Con la imputación formal de María Corina Machado
Parisca por el delito de conspiración (artículo 132 del Código Penal venezolano)
por su presunta vinculación con un denunciado —y aún no comprobado— plan magnicida
contra Nicolás Maduro Moros se inicia una nueva etapa del enfrentamiento oposición-gobierno
que eclosionó con La Salida: las protestas antigubernamentales iniciadas en febrero
de este año que durante varios meses mantuvieron en jaque al país, encabezadas por
los líderes Leopoldo López Mendoza —aprehendido voluntariamente ese mes y de quien
Naciones Unidas, a través de sus Comité contra las Torturas, Grupo de Detenciones Arbitrarias y Alto
Comisionado para los Derechos Humanos, solicita su excarcelación—, Antonio Ledezma Díaz y la
entonces diputada nacional Machado Parisca, luego despojada de esa condición por
intentar participar en una sesión de la OEA como delegada panameña para denunciar
la situación de su país.
Esta imputación —en fase de investigación dentro
del debido proceso y sin tiempo estipulado para acusarla o no— sucede tras el fracaso
del diálogo entre gobierno y la oposición agrupada en la MUD —auspiciado por UNASUR
y Vaticano— y la acentuación de la grave crisis económica del país por la abrupta
caída de sus ingresos petroleros.
Es interesante que ese mismo artículo 132 señale
que "en la misma pena incurrirá el venezolano que […] difamare a su Presidente".
La imputación de MCM se amplía a otras 6 figuras opositoras.
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