Permacrisis es la
palabra de este año para el Collins Dictionary, uno de los cuatro que a nivel mundial
seleccionan las palabras más empleadas (los otros tres son: Fundación del Español
Urgente-RAE, Oxford Dictionary y American Dialect Society). Permacrisis se define
como «un período prolongado de inestabilidad
e inseguridad», algo de lo que en Bolivia conocemos bien desde fines de los
90 con períodos álgidos en 2002 y 2008-2009 pero que desde el fraude electoral a
fines de 2019 no hemos salido de una crisis permanente: fraude-gobierno transitorio-pandemia-crisis
de gestión del gobierno de Arce (con cocaleros, gremialistas, mineros y mil más)-pugna
por poder dentro del MAS y, como culmen, la crisis del censo.
El objetivo de la relación anterior no es fortuito: es demostrar
que la crisis del censo no fue un suceso aislado sino parte de un proceso de resquebrajamiento
de la gobernabilidad y, con demasía, de la democracia en Bolivia.
Una rápida cronología de la crisis de censo tiene prolegómeno
en 2021 cuando el gobierno (Decreto Supremo 4546 por medio) fija el empadronamiento
del Censo para el 16 de noviembre de 2022, algo que la entonces ministro de Planificación
y el director del INE aseguraron machaconamente, incluso cuando a mediados del primer
semestre de este año un equipo de especialistas de la Universidad Autónoma Gabriel
René Moreno precisó que era imposible completar la cartografía censal (la más urgente
entre otras tareas principales demoradas) para la fecha fijada. Y empezó el bolleo:
ministra renunciando y director “con licencia médica indefinida” (hasta hoy); cartografía
censal atrasada “con pocos recursos tecnológicos” (a pesar del crédito del BID por
USD 100 millones para «impulsar la innovación
con el uso de tecnologías de punta como imágenes satelitales, cartografía digital,
instrumentos digitales para la captura de la información, e instrumentos tecnológicos
modernos y seguros para su procesamiento y difusión», además de otro de FONPLATA
hasta USD 68 millones para asegurar el censo, pero saber cómo se emplearon será
otra historia), entre otras “linduras”.
El tercer acto fue a inicios de julio, cuando el Consejo Nacional
de Autonomías —ausente de motu proprio
la Gobernación cruceña, por lo que la posición de la Región no tuvo voz (descarto
la acomodaticia del alcalde capitalino)— pateó el censo para el primer semestre
de 2024 (entre mayo y junio aunque, según el viceministro de Autonomías, el Gobierno
central había propuesto finales de 2023) y feliz por las razones que tantos artículos
propios y de otros hemos analizados, sacó el Decreto Supremo 4760 que mandó el censo
para «como máximo entre los meses de mayo
y junio de 2024»: un puñetazo a que en el PGE 2025 estuviera la redistribución
de recursos y a que las elecciones de ese año tuvieran redistribuida la representatividad
en la Asamblea y (algo menos mencionado), por ende, corregida la cartografía electoral
con los resultados del censo.
(Robaré un minuto a los lectores para aclarar de una vez el tema
censo-padrón: Algunos articulistas han mencionado como error suponer que los
resultados del censo —estático en un momento determinado— pudieran servir para
auditar —algún crítico escribió “comparar”— el padrón. Como yo he escrito
“contrastar el padrón electoral con los resultados del censo”, prefiero aclarar
—semánticamente— que sí es posible contrastarlos, porque contrastar significa
según la RAE «Mostrar notable diferencia,
o condiciones opuestas, con otra, cuando se comparan ambas» y,
precisamente, el crecimiento del padrón ha sido mucho mayor al vegetativo; a
otros quedará el auditar si fuera menester. Una vez más, la RAE nos ayuda como
fija su lema desde 1715: «Limpia, fija y
da esplendor».)
Desde que el 30 de septiembre el primer Cabildo decidió que —de
no haber disposición para que el gobierno nacional aceptara realizar el censo
en 2023—, se iría a paro indefinido 22 días después, el gobierno nacional hizo
sordera; los presuntos negociadores —de ambos bandos, con excepciones— no negociaron
—negociar es discutir— sino defendieron inflexibles sus posiciones, a pesar del
llamado de instituciones, de la sociedad civil y la Iglesia, y el paro avanzó
irremediable y —muy justo reconocerlo— exitosamente, a pesar que la
comunicación nacional y la coordinación con otros departamentos —y las acciones
de éstos— fueron escasos o nulas, un error estratégico.
Todos conocemos lo que pasó en los primeros 21 días:
bloqueos, agresiones, descalificaciones —mutuas— mientras la propuesta técnica
cruceña ganaba adhesiones y aperturas fuera de gobierno nacional. La estrategia
oficial de vencer por el cansancio, por el hambre o por la miseria —confluyen—
no funcionó y el gobierno flexibilizó algunas posiciones y pasó la posta a
otros Poderes (en un país cooptado mayormente).
El domingo 13 fue el segundo Cabildo, más multitudinario que
el primero. Se leyó un mensaje recabando apoyo o rechazo para cinco preguntas:
1) instruir a los legisladores cruceños para gestionar la inmediata aprobación
de una ley que garantice la aplicación económica y electoral de los datos
del Censo antes de las elecciones de 2025; 2) delegar al Comité pro Santa Cruz
la convocatoria a una comisión constitucional que en el marco legal y
democrático revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado
boliviano; 3 y 4) reclamar y exigir a los departamentos de Bolivia se unan a
esta lucha (cruceña) por la aplicación económica y electoral de los datos del
censo antes de 2025, si pena (se entiende así) de centrar el reclamo en beneficio
de los bolivianos —cruceños o inmigrantes— que vivimos en Santa Cruz, y 5)
mantener el paro hasta que en esas 72 horas fueran liberados todos los
detenidos ilegalmente y se garantizara el fin de la persecución judicial
contra el pueblo y sus dirigentes. La
primera se cumplió —aunque la Asamblea no aceptó dar prioridad—; la segunda —tendiente
al federalismo— se cumplirá; el ukase no prosperó fuera de Potosí —los dos
departamentos han sido profederalismo desde el siglo xix—, y el quinto se cumplió formalmente, aunque no en
solución definitiva.
Éste es el panorama a hoy, a puertas de fin de año y lo que
apareja. Laissez faire, laissez passer
(“dejar hacer, dejar pasar”) ha sido la filosofía y estrategia en política y en
gestión del arcismo. ¿Cuál es —si hay—, a partir de ahora, la nuestra?
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-cabildazo_304144
https://eldeber.com.bo/edicion-impresa/el-miedo-a-la-democracia_304145
https://eldeber.com.bo/pais/una-sola-ley-se-requiere-para-distribuir-escanos_304037
https://siip.produccion.gob.bo/repSIIP2/files/normativa_12345_260720214073.pdf
https://www.educa.com.bo/crisis-del-estado-1997-2006/segundo-gobierno-banzer-1997-2001
https://www.iespe.mx/post/la-palabra-del-año-es-tendencias-del-lenguaje-para-2022-en-retrospectiva
https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N4760.html
https://www.lostiempos.com/actualidad/opinion/20221028/columna/suntzu-lucha-censo-buen-gobierno
https://www.paginasiete.bo/opinion/columnistas/vivir-del-cuento-BN5069003
https://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/cabildo-victorias-y-derrotas-XJ5139246
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