cuestionamiento de su ética y
de su fiabilidad, olvidando que el llamado a juzgarlas es, precisamente, la
Opinión Pública mediante el contraste de opiniones y posiciones diferentes.
Informar no es hacer política (aunque haya quienes lo practiquen) y la libertad
de expresión es la que siempre nos ha hecho libres. Gracias a ella, las
Américas somos independientes.
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